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Policiales

Detectan cocaína en una beba de dos meses atendida en el Hospital Vilela y se activó un protocolo de protección

La menor fue trasladada al hospital pediátrico tras una denuncia por posible violencia familiar. Aunque estaba estable, los estudios revelaron rastros de cocaína en su organismo. La situación generó la intervención de equipos sociales y sanitarios que siguen el caso.

Ailén Lazarte

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Un delicado caso que involucra a una beba de apenas dos meses generó preocupación en Rosario luego de que profesionales de la salud detectaran rastros de cocaína en su organismo tras ser atendida en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. La menor había sido trasladada al centro médico para una revisión luego de una denuncia por un posible episodio de violencia intrafamiliar en su entorno.

De acuerdo con lo informado por fuentes sanitarias, la pequeña fue llevada al hospital por equipos del sistema de protección de la infancia para realizarle controles médicos preventivos. Los especialistas examinaron a la beba para descartar lesiones físicas, ya que existía preocupación por la situación familiar en la que se encontraba. Si bien los médicos no detectaron golpes ni heridas visibles, decidieron realizar estudios clínicos complementarios para evaluar su estado general de salud.

Fue en ese contexto cuando un análisis de orina arrojó un resultado inesperado: la presencia de cocaína en el organismo de la menor. El hallazgo encendió las alarmas dentro del hospital, ya que se trata de un caso extremadamente sensible debido a la corta edad de la paciente. A pesar de esto, los médicos confirmaron que la niña se encontraba clínicamente estable al momento de la evaluación.

Especialistas del hospital explicaron que, en situaciones como esta, la presencia de drogas en el cuerpo de un bebé puede estar relacionada con el consumo de sustancias por parte de la madre durante la lactancia. La cocaína puede transmitirse a través de la leche materna si la persona que amamanta consume la droga. También existen escenarios menos frecuentes en los que un niño puede inhalar partículas de sustancias presentes en el ambiente.

El director del hospital señaló que este tipo de situaciones no son habituales, aunque pueden aparecer en contextos de gran vulnerabilidad social. Según explicó, el equipo médico del Vilela cuenta con un grupo interdisciplinario que trabaja en conjunto con trabajadores sociales, profesionales de salud mental y áreas legales para abordar casos en los que se detectan posibles riesgos para niños y niñas.

Tras conocerse el resultado del análisis, el hospital activó los protocolos correspondientes para dar intervención a los organismos encargados de la protección de la infancia. Estos procedimientos buscan garantizar el bienestar del menor y evaluar cuál es el entorno más seguro para su cuidado, además de brindar asistencia a la familia cuando se detectan problemáticas sociales o de consumo.

En medio de este proceso, la madre de la beba —quien no tenía pedido de detención— abandonó el hospital junto a la niña, lo que generó preocupación entre los profesionales que seguían el caso. Las autoridades sanitarias ya habían dado aviso a las instancias correspondientes para continuar con el seguimiento de la situación.

El caso quedó bajo intervención de los servicios sociales y organismos de protección de derechos, que deberán evaluar los pasos a seguir para garantizar la seguridad y el cuidado de la menor. En este tipo de situaciones, el Estado puede aplicar medidas de protección que van desde el acompañamiento familiar hasta decisiones excepcionales relacionadas con la tutela del niño.

Mientras tanto, los especialistas remarcan la importancia de abordar este tipo de problemáticas desde una perspectiva integral, que incluya atención médica, asistencia social y acompañamiento en casos de consumo problemático. El objetivo principal, señalan, es proteger la salud y el desarrollo de los niños en contextos donde existen situaciones de vulnerabilidad.

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Rosatti cuestionó la judicialización de la política y pidió más consensos institucionales

El presidente de la Corte Suprema advirtió sobre la creciente tendencia a trasladar los conflictos políticos al ámbito judicial y sostuvo que esa dinámica genera demoras e inestabilidad. También remarcó la importancia de fortalecer el debate legislativo y respetar la división de poderes.

Ailén Lazarte

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, volvió a instalar un fuerte debate institucional tras advertir sobre la “creciente judicialización” de la política argentina, un fenómeno que —según afirmó— impacta negativamente en la estabilidad del país y retrasa la implementación de políticas públicas y económicas.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en ExpoEFI 2026, un encuentro vinculado a economía, finanzas e inversiones desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el magistrado expuso sobre institucionalidad, seguridad jurídica y desarrollo económico.

Durante su intervención, Rosatti señaló que en Argentina numerosos debates que deberían resolverse dentro del sistema político terminan desembocando en tribunales. En ese sentido, consideró que la falta de acuerdos entre oficialismo y oposición deriva en una tendencia creciente a buscar definiciones judiciales incluso en temas estratégicos para la gestión pública.

“Los debates en la Argentina no suelen cerrarse dentro del circuito político, sino que muchas veces buscan judicializarse y llegar hasta la Corte Suprema”, sostuvo el titular del máximo tribunal, al marcar preocupación por el rol cada vez más central que adquiere la Justicia en conflictos originalmente políticos.

Según explicó, este escenario genera consecuencias concretas: dilata decisiones, posterga reformas y suma incertidumbre en momentos donde el país necesita previsibilidad económica e institucional.

Rosatti sostuvo que cuando las diferencias políticas no logran canalizarse mediante el Congreso o acuerdos entre fuerzas representativas, se produce una transferencia de responsabilidad hacia el Poder Judicial, algo que consideró poco saludable para el funcionamiento democrático.

En esa línea, defendió la división de poderes y aclaró que los jueces no deben ocupar el lugar de legisladores ni reemplazar el debate político. “Los magistrados interpretan y aplican normas, no crean leyes”, remarcó, en un mensaje que fue leído como una advertencia tanto al sistema político como a sectores que recurren frecuentemente a la Justicia para resolver disputas institucionales.

Además, el presidente de la Corte insistió en la necesidad de consolidar reglas claras y consensos duraderos para impulsar inversiones y garantizar estabilidad. Para Rosatti, el respeto por la Constitución, el cumplimiento de fallos judiciales y la previsibilidad normativa son elementos centrales para el crecimiento económico.

Sus declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y distintos sectores judiciales, atravesado por debates sobre reformas estructurales, medidas económicas y conflictos vinculados a decisiones del Gobierno nacional.

El pronunciamiento del titular de la Corte no pasó inadvertido dentro del escenario político, ya que vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: hasta qué punto la Justicia debe intervenir en disputas que, para muchos, deberían resolverse exclusivamente en el ámbito legislativo o mediante negociación política.

En medio de una Argentina marcada por polarización, litigios permanentes y disputas institucionales, el mensaje de Rosatti apuntó a recuperar una lógica de acuerdos y fortalecer los canales democráticos como vía principal para resolver diferencias.

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Violento ataque en barrio Banana: una mujer fue baleada en ambas piernas al salir de su casa

La víctima, de 50 años, fue sorprendida por dos hombres que circulaban en moto y abrieron fuego frente a su vivienda en la zona sudoeste de Rosario. Fue trasladada al Heca y permanece fuera de peligro mientras avanza la investigación para identificar a los agresores.

Ailén Lazarte

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Una nueva balacera volvió a encender las alarmas en Rosario durante la noche del martes, luego de que una mujer de 50 años fuera atacada a tiros cuando salía de su domicilio en la zona sudoeste de la ciudad. El episodio ocurrió en inmediaciones de 27 de Febrero y Lima, dentro del barrio Banana, un sector que en reiteradas ocasiones quedó bajo el foco por hechos vinculados a violencia armada.

De acuerdo a la información preliminar aportada por fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 21, cuando la víctima abrió la puerta de su vivienda con intención de salir a la calle. En ese momento, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron y, sin mediar palabra, efectuaron varios disparos antes de escapar rápidamente por avenida 27 de Febrero.

Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona encontraron a la mujer herida y solicitaron asistencia médica urgente. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) arribó al lugar y constató que presentaba impactos de bala en ambas piernas.

Tras recibir las primeras curaciones en el lugar, la mujer fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internada en observación. Según trascendió, las lesiones no comprometieron órganos vitales y su estado general es estable.

En la escena del ataque trabajó personal policial y peritos forenses, quienes realizaron relevamientos para recolectar evidencia balística y posibles registros fílmicos de cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Por el momento no se informaron detenidos ni se estableció un móvil concreto detrás del ataque. Los investigadores intentan determinar si se trató de un ataque dirigido, un conflicto previo o un episodio vinculado a intimidaciones armadas, una modalidad que sigue generando preocupación en distintos barrios rosarinos.

La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó una serie de medidas para avanzar con la identificación de los responsables.

El nuevo episodio vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia armada en Rosario, donde, pese a los operativos y refuerzos de seguridad, continúan registrándose hechos de extrema gravedad en la vía pública.

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Operativo internacional: cuatro demorados en la región por difusión de material de abuso infantil

Tres sospechosos fueron identificados en allanamientos realizados en Rosario y otro en la localidad de Acebal. La investigación forma parte de un despliegue coordinado a nivel mundial contra redes de explotación sexual infantil.

Ailén Lazarte

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Un amplio operativo policial desarrollado en la región dejó como saldo cuatro personas demoradas, sospechadas de integrar circuitos de distribución de material de explotación sexual infantil a través de medios digitales. Los procedimientos se realizaron en Rosario y en la vecina localidad de Acebal, en el marco de una investigación de alcance internacional.

Las tareas estuvieron a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI), que actuó en coordinación con autoridades judiciales y fuerzas de distintos países. El despliegue se enmarca en la operación denominada “Aliados por la Infancia VI”, un programa global que busca desarticular redes dedicadas a este tipo de delitos.

En la ciudad de Rosario, los allanamientos se concentraron en dos domicilios. En uno de ellos fueron demorados dos hombres —aunque solo uno quedó formalmente detenido— mientras que en otro procedimiento se aprehendió a un tercer sospechoso.

Durante los operativos, los agentes secuestraron diversos elementos considerados clave para la causa: armas de fuego con documentación vencida, municiones, dinero en efectivo y una gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, pendrives y consolas de videojuegos. Todo el material será sometido a peritajes para determinar su contenido y posible vinculación con la investigación.

En paralelo, en Acebal se llevó a cabo otro procedimiento en una vivienda particular donde fue demorado un cuarto hombre. Allí también se incautaron equipos informáticos, teléfonos y una suma importante de dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de una actividad organizada.

La causa cuenta con la intervención de la fiscal especializada en delitos de este tipo, quien dispuso el análisis exhaustivo de los dispositivos secuestrados para avanzar en la identificación de posibles conexiones con redes internacionales.

El operativo no se limitó a la región: de manera simultánea se realizaron acciones similares en distintas provincias argentinas y en al menos 16 países, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno y del trabajo coordinado entre agencias de distintos puntos del mundo para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales.

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