Una mujer fue encontrada sin vida este jueves por la mañana en el fondo de una pileta dentro de una propiedad ubicada en Avellaneda al 1900, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en el área metropolitana de Rosario.

El hallazgo se produjo alrededor de las 8.30 horas, cuando una empleada que ingresó al inmueble —que no se usaba como vivienda permanente, sino como depósito— advirtió la presencia del cuerpo desde una ventana y avisó al responsable del predio, quien luego llamó a la policía.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico preservaron la escena y solicitaron la presencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Una médica del SIES confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar.

La causa fue caratulada como homicidio culposo en principio, y quedó a cargo de la Fiscalía correspondiente, que ordenó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar pericias y analizar la escena.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima y no se observaron signos visibles de violencia externa, por lo que los forenses esperan los resultados de los estudios para determinar la causa exacta de la muerte.

Un agente de seguridad de 21 años que integraba el cuerpo encargado de vigilar la Quinta Presidencial de Olivos fue hallado muerto en el interior de la residencia esta madrugada, en un hecho que encendió alarmas dentro del ámbito de seguridad nacional y que se encuentra bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El efectivo, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, cumplía funciones de vigilancia permanente en el predio, donde reside el presidente de la Nación y se llevan a cabo actividades oficiales y privadas de la primera autoridad del país.

Según las primeras informaciones oficiales, el hallazgo del cuerpo se produjo en un sector de la residencia durante la madrugada, lo que derivó en la activación inmediata de un operativo de seguridad y de pericias por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) junto a la fiscalía competente.

La investigación quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien se presentó en el lugar acompañada por equipos forenses y de la fuerza para iniciar las diligencias correspondientes, incluida la recolección de evidencia, la toma de testimonios y la revisión de las cámaras de seguridad internas.

Aunque en las primeras horas de la pesquisa se barajó la posibilidad de que la causa del deceso haya sido un suicidio, las autoridades subrayaron que todas las hipótesis siguen abiertas y que continuarán con las indagaciones para determinar con precisión lo sucedido. Entre las medidas impulsadas se encuentran el análisis de grabaciones de video, la revisión de objetos encontrados en el lugar y entrevistas a compañeros del agente fallecido.

El joven soldado, oriundo de la provincia de Misiones, era uno de los más recientes integrantes del equipo de seguridad destinado a la vigilancia de la residencia presidencial, un rol que incluye turnos prolongados y responsabilidades clave en la protección de la primera autoridad y del predio.

El caso se encuentra en etapa preliminar y, según fuentes judiciales, se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia para poder avanzar con determinaciones más concretas sobre las circunstancias y causas de su muerte.

La conmoción por este acontecimiento dentro de uno de los espacios más custodiados del país ha generado un fuerte seguimiento tanto en el ámbito político como en las fuerzas de seguridad, que permanecen a la espera de mayores precisiones sobre un hecho que aún no ha sido plenamente explicado.

Aníbal Ramón Cabaña (61), acusado de asesinar a tiros a su expareja Natalia Ocampo (47) y al actual novio de la mujer, César Valenzuela (48), enfrenta un pedido de prisión perpetua. El fiscal Alejandro Ferlazzo lo adelantó este lunes durante la audiencia preliminar realizada en el Centro de Justicia Penal, ante el juez Hernán Postma.

Cabaña llega a esta instancia imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego en el caso de Ocampo; y por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en el de Valenzuela. A ello se suman cargos por portación ilegítima de arma de guerra, encubrimiento y daño.
El proceso será un juicio por jurados, modalidad que comenzó a implementarse recientemente en distintos departamentos de la provincia.

Según la teoría fiscal, Cabaña ingresó a la vivienda de su expareja con las llaves que previamente le había sustraído. Una vez adentro, abrió fuego contra ambos y luego se entregó a la Policía, indicando dónde había escondido el arma utilizada: en el tanque de agua de la casa de una de sus hermanas.

Ya dentro del domicilio, el acusado subió a la planta alta, donde se encontraba Valenzuela. Forzó una puerta divisoria para ingresar al sector de living–cocina y allí efectuó al menos ocho disparos con una pistola Bersa 9 mm.
Primero atacó a Ocampo, a quien le disparó dos veces en la cabeza y una en el cuerpo. Luego, tras un forcejeo, baleó cinco veces a Valenzuela, impactando también en el cráneo y el torso.

El historial de violencia previa también forma parte del expediente. Dos semanas antes del ataque, Cabaña había amenazado de muerte a Ocampo, quien lo había denunciado reiteradamente por violencia de género en 2010 y 2011. La última denuncia, presentada en marzo de este año, fue por amenazas simples, tras comunicarle ella que quería separarse luego de 18 años de relación porque estaba conociendo a otra persona.