La senadora nacional Carolina Losada (UCR–Santa Fe) salió ayer al cruce de las críticas y defendió con fuerza el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, que generó fuerte rechazo de sindicatos y sectores de la oposición pero cuenta con respaldo del oficialismo para avanzar en el Congreso.

Losada calificó la iniciativa como “un paso adelante para la Argentina”, al argumentar que apunta a generar reglas claras para trabajadores y empleadores y reducir la litigiosidad que actualmente dificulta las contrataciones formales en el mercado laboral. Para la legisladora, la normativa beneficiará tanto a empleados como a pymes, y destacó que su incorporación al marco legal dará previsibilidad a las relaciones laborales.

La senadora también valoró la decisión de postergar el tratamiento en el recinto hasta febrero, con el objetivo de “darle más tiempo al debate y perfeccionar algunos puntos del texto antes de la votación”. Entre los ajustes que propone está una modificación al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) para favorecer a pymes y micropymes, así como sugerencias sobre el Estatuto del Periodista, al que consideró que debe actualizarse en lugar de derogarse directamente.

El proyecto oficial ha generado tensiones políticas y sociales. Sectores sindicales y referentes opositores denunciaron que varias de las propuestas son regresivas y podrían debilitar derechos laborales, lo que derivó en protestas en distintas ciudades del país.

En Santa Fe, la postura de Losada marcó además una divergencia interna en el oficialismo provincial, en momentos en que algunos referentes cuestionan la reforma desde distintos ángulos, incluso calificándola como inconstitucional o insuficiente para proteger a los trabajadores.

La reforma laboral fue impulsada por el Ejecutivo nacional y trabajada en el Consejo de Mayo, espacio multisectorial donde Losada participó activamente de la redacción del texto que finalmente se presentará en el Congreso durante sesiones extraordinarias de febrero.

El gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, se refirió públicamente a las renuncias anunciadas por tres de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, quienes dejarán sus cargos entre septiembre y noviembre de 2026, luego de más de tres décadas en funciones.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Pullaro valoró la trayectoria de los magistrados, destacándolos como funcionarios de “valorada trayectoria” e impulsores de “importantes transformaciones” dentro del sistema judicial provincial, y afirmó que el proceso de recambio se enmarca en un impulso institucional sostenido por el diálogo y el respeto a la Constitución provincial.

“Una etapa de renovación basada en el diálogo”

“El retiro voluntario de los ministros forma parte de un proceso que abre la **última etapa de renovación del Poder Judicial en Santa Fe”, aseguró el gobernador, subrayando la solidez institucional de la provincia y la necesidad de respetar los límites de edad establecidos por la nueva Constitución santafesina.

Pullaro anticipó que en los próximos meses dará a conocer los nombres de los candidatos propuestos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, y que su gestión trabajará con la Legislatura para garantizar que el proceso de selección se lleve adelante con transparencia y en pleno cumplimiento de los mecanismos legales correspondientes.

Cambios que marcarán un antes y un después

Con la confirmación de las renuncias de Spuler, Falistocco y Gutiérrez, el máximo tribunal santafesino se encamina hacia una renovación total de sus miembros en 2026, lo que representa un hecho histórico en la estructura judicial de la provincia.

Este proceso se da en el marco de una fuerte discusión política y social en torno a los mecanismos de gobierno, el rol de la justicia y la necesidad de adaptar las instituciones a los cambios sociales actuales. El gobernador ha remarcado en diferentes oportunidades la importancia de una justicia más eficiente y alineada con los retos actuales, sosteniendo que el diálogo institucional es clave para lograr consensos amplios y evitar conflictos entre poderes del Estado.

Qué viene para la Corte santafesina

La salida progresiva de los ministros dejará lugar a nuevos perfiles en el máximo tribunal, lo que abre un amplio espacio para debate político y profesional. Las designaciones que realice el Ejecutivo provincial deberán ser ratificadas por la Legislatura, y se espera que la discusión trascienda lo meramente técnico para involucrar criterios de representatividad, experiencia y compromiso institucional.

Pullaro aseguró que la provincia está preparada para esta transición y la enfrentará con seriedad y responsabilidad, destacando que Santa Fe “se distingue por su institucionalidad y por saber reconocer el aporte de quienes han servido en altos cargos públicos».

Desde este lunes, Patricia Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su salida, ya anticipada desde que anunció su candidatura a senadora, generó algunas dudas en Santa Fe sobre el futuro del Plan Bandera, el operativo conjunto que logró reducir de manera significativa los niveles de violencia y criminalidad en Rosario y que ella lideró junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, desde ambos gobiernos insisten en que nada cambiará.

Con Alejandra Monteoliva —hasta ayer secretaria de Seguridad— asumiendo el cargo, se confirmó la continuidad del operativo.
“El plan sigue. Es una estrategia de mediano y largo plazo”, aseguró el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. Y agregó: “El Plan Bandera está reconocido a nivel internacional como un caso de éxito inédito. Se estudiaron más de cien programas de reducción de violencia y ninguno logró un impacto tan rápido y profundo”.

Angelini destaca especialmente la caída del 63% en los homicidios dolosos en Rosario durante 2024, tendencia que —según afirmó— se mantuvo durante 2025. “En 2026 vamos a profundizar aún más esa baja”, señaló.

En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe también se mostraron conformes: destacaron el funcionamiento “totalmente aceitado” entre fuerzas federales y provinciales bajo el Comando Conjunto Unificado, considerado un punto clave para sostener la coordinación.
En ese marco, remarcan que no esperan grandes modificaciones: “La línea de Monteoliva es la misma línea que venía marcando Bullrich”.

La propia exministra respaldó a su sucesora señalando que “tiene la capacidad y la experiencia para garantizar la continuidad de la doctrina que ordenó al país”. De hecho, la estructura del Comando Unificado establece que su disolución depende exclusivamente de la ministra de Seguridad nacional, por lo que ahora Monteoliva tendrá la potestad de sostener o retirar fuerzas federales según lo considere necesario.

El gobernador Pullaro también valoró la designación. “Es alguien que conoce profundamente la seguridad pública. En nuestra última reunión ajustamos zonas específicas en base a datos actualizados. Estoy seguro de que seguiremos mejorando con el acompañamiento federal”, sostuvo.

Qué viene hacia 2026/2027

El gobierno provincial proyecta que la consolidación definitiva de los niveles de seguridad llegará cuando concluyan las obras de infraestructura penitenciaria en curso y se incorporen nuevas tecnologías, como sistemas de monitoreo con inteligencia artificial de última generación. La estimación oficial ubica ese horizonte entre fines de 2026 y principios de 2027.

Mientras tanto, el objetivo es avanzar en la normalización administrativa del sistema de seguridad: ordenar áreas, agencias, estructuras y procesos que quedaron en segundo plano durante la etapa más crítica de la emergencia.

Para Angelini, uno de los mayores logros de esta etapa es haber recuperado “una ciudad donde se puede invertir, organizar eventos masivos y recibir turismo de cercanía”, algo que —según remarcó— se evidenció en 2024 y se profundizó durante 2025.