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Política

Cristina Kirchner volvió a criticar el acuerdo de Macri con el FMI: «Es escandaloso lo que hicieron»

La vicepresidenta se hizo eco del informe de la Auditoría General de la Nación sobre el acuerdo del gobierno de Macri con el FMI. Apuntó a la «cronología de la manganeta» y advirtió sobre las sucesivas violaciones a la ley en las que incurrió la gestión de Cambiemos.

eltribuno

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Cristina Kirchner volvió a criticar el acuerdo de Macri con el FMI: «Es escandaloso lo que hicieron»

Cristina Kirchner resaltó a través de las redes sociales el informe en el que la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció múltiples incumplimientos cometidos durante el gobierno de Mauricio Macri al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó”, afirmó la vicepresidenta, que apuntó a la “cantidad enorme de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo”. “Lo podríamos titular Cronología de la manganeta”, aseguró.

A través de las redes sociales, Cristina compartió dos videos del informe de la AGN que revelan una serie de irregularidades en el otorgamiento del acuerdo con el FMI. «No es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor. Es el resultado del informe aprobado por la AGN que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del FMI», remarcó la vicepresidenta.

Además, Cristina explicó que la AGN «es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó», sintetizó la vicepresidenta, que luego publicó otro de los videos del organismo: «Lo podríamos Cronología de la manganeta. Se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino».

Las irregularidades del acuerdo de Macri con el FMI que detectó la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este miércoles un informe donde expuso los múltiples incumplimientos que cometió el gobierno de Macri al firmar el acuerdo que endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares.

Según el relevamiento, la auditoría especializada reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmó el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública.

Por otra parte, se reveló que además se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.

El informe fue aprobado por mayoría en una reunión llevada adelante en la sede de la AGN de la que participación su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva.

El auditor general Francisco Javier Fernández, como presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Publica, presentó un video a modo de resumen y explicó los hallazgos principales destacando la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI y por la importancia del financiamiento.

Deuda record y fuga

La AGN informó que el acuerdo resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento del país, determinando que, por su magnitud y características, impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos.

Los fondos ingresados de la deuda con el FMI se aplicaron casi exclusivamente al pago de servicios de deuda detectándose que el 71 por ciento de los mismos, equivalentes a 27.732 millones de dólares, fueron utilizados para cancelar servicios de deuda de corto plazo emitida entre 2016 y 2019, es decir, durante el mismo gobierno de Mauricio Macri.

“Estos pagos resultaron en una masa de recursos volcada al mercado que coexistió con una salida de capitales sin control, situación que debería haber sido evitada conforme al Convenio Constitutivo del FMI”, remarcó la AGN en el comunicado distribuido este miércoles.

Asimismo, el organismo resaltó la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública. En el informe se destaca incluso que no se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo dado que existen múltiples versiones del texto del crédito stand-by.

Como conclusión, la auditoría especializada señaló que los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. “El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública”, subrayó el organismo.

El informe de la AGN, que tiene 200 páginas y se difundirá completo dentro de un par de semanas, le será enviado a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Magistrada que tiene a cargo la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo (ex ministro de Finanzas) y Federico Sturzenegger (ex titular del BCRA) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del crédito con el FMI en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos. El fiscal interviniente imputó a los tres mencionados y a otros dos ex integrantes de los equipos económicos de Macri. Sin embargo, ninguno de los cinco fue llamado ni una sola vez a declarar por Capuchetti, a pesar de que pasó más de un año y medio desde aquella imputación.

Antecedente

La AGN ya había aprobado el pasado 8 de febrero un informe sobre la cuenta de inversión de 2018. En aquella oportunidad el organismo evaluó el estado de la deuda publica incluida en los estados contables de la rendición anual de cuentas de la nación al 31 de diciembre del año 2018, considerando los movimientos y registros realizados. Allí se subrayó que a fines de 2018 la deuda publica ascendió a 332.192 millones de dólares y pasó a representar el 85,2 por ciento del PIB, en comparación al año anterior que fue de 320.935 millones de dólares equivalente al 56,5 por ciento del PIB. En términos de PIB el peso de esa deuda aumentó en casi 30 puntos del producto y la emisión neta de deuda de ese año ascendió a 55.940 millones de dólares, siendo el préstamo tomado con el FMI la causa central que explicó esa situación.

En el nuevo informe de auditoría aprobado este miércoles se buscó puntualmente determinar el impacto del acuerdo con el FMI en la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública, evaluar si el proceso de toma de crédito con el FMI cumplió con las leyes nacionales y si se evitó el uso indebido de fondos.

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Política

Tensión en Unidos: seguridad, disputas de poder y el factor libertario detrás del cruce entre Pullaro y el socialismo

La traba legislativa para aprobar el nuevo paquete de reformas en seguridad expuso las diferencias internas entre los socios principales del oficialismo santafesino. Mientras la UCR cuestiona que el Partido Socialista ponga en duda el eje central de la gestión, en el PS advierten sobre intentos de disciplinamiento y miran con recelo los acercamientos de la Casa Gris con el Gobierno nacional.

Ailém Lazarte

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El trasfondo de un freno legislativo

La postergación en la Cámara de Diputados del paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro dejó al descubierto una discusión de fondo entre los dos socios mayoritarios de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe. La resistencia del Partido Socialista (PS) a votar la iniciativa sin modificaciones sobrepasó el plano técnico-jurídico para instalar una disputa sobre la distribución del poder interno y el posicionamiento político con miras al escenario electoral de 2027.

Desde el radicalismo remarcan que cuestionar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo afecta el activo político de mayor impacto del Gobierno provincial. «Si el socialismo se quiere diferenciar con eje en la seguridad, le erra», evaluaron fuentes de la UCR. Por su parte, la dirigencia socialista rechaza esa premisa y apela al perfil propio de su espacio: «Somos un partido y hemos hecho un montón de aportes».

Cruce de versiones sobre la negociación

Las divergencias abarcan las atribuciones otorgadas a la Policía y a los fiscales, sumadas a reparos sobre los mecanismos de control, las garantías constitucionales y los derechos individuales. Sin embargo, el proceso de negociación previo a la sesión legislativa sumó tensiones metodológicas entre ambas bancadas:

  • La postura del Ejecutivo: Tras un encuentro convocado por los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni con legisladores de la coalición, en el PS interpretaron que la postura oficial se planteó como una exigencia de disciplinamiento bajo una lógica de poder para forzar la sanción rápida de la norma.

  • La versión radical: En el bloque legislativo de la UCR argumentan que la propuesta ingresó en mayo y que se elaboraron tres contrapropuestas con modificaciones para atenuar medidas y sumar mecanismos de resguardo. Asimismo, responsabilizan al socialismo por demorar los acuerdos a pesar del compromiso de tratamiento fijado para el 29 de octubre.

Dentro de la propia bancada oficialista coinciden en que el proyecto combina herramientas de utilidad práctica para la gestión diaria con definiciones orientadas al plano comunicacional e ideológico. Desde la óptica socialista, la urgencia por la norma busca reafirmar un perfil de máxima dureza contra el delito para disputar terreno discursivo con el electorado libertario.

Tensión en el recinto y la mirada sobre la Casa Rosada

El clima político tuvo su correlato en el recinto de la Cámara baja durante la jornada del jueves. La diputada socialista Lionella Cattalini instó a «calmarse» y hacer «un llamado a la reflexión», en respuesta a los reclamos de celeridad formulados por el senador Felipe Michlig y ante las declaraciones previas del gobernador Pullaro sobre la necesidad de evitar un «garantismo bobo» y avanzar en la renovación de la Corte Suprema provincial. Cattalini subrayó que las políticas públicas sostenibles en la provincia se construyeron históricamente mediante «la articulación política, la voluntad de avanzar, el consenso y los grandes acuerdos».

A la par del debate normativo, los gestos institucionales entre la Casa Gris y el Gobierno nacional incrementan la desconfianza en el sector socialista. La reciente coincidencia de Pullaro con funcionarios nacionales durante la Ronda de Negocios del RIGI realizada en La Fluvial y los contactos con la Secretaría General de la Presidencia alimentan especulaciones sobre un eventual entendimiento táctico de cara a futuros compromisos electorales.

Sectores del radicalismo no descartan la posibilidad de estructurar acuerdos de convivencia o pactos de no agresión política a nivel provincial y nacional con La Libertad Avanza, con eventuales articulaciones en distritos clave como Rosario, un escenario que para el socialismo marca un límite en la política de alianzas del espacio.

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Economía

El Gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027: superávit estimado, inflación del 18% y fuerte inversión en seguridad y obras

El ministro de Economía, Pablo Olivares, expuso los números centrales de la pauta financiera para el próximo año. Con un nivel de recursos de $18,8 billones y un gasto estimado de $16,4 billones, la provincia financiará el 93% de las obras públicas con ahorro corriente. Seguridad, Educación y Salud concentran las mayores partidas.

Ailém Lazarte

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Presentación oficial del proyecto

El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó públicamente este viernes el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027. La exposición estuvo a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a la secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría, el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind. Se trata del último presupuesto que ejecutará la actual gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro, calificado por las autoridades como un esquema «equilibrado, con austeridad y eficiencia».

El diseño financiero toma como referencia los parámetros macroeconómicos fijados por el Gobierno nacional. La iniciativa proyecta ingresos totales por $18,8 billones y un nivel de gastos de $16,4 billones, lo que arroja un superávit corriente estimado en $2,27 billones. Este ahorro entre recursos y gastos corrientes permitirá financiar con fondos propios el 93% de las erogaciones de capital e infraestructura, fijadas en $2,45 billones.

Pautas macroeconómicas para el ejercicio 2027

Las estimaciones sobre las cuales se estructuró la norma contemplan los siguientes indicadores:

  • Inflación interanual (a diciembre de 2027): 18%.

  • Inflación promedio anual: 21,1%.

  • Crecimiento de la actividad económica: 4%.

  • Tipo de cambio oficial: $1.847,60 por dólar para el cierre del año.

Distribución de las partidas y áreas prioritarias

El proyecto mantiene como ejes centrales de la inversión provincial a las áreas de seguridad, educación, salud, obras públicas e infraestructura productiva. La asignación de recursos quedó definida con los siguientes montos:

  1. Educación, Cultura y Deporte: $3,98 billones.

  2. Seguridad: $2,34 billones (contempla políticas de seguridad pública y el plan de obras penitenciarias).

  3. Obras Públicas: $2,13 billones.

  4. Infraestructura Productiva: $1,92 billones.

  5. Salud: $1,80 billones.

Creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS)

Dentro de las medidas destacadas en la presentación, el Ejecutivo anunció la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. La norma dispone que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural sea volcado exclusivamente a obras e infraestructura de uso agropecuario, con un esquema de monitoreo conjunto con las entidades del sector.

Cumplimiento del crédito público y debate legislativo

En el capítulo financiero, el Ministerio de Economía detalló que desde el inicio del mandato en diciembre de 2023 hasta el 30 de octubre de 2026, la Provincia canceló compromisos de deuda por $338.844 millones. La proyección hacia la finalización de la gestión en diciembre de 2027 prevé un desendeudamiento total acumulado de $568.370 millones, habiendo utilizado únicamente el 37% de la capacidad de endeudamiento autorizada.

El texto del Presupuesto 2027 ingresará para su tratamiento parlamentario por la Cámara de Senadores. En forma paralela, el Poder Ejecutivo ultima la redacción del proyecto de Ley Tributaria junto a la Comisión de Análisis Tributario. Los funcionarios adelantaron que las alícuotas no sufrirán modificaciones, aunque se mantendrá la actualización de los impuestos de emisión provincial en línea con el índice inflacionario.

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Política

Por qué el pullarismo se convirtió en aliado clave del mileísmo para blindar el DNU 70/23

Al oficialismo le faltaba un voto para sacar el dictamen que repone la ley de tierras dentro del proyecto de inviolabilidad a la ley de propiedad privada y apareció una firma santafesina

Ailém Lazarte

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La estrategia de la Casa Rosada para sostener la vigencia del DNU 70/23 encontró un sostén decisivo en la provincia de Santa Fe. El diputado José Núñez, alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro, aportó la firma número 34 que le faltaba al oficialismo para lograr el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. La jugada consistió en incorporar al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada la restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto central para amortiguar los cuestionamientos hacia la norma desreguladora.

El esquema político tuvo como articuladora a Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas e interlocutora de la gestión santafesina con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Con esta modificación —que el oficialismo prevé llevar al recinto el 21 de octubre—, los sectores de la oposición dialoguista suman un argumento para no dar quórum en la sesión especial promovida por el sector más duro del antimileísmo, donde se buscaba rechazar el DNU 70/23 y discutir temas complejos para el Ejecutivo, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la situación de los endeudados.

La maniobra legislativa se concretó en dos pasos:

  • Sustitución en la comisión: Scaglia solicitó el reemplazo del diputado rionegrino Sergio Capozzi (ausente en la jornada) por el santafesino José Núñez, quien se sumó al plenario y firmó el despacho de mayoría.

  • Tensiones internas: Si bien Núñez (dirigente del PRO) suele acompañar las posiciones del Gobierno nacional, la decisión generó cortocircuitos en Provincias Unidas, donde varios legisladores señalaron que no fueron avisados del cambio.

Según señalaron fuentes de ese espacio a Rosario3, el malestar respondió a que se rompió un acuerdo previo sobre los plazos para formalizar las sustituciones, extendidos hasta el martes por el feriado. Como el trámite se realizó minutos antes del inicio de la reunión —cuando el oficialismo apenas sumaba 33 firmas—, la diputada kirchnerista Julia Strada criticó duramente la jugada en redes sociales, afirmando que el ingreso de Núñez buscó avalar un dictamen para boicotear la sesión especial.

Con las 34 firmas confirmadas por la Cámara de Diputados, el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General avanzó con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya contaba con media sanción del Senado— agregando dos artículos clave para revertir la derogación de la Ley de Tierras dispuesta originalmente en el DNU 70/23.

De esta manera, la Casa Rosada ofreció una vía alternativa para atender el reclamo sobre la protección del suelo nacional sin que los sectores dialoguistas tengan que votar la anulación completa del decreto. La meta del Gobierno es evitar que se alcancen los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión opositora.

Esta decisión implica dar una marcha atrás estratégica: el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 había derogado los límites a la propiedad rural en manos de extranjeros, pero para resguardar el resto de las desregulaciones, La Libertad Avanza terminó aceptando la restitución de esa norma. La controversia por las tierras había vuelto a cobrar protagonismo tras las resoluciones de la Corte Suprema, pero el aval judicial provisorio a las restricciones y el cambio de postura en el Congreso terminaron quitando presión sobre los bloques intermedios.

El episodio dejó al descubierto además las fracturas internas dentro de Provincias Unidas, donde mientras Núñez acompañó al oficialismo, otros integrantes decidieron impulsar un dictamen alternativo junto a la Coalición Cívica.

En este marco, el sector de Pullaro aportó una ficha clave para la estrategia de Martín Menem, en momentos en que Scaglia mantiene conversaciones con Santilli en busca de un acuerdo político: garantizar el respaldo legislativo a proyectos centrales del Ejecutivo —como la suspensión de las PASO— a cambio de que La Libertad Avanza y el presidente Milei bajen el nivel de confrontación electoral en Santa Fe, de cara a los comicios de 2027 y con foco en la ciudad de Rosario.

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