La economía argentina sigue en el centro del debate público y económico, en un año en el que las cifras clave revelan un panorama mixto entre recuperación, desafíos estructurales y expectativas de crecimiento moderado.

Una de las noticias más relevantes de la semana es la proyección de crecimiento de la actividad económica para noviembre de 2025. Según una encuesta entre analistas publicada hoy, la actividad económica del país se habría expandido 1,7 % interanual en noviembre, lo que refleja una continúa desaceleración después de meses con resultados positivos, pero sin caer en terreno negativo. Los datos finales oficiales se conocerán próximamente con el relevo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En materia fiscal, el Gobierno anunció que 2025 cerró con un superávit primario equivalente al 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), logrando así dos años consecutivos de resultados fiscales positivos por primera vez desde 2008, según informó el ministro de Economía. Esta situación sería un indicador de orden en las cuentas públicas, tras años de déficit crónico.

Este mejor desempeño fiscal se enmarca dentro de un contexto más amplio: en 2025 la inflación anual se redujo a niveles no vistos en los últimos ocho años, ubicándose en torno al 31 %, muy por debajo de los picos superiores a 200 % registrados en años recientes. Aunque esto representa una desaceleración relevante, algunos rubros como el transporte y servicios básicos todavía muestran presiones inflacionarias superiores al promedio.

A pesar de estos avances, los desafíos no desaparecen. El crecimiento económico sigue siendo moderado y sectores como la industria y el comercio presentan señales de debilidad, mientras que el empleo formal registra retrocesos estructurales que preocupan a economistas y organizaciones sociales. El Banco Mundial, por ejemplo, ajustó ligeramente a la baja las expectativas de crecimiento para 2026 en un contexto global incierto.

En materia de política económica, el Gobierno ya presentó ante el Congreso el presupuesto 2026, con proyecciones de crecimiento de alrededor del 5 % del PIB y una meta de inflación anual cercana al 10 %, que serán debatidas en las comisiones legislativas en las próximas semanas. El proyecto también contempla partidas importantes para salud, educación, seguridad social y gastos sociales, aunque la distribución de estos recursos será uno de los temas más discutidos en el ámbito político.

Desde el Ejecutivo destacan que los resultados fiscales y la desaceleración de los precios son señales positivas de que las reformas económicas pueden estar dando frutos, pero sectores empresariales y sociales advierten que aún persisten dificultades para que esos cambios se traduzcan en mejora del bolsillo de los trabajadores y en una reactivación sostenida del consumo interno.

Con un año electoral por delante y la economía como eje del discurso público, el rumbo de los principales indicadores y la gestión de las cifras clave serán determinantes para el clima financiero, la percepción ciudadana y las decisiones de inversión tanto locales como internacionales.