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Policiales

El momento en el que le disparan a un joven argentino en Miami Beach para robarle un dólar

Ignacio Gallardo residía en la ciudad desde hace dos meses. Ahora lleva cuatro días en coma inducido y la policía pide colaboración para encontrar al sospechoso

Ailén Lazarte

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Ignacio Gallardo, conocido entre sus amigos como Gallo, un joven argentino de 25 años, estudiante de arquitectura, se encuentra viviendo una pesadilla inimaginable. Llevaba dos meses visitando el sur de la Florida, alojándose en pleno barrio de South Beach -la zona más turística de la ciudad balnearia Miami Beach-, cuando fue atacado de manera brutal y quedó en coma.

Todo ocurrió el pasado 23 de julio, alrededor de las cuatro y media de la mañana. Ignacio y un amigo se encontraban sentados en la escalinata del edificio en el que el joven se está hospedando, charlando de manera relajada. Miami Beach es una ciudad con mucha actividad turística donde no es inusual que la gente esté en la calle en horas de la madrugada. Un hombre se acercó a los jóvenes y les pidió dinero. Ignacio le dio un dólar, pero esto no fue suficiente para el hombre, quien sacó un arma y les apuntó.Ignacio Gallardo tiene 25 años y había llegado hace dos meses a Miami Beach

El amigo de Ignacio le dio la billetera, en la que no tenían más efectivo. Sin importarle que las víctimas estaban colaborando de manera pacífica con sus demandas, el agresor disparó al menos tres veces contra Ignacio. Los tres disparos le dieron en el estómago.

Este es el identikit del sospechoso que está divulgando la policía de Miami BeachEste es el identikit del sospechoso que está divulgando la policía de Miami Beach

En el video de la cámara de seguridad que se encuentra frente al edificio en el que los jóvenes fueron atacados, se ve el momento exacto en el que ellos están tranquilos, y el agresor dispara antes de huir.

El primero en asistir a Ignacio fue uno de sus compañeros de cuarto (eran al menos tres los jóvenes que compartían apartamento en Miami Beach), Richard Matute, quien dormía al momento del ataque pero salió porque escuchó gritos.

“Eran gritos desenfrenados. Los ojos de él estaban hacia atrás, estaba poniéndose como tieso, las manos se le torcían”, le contaba Matute a la prensa local.

En cuestión de escasos minutos Ignacio estaba siendo trasladado al principal hospital público del condado de Miami Dade, el Jackson Memorial. Dada la gravedad del caso, los médicos decidieron poner a Ignacio en un coma inducido para intentar curar sus heridas mientras el joven no está consciente.

Ignacio estaba viviendo con amigos en South Beach. Ya le han realizado cinco cirugías en los últimos cuatro díasIgnacio estaba viviendo con amigos en South Beach. Ya le han realizado cinco cirugías en los últimos cuatro días

“Lo llevaban al hospital haciéndole reanimación. Se estaba desangrando. Le abrieron el tórax, lo abrieron acá entero para poder cortar esa arteria. Después lo volvieron a operar del abdomen. Cinco cirugías van tratando de salvar su vida”, contaba Fernando Gallardo, el padre de la víctima quien llegó a Miami procedente de Argentina a menos de 24 horas del incidente. El hombre participó de una rueda de prensa junto al vocero de la policía de Miami Beach donde mostraron un identikit del sospechoso y pidieron colaboración para encontrarlo.

“Mi hijo sigue intubado, sedado, en coma inducido. Y le pido a toda la comunidad, por medio de los medios. Veo que hicieron un retrato del posible agresor de mi hijo, le pido a toda la comunidad, a toda la gente que lo pueda conocer o tener alguna información de él, le pido a cada uno que esté mirando ahora, que tengan empatía”, indicaba visiblemente conmovido el padre de Ignacio.

La policía está repartiendo estos volantes con la descripción del agresorLa policía está repartiendo estos volantes con la descripción del agresor

La policía describió al sospechoso como un hombre blanco, hispano, de entre 28 y 32 años, cuya altura ronda alrededor de 1,65 metros y 1,72 metros. Es de constitución mediana, cabello oscuro y sus rasgos principales son que camina encorvado y tatuaje en el cuello del lado derecho, debajo de la oreja, representando símbolos chinos o japoneses. Fue visto por última vez con chaqueta negra, con dos rayas en las mangas.

A quien tenga información sobre el sospechoso se le pide que por favor se comunique de inmediato con la línea de alto al crimen de Miami Dade, que es el 305 471 8477.

Policiales

Ascenso criminal en Empalme Graneros: Imputaron a la novia de un preso que pasó de «soldadita» a jefa de su propio búnker con ayuda policial

Se trata de Jésica Nadia Ledesma, acusada este viernes por el fiscal de Microtráfico Diego Giro. Manejaba bocas de expendio, utilizaba a menores armados y recibía alertas de allanamientos por parte de un agente de la comisaría 12ª. Quedó tras las rejas.

Ailén Lazarte

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El vacío de poder que aprovechó «la cocinera»

El mapa narco de la zona norte de Rosario vuelve a exponer su dinámica interna en los Tribunales Provinciales. Este viernes por la mañana, Jésica Nadia Ledesma (37) fue imputada formalmente por el fiscal Diego Giro por liderar una estructura de venta minorista de estupefacientes que operaba con extrema violencia. Según la pesquisa, Ledesma comenzó trabajando para la «Banda del playón» —un violento clan que manejaba el territorio en Bielsa y Magallanes y que fue desmantelado en noviembre pasado—. Tras la caída de sus jefes, la mujer capitalizó los contactos, proveedores y clientes para dar el salto y montar su propio búnker en Campbell al 400.

La jueza Luciana Vallarella dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para la acusada, quien se había entregado la semana pasada en la seccional 20ª. Debido a que cursa un embarazo, la magistrada ordenó que sea evaluada por un médico forense para garantizar la atención sanitaria correspondiente dentro del penal.

Directivas desde la celda y audios explícitos El ascenso de Ledesma en la estructura criminal contó con el apuntalamiento logístico de su novio, Cristian Gonzalo Alonso, un recluso alojado en el Pabellón 3 de la Unidad Penitenciaria Nº 12 de Rosario. A través de escuchas telefónicas de la Policía Federal —que descubrió que el preso ocultaba un celular dentro de su colchón—, se constató que Alonso aportaba proveedores y coordinaba la apertura de nuevas bocas de expendio tanto en Empalme como en barrio Godoy.

La evidencia más contundente surgió de las propias conversaciones de la pareja, donde Ledesma detallaba cómo estiraba la cocaína con bicarbonato. En los audios de la causa se la escucha jactarse de su nuevo rol entre risas:

«¿Entonces puedo ser cocinera ahora? ¿Me dedico a eso? (…) Sí, soy traficante, soy narco».

La organización recaudaba sumas millonarias e incluso modernizó su sistema de cobro, aceptando transferencias bancarias virtuales durante los días de cobro de sus clientes.

Menores armados y protección de la comisaría 12ª

La imputación del fiscal Giro expuso dos agravantes severos que complican la situación de la detenida. Por un lado, la utilización sistemática de adolescentes de entre 14 y 17 años para realizar el «pasamanos» de las dosis en la calle y custodiar los puntos de venta portando armamento. Por el otro, la connivencia con las fuerzas de seguridad de la zona. En una escucha fechada el pasado 27 de marzo, la mujer le confiesa a su pareja que contaba con filtraciones previas sobre los allanamientos de la Justicia gracias a la complicidad de un policía que se desempeña en la comisaría 12ª, ubicada en barrio Ludueña.

La extrema violencia marcaba el pulso diario de la banda para mantener el control territorial. El expediente judicial detalla feroces balaceras cruzadas —la propia vivienda de Ledesma sufrió seis impactos de bala en un ataque enemigo— y directivas explícitas de la imputada para «ir a hacerle una balacera a cualquiera» con el fin de sembrar el terror. Incluso, la investigación acreditó que planificaban atentados con bombas molotov contra locales de ropa de la calle Juan José Paso, con el macabro objetivo de incriminar a bandas competidoras y desviar la atención policial.

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Escándalo judicial en Santa Fe: dictan prisión preventiva para un policía acusado de abusar de siete sobrinos

La Justicia penal resolvió dejar tras las rejas a un agente de 41 años que custodiaba los Tribunales provinciales. Se lo investiga por una seguidilla de ataques perpetrados entre 1996 y 2013 contra sus familiares directos cuando eran menores. En un hecho insólito, el uniformado tenía asignadas tareas vinculadas al resguardo de víctimas en Cámara Gesell.

Ailén Lazarte

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Una trama de abusos endofamiliares de extrema gravedad institucional eclosionó en el corazón del Poder Judicial de la capital santafesina. En una audiencia celebrada en los tribunales locales, el juez Nicolás Falkenberg hizo lugar a la solicitud de los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, determinando que el policía identificado bajo las iniciales RML permanezca detenido bajo el régimen de prisión preventiva.

El acusado, quien hasta el momento de su detención prestaba servicios como personal de guardia edilicia en el propio Palacio de Justicia, enfrenta cargos por haber vulnerado la integridad sexual de siete de sus sobrinos —cuatro varones y tres mujeres— a lo largo de casi dos décadas.

El insólito rol institucional del imputado

La causa penal comenzó a ramificarse a partir de enero, momento en que una de las sobrinas rompió el silencio tras un conflicto familiar inconexo, lo que generó un efecto cadena donde el resto de los hermanos pudo exteriorizar lo vivido. Desde que se inició la pesquisa por abuso sexual reiterado, la Jefatura policial colocó a RML en situación de disponibilidad, retirándole el arma reglamentaria y asignándole lo que la fuerza denomina «tareas diferentes».

De forma llamativa, entre las nuevas labores de acompañamiento administrativo que se le encomendaron, el agente tenía la función de asistir a los progenitores de menores de edad que acudían a prestar declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell. Este factor fue un argumento clave utilizado por la fiscalía para requerir la prisión cautelar, advirtiendo el peligro inminente de que el imputado continuara teniendo contacto directo con niños y adolescentes en situaciones de alta vulnerabilidad dentro del ámbito tribunalicio.

Manipulación sistemática y el debate por la prescripción

La imputación formal de la fiscal Galeano detalla que la mayoría de las agresiones ocurrieron antes de que el implicado ingresara a las filas de la Policía de Santa Fe, abarcando un período temporal que va desde mediados de los años 90 hasta el 2013. «No eran abusos con el ejercicio de violencia, sino con manipulación, de la confusión, del regalo de juguetes, sacarlos a pasear», describió la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), remarcando que las víctimas carecían de herramientas de defensa.

Aunque el bloque defensivo de RML solicitó el sobreseimiento argumentando que las acciones penales ya se encontraban prescriptas por el paso del tiempo, el juez Falkenberg rechazó el planteo. Para fundar la vigencia del proceso, el magistrado aplicó los preceptos de la denominada «Ley Piazza», la cual suspende los plazos de prescripción en delitos de índole sexual contra la integridad de menores de edad, permitiendo que las víctimas articulen la denuncia una vez alcanzada la mayoría de edad. Bajo este criterio, el juez determinó que al menos uno de los graves sucesos analizados continúa legalmente subsistente, habilitando la apertura formal del debate.

Secuelas y calificaciones penales

A pesar de que los damnificados ya son personas adultas, la fiscalía expuso el severo daño psicológico que arrastran, el cual incluye secuelas graves como alcoholismo, drogadicción e intentos de suicidio, complejidades que dificultaron de manera notable el proceso de rememoración y verbalización de los hechos durante las entrevistas judiciales. Asimismo, las autoridades no descartan la aparición de nuevos casos, ya que se encuentra bajo peritaje el material informático y documental incautado durante un allanamiento en la vivienda que el acusado habitaba en Santa Fe.

El abanico de cargos imputados a RML es extenso y contempla de manera unánime el agravante por haber tenido a su cargo la guarda de los menores al momento de los incidentes. El desglose judicial comprende:

  • Abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las víctimas.

  • Abuso sexual gravemente ultrajante agravado en perjuicio de cinco de los afectados.

  • Abuso sexual simple agravado respecto de la séptima víctima.

  • Promoción de la corrupción de menores agravada en los siete casos, debido al rol de guardador y a que los damnificados tenían menos de 13 años de edad al momento de iniciarse los padecimientos sistemáticos.

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Condenan en Gálvez a un hombre por agredir a una mujer y secuestrar a otra en diferentes ataques

A través de un juicio abreviado, la Justicia penal impuso una pena de prisión condicional a Rosendo Aníbal Oyarzabal, de 64 años. Además del castigo penal, el condenado deberá resarcir económicamente con un millón y medio de pesos a cada una de las víctimas de sus violentos episodios.

Ailén Lazarte

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Un raid de violencia de género, privación de la libertad y amenazas con armas de fuego en la región del departamento San Jerónimo terminó con una condena judicial en los tribunales de Santa Fe. Rosendo Aníbal Oyarzabal, un vecino de 64 años oriundo de Gálvez, admitió su culpabilidad en una serie de graves delitos cometidos contra dos mujeres en distintos contextos, logrando un acuerdo de juicio abreviado.

La sentencia, rubricada por la jueza Celeste Minniti, establece una pena de tres años de ejecución condicional. La resolución no solo contempla la sanción penal y una multa económica, sino que además obliga a Oyarzabal a abonar una indemnización de $1.500.000 a cada una de las damnificadas en concepto de reparación.

El acuerdo fue coordinado entre la defensa del acusado y el fiscal de la causa, Julio Lema. Tras la investigación, Oyarzabal asumió la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas calificadas (por mediar violencia de género), coacciones calificadas por el uso de arma, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el empleo de arma y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La cronología de la violencia

La trama delictiva que acorraló al imputado se compone de dos graves episodios ocurridos en diferentes fechas. El primero de ellos se registró la noche del miércoles 29 de octubre del año pasado, minutos antes de las 22:30. Oyarzabal manejaba su camioneta por la localidad de Gálvez acompañado por una de las víctimas. Al aproximarse a la casa de la madre de la mujer, se desató una violenta discusión en el habitáculo. El agresor la atacó físicamente, provocándole heridas en la cara y en uno de sus brazos. Al escuchar los gritos de auxilio, la madre de la víctima salió a la calle para intervenir, momento en el cual Oyarzabal extrajo un arma de fuego corta y la amenazó de muerte antes de escapar.

El segundo hecho ocurrió más recientemente, el pasado 1° de junio. El hombre de 64 años pasó a buscar a otra mujer en su vehículo por un domicilio de Gálvez. En un tramo del viaje, la acompañante manifestó su intención de bajarse, pero Oyarzabal bloqueó las salidas y aceleró, llevándola contra su voluntad hacia la localidad vecina de López.

Durante el cautiverio en la camioneta, la mujer aprovechó una distracción del conductor para arrojarse del vehículo. Al percatarse de la huida, el agresor la persiguió y utilizó un cuchillo de cocina para amedrentarla.

Allanamiento y secuestro de armamento

Pocos días después de este último incidente, las fuerzas policiales ejecutaron una orden de allanamiento en la vivienda donde Oyarzabal se estaba instalando en la localidad de López. Allí se procedió a su detención y al secuestro de dos armas largas: una escopeta calibre .16 y otra calibre .36, ambas peritadas y declaradas aptas para el disparo, las cuales el acusado mantenía de forma ilegal.

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