El vacío de poder que aprovechó «la cocinera»

El mapa narco de la zona norte de Rosario vuelve a exponer su dinámica interna en los Tribunales Provinciales. Este viernes por la mañana, Jésica Nadia Ledesma (37) fue imputada formalmente por el fiscal Diego Giro por liderar una estructura de venta minorista de estupefacientes que operaba con extrema violencia. Según la pesquisa, Ledesma comenzó trabajando para la «Banda del playón» —un violento clan que manejaba el territorio en Bielsa y Magallanes y que fue desmantelado en noviembre pasado—. Tras la caída de sus jefes, la mujer capitalizó los contactos, proveedores y clientes para dar el salto y montar su propio búnker en Campbell al 400.

La jueza Luciana Vallarella dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para la acusada, quien se había entregado la semana pasada en la seccional 20ª. Debido a que cursa un embarazo, la magistrada ordenó que sea evaluada por un médico forense para garantizar la atención sanitaria correspondiente dentro del penal.

Directivas desde la celda y audios explícitos El ascenso de Ledesma en la estructura criminal contó con el apuntalamiento logístico de su novio, Cristian Gonzalo Alonso, un recluso alojado en el Pabellón 3 de la Unidad Penitenciaria Nº 12 de Rosario. A través de escuchas telefónicas de la Policía Federal —que descubrió que el preso ocultaba un celular dentro de su colchón—, se constató que Alonso aportaba proveedores y coordinaba la apertura de nuevas bocas de expendio tanto en Empalme como en barrio Godoy.

La evidencia más contundente surgió de las propias conversaciones de la pareja, donde Ledesma detallaba cómo estiraba la cocaína con bicarbonato. En los audios de la causa se la escucha jactarse de su nuevo rol entre risas:

«¿Entonces puedo ser cocinera ahora? ¿Me dedico a eso? (…) Sí, soy traficante, soy narco».

La organización recaudaba sumas millonarias e incluso modernizó su sistema de cobro, aceptando transferencias bancarias virtuales durante los días de cobro de sus clientes.

Menores armados y protección de la comisaría 12ª

La imputación del fiscal Giro expuso dos agravantes severos que complican la situación de la detenida. Por un lado, la utilización sistemática de adolescentes de entre 14 y 17 años para realizar el «pasamanos» de las dosis en la calle y custodiar los puntos de venta portando armamento. Por el otro, la connivencia con las fuerzas de seguridad de la zona. En una escucha fechada el pasado 27 de marzo, la mujer le confiesa a su pareja que contaba con filtraciones previas sobre los allanamientos de la Justicia gracias a la complicidad de un policía que se desempeña en la comisaría 12ª, ubicada en barrio Ludueña.

La extrema violencia marcaba el pulso diario de la banda para mantener el control territorial. El expediente judicial detalla feroces balaceras cruzadas —la propia vivienda de Ledesma sufrió seis impactos de bala en un ataque enemigo— y directivas explícitas de la imputada para «ir a hacerle una balacera a cualquiera» con el fin de sembrar el terror. Incluso, la investigación acreditó que planificaban atentados con bombas molotov contra locales de ropa de la calle Juan José Paso, con el macabro objetivo de incriminar a bandas competidoras y desviar la atención policial.

Una trama de abusos endofamiliares de extrema gravedad institucional eclosionó en el corazón del Poder Judicial de la capital santafesina. En una audiencia celebrada en los tribunales locales, el juez Nicolás Falkenberg hizo lugar a la solicitud de los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, determinando que el policía identificado bajo las iniciales RML permanezca detenido bajo el régimen de prisión preventiva.

El acusado, quien hasta el momento de su detención prestaba servicios como personal de guardia edilicia en el propio Palacio de Justicia, enfrenta cargos por haber vulnerado la integridad sexual de siete de sus sobrinos —cuatro varones y tres mujeres— a lo largo de casi dos décadas.

El insólito rol institucional del imputado

La causa penal comenzó a ramificarse a partir de enero, momento en que una de las sobrinas rompió el silencio tras un conflicto familiar inconexo, lo que generó un efecto cadena donde el resto de los hermanos pudo exteriorizar lo vivido. Desde que se inició la pesquisa por abuso sexual reiterado, la Jefatura policial colocó a RML en situación de disponibilidad, retirándole el arma reglamentaria y asignándole lo que la fuerza denomina «tareas diferentes».

De forma llamativa, entre las nuevas labores de acompañamiento administrativo que se le encomendaron, el agente tenía la función de asistir a los progenitores de menores de edad que acudían a prestar declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell. Este factor fue un argumento clave utilizado por la fiscalía para requerir la prisión cautelar, advirtiendo el peligro inminente de que el imputado continuara teniendo contacto directo con niños y adolescentes en situaciones de alta vulnerabilidad dentro del ámbito tribunalicio.

Manipulación sistemática y el debate por la prescripción

La imputación formal de la fiscal Galeano detalla que la mayoría de las agresiones ocurrieron antes de que el implicado ingresara a las filas de la Policía de Santa Fe, abarcando un período temporal que va desde mediados de los años 90 hasta el 2013. «No eran abusos con el ejercicio de violencia, sino con manipulación, de la confusión, del regalo de juguetes, sacarlos a pasear», describió la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), remarcando que las víctimas carecían de herramientas de defensa.

Aunque el bloque defensivo de RML solicitó el sobreseimiento argumentando que las acciones penales ya se encontraban prescriptas por el paso del tiempo, el juez Falkenberg rechazó el planteo. Para fundar la vigencia del proceso, el magistrado aplicó los preceptos de la denominada «Ley Piazza», la cual suspende los plazos de prescripción en delitos de índole sexual contra la integridad de menores de edad, permitiendo que las víctimas articulen la denuncia una vez alcanzada la mayoría de edad. Bajo este criterio, el juez determinó que al menos uno de los graves sucesos analizados continúa legalmente subsistente, habilitando la apertura formal del debate.

Secuelas y calificaciones penales

A pesar de que los damnificados ya son personas adultas, la fiscalía expuso el severo daño psicológico que arrastran, el cual incluye secuelas graves como alcoholismo, drogadicción e intentos de suicidio, complejidades que dificultaron de manera notable el proceso de rememoración y verbalización de los hechos durante las entrevistas judiciales. Asimismo, las autoridades no descartan la aparición de nuevos casos, ya que se encuentra bajo peritaje el material informático y documental incautado durante un allanamiento en la vivienda que el acusado habitaba en Santa Fe.

El abanico de cargos imputados a RML es extenso y contempla de manera unánime el agravante por haber tenido a su cargo la guarda de los menores al momento de los incidentes. El desglose judicial comprende:

• Abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las víctimas.

• Abuso sexual gravemente ultrajante agravado en perjuicio de cinco de los afectados.

• Abuso sexual simple agravado respecto de la séptima víctima.

• Promoción de la corrupción de menores agravada en los siete casos, debido al rol de guardador y a que los damnificados tenían menos de 13 años de edad al momento de iniciarse los padecimientos sistemáticos.