La semana pasada el kirchnerismo se encontró, una vez más, con la dura realidad que todo el tiempo no puede hacer lo que se le antoja. Todavía hay un mínimo de instituciones que le ponen algún límite. El rechazo del proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, con una gran cantidad de artículos agregados incrementando el gasto público, fue un descaro de un gobierno que tuvo dormido el presupuesto durante 3 meses en el Congreso pretendiendo que de un día para otro se aprobara la ley de leyes.

Sobre el tema presupuestario hay varios temas a considerar por la falta de seriedad que tiene su tratamiento. En primer lugar, un presupuesto de ingresos y gastos de la Nación implica que los legisladores debatan: 1) cuánto se va a gastar en total, 2) en qué se va a gastar y 3) cómo se va a financiar ese gasto.

Si algún sentido tiene discutir en el Congreso un presupuesto consiste en que los representantes de los contribuyentes debatan en qué se van a gastar sus recursos. El gasto público son recursos que salen de los contribuyentes vía impuestos y, por lo tanto, no es dinero de los legisladores. Es dinero de los contribuyentes. Esto implica una absoluta responsabilidad del legislador a la hora de decidir cuánta plata se le va a sacar al contribuyente y ser muy prolijo en el gasto. Justificar cada uno de los gastos es justificar en qué se va utilizar el dinero de gente que se desloma trabajando cada día de la semana, incluso privándose de consumir o invertir para financiar el gasto.

Hasta noviembre, el Poder Ejecutivo emitió 14 DNU con modificaciones presupuestarias y aumentos del gasto público. Es decir, el presupuesto original por el cual se decidía cuánto iba a gastar el Estado y cómo se iba a financiar quedó totalmente desvirtuado

Si los legisladores quieren subsidiar a alguien tiene que decir a quién, por qué monto, por cuánto tiempo y, fundamentalmente, por qué razón alguien tiene que recibir dinero generado por el trabajo ajeno. En Argentina nos hemos acostumbrado a que este debate no se plantee con claridad. Es más, el presupuesto original 2022, que luego quedó desvirtuado por el agregado de nuevos artículos, tiene un total de 4851 páginas. Es imposible hacer un estricto control del gasto en semejante mamotreto donde en cualquier párrafo se puede colar un gasto que nadie vio, es arbitrario y no tiene financiamiento. Es el mecanismo ideal para esconder gastos y que pasen desapercibidos.

Además, solo basta ver el presupuesto para advertir que es una gran transferencia de recursos de los contribuyentes a gente que vive del trabajo ajeno y los recursos destinados a los servicios básicos que tiene que prestar el Estado son mínimos: 1) seguridad, 2) justicia y 3) defensa son un tema marginal del presupuesto. El grueso está destinado a los llamados servicios sociales. En efecto, el 65% del gasto va a ese rubro y los jubilados reciben monedas, salvo la vicepresidenta que tiene una suculenta jubilación, cada vez tenemos más pobres, más desocupados, más indigentes y peor educación. En definitiva, más que servicios sociales ese rubro debería llamarse clientelismo político.

Pero hay un punto importante a resaltar. Aún debatiendo el presupuesto, el Poder Ejecutivo puede cambiar por DNU la asignación de las partidas que fueron votadas por los legisladores, aumentar el gasto y el endeudamiento. Hasta noviembre, el Poder Ejecutivo emitió 14 DNU con modificaciones presupuestarias y aumentos del gasto público. Es decir, el presupuesto original por el cual se decidió cuánto iba a gastar el Estado y cómo se iba a financiar quedó totalmente desvirtuado.

El total de incrementos de gastos autorizados por DNU en el presupuesto original fue de $2,6 billones, lo que implica un aumento del gasto público presupuestado originalmente del 31%. Un disparate que desvirtúa el concepto de cuánto tendrán que pagar los contribuyentes de impuestos para financiar ese nivel de gasto.

Pero otro dato a tener en cuenta es que algunos legisladores de la oposición argumentaron, entre otras causas, que no iban a votar el presupuesto porque tenía déficit fiscal. El argumento no está mal, pero es incompleto y hasta débil.

Es cierto que el presupuesto debería estar equilibrado entre ingresos tributarios y gastos. Pero como alguna vez me dijo mi amigo Armando Ribas sobre su propia herejía económica: prefiero un déficit fiscal de 2% del PBI con un gasto público del 15% del PBI, que equilibrio fiscal con un gasto público del 48% del PBI.

Porque en definitiva el serio problema de la Argentina no es solamente el déficit, que en nuestro caso también llega a niveles disparatados, sino el nivel de gasto público consolidado que incluye lo que gastan la nación, las provincias y los municipios porque del bolsillo del contribuyente sale el dinero para financiar los tres niveles de gobierno. Y si los impuestos no alcanzan, entonces aparece la emisión monetaria con el impuesto inflacionario, el endeudamiento público e incluso las confiscaciones de activos como ocurrió en otras oportunidades como fue en 1989 con el plan Bonex.

El presupuesto muestra, bajo el argumento de la solidaridad social, una sociedad de saqueadores que usan al estado para robar el trabajo ajeno

Sostengo que el problema es más el nivel de gasto público que el déficit fiscal porque implica qué parte de la riqueza que genera un sector de la población le va a ser quitado mediante el monopolio de la fuerza, para ser transferido a gente que recibe ese dinero para vivir sin trabajar.

En su ensayo La Ley, Bastiat distingue entre el robo común de un simple ladrón y lo que llama el robo legalizado. Del primero, dice Bastiat, hasta una persona puede defenderse, el problema es cuando el estado utiliza el monopolio de la fuerza para quitarle el fruto de su trabajo a la gente para transferírselo a quien no corresponde. El problema está en el robo legalizado.

Si uno recorre las casi 5000 páginas del presupuesto nacional se va a encontrar con que es el fiel reflejo del robo legalizado. Como unos sectores recurren al estado para que le quite a otro su trabajo para dárselo a él en nombre de la solidaridad social. El presupuesto muestra, bajo el argumento de la solidaridad social, una sociedad de saqueadores que usan al estado para robar el trabajo ajeno. Y son los legisladores los que aprueban ese robo.

Por eso, el acento no hay que ponerlo en el déficit fiscal, sino en la inmoralidad de un presupuesto que se apropia del trabajo ajeno y refleja el comportamiento de una dirigencia política dispuesta a robar con tal de mantener el clientelismo político y, otros, con el argumento del estallido social. No se puede tocar mucho el gasto porque estalla socialmente el país, dicen algunos políticos. ¿Acaso creen que la Argentina no va a terminar estallando con este nivel de destrucción de riqueza?

En definitiva, el gasto público que refleja el presupuesto es la más clara expresión de una sociedad que quiere vivir a costa del trabajo ajeno, buscando para ello la complicidad de la dirigencia política. Un gigantesco robo legalizado del trabajo ajeno. Y ese gigantesco robo se traduce en una presión impositiva confiscatoria que ahuyenta las empresas, con lo cual se destruyen puestos de trabajo, se traduce en endeudamiento impagable, en emisión monetaria que nos dejó sin moneda y en confiscaciones de activos líquidos que hacen huir el ahorro al exterior. La contrapartida del nivel de gasto público es la pésima asignación de recursos y la destrucción de inversiones.

En síntesis, el presupuesto debe estar equilibrado, pero el problema fundamental es el nivel de gasto público, a lo que hay que agregar la arbitrariedad de un gobierno que puede cambiar las partidas presupuestarias y el monto total a gastar sin autorización alguna del Congreso.