La virulenta guerra por la herencia del «genio del fútbol mundial», que ya se abrió la semana pasada con dos presentaciones en la Capital y en San Isidro, viene desde hace años. Corría 2012 y Diego intentaba bloquear cualquier intento de otros hijos -concretamente, Diego Junior, nacido de la relación que el Diez tuvo con Cristiana Sinagra, ya que Jana apareció después de esta determinación y Verónica Ojeda estaba embarazada de Diego Fernando- de disputarle el lugar de privilegio a Dalma Nerea y Gianinna Dinorah, fruto del matrimonio con Claudia Rosana Villafañe.
Entonces, para blindar su patrimonio en la medida de lo posible, decidió dictar un testamento en el cual declaraba como herederas solo a ellas, destinando el porcentaje máximo legalmente permitido, por encima de los otros hijos extramatrimoniales que aparecieran.
Pero como el devenir de amores y odios fueron una constante en la vida de Maradona, en 2016 se hartó de que tanto Dalma como Gianinna respaldaran a Claudia, su madre, en medio de una feroz disputa judicial con Villafañe, su exesposa, que en ese momento había sido sobreseída en la causa por retención de 458 objetos personales (camisetas, pelotas, botines, trofeos).
También se agregaba a su fastidio el hecho de que en los Estados Unidos tramitaba una causa que había ordenado impulsar el propio Diego a través de su abogado, Matías Morla, y un equipo de colaboradores norteamericanos por la compra de departamentos en Miami en la que Claudia figuraba en los papeles como soltera, estando casada.
La documental
Maradona dijo entonces que pedía la anulación del testamento que, según sus propios dichos, habría firmado contra su voluntad. Diego trabajaba como técnico en Dubai cuando decidió la revocación , redactados en árabe, que fueron remitidos a la embajada argentina en los Emiratos Árabes Unidos para, finalmente, recalar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en nuestro país, con la traducción correspondiente, encabezado bajo el título «Traducción Pública: Notificación por anulación de testamento para ser utilizado en la República Argentina».
«Es traducción fiel al castellano de las partes redactadas en idioma árabe del documento adjunto que he tenido a la vista y al cual me remito con firma y sello en la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de abril de 2016», reza el paper rubricado por Hind Chaya, Traductora Pública Árabe-Español.
Y dice: «Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el día veintisiete del mes de marzo de dos mil dieciséis, se presentó ante mí la persona cuyos datos personales se detallan a continuación:
«El notificante: Diego Armando Maradona, de nacionalidad argentina, nacido el 30 de octubre de 1960, estado civil divorciado de su primera esposa Claudia Rosana Villafañe, titular de pasaporte ?, documento nacional de identidad número?, domiciliado en Nakhlet Al Jumeirah – Alsofa 0, Casa 37, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, considerando que es deseo del notificante:
1) Anular su testamento, otorgado antes del día de la fecha, a través de la nota número 159 de fecha 19 de julio de 2012, folio 529, del registro número 618 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el escribano Rodolfo Héctor Longo.
2) Autorizar expresamente a la escribana Sandra Verónica Iampolski, titular de registro número? en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, matrícula número?, para que proceda a inscribir esta anulación ante el Registro de Actos de Última Voluntad, pudiendo inscribir y firmar toda documentación necesaria para tal fin?
Y, finalmente, se dispone:
«El notificante [Diego Armando Maradona], firmante al pie de la presente, notifica la anulación del testamento mencionado a partir de la fecha de la presente notificación, y lo considera improductivo de efectos legales, advirtiendo actuar en virtud del mismo, bajo apercibimiento por todas las responsabilidades civiles y penales, si se constatara una actuación en virtud del testamento a partir del día de la fecha. Reciban mi mayor respeto». Al pie del documento impreso en la bella grafía árabe, y junto al sello de la Corte de Dubai, aparece, en tinta azul, la rúbrica de Maradona.
El 16 de junio de 2016, la documentación quedó finalmente incorporada en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en la División Registro de Actos de Última Voluntad, a través de un formulario bajo el título: «Inscripción de otorgamiento y/o revocatoria de testamento y designación de tutor (Ley 404/00, art. 161)».
A partir de aquella determinación de Diego Maradona, todos sus hijos quedaron en igualdad de condiciones ante la ley en lo relativo a la sucesión. Vale aclarar que tramitan actualmente dos expedientes de filiación interpuestos por Magalí Gil y Santiago Lara. Será entonces la Justicia la que deberá resolver las causas pendientes por parte de quienes pretender ser reconocidos como hijos -y herederos- del Diez.
En paralelo, también resta determinar con exactitud la magnitud de los bienes a distribuir entre ellos.
Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina
Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.
El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.
Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.
Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.
Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.
Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.
El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.
Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.
El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit
La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.
El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.
Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.
Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.
Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.
La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.
Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos
El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.
El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.
Argumentos del Estado argentino
En su presentación, la Procuración afirmó que:
Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”
El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.
Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.
El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.
Contexto del caso
El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.
La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.
Repercusiones y próximos pasos
La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.
Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.