A partir del próximo lunes 18 de mayo, quienes quieran obtener por primera vez la licencia para conducir motos en la provincia de Santa Fe deberán afrontar una evaluación práctica más rigurosa. La medida fue oficializada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que busca endurecer los controles y unificar el sistema en todos los centros habilitados.

El nuevo esquema será obligatorio en los 105 Centros de Emisión de Licencias distribuidos en territorio santafesino y sumará maniobras específicas que hasta ahora no se exigían de manera uniforme.

Qué pruebas serán obligatorias

Dentro del examen práctico, los aspirantes deberán aprobar tres ejercicios considerados fundamentales para demostrar dominio del vehículo:

• recorrido en zigzag entre conos,
• maniobra en forma de ocho,
• prueba de frenado controlado.

Desde el organismo explicaron que estas instancias apuntan a comprobar que el conductor posee habilidades mínimas para circular de manera segura antes de recibir la habilitación.

Sebastián Kelman, director de la APSV, remarcó que la modificación responde a la necesidad de elevar los estándares de evaluación. Según indicó, quienes no logren demostrar capacidad suficiente para manejar una moto en condiciones seguras no podrán acceder a la licencia.

Preocupación por la alta siniestralidad

La decisión provincial llega en un contexto marcado por cifras alarmantes vinculadas a motociclistas. Datos del Observatorio Vial de Santa Fe revelaron que durante 2025 el 41% de las víctimas fatales en siniestros de tránsito fueron conductores de motos.

En números concretos, se registraron 152 fallecimientos de motociclistas el año pasado. Además, el informe señala que el 62,3% de los accidentes ocurrió en áreas urbanas y que la mayoría de las víctimas tenía entre 20 y 49 años.

Capacitación para evaluadores

En paralelo a la implementación del nuevo examen, la Provincia realizó capacitaciones teóricas y prácticas destinadas a los evaluadores encargados de tomar las pruebas.

Roberto Bruera, director de Sistemas Técnicos y Administrativos, explicó que también se distribuyeron manuales, instructivos, fichas de evaluación y material audiovisual para garantizar criterios homogéneos en todos los centros.

De esta manera, Santa Fe busca reforzar la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes protagonizados por motociclistas, uno de los sectores más vulnerables dentro del tránsito provincial.

En una nueva avanzada contra las picadas ilegales y maniobras peligrosas en la vía pública, el Concejo Municipal de Rosario aprobó un protocolo de “tolerancia cero” destinado a endurecer las acciones de control y sanción sobre conductores que participen en este tipo de prácticas clandestinas.

La medida surge como respuesta al creciente reclamo de vecinos de distintos barrios rosarinos, principalmente en zonas donde durante las noches y madrugadas suelen concentrarse motociclistas y automovilistas para realizar competencias ilegales, generar ruidos molestos y protagonizar situaciones de alto riesgo vial.

Entre los sectores más señalados por denuncias recurrentes figuran áreas como avenida Carrasco, La Florida, bulevar Oroño, Lamadrid y otros corredores amplios utilizados habitualmente para maniobras temerarias.

El protocolo aprobado contempla un esquema de intervención más riguroso por parte de agentes municipales y fuerzas de seguridad, con operativos específicos destinados a detectar reuniones previas, bloquear posibles vías de escape y proceder al secuestro inmediato de vehículos involucrados.

Además, uno de los puntos centrales de la normativa apunta a la revisión técnica de autos y motos retenidos. En caso de detectarse modificaciones no homologadas orientadas a competición —como escapes adulterados, suspensiones extremas o alteraciones mecánicas ilegales— podrán decomisarse autopartes y exigir adecuaciones antes de una eventual devolución.

La ordenanza también busca fortalecer la articulación entre controles municipales, cámaras de monitoreo y eventuales denuncias penales cuando las conductas encuadren en figuras contempladas por el Código Penal vinculadas a pruebas ilegales de velocidad o conducción riesgosa.

Desde el ámbito legislativo señalaron que la intención es desalentar una práctica que no solo genera contaminación sonora y molestias vecinales, sino que además representa un riesgo concreto para peatones, ciclistas, automovilistas y los propios participantes.

En Rosario, las picadas ilegales vienen siendo una problemática reiterada desde hace años y suelen derivar en operativos nocturnos con secuestro de motos, remisión al corralón y múltiples actas por infracciones.

Sin embargo, autoridades locales consideran que las herramientas vigentes resultaban insuficientes frente al nivel de reincidencia y organización detectado en algunas convocatorias clandestinas, por lo que el nuevo protocolo apunta a endurecer la respuesta estatal.

Con la aprobación del proyecto, ahora restará avanzar en la reglamentación operativa para definir modalidades concretas de aplicación y coordinación entre áreas municipales, tránsito, control urbano y fuerzas policiales.

La decisión fue bien recibida por sectores vecinales que desde hace tiempo venían reclamando mayor presencia estatal y medidas concretas para recuperar tranquilidad en zonas afectadas por ruidos, desorden y circulación peligrosa durante fines de semana y feriados.

El gobierno santafesino implementará un nuevo sistema de control para fortalecer la protección de mujeres en situación de violencia de género. Se trata de las tobilleras duales, un dispositivo que envía alertas simultáneas a la Policía y a la víctima cuando el agresor viola la restricción perimetral dictada por la Justicia.

La iniciativa —que implica una inversión provincial superior al millón de dólares— contempla la compra de tobilleras y equipos de monitoreo, además de su integración al sistema de vigilancia permanente del 911.

¿Cómo funciona?

Las tobilleras duales utilizan tecnología satelital (GPS) para verificar en tiempo real el cumplimiento de las medidas de restricción. A diferencia de otros dispositivos, este sistema coloca la responsabilidad directamente en el agresor: registra su ubicación y, si se acerca a una zona prohibida, activa de inmediato una alerta que es monitoreada por la Policía. Al mismo tiempo, la víctima recibe en su dispositivo una notificación que le permite tomar medidas preventivas para resguardar su seguridad.

El agresor portará una tobillera electrónica y un rastreador, mientras que la persona protegida contará con un dispositivo similar a un teléfono móvil, capaz de avisarle si el denunciado se aproxima, tanto en su casa como en cualquier otro lugar donde se encuentre.