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Política

La Justicia ordenó liberar a Ricardo Jaime, el último de los ex funcionarios del kirchnerismo preso por corrupción

Lo decidió el Tribunal Oral Federal 7 a cargo del juicio por el Caso Cuadernos, en el cual el ex secretario de Transporte tenía prisión preventiva

eltribuno

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El Tribunal Oral Federal 7 decidió liberar a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo que estaba detenido con prisión preventiva por ser uno de los imputados en el Caso Cuadernos. El ex funcionario estaba detenido por otras causas desde abril de 2016 y tiene varias condenas por corrupción en su prontuario. Condenados por corrupción hay varios ex funcionarios kirchneristas, el único detenido es Jaime. Pero lo estará solo por unos días más.

Los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori determinaron que la prisión preventiva de Jaime debe cesar el próximo 18 de marzo luego de que se renovara en varias ocasiones. Los jueces aseguraron, en una resolución a la que accedió Infobae, que el estado de salud de Jaime cambió la situación respecto de su detención.

El juez Méndez Signori hizo referencia a informes médicos sumados a expediente y estableció que: “Corroborándose de las circunstancias expuestas, la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime que amerita la morigeración de las medidas de cautela, ya que resulta claro que, más allá de las patologías crónicas que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”. Jaime está detenido en la cárcel de Ezeiza que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según se desprende de la resolución el 13 de marzo pasado, el SPF había enviado un informe en el que señaló que Jaime presentaba hipertensión arterial esencial, que es ex tabaquista, padece de hipotiroidismo subclínico, hiperglucemias, un nódulo benigno en el pulmón, un carcinoma basocelular lobulado y una depresión reactiva. Además, detallaron las características de dichos padecimientos y los tratamientos correspondientes.

Al voto de Méndez Signori se sumó el de Castelli. En tanto el juez Canero, señalo que “surge ostensiblemente acreditado el agravamiento del estado de salud de Jaime” pero que el ex funcionario debía seguir detenido con prisión domiciliaria. La decisión de no prorrogar la prisión preventiva fue votada por los tres jueces, pero uno de ellos votó por la prisión domiciliaria. La mayoría determinó que Jaime en breve puede andar por la calle.

A partir del 18 de marzo, cuando se haga efectiva la libertad de Jaime, los jueces impusieron las siguientes condiciones:

a. La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación;

b. La obligación de notificar a esta sede cualquier cambio de domicilio, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse del mismo por más de 48 horas o más de 70 km;

c. La prohibición de salir del país sin autorización previa;

d. La entrega del pasaporte que tuviere en su poder a través de la defensa –en caso de contar con dicho documento- e interdicción de expedir nuevos a su nombre;

e. La colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS –Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”

La fiscal del Caso Cuadernos, Fabiana León, había dictaminado de acuerdo a lo que decía la defensa de Jaime sobre el estado de salud del ex funcionario: ”No pueden ser desatendidos elementales razones humanitarias que inspiran el instituto y que, en aras de salvaguardar el inalienable derecho a la vida y la salud, habilitan la necesidad de ponderar -previo informes pertinentes- la concesión de una medida de morigeración; la que, con todo, siempre fue tenida en subsidiaria consideración por esta Fiscal General”. La fiscal había propuesto que Jaime continuara detenido con prisión preventiva. León aprovechó la ocasión de dictaminar sobre la prisión preventiva de Jaime para criticar al TOF 7 por las demoras para iniciar el juicio por el Caso Cuadernos.

Néstor Kirchner y Ricardo Jaime con una maqueta del Tren BalaNéstor Kirchner y Ricardo Jaime con una maqueta del Tren Bala

Jaime fue condenado en seis ocasiones por casos de corrupción. La primera condena fue en 2013 por intentar robar pruebas en un allanamiento. La segunda fue en 2015 cuando se declaró culpable y acordó una pena por haber cobrado coimas de parte de las empresas TBA, que explotaba colectivos y trenes, y TEBA, que tiene la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Las dos empresas estaban bajo la órbita de control de la secretaría de Transporte de la Nación que encabezó Jaime, a pedido de su amigo Néstor Kirchner, sin tener ningún conocimiento en la materia. Esas dos primeras condenas están firmes.

Fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once: ese fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Casación le impuso una pena de seis años de prisión. En abril de 2022 recibió dos condenas en un mismo juicio: por haberse enriquecido ilícitamente -a través de suculentas coimas- y otra por haber cometido administración fraudulenta contra el Estado y cobrado coimas. Esta segunda condena se relaciona con la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. Por el delito de administración fraudulenta en ese juicio fue condenado junto a Julio De Vido, quien fuera ministro de Planificación durante el kirchnerismo

La última condena dictada contra Jaime fue en septiembre de 2022 porque había pactado una coima con la empresa Alstom si se llevaba adelante el proyecto prometido y nunca realizado del Tren Bala que iba a unir Buenos Aires con Rosario y Córdoba. Todavía no se han compuesto todas las penas que Jaime tiene en su haber, por lo que no se sabe a cuánto será condenado definitivamente.

Pero, además de las condenas, el ex secretario de Transporte, que estuvo en el cargo entre 2003 y 2009, tiene abiertos otros casos de corrupción. Uno de ellos es por la sospecha de pago de coimas en el contrato del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que se inició en su gestión, y la empresa Odebrecht repartía sobornos por todo el continente.

Fue amo y señor del sector de Transporte durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner durante 2226 días. Cuando el próximo 18 de marzo cese la prisión preventiva, Jaime habrá pasado 2541 días detenido. Fue el primer ex funcionario kirchnerista preso por casos de corrupción y el último en salir de la cárcel.

Política

Se fue Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Pese a la partida de una de sus impulsoras, el operativo conjunto entre Nación y provincia continuará sin modificaciones. ¿Cuál será el próximo paso?

Ailén Lazarte

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Desde este lunes, Patricia Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su salida, ya anticipada desde que anunció su candidatura a senadora, generó algunas dudas en Santa Fe sobre el futuro del Plan Bandera, el operativo conjunto que logró reducir de manera significativa los niveles de violencia y criminalidad en Rosario y que ella lideró junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, desde ambos gobiernos insisten en que nada cambiará.

Con Alejandra Monteoliva —hasta ayer secretaria de Seguridad— asumiendo el cargo, se confirmó la continuidad del operativo.
“El plan sigue. Es una estrategia de mediano y largo plazo”, aseguró el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. Y agregó: “El Plan Bandera está reconocido a nivel internacional como un caso de éxito inédito. Se estudiaron más de cien programas de reducción de violencia y ninguno logró un impacto tan rápido y profundo”.

Angelini destaca especialmente la caída del 63% en los homicidios dolosos en Rosario durante 2024, tendencia que —según afirmó— se mantuvo durante 2025. “En 2026 vamos a profundizar aún más esa baja”, señaló.

En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe también se mostraron conformes: destacaron el funcionamiento “totalmente aceitado” entre fuerzas federales y provinciales bajo el Comando Conjunto Unificado, considerado un punto clave para sostener la coordinación.
En ese marco, remarcan que no esperan grandes modificaciones: “La línea de Monteoliva es la misma línea que venía marcando Bullrich”.

La propia exministra respaldó a su sucesora señalando que “tiene la capacidad y la experiencia para garantizar la continuidad de la doctrina que ordenó al país”. De hecho, la estructura del Comando Unificado establece que su disolución depende exclusivamente de la ministra de Seguridad nacional, por lo que ahora Monteoliva tendrá la potestad de sostener o retirar fuerzas federales según lo considere necesario.

El gobernador Pullaro también valoró la designación. “Es alguien que conoce profundamente la seguridad pública. En nuestra última reunión ajustamos zonas específicas en base a datos actualizados. Estoy seguro de que seguiremos mejorando con el acompañamiento federal”, sostuvo.

Qué viene hacia 2026/2027

El gobierno provincial proyecta que la consolidación definitiva de los niveles de seguridad llegará cuando concluyan las obras de infraestructura penitenciaria en curso y se incorporen nuevas tecnologías, como sistemas de monitoreo con inteligencia artificial de última generación. La estimación oficial ubica ese horizonte entre fines de 2026 y principios de 2027.

Mientras tanto, el objetivo es avanzar en la normalización administrativa del sistema de seguridad: ordenar áreas, agencias, estructuras y procesos que quedaron en segundo plano durante la etapa más crítica de la emergencia.

Para Angelini, uno de los mayores logros de esta etapa es haber recuperado “una ciudad donde se puede invertir, organizar eventos masivos y recibir turismo de cercanía”, algo que —según remarcó— se evidenció en 2024 y se profundizó durante 2025.

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Política

Avanza la reforma penal: endurecen sanciones, suman figuras delictivas y eliminan la prescripción en casos graves

El Gobierno envió al Congreso un proyecto que moderniza el marco penal, endurece las penas para los delitos violentos, suma nuevas figuras y elimina los plazos de prescripción en hechos de extrema gravedad, que podrán investigarse y juzgarse sin límite de tiempo.

Ailén Lazarte

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El Gobierno avanza con una profunda reforma del Código Penal que endurece penas, redefine figuras delictivas y establece que varios de los crímenes más graves ya no puedan prescribir. Con el envío al Congreso de un paquete de modificaciones de amplio alcance, el oficialismo formalizó su propuesta de actualización integral del sistema penal.

El proyecto apunta a reemplazar una normativa que rige desde hace más de cien años y adecuarla a los desafíos actuales: el crecimiento del crimen organizado, nuevas modalidades delictivas y escenarios de violencia cada vez más complejos.

Según lo informado de manera oficial, la iniciativa contempla un endurecimiento generalizado de las sanciones para delitos considerados de alto impacto social, como homicidios, robos agravados, narcotráfico, trata de personas y delitos vinculados a explotación sexual infantil.

Uno de los puntos más relevantes es la decisión de eliminar la prescripción en casos como abuso sexual y homicidio agravado, lo que permitirá investigar y juzgar estos hechos sin límite temporal. La reforma también refuerza la premisa de que las condenas se cumplan de manera efectiva.

La propuesta incorpora además una redefinición de la prisión perpetua: dejaría de estar sujeta a topes temporales y pasaría a equivaler a un encarcelamiento de por vida para los delitos más graves, como el homicidio agravado.

El envío del nuevo Código Penal se articula con otras reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la implementación plena del Sistema Acusatorio —que asigna a los fiscales la dirección de las investigaciones y acelera los procesos judiciales— y la reducción de la edad de imputabilidad.

“Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, señala el mensaje institucional que acompaña la propuesta, que coloca el foco en las víctimas y busca una respuesta penal más estricta por parte del Estado.

En el Congreso se anticipa un debate extenso y de alto voltaje político, que incluirá la discusión sobre el alcance real de la prisión perpetua, las reglas de punibilidad para menores y la capacidad del sistema penitenciario y judicial para sostener un esquema más rígido. Todo indica que será uno de los debates más relevantes en materia penal en décadas.

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Política

Histórico: Rosario se convierte en ciudad autónoma y abre una nueva etapa institucional

Por unanimidad en general, pero abstenciones y votos divididos artículo por artículo, el Concejo aprobó la ordenanza que declara la autonomía, habilita el ejercicio inmediato de competencias y convoca a una Convención Estatuyente que después de los comicios de 2027 redactará una miniconstitución local. Un cambio esperado desde hace décadas que reconfigura el estatus de la ciudad frente a la Provincia y la Nación

Ailén Lazarte

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Por primera vez en su historia, Rosario fue declarada ciudad autónoma. La decisión se tomó este jueves por la noche en el Concejo Municipal, donde —aunque la votación en general fue unánime— parte de la oposición se abstuvo o votó en contra de algunos artículos puntuales. El hito se concreta pocos meses después de que la reforma constitucional santafesina habilitara a los municipios a adoptar este estatus, un reclamo que Rosario sostiene desde que la autonomía municipal fue incorporada a la Constitución nacional en 1994.

La ordenanza aprobada supone un doble avance. Por un lado, la Municipalidad podrá asumir de manera directa un amplio paquete de competencias económicas, administrativas, financieras, ambientales y urbanísticas. Entre ellas: endeudamiento sin aval provincial, regulaciones de arbolado y antenas, régimen propio de compras y expropiaciones, administración de vehículos del corralón y manejo de procedimientos administrativos. Todo esto sin depender de autorizaciones de otras jurisdicciones.
Por otro lado, se enciende el proceso estatuyente: en 2027 se elegirán 28 convencionales encargados de redactar la primera Carta Orgánica de Rosario, el documento que delineará la estructura institucional de la nueva ciudad autónoma.

El intendente Pablo Javkin buscaba que la autonomía quedara aprobada antes del recambio del 10 de diciembre —cuando Unidos perderá la mayoría propia— y, además, aspiraba a un acompañamiento pleno de todas las fuerzas políticas. La ordenanza fue debatida durante un mes y medio en la comisión de Gobierno, con participación constante del Ejecutivo y de distintos actores involucrados, incluido el Sindicato de Trabajadores Municipales. El texto viajó innumerables veces entre el Palacio de los Leones y el Palacio Vasallo, y aun así la sesión llegó con diferencias abiertas.

La reunión, prevista para las 13, recién inició a las 19.30, minutos después de que el Ejecutivo incorporara las últimas modificaciones solicitadas por sectores opositores. Los cambios no alcanzaron para satisfacer a todos, pero sí para asegurar la aprobación en general, que llegó tras casi cuatro horas de un debate áspero por momentos y coronado con un aplauso cerrado de los 28 concejales.

Aunque aprobada como una única norma, la ordenanza quedó estructurada en tres bloques: la declaración formal de autonomía; el ejercicio inmediato de nuevas competencias económicas, administrativas y financieras; y la convocatoria a una Convención Estatuyente para redactar la Carta Orgánica, una suerte de “mini Constitución” local.

Un debate cargado de tensiones

Las objeciones de la oposición se concentraron principalmente en esa segunda parte —la que habilita el ejercicio inmediato de la autonomía— y en algunos puntos vinculados al proceso estatuyente. En este último tramo, los reparos apuntaron a que el Ejecutivo incluyera un temario sugerido y a la falta de garantías de una participación ciudadana amplia durante la elaboración de la Carta Orgánica. Dicho proceso comenzará tras las elecciones de 2027, cuando los 28 convencionales estatuyentes se elijan junto con el próximo intendente y la mitad del Concejo Municipal.

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