El 14 de noviembre fueron imputados tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita vinculada a Walter “Viejo” González, un recluso señalado como líder de varias células criminales que operaban aun con él tras las rejas. En agosto, González ya había sido acusado de dirigir una banda desde la cárcel de Piñero y de ordenar el ataque a un colectivo del Servicio Penitenciario en marzo de 2024. En esa causa figura la declaración de un joven que relató cómo, siendo menor, terminó convirtiéndose en “soldadito” de una organización dedicada al narcomenudeo en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá.
El adolescente —cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad— contó que tenía 14 años cuando lo contactaron por Instagram. El mensaje venía de un preso conocido suyo, que lo invitó a trabajar para su grupo. “Acepté porque estaba separado de mis papás y perdido en la droga”, declaró. Explicó que arrastraba un fuerte “rencor” por la situación de su familia: “Mi mamá hace 14 años que trabaja y nunca pudo progresar”. Le ofrecieron dinero, zapatillas y un celular para manejar la agenda de consumidores de la zona. Uno de los adultos con los que más se comunicaba era Joaquín Zapata, de 23 años, detenido el 6 de noviembre junto a otras personas que, días después, el fiscal Federico Rébola imputó como parte de la banda del Viejo González. Los otros dos acusados son Sebastián Torilla, de 26 años, y Ayelén Irala, de 29, a quienes se les atribuyen delitos como asociación ilícita, tenencia de estupefacientes, portación de arma y extorsión. En total, además de González, ya son once los imputados en esta investigación.
Menores dentro de la estructura narco
Las pruebas reunidas en la causa revelan las dinámicas, muchas veces improvisadas y violentas, que adoptan las organizaciones barriales dedicadas a la venta de droga. En el eslabón más vulnerable aparecen adolescentes reclutados mediante promesas de bienes materiales que superan cualquier posibilidad que tengan por fuera del circuito criminal. Esta causa, además, vuelve a exhibir cómo desde Piñero se siguen manejando negocios ilícitos.
El joven que declaró ingresó al grupo a los 14 años. Su relato refleja una trayectoria marcada por la exclusión: “Siempre me echaban de la escuela, me sentía muy solo. A los 12 años ya robaba celulares. Mi mamá es re humilde y trabajó toda la vida, pero nunca pudo progresar. No teníamos ni para comer”, contó.
Relató que rápidamente comenzó a vender drogas y a sumar clientes. “En el búnker trabajábamos dos por turno, 12 horas cada uno”, describió. También hacía de mensajero y trasladaba el dinero recaudado. Su testimonio da cuenta además de otro componente frecuente en estos casos: el consumo problemático. “Cuando yo vendía consumía más de lo que ganaba”, confesó. Buscando aumentar sus ingresos, aceptó trabajar en un punto de Carcarañá donde le descontaban lo que consumía. “Ese búnker vendía unos 6 millones de pesos. A nosotros nos daban 150 mil por semana. Entre el remis y lo que consumía, me quedaban 30 mil”, recordó.
Una salida a tiempo
Desde el inicio, las promesas eran simples: algo de dinero, un par de zapatillas y un celular. Con el tiempo entendió que buscaban menores consumidores porque “gastaban menos plata”. También le dijeron que, si caía detenido, le pagarían un abogado. Mientras él estaba asignado a la venta, otros chicos vigilaban los alrededores como “satélites”. “Cuando ven a la policía tocan silbatos para alertar”, explicó. Una dinámica que persiste desde hace años. “Ese punto de venta funciona hace como 15 años y sigue abierto. Lo allanaron varias veces. Entonces empezaron a vender en la vereda”, describió.
La relación con la banda se deterioró tras varios episodios violentos, entre ellos el homicidio de su suegro en junio de 2024. Además, la organización le usurpó la casa debido a las deudas que había acumulado. Finalmente pudo salir gracias a la intervención de su madre y una denuncia que permitió resguardarlo antes de que la situación escalara aún más.
