El presidente Javier Milei volvió a poner en el centro de la agenda legislativa una de sus propuestas más polémicas: la baja de la edad de imputabilidad penal de menores de 16 a 13 años. Esta iniciativa, que forma parte de un amplio paquete de reformas al Régimen Penal Juvenil, fue oficializada este martes a través del Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial, que incorpora el proyecto al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación que comenzarán el 2 de febrero.

El decreto, firmado por Milei y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ordena incluir en la agenda legislativa los proyectos de ley vinculados al régimen penal aplicable a adolescentes, habilitando formalmente su tratamiento en Diputados y Senadores.

“Delito de adulto, pena de adulto” fue la frase que Milei reiteró ante sus seguidores al respaldar la medida, en línea con la política de “mano dura” contra la inseguridad que ha caracterizado a su administración. El Gobierno sostiene que la legislación vigente, establecida en la década del ’80 y que fija la edad de imputabilidad en los 16 años, está desfasada respecto de la realidad actual y no da respuesta a la participación creciente de adolescentes en delitos graves.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa oficial propone reducir el umbral de imputabilidad penal hasta los 13 años, lo que permitiría que adolescentes de esa edad puedan ser acusados, juzgados y eventualmente condenados por delitos graves, bajo el nuevo régimen penal juvenil. El objetivo, según el Ejecutivo, es dotar al sistema judicial de herramientas para enfrentar situaciones que el Gobierno considera como “impunidad” ante hechos de violencia.

Si bien el foco es 13 años, diversas fuentes parlamentarias y del propio Gobierno reconocen que en las negociaciones con bloques opositores podría evaluarse fijar la edad en 14 años si eso facilita consensos legislativos.

Debate y reacciones políticas

La medida ha generado un debate profundo en el plano político y social. En el oficialismo, dirigentes como la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich respaldan con firmeza la baja de la edad de imputabilidad al sostener que no se puede ignorar la responsabilidad penal de menores involucrados en crímenes graves.

Por su parte, sectores de la oposición, encabezados por figuras como el gobernador Axel Kicillof y referentes del peronismo y otras fuerzas políticas, han manifestado su rechazo a la iniciativa o llamados a morigerarla, argumentando que la seguridad pública requiere políticas integrales y que la baja de edad no es una solución suficiente.

Contexto y cifras

El debate ocurre en un contexto más amplio sobre seguridad ciudadana en Argentina. Estadísticas recientes difundidas en medios internacionales muestran que Argentina mantiene una tasa de homicidios relativamente baja en comparación con otros países de la región, lo que reaviva la discusión sobre las causas y el enfoque de las políticas de seguridad.

¿Qué viene ahora?

Con la inclusión del proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias, los legisladores comenzarán a discutir el dossier a partir de la primera semana de febrero. El proyecto deberá atravesar el proceso habitual de debate en comisiones y luego ser votado en las cámaras de Diputados y Senado si es que avanza. El oficialismo y sus aliados buscan capitalizar su reciente buena performance electoral para obtener apoyos parlamentarios, mientras que la oposición presiona para limitar la medida o introducir enfoques alternativos.