El gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, se refirió públicamente a las renuncias anunciadas por tres de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, quienes dejarán sus cargos entre septiembre y noviembre de 2026, luego de más de tres décadas en funciones.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Pullaro valoró la trayectoria de los magistrados, destacándolos como funcionarios de “valorada trayectoria” e impulsores de “importantes transformaciones” dentro del sistema judicial provincial, y afirmó que el proceso de recambio se enmarca en un impulso institucional sostenido por el diálogo y el respeto a la Constitución provincial.

“Una etapa de renovación basada en el diálogo”

“El retiro voluntario de los ministros forma parte de un proceso que abre la **última etapa de renovación del Poder Judicial en Santa Fe”, aseguró el gobernador, subrayando la solidez institucional de la provincia y la necesidad de respetar los límites de edad establecidos por la nueva Constitución santafesina.

Pullaro anticipó que en los próximos meses dará a conocer los nombres de los candidatos propuestos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, y que su gestión trabajará con la Legislatura para garantizar que el proceso de selección se lleve adelante con transparencia y en pleno cumplimiento de los mecanismos legales correspondientes.

Cambios que marcarán un antes y un después

Con la confirmación de las renuncias de Spuler, Falistocco y Gutiérrez, el máximo tribunal santafesino se encamina hacia una renovación total de sus miembros en 2026, lo que representa un hecho histórico en la estructura judicial de la provincia.

Este proceso se da en el marco de una fuerte discusión política y social en torno a los mecanismos de gobierno, el rol de la justicia y la necesidad de adaptar las instituciones a los cambios sociales actuales. El gobernador ha remarcado en diferentes oportunidades la importancia de una justicia más eficiente y alineada con los retos actuales, sosteniendo que el diálogo institucional es clave para lograr consensos amplios y evitar conflictos entre poderes del Estado.

Qué viene para la Corte santafesina

La salida progresiva de los ministros dejará lugar a nuevos perfiles en el máximo tribunal, lo que abre un amplio espacio para debate político y profesional. Las designaciones que realice el Ejecutivo provincial deberán ser ratificadas por la Legislatura, y se espera que la discusión trascienda lo meramente técnico para involucrar criterios de representatividad, experiencia y compromiso institucional.

Pullaro aseguró que la provincia está preparada para esta transición y la enfrentará con seriedad y responsabilidad, destacando que Santa Fe “se distingue por su institucionalidad y por saber reconocer el aporte de quienes han servido en altos cargos públicos».

Desde este lunes, Patricia Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su salida, ya anticipada desde que anunció su candidatura a senadora, generó algunas dudas en Santa Fe sobre el futuro del Plan Bandera, el operativo conjunto que logró reducir de manera significativa los niveles de violencia y criminalidad en Rosario y que ella lideró junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, desde ambos gobiernos insisten en que nada cambiará.

Con Alejandra Monteoliva —hasta ayer secretaria de Seguridad— asumiendo el cargo, se confirmó la continuidad del operativo.
“El plan sigue. Es una estrategia de mediano y largo plazo”, aseguró el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. Y agregó: “El Plan Bandera está reconocido a nivel internacional como un caso de éxito inédito. Se estudiaron más de cien programas de reducción de violencia y ninguno logró un impacto tan rápido y profundo”.

Angelini destaca especialmente la caída del 63% en los homicidios dolosos en Rosario durante 2024, tendencia que —según afirmó— se mantuvo durante 2025. “En 2026 vamos a profundizar aún más esa baja”, señaló.

En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe también se mostraron conformes: destacaron el funcionamiento “totalmente aceitado” entre fuerzas federales y provinciales bajo el Comando Conjunto Unificado, considerado un punto clave para sostener la coordinación.
En ese marco, remarcan que no esperan grandes modificaciones: “La línea de Monteoliva es la misma línea que venía marcando Bullrich”.

La propia exministra respaldó a su sucesora señalando que “tiene la capacidad y la experiencia para garantizar la continuidad de la doctrina que ordenó al país”. De hecho, la estructura del Comando Unificado establece que su disolución depende exclusivamente de la ministra de Seguridad nacional, por lo que ahora Monteoliva tendrá la potestad de sostener o retirar fuerzas federales según lo considere necesario.

El gobernador Pullaro también valoró la designación. “Es alguien que conoce profundamente la seguridad pública. En nuestra última reunión ajustamos zonas específicas en base a datos actualizados. Estoy seguro de que seguiremos mejorando con el acompañamiento federal”, sostuvo.

Qué viene hacia 2026/2027

El gobierno provincial proyecta que la consolidación definitiva de los niveles de seguridad llegará cuando concluyan las obras de infraestructura penitenciaria en curso y se incorporen nuevas tecnologías, como sistemas de monitoreo con inteligencia artificial de última generación. La estimación oficial ubica ese horizonte entre fines de 2026 y principios de 2027.

Mientras tanto, el objetivo es avanzar en la normalización administrativa del sistema de seguridad: ordenar áreas, agencias, estructuras y procesos que quedaron en segundo plano durante la etapa más crítica de la emergencia.

Para Angelini, uno de los mayores logros de esta etapa es haber recuperado “una ciudad donde se puede invertir, organizar eventos masivos y recibir turismo de cercanía”, algo que —según remarcó— se evidenció en 2024 y se profundizó durante 2025.

El Gobierno avanza con una profunda reforma del Código Penal que endurece penas, redefine figuras delictivas y establece que varios de los crímenes más graves ya no puedan prescribir. Con el envío al Congreso de un paquete de modificaciones de amplio alcance, el oficialismo formalizó su propuesta de actualización integral del sistema penal.

El proyecto apunta a reemplazar una normativa que rige desde hace más de cien años y adecuarla a los desafíos actuales: el crecimiento del crimen organizado, nuevas modalidades delictivas y escenarios de violencia cada vez más complejos.

Según lo informado de manera oficial, la iniciativa contempla un endurecimiento generalizado de las sanciones para delitos considerados de alto impacto social, como homicidios, robos agravados, narcotráfico, trata de personas y delitos vinculados a explotación sexual infantil.

Uno de los puntos más relevantes es la decisión de eliminar la prescripción en casos como abuso sexual y homicidio agravado, lo que permitirá investigar y juzgar estos hechos sin límite temporal. La reforma también refuerza la premisa de que las condenas se cumplan de manera efectiva.

La propuesta incorpora además una redefinición de la prisión perpetua: dejaría de estar sujeta a topes temporales y pasaría a equivaler a un encarcelamiento de por vida para los delitos más graves, como el homicidio agravado.

El envío del nuevo Código Penal se articula con otras reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la implementación plena del Sistema Acusatorio —que asigna a los fiscales la dirección de las investigaciones y acelera los procesos judiciales— y la reducción de la edad de imputabilidad.

“Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, señala el mensaje institucional que acompaña la propuesta, que coloca el foco en las víctimas y busca una respuesta penal más estricta por parte del Estado.

En el Congreso se anticipa un debate extenso y de alto voltaje político, que incluirá la discusión sobre el alcance real de la prisión perpetua, las reglas de punibilidad para menores y la capacidad del sistema penitenciario y judicial para sostener un esquema más rígido. Todo indica que será uno de los debates más relevantes en materia penal en décadas.