En una nueva avanzada contra las picadas ilegales y maniobras peligrosas en la vía pública, el Concejo Municipal de Rosario aprobó un protocolo de “tolerancia cero” destinado a endurecer las acciones de control y sanción sobre conductores que participen en este tipo de prácticas clandestinas.

La medida surge como respuesta al creciente reclamo de vecinos de distintos barrios rosarinos, principalmente en zonas donde durante las noches y madrugadas suelen concentrarse motociclistas y automovilistas para realizar competencias ilegales, generar ruidos molestos y protagonizar situaciones de alto riesgo vial.

Entre los sectores más señalados por denuncias recurrentes figuran áreas como avenida Carrasco, La Florida, bulevar Oroño, Lamadrid y otros corredores amplios utilizados habitualmente para maniobras temerarias.

El protocolo aprobado contempla un esquema de intervención más riguroso por parte de agentes municipales y fuerzas de seguridad, con operativos específicos destinados a detectar reuniones previas, bloquear posibles vías de escape y proceder al secuestro inmediato de vehículos involucrados.

Además, uno de los puntos centrales de la normativa apunta a la revisión técnica de autos y motos retenidos. En caso de detectarse modificaciones no homologadas orientadas a competición —como escapes adulterados, suspensiones extremas o alteraciones mecánicas ilegales— podrán decomisarse autopartes y exigir adecuaciones antes de una eventual devolución.

La ordenanza también busca fortalecer la articulación entre controles municipales, cámaras de monitoreo y eventuales denuncias penales cuando las conductas encuadren en figuras contempladas por el Código Penal vinculadas a pruebas ilegales de velocidad o conducción riesgosa.

Desde el ámbito legislativo señalaron que la intención es desalentar una práctica que no solo genera contaminación sonora y molestias vecinales, sino que además representa un riesgo concreto para peatones, ciclistas, automovilistas y los propios participantes.

En Rosario, las picadas ilegales vienen siendo una problemática reiterada desde hace años y suelen derivar en operativos nocturnos con secuestro de motos, remisión al corralón y múltiples actas por infracciones.

Sin embargo, autoridades locales consideran que las herramientas vigentes resultaban insuficientes frente al nivel de reincidencia y organización detectado en algunas convocatorias clandestinas, por lo que el nuevo protocolo apunta a endurecer la respuesta estatal.

Con la aprobación del proyecto, ahora restará avanzar en la reglamentación operativa para definir modalidades concretas de aplicación y coordinación entre áreas municipales, tránsito, control urbano y fuerzas policiales.

La decisión fue bien recibida por sectores vecinales que desde hace tiempo venían reclamando mayor presencia estatal y medidas concretas para recuperar tranquilidad en zonas afectadas por ruidos, desorden y circulación peligrosa durante fines de semana y feriados.

El gobierno santafesino implementará un nuevo sistema de control para fortalecer la protección de mujeres en situación de violencia de género. Se trata de las tobilleras duales, un dispositivo que envía alertas simultáneas a la Policía y a la víctima cuando el agresor viola la restricción perimetral dictada por la Justicia.

La iniciativa —que implica una inversión provincial superior al millón de dólares— contempla la compra de tobilleras y equipos de monitoreo, además de su integración al sistema de vigilancia permanente del 911.

¿Cómo funciona?

Las tobilleras duales utilizan tecnología satelital (GPS) para verificar en tiempo real el cumplimiento de las medidas de restricción. A diferencia de otros dispositivos, este sistema coloca la responsabilidad directamente en el agresor: registra su ubicación y, si se acerca a una zona prohibida, activa de inmediato una alerta que es monitoreada por la Policía. Al mismo tiempo, la víctima recibe en su dispositivo una notificación que le permite tomar medidas preventivas para resguardar su seguridad.

El agresor portará una tobillera electrónica y un rastreador, mientras que la persona protegida contará con un dispositivo similar a un teléfono móvil, capaz de avisarle si el denunciado se aproxima, tanto en su casa como en cualquier otro lugar donde se encuentre.

El grave choque entre dos lanchas ocurrido a mediados de octubre —episodio que dejó a un niño de 10 años internado— reabrió el debate sobre la falta de controles y regulaciones para quienes navegan en la costa rosarina del Paraná. A partir de ese hecho, distintos sectores vinculados a la actividad náutica comenzaron a plantear la necesidad de implementar controles de alcoholemia y un esquema de seguridad más estricto para evitar nuevos siniestros.

Con ese objetivo, este martes a las 11 representantes de Protección Civil, Control Urbano, los ministerios provinciales de Ambiente y de Seguridad, la Cámara Náutica y la Asociación de Clubes de la Costa, entre otras instituciones, participarán de una reunión en el Concejo Municipal.

La convocatoria fue impulsada por la concejala radical Anahí Schibelbein, quien señaló que el incidente del 10 de octubre volvió urgente la toma de medidas. La edil sostuvo que la intención es acordar con las entidades involucradas un protocolo de actuación en el río que incluya controles de alcoholemia y mecanismos de intervención rápidos, más aún teniendo en cuenta que la temporada náutica ya está en marcha.

El propósito central —además de los controles de alcohol— es avanzar en un protocolo integral que refuerce la seguridad en el río, aunque su aplicación deberá contemplar la jurisdicción de la Prefectura Naval, responsable del control de la navegación.

Durante el encuentro también se tratarán cuestiones ambientales, como la prevención de quemas en las islas, y medidas de seguridad complementarias. Schibelbein remarcó que se trata de una coordinación entre el Estado y los actores privados que “no puede seguir postergándose”.