El ministro de Economía confirmó que en marzo los jubilados y pensionados ANSES recibirán el aumento que los corresponde según la fórmula de movilidad junto a un bono extra: los detalles.
El ministro de Economía Luis Caputo se refirió al atraso de las jubilaciones y pensiones frente a la inflación e informó que, en marzo, este grupo va a tener una “recomposición de aproximadamente un 30%” de sus ingresos.
En un marco en el que los ingresos de los jubilados se encuentran fuertemente atrasados frente a la inflación y no se observa una nueva fórmula previsional cerca, el funcionario buscó brindar tranquilidad: “Mientras tanto vamos a ir dando bonos para tratar de proteger el poder de compra”.
El 30% de aumento aproximado que recibirán los jubilados corresponde al ajuste que dispone la fórmula de movilidad actual, la cual se mantiene igual desde la gestión de Alberto Fernández pese a los intentos del Gobierno de modificarla.
Esta calcula los aumentos a jubilados y pensionados en base a una fórmula que promedia un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación que registra la evolución de los salarios formales que mide el Ripte.
Año a año los jubilados y pensionados pierden con fuerza ante la suba de precios.
Además, los ajustes son trimestrales. Dado que este cálculo se encuentra atado a los salarios -de los ítems más golpeados ante la aceleración inflacionaria- y se aplica cada tres meses, año a año los jubilados y pensionados pierden con fuerza ante la suba de precios.
Debido a este sistema, los titulares de ANSES vienen perdiendo hace años de forma significativa contra la inflación: según IARAF, un jubilado que percibe la mínima perdió 9,4 haberes en los últimos seis años, es decir, un total de $ 1.924.878. Esto incluye también los bonos extra que se pagaron en los últimos meses.
Este fenómeno se ve agravado por la aceleración inflacionaria de los últimos meses: contra un 25,5% para diciembre y un 20,6% en enero, los jubilados no reciben aumento alguno desde el cambio de gobierno, el cual puso en stand-by las negociaciones.
Así, tanto en enero como en febrero la mínima fue de $105.712,61, exactamente el mismo monto que en diciembre, cuando se aplicó la última suba. Para este mes, el Gobierno pagó a este grupo un bono extra de $ 55.000 que llevó al haber básico hasta los $ 160.000, casi un cuarto de la canasta básica.
Tal como definió Caputo este lunes en diálogo con LN+, el atraso se debe al fracaso de la fórmula jubilatoria vigente en el contexto actual: al atar los aumentos a la evolución de los salarios, los haberes caen junto a estos en un contexto en el que el Gobierno apuesta a licuar ingresos para alcanzar el equilibrio fiscal.
“Dijimos desde el día uno que esta fórmula no funciona, es peor para los jubilados”, criticó el titular del Palacio de Hacienda. Y, replicando lo dicho por el presidente Javier Milei, señaló que, de seguir con este cálculo durante todo el 2024, “los jubilados perderían entre 1,6 y 2 puntos del PBI”.
Cabe señalar que el Gobierno propuso en el proyecto original de la Ley ómnibus la derogación de la fórmula actual para luego debatir en el Congreso un nuevo cálculo.
Tanto en enero como en febrero la mínima fue de $105.712.
Esta facultaba “al Poder ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones” previsionales, “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
Hasta que se definiese una nueva fórmula, la “Ley Bases” disponía que el Ejecutivo podría realizar “aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos“.
En un momento se propuso actualización mensual por inflación, pero finalmente Caputo informó la eliminación del capítulo fiscal de la norma junto a estos artículos y se optó por mantener, por lo pronto, la fórmula de la gestión anterior hasta que el Congreso votara una nueva.
Luego, la Ley ómnibus por completo cayó en Diputados y hoy el futuro tanto de los apoyos legislativos de Milei -los que necesitará para debatir un cambio en la movilidad previsional– como de la actualización de los haberes para jubilados (más allá del 30% de marzo) es incierto.
El Gobierno oficializó el feriado nacional del 9 de noviembre por la visita del Papa y sumó otros dos de alcance regional
A través del Decreto 1103/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró de interés nacional la llegada de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. Además de la jornada festiva para todo el país, habrá asuetos específicos para CABA, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, y se creó una Unidad Ejecutora especial para la logística.
De cara a la histórica llegada del papa León XIV a la República Argentina, programada para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, el Gobierno nacional oficializó el esquema de feriados que acompañará la agenda papal y declaró el acontecimiento de interés nacional. La medida se formalizó mediante la publicación del Decreto 1103/2026 en la edición del Boletín Oficial de este lunes.
La normativa dispone formalmente la declaración de interés nacional tanto para la visita oficial del Supremo Pontífice como para el conjunto de las actividades institucionales, protocolares y de organización derivadas del evento.
El esquema de los tres feriados: alcance nacional y jurisdiccional
Dentro de las disposiciones centrales del decreto, la administración nacional fijó un cronograma de tres jornadas festivas, diferenciando su alcance territorial según las zonas implicadas en la itinerancia del Santo Padre:
Lunes 9 de noviembre de 2026: Declarado oficialmente como feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.
Martes 10 de noviembre de 2026: Feriado dispuesto exclusivamente para el ámbito territorial de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Miércoles 11 de noviembre de 2026: Feriado aplicado en exclusiva para la Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
Creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria
Con el propósito de planificar, coordinar, articular y conducir operativamente las acciones requeridas para la realización de la visita oficial, el Gobierno constituyó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la denominada Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Visita de Su Santidad el papa León XIV».
Este organismo especial tendrá una vigencia temporal atada al cumplimiento de sus metas, fijándose un límite máximo de hasta 12 meses a partir de la entrada en vigencia del decreto. Entre sus objetivos y responsabilidades principales se determinaron los siguientes puntos:
a. Coordinar y conducir las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización y realización de la visita oficial.
b. Planificar y coordinar integralmente las actividades vinculadas con la organización del evento.
c. Establecer prioridades, cronogramas y cursos de acción concretos para el desarrollo de la visita.
d. Coordinar la intervención de las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las actividades.
e. Canalizar todos los requerimientos en materia de logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales.
f. Identificar las necesidades específicas de bienes, servicios y contrataciones indispensables para el cumplimiento de los fines del organismo.
g. Impulsar, coordinar y ejecutar las contrataciones necesarias para las actividades derivadas de la llegada de León XIV, aprobando los gastos correspondientes con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
Electrolux cierra su fábrica en Rosario y pasa a importar todo: evalúan 100 despidos
La multinacional sueca anunció el cierre definitivo de su fábrica a partir del 26 de septiembre. Mantendrá la venta de las marcas Electrolux y Gafa en el país mediante su red internacional de abastecimiento. El gremio metalúrgico reclama la nulidad de las desvinculaciones y habrá una audiencia clave este lunes en el Ministerio de Trabajo provincial.
Un histórico emblema del sector electrodoméstico santafesino llega a su fin industrial. La multinacional Electrolux confirmó que a partir del 26 de septiembre dejará de fabricar en su planta de Rosario, marcando un giro operativo radical: cerrará sus operaciones fabriles locales para abastecer al mercado argentino exclusivamente mediante importaciones desde sus filiales internacionales.
El anuncio, presentado por la compañía como una revisión estratégica para mejorar la eficiencia y competitividad a largo plazo, impacta de lleno en el plantel de operarios. De los aproximadamente 300 empleados que el grupo tiene en Argentina, unos 180 trabajan en el establecimiento rosarino. La firma evalúa alrededor de 100 despidos y prometió llevar adelante el proceso con responsabilidad y dentro del marco legal, aunque no detalló las indemnizaciones.
Sorpresa, audiencia urgente y reclamo gremial
La comunicación del cierre cayó de manera intempestiva entre los trabajadores. El abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, Pablo Cerra, relató que la notificación llegó minutos antes de una reunión programada para presentar a las nuevas autoridades de Recursos Humanos.
«Lo que nos manifestaron en la reunión es que van a cerrar la planta de producción. La idea es ingresar todo lo que venden en Argentina a través de importaciones», detalló Cerra. Ante este escenario, la UOM adelantó que solicitará la nulidad de los despidos y exigirá la reincorporación del personal, argumentando que la firma avanzó de forma unilateral sin agotar las instancias previas correspondientes.
Para intentar destrabar el conflicto, la Secretaría de Trabajo de la provincia convocó a una audiencia entre las partes para este lunes a las 10:00. El secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, confirmó el encuentro y advirtió sobre la magnitud del impacto: «Esta empresa emblemática, con más de 35 años en Rosario, pasó por un montón de crisis pero nunca había cerrado. Hoy cierra definitivamente».
De 800 empleados a la inactividad total
La decisión completa un vertiginoso proceso de achicamiento de la capacidad productiva. Según recordó la representación gremial, en 2023 la firma contaba con cerca de 800 trabajadores en la ciudad, cifra que se redujo progresivamente hasta alcanzar unos 200 operarios en la actualidad.
El delegado fabril Adrián Cartazo —quien suma 34 años de antigüedad en la empresa— explicó que en el último tiempo la fábrica solo mantenía activa la línea de fabricación de freezers, mientras que productos como heladeras, lavarropas y cocinas ya eran traídos terminados desde filiales en Brasil y China. El repliegue se había acentuado previamente con la suspensión de armado de heladeras en la ensambladora Frimetal y un plan de retiros voluntarios activado en marzo de 2026, tras un periodo de suspensiones rotativas iniciado a fines de 2025.
Ahora, las dimensiones del predio rosarino quedarán ociosas, mientras se define el destino de las instalaciones.
Continuidad comercial y garantías garantizadas
A pesar del cese fabril, Electrolux ratificó su permanencia comercial en la Argentina, donde opera desde hace un siglo. La firma seguirá comercializando sus líneas de heladeras, freezers, lavarropas y pequeños electrodomésticos bajo las marcas Electrolux y Gafa.
Asimismo, la empresa garantizó la continuidad del servicio técnico oficial, la validez de las garantías vigentes y la provisión de repuestos para los consumidores.
El contexto de contracción del consumo interno, la apertura de importaciones y normativas recientes vinculadas a la comercialización de artículos del hogar terminaron de acelerar la reconversión de la firma, cuyo cierre fabril no solo afecta a las familias metalúrgicas directas, sino también al entramado de proveedores y servicios industriales de toda la región.
Malvinas: el Gobierno envió al Congreso un proyecto para endurecer las penas por la explotación no autorizada de recursos
La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional contempla multas millonarias, inhabilitaciones de hasta 20 años y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno nacional envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa orientada a sancionar con mayor severidad a las personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
El texto ingresado al Parlamento lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. La medida había sido anunciada previamente por el jefe de Estado el pasado jueves 3 de septiembre durante una cadena nacional.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la actualización del régimen normativo vigente desde 2011. Mientras que el esquema anterior se enfocaba principalmente en las actividades hidrocarburíferas, la nueva iniciativa amplía de forma integral el marco legal para alcanzar todo tipo de aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
Entre las principales sanciones administrativas y penales, el proyecto establece:
Multas económicas: Montos equivalentes al valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo.
Inhabilitaciones: Impedimentos para operar o gestionar licencias por plazos de entre 5 y 20 años.
Pérdida de concesiones: Suspensión o cancelación definitiva de permisos previos.
Agravantes: Un endurecimiento especial de las penas cuando las infracciones involucren la exploración o explotación de recursos no renovables.
Adicionalmente, la iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para reforzar la custodia del territorio y los recursos estratégicos.