Cómo votarán las personas con coronavirus, con síntomas o que sean contacto estrecho
Los jueces con competencia electoral de los 24 distritos del país definirán cómo podrán sufragar quienes exijan hacerlo pero por cuestiones sanitarias deban cumplir aislamiento. Conflicto entre el derecho constitucional a votar, las reglas sanitarias y el Código Penal
El 12 de septiembre se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la pandemia de coronavirus aún no habrá sido superada, pese al avance de la campaña de vacunación; sobre todo, porque las estadísticas sanitarias siguen mostrando cifras preocupantes de contagios y de muertes, y persiste la amenaza de un agravamiento de la situación epidemiológica del país con el ingreso de la variante Delta.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó el martes 3 de agosto una acordada, la número 83 de 2021, en la que dispone que los jueces con competencia electoral de cada uno de los 24 distritos determinarán «el procedimiento de emisión del voto para aquellos electores que exhiban síntomas evidentes compatibles con COVID-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio, preservando la salud de las demás personas».
Desde la CNE dijeron a Reverso que los jueces electorales (por ejemplo, María Servini, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Alejo Ramos Padilla, de la Provincia de Buenos Aires) «les van a indicar estos procedimientos a los delegados de cada escuela y al comando general electoral de su jurisdicción», lo que «no necesariamente se va a formalizar en una resolución» oficial de sus juzgados. «Se les recomendará que no vayan a votar, pero si quieren ir, tienen derecho al sufragio, así que cada juez electoral determinará el procedimiento», indicaron.
Tres alternativas para quienes invoquen su derecho a votar
Desde la CNE, el máximo tribunal electoral del país, dijeron que los jueces electorales ya están evaluando alternativas. Una de ellas es sacar una urna a la vereda, para que estas personas puedan votar, si así lo desearan.
Otra es disponer un «cuarto oscuro accesible» por escuela, o COA, instaurado por una acordada dictada en 2011, para «personas con discapacidad o dificultad motriz», ubicados preferentemente en la planta baja de los establecimientos de votación.
Recién después de las PASO puede haber un debate entre todos los candidatos
Una tercera alternativa es que voten «en su misma mesa pero con distancia física, con todos los elementos de protección sanitaria y con una posterior sanitización profunda del cuarto oscuro» que, en lo posible, debería ser un «cuarto oscuro específico».
Conflicto entre un derecho y el Código Penal
El artículo 37 de la Constitución nacional establece que el voto es «universal, igual, secreto y obligatorio» y el artículo 23, inciso b, de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que todos los ciudadanos tienen derecho a «votar y ser elegidos».
Es decir que, en la Argentina, votar no sólo es un deber sino un derecho. Sin embargo, la regla mundial para quienes tienen COVID-19, son contactos estrechos o presentan síntomas es aislarse.
Pero en la Argentina, además de las reglas sanitarias, rige el Código Penal, que en su artículo 205 dice que «será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
El conflicto es con el derecho a votar, que cualquier ciudadano habilitado lo puede invocar por figurar en la Constitución nacional, pero no con el deber de votar, porque los ciudadanos ya están eximidos de hacerlo por el Código Electoral, que en su artículo 12 inciso c dice que quedan exentos de esta obligación cívica «los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto».
La eximición se tramita on line desde 2015, a través de esta función del sitio web de la CNE. Ese mismo trámite deben realizarlo aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia de su domicilio, quienes, además, previamente deben consignar esa situación en una comisaría (este trámite policial no rige para las causales de enfermedad o razones de fuerza mayor, dispuestas en el Código Electoral).
Menor participación y perspectivas sobre la situación sanitaria para las PASO
Desde la CNE señalaron que esperan que en estas elecciones primarias la participación sea menor que en comicios anteriores, en sintonía con lo que ha ocurrido en las 2 provincias que eligieron representantes en 2021, Misiones y Jujuy, con porcentajes del 59,5% y del 65%, respectivamente, contra el 81% de las presidenciales de 2019 y de 2015, el 79% de las de 2011 o el 76% de las de 2007, según datos oficiales.
Consultado sobre la situación sanitaria para el día de las PASO, el infectólogo Eduardo López, integrante del comité de asesores para la pandemia de COVID-19 del presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo a Reverso que, «si se mantienen las estadísticas actuales, serían entre 100 y 120 mil individuos que no podrían votar», por estar cursando la COVID-19 ese día, porque «la media móvil de 7 días se encuentra actualmente en alrededor de 11 mil casos diarios», teniendo en cuenta la duración de la enfermedad, desde la infección hasta la recuperación.
López señaló que a esos posibles 120 mil ciudadanos deben sumárseles los contactos estrechos. «Suponiendo que sean 3 por cada caso, son otras 300 mil personas que no podrían votar», añadió. A esas posibles 400 mil personas estimadas deben agregárseles quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 el domingo 12 de septiembre. Una cifra inmensurable.
López sostuvo que debe fortalecerse aún más el ritmo de vacunación en las próximas semanas, para llegar a vacunar a fin de mes a «unas 8 millones de individuos» y señaló que «todas estas personas» -contactos estrechos, personas con COVID-19 y/o con síntomas- no deberían votar». «Debe primar el bien común [por sobre el derecho a votar] en estas circunstancias de pandemia. Si a un enfermo usted lo manda aislarse, es obvio que debería hacer lo mismo el día de la elección», analizó el especialista.
De acuerdo con datos oficiales, en la Argentina están habilitadas para votar en las PASO 34.330.557 personas.
Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos
El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.
El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.
Argumentos del Estado argentino
En su presentación, la Procuración afirmó que:
Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”
El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.
Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.
El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.
Contexto del caso
El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.
La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.
Repercusiones y próximos pasos
La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.
Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.
Incendios en Chubut no ceden: miles de hectáreas arrasadas, comunidades en alerta y canales de ayuda abiertos
Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut continúan descontrolados, con focos activos que rodean poblaciones como Cholila y amenazan zonas naturales y urbanas. Mientras brigadistas, fuerzas provinciales, nacionales y apoyos de otras regiones combaten las llamas, organizaciones civiles y campañas solidarias ofrecen mecanismos para contribuir con la contención y asistencia
Los incendios forestales iniciados a principios de enero siguen activos en varios puntos de Chubut, especialmente en áreas como Cholila, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya ha consumido decenas de miles de hectáreas de bosques nativos y pastizales.
Las condiciones climáticas extremadamente secas, con altas temperaturas y vientos fuertes, han facilitado la reactivación de nuevos focos en zonas previamente controladas, complicando los esfuerzos de extinción.
Operativos y respuesta
Cientos de brigadistas y equipos especializados continúan trabajando en el terreno para contener las llamas, con apoyo logístico de distintas provincias y del Ejército Argentino en algunas áreas críticas.
Además, provincias como Río Negro han reforzado su cooperación, aportando sistemas satelitales de monitoreo que ayudan a detectar y seguir la expansión de los incendios en tiempo real.
Impacto en comunidades
Varias localidades han sido rodeadas por columnas de humo y focos activos, lo que generó cortes de caminos y la organización de brigadas comunitarias para proteger viviendas y bienes.
El fuego destruyó importantes extensiones de vegetación y ecosistemas, con consecuencias ambientales severas para la biodiversidad de la región.
Cómo colaborar y ayudar
Ante la persistencia de los incendios, organizaciones y campañas solidarias están activas para canalizar ayuda:
Fundación Bomberos de Argentina – campaña “Puentes de la Prevención” Esta iniciativa busca recolectar fondos para equipar a las asociaciones de Bomberos Voluntarios que combaten el fuego en Chubut y otras provincias patagónicas.
Los fondos recaudados se destinan a adquirir equipamiento esencial como:
Cascos y trajes forestales
Mochilas de agua y guantes especializados
Elementos de protección y herramientas para brigadistas
Donaciones desde plataformas Algunas aplicaciones, como Naranja X, sumaron opciones dentro de su app para donar directamente a la Fundación Bomberos de Argentina, donde cada peso aportado se transfiere a los equipos que están en primera línea.
En resumen
Los incendios en Chubut siguen siendo una emergencia ambiental y social: el fuego no cede del todo y continúa poniendo en riesgo ecosistemas, comunidades y bienes. Sin embargo, las acciones colectivas, desde brigadistas hasta campañas solidarias, se mantienen activas para controlar la situación y ofrecer canales de ayuda a quienes quieran colaborar.
Masivas protestas y huelgas sacuden Argentina en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno
Miles de trabajadores, sindicatos y organizaciones gremiales protagonizaron una jornada de movilizaciones y paro en diversas ciudades del país, en particular en Plaza de Mayo —en Buenos Aires— para expresar su rotundo rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. Las protestas han generado tensión política, repercusiones en el Congreso y una fuerte respuesta pública contra las modificaciones propuestas al régimen de trabajo
El jueves pasado, la Confederación General del Trabajo (CGT) —la mayor central sindical del país— lanzó una masiva movilización con acompañamiento de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, entre otras organizaciones gremiales y sociales. Los manifestantes se congregaron principalmente en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y en ciudades como Rosario, Córdoba y La Plata, reclamando la retirada del proyecto de reforma laboral.
Las protestas coincidieron con huelgas y paros parciales de distintos sectores, incluidos trabajadores estatales y controladores aéreos, que también paralizaron actividades en varias regiones del país.
Reclamos principales
Los sindicatos y trabajadores exigieron:
Que se rechace la reforma laboral, que consideran una amenaza a derechos laborales históricos.
La defensa del derecho a huelga, frente a propuestas que buscarían limitarlo.
La protección de las indemnizaciones, jornadas de trabajo y negociación colectiva.
Durante los discursos, líderes sindicales enfatizaron que las reformas propuestas por el Gobierno podrían precarizar las condiciones laborales y debilitar la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores.
Repercusiones políticas
La fuerte movilización sindical influyó en el Congreso: la Senado argentino decidió postergar el debate sobre la reforma laboral hasta febrero de 2026 para permitir mayores consultas y observaciones tras las protestas.
Este aplazamiento fue interpretado por analistas políticos como un reflejo de la presión social generada por las expresiones de rechazo en las calles.
Impacto nacional
Las jornadas de protesta y paro se vivieron con gran participación en distintas provincias y ciudades, evidenciando una amplia respuesta social que va más allá de un solo sector laboral. La movilización se consolidó como una de las más importantes desde la presentación del proyecto de modernización laboral.
Mientras tanto, sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han anunciado posibles nuevas huelgas y paros para principios de febrero, coincidiendo con el nuevo debate legislativo sobre la reforma.
En resumen
La semana pasada Argentina vivió una de las mayores jornadas de protesta sindical de los últimos tiempos, con movilizaciones, huelgas y paro de trabajadores que rechazaron la reforma laboral del Gobierno. Las acciones generaron retrasos en el tratamiento legislativo de la iniciativa y reflejan un clima de fuerte confrontación entre el Ejecutivo y los sindicatos más representativos del país.