De cargar cajones de verdura en La Plata a ser el favorito de Mercado Libre: quién es y cómo piensa el sindicalista que desafía el poder de los Moyano
Daniel Vila tiene 56 años, lidera desde 2012 el Sindicato de Carga y Descarga, de 9 mil afiliados, sigue teniendo como referente a Luis Barrionuevo y asegura que no les teme a los Camioneros: «Yo los conozco y ellos me conocen»
¿Quién es el sindicalista que está desafiando el poder de Hugo Moyano en el conflicto de Mercado Libre? Se llama Daniel Vila, tiene 56 años, se define como un aliado de Luis Barrionuevo y conduce desde hace siete años la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la Argentina (UTCYDRA).
Por ahora, está rompiendo un récord: es el primer dirigente desde 2003 que resiste exitosamente el intento del poderoso Sindicato de Camioneros de quedarse con el encuadramiento de afiliados de otros gremios, en este caso de los 1.200 empleados que trabajan en el Centro de Distribución de 75.000 metros cuadrados que tiene la empresa de Marcos Galperín en el Mercado Central de Buenos Aires, en La Matanza.
Gracias a su alianza con Néstor Kirchner, Moyano expandió su poder por el crecimiento del transporte automotor de cargas y también porque empezó a disputarles el encuadramiento de trabajadores a otros sindicatos como Comercio, Alimentación, Tintoreros, Seguridad y Aguas Gaseosas. Pudo hacerlo mediante una doble vía: la presión extorsiva de los bloqueos a las empresas y, a la vez, el favoritismo político que permitía que el Ministerio de Trabajo siempre le diera la razón.
En 2011, el diario Clarín consignaba que con esos reclamos los Camioneros habían logrado “robarse” 26.000 afiliados del Sindicato de Comercio, 10.000 del gremio que agrupa a los trabajadores de seguridad, 5.000 de Aguas Gaseosas y unos 2.000 de Carga y Descarga. Pero el afán expansionista de Moyano no se detuvo, siempre basado en el lema: “Todo lo que tiene ruedas es nuestro”.
Daniel Vila sigue alineado en el sector sindical de Luis Barrionuevo
Es cierto que, además, en estos conflictos que se crean cuando se superponen las actividades representadas por dos sindicatos distintos incide de alguna forma la voluntad de los afiliados (además de la capacidad de las empresas de resistir la presión gremial) y en los últimos 15 años los Camioneros lograron acuerdos salariales que estaban por encima del promedio logrado por sus colegas.
En el conflicto de Mercado Libre, hay una empresa que no cedió ante la ofensiva moyanista y un Sindicato de Camioneros que ya no ejerce el liderazgo en el ranking salarial de la Argentina, además de un gremio como el de Vila que fue negociando importantes beneficios para sus trabajadores.
Para Moyano, el acuerdo alcanzado entre Mercado Libre y Carga y Descarga, que fue homologado durante el gobierno macrista, implica una “flexibilización laboral”, pero Vila brinda detalles sobre cuál es la situación de esos 1.200 empleados y por qué no quieren pasarse a Camioneros: con una edad de entre 18 y 23 años, cobran un salario bruto de unos 75 mil pesos, acaban de recibir un bono de 500 dólares como gratificación, les otorgarán la semana próxima un 10% de aumento a cuenta de las paritarias y tienen beneficios como un plus por guardería, gimnasio, comedor gratis “con un menú saludable” y transporte de ida y vuelta provisto por la empresa.
Según Vila, el acuerdo homologado el año pasado por el Ministerio de Trabajo estipula que los afiliados que están adentro del depósito de Mercado Libre son afiliados a su sindicato y los que están afuera, es decir, los que buscan los paquetes para distribuirlos, están encuadrados en Camioneros.
Activistas de Camioneros bloquearon distintos depósitos que trabajan para Mercado Libre
“Lo que plantea Pablo Moyano es una locura -dice Vila-. El problema de ellos es por haber perdido 1.000 afiliados, pero fue por la pandemia: es gente que dejó de trabajar porque no le cerraban los costos, se hizo monotributista y salió con su camioneta a hacer fletes para OCA o Andreani”.
Vila siempre tuvo un perfil bajo dentro del sindicalismo, sigue viviendo en la ciudad de La Plata, adonde nació, y su casa está a dos cuadras del célebre Mercado Regional, que es adonde comenzó a trabajar en la actividad de carga y descarga, y luego fue delegado durante once años.
Este hincha fanático de Gimnasia y Esgrima de La Plata se casó a los 17 años, tiene dos hijos (el varón, Gustavo, es abogado e integra el consejo directivo del gremio) y dos nietos.
Su vida cambió hace 37 años cuando llegó al sindicato de la mano del entonces secretario general, Alberto Cladera, y a partir de allí ingresó en “la facultad del gremialismo”, como le gusta decir a Vila ante sus amigos: tuvo distintos cargos en el consejo directivo y en la obra social.
En 2012, la muerte de Horacio Campos, titular del sindicato, le permitió llegar a la secretaría general y desde entonces ganó dos elecciones consecutivas que le permitirán seguir en el cargo hasta 2023.
Vila, en su oficina, entre fotos con Barrionuevo y José Manuel de la Sota (Foto: Nicolas Stulberg)
Siempre estuvo enrolado en la corriente sindical que encabeza Barrionuevo, a quien Vila sigue siendo fiel y califica como “un crack”, e integró la CGT Azul y Blanca, hoy virtualmente desactivada, que creó el gastronómico cuando Moyano era un incondicional del gobierno kirchnerista.
De por sí, el gremio de Vila creció de los 2 mil afiliados que tenía cuando asumió a los 9 mil actuales, a través del crecimiento de la actividad en la zona portuaria, los depósitos fiscales, el Mercado Central y, por supuesto, el Centro de Distribución de Mercado Libre, uno de los lugares de la empresa de Marcos Galperín adonde este jueves se concentraron los bloqueos de Camioneros.
“Moyano pensaba que nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, pero se equivocó -afirma Vila-. A la noche trajeron unos 300 tipos en autos y colectivos, pero nosotros ya teníamos 800 personas esperándolos. Se tuvieron que ir. Terminaron bloqueando los depósitos en los que hay afiliados de ellos porque nosotros trabajamos normalmente. Esto es inédito en el sindicalismo”.
Si el Sindicato de Camionero mantiene un importante poder y Hugo Moyano fue considerado un dirigente “ejemplar” por Alberto Fernández, Vila debería tener miedo de terminar perdiendo la batalla para retener a los afiliados de Mercado Libre. Pero el jefe de Carga y Descarga lo descarta: “¿Miedo? Vengo de un barrio humilde al que le decían El Churrasco. Yo los conozco muy bien a los Moyano. Y ellos me conocen. Tengo un líder como Barrionuevo que me enseñó un montón de cosas y llegué al sindicalismo con Cladera, que me decía: Danielito, si tenés miedo, comprate un perro”.
Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina
Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.
El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.
Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.
Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.
Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.
Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.
El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.
Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.
El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit
La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.
El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.
Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.
Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.
Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.
La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.
Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos
El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.
El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.
Argumentos del Estado argentino
En su presentación, la Procuración afirmó que:
Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”
El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.
Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.
El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.
Contexto del caso
El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.
La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.
Repercusiones y próximos pasos
La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.
Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.