Reaprehensión en San Lorenzo

Un día de fuerte tensión institucional y judicial se vivió este viernes en la región tras la nueva detención de Esteban Ramón Delgado, padre de Sofía Delgado. El procedimiento se concretó durante la tarde en la zona de bulevar Mitre al 400, en la ciudad de San Lorenzo, por orden del fiscal Javier Paz.

La nueva medida privativa de la libertad contra Delgado —quien se encuentra acusado de abuso sexual agravado por el vínculo— se ejecutó por el presunto incumplimiento de las reglas de conducta dispuestas en su momento por el Juzgado de Familia de dicha localidad.

Polémica liberación y pedido de pena

El operativo policial se produjo pocas horas después de que estallara una controversia por su excarcelación. Delgado había recuperado la libertad debido a que venció el plazo legal de su prisión preventiva sin que la Fiscalía presentara a tiempo el pedido formal de prórroga.

El acusado permanecía detenido desde diciembre de 2024. Sin embargo, según una resolución de Cámara, la medida cautelar venció el pasado 2 de julio de 2026. Al no existir un pedido explícito de extensión por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el juez Ariel Cattáneo debió ordenar su salida de prisión.

La situación generó alarma en el entorno familiar, dado que el imputado fijó domicilio a escasos 300 metros de la vivienda de los allegados a la víctima. Al respecto, el abogado querellante Gabriel Filippini calificó la falla procesal de «inaceptable», advirtiendo sobre el severo riesgo de fuga considerando que el sujeto enfrenta un pedido de condena de prisión de cumplimiento efectivo.

Por su parte, desde el MPA confirmaron que el pasado 8 de julio la Fiscalía presentó el requerimiento de elevación a juicio, solicitando 16 años de prisión efectiva para Delgado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (agravado por el vínculo y la convivencia) en concurso ideal con corrupción de menores. La audiencia preliminar para esta causa está programada para el próximo 28 de julio en los Tribunales de San Lorenzo.

 Investigación administrativa a los fiscales

Ante el grave error procesal que derivó en la excarcelación del imputado, las autoridades del Ministerio Público de la Acusación remitieron la totalidad de las actuaciones a la Auditoría General de Gestión.

El organismo interno buscará evaluar el desempeño de los funcionarios intervinientes —en el marco del traspaso de la causa del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero al fiscal Javier Paz— y determinar las responsabilidades administrativas por la omisión del trámite de prórroga.

Audiencia imputativa y medida cautelar

Fernando Fabián Luque, de 34 años, fue imputado este martes por el violento ataque a puñaladas perpetrado contra su expareja en la zona sur de Rosario. Por orden del juez de Primera Instancia Aldo Bilbao Benítez, el acusado permanecerá privado de la libertad en una unidad penitenciaria durante un plazo mínimo de 180 días.

En el marco de la audiencia, el fiscal Ignacio Hueso formalizó la imputación por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) en grado de tentativa. Asimismo, el magistrado dispuso que, durante su período de detención, el imputado sea evaluado por una junta de salud mental para determinar si comprende la criminalidad de sus actos.

Ataque frente a sus hijos y traslado de urgencia

El hecho investigado ocurrió el jueves de la semana pasada, alrededor de las 21:30 horas, en la puerta de la vivienda de la víctima, ubicada sobre la calle Muñoz al 700.

Según expuso la Fiscalía, Luque atacó a la mujer —identificada como María Ruth O.— utilizando un cortaplumas. La agresión se produjo en presencia de los tres hijos menores de la pareja.

A causa del ataque, la mujer sufrió múltiples heridas de arma blanca en la región cervical, el cráneo, el tórax, las axilas, las costillas y la mano derecha. Tras ser socorrida, fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde recibió las atenciones médicas correspondientes y logró ser estabilizada, quedando fuera de peligro.

Alerta en la comunidad educativa

Un tenso momento de conmoción y preocupación se vivió este martes por la tarde en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 120 «José M. Rondeau», ubicada en la intersección de las calles Liniers y San Luis, en el oeste rosarino. Un operativo policial debió desplegarse en el establecimiento educativo luego de que se confirmara que un alumno llevaba un arma de fuego dentro de su mochila.

El hallazgo se produjo gracias al aviso de los propios estudiantes, quienes observaron el revólver cuando su compañero abrió la mochila en medio de la jornada escolar. De inmediato, los alumnos alertaron a la docente a cargo, quien derivó la situación a la dirección del establecimiento. Siguiendo los protocolos de seguridad vigentes para estos casos, la directora dio aviso al 911.

Secuestro del arma e intervención de la Justicia

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de un revólver calibre .22 largo. Según confirmaron las fuentes del operativo, el armamento se encontraba sin municiones.

Por orden estricta de la Fiscalía de Menores, los efectivos procedieron a la demora preventiva del menor, quien fue trasladado en un móvil policial junto con las actuaciones correspondientes. En tanto, el arma fue remitida a la Sección Criminalística para ser sometida a los peritajes de rigor.

Protocolos activados y dictado de clases

Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron que se aplicaron de manera inmediata las pautas de intervención previstas para episodios de estas características, priorizando la resguardia física del alumnado y del personal docente.

Ante la presencia del procedimiento policial, la institución resolvió suspender de manera preventiva algunos talleres previstos para la última hora del turno tarde, notificando de la situación a los padres al momento de retirar a los niños. No obstante, las autoridades confirmaron que este miércoles las clases se desarrollarán de manera habitual y se llevarán a cabo reuniones informativas con las familias de la comunidad educativa.

Por el momento, la Justicia trabaja para determinar la procedencia del revólver y esclarecer en qué circunstancias llegó a manos del niño.