El beneficio del arresto domiciliario para las segundas líneas de las organizaciones criminales de la región volvió al centro de la tormenta judicial. Yanina Carina Alvarado, hermana del histórico y condenado líder narco Esteban Lindor Alvarado, quedó formalmente bajo prisión preventiva efectiva tras haber sido sorprendida en la vía pública portando un arma de fuego modificada y violando de forma directa las restricciones impuestas por los tribunales.

La detención se concretó durante un patrullaje nocturno en las calles del barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de Rosario. Personal policial interceptó un vehículo en el que se trasladaba Alvarado acompañada por dos hombres, quienes también fueron aprehendidos en el lugar. Al revisar el habitáculo y las pertenencias, los efectivos hallaron una carabina de fabricación nacional recortada y modificada (actuando operativamente como una pistola calibre .22) que presentaba su numeración limada para evitar su rastreo.

Alvarado arrastra un frondoso historial: se encontraba cumpliendo en su casa una condena unificada a 11 años de prisión por narcotráfico y tenencia de armas, a la par que aguarda el inicio de un tercer juicio oral donde se la acusa de liderar una estructura dedicada a la distribución de cocaína mediante vehículos de alquiler no oficiales.

Tras la audiencia imputativa de este lunes, el juez interviniente dictó la prisión preventiva, otorgándole a la Fiscalía un plazo perentorio de siete días para presentar la acusación formal con el pedido de pena.

La caída de un beneficio polémico

El arresto de Yanina Alvarado dinamitó la estrategia de su defensa técnica. El año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones ya había revocado su prisión domiciliaria ordenando su traslado a una cárcel común, pero sucesivas apelaciones y recursos interpuestos ante la Cámara de Casación mantenían la ejecución de la medida en suspenso, permitiéndole esperar los juicios en su vivienda.

Con este nuevo hecho delictivo flagrante en la calle, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia Federal avanzarán en paralelo: por un lado, la revocación automática y definitiva del beneficio de la domiciliaria por quebrantamiento; por el otro, una nueva causa penal por portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, agravada por sus antecedentes penales.

La investigación ahora busca determinar el destino y el uso que planeaban darle al arma modificada secuestrada en el procedimiento. Mientras tanto, una de las mujeres clave en el árbol familiar del clan Alvarado pasará sus próximas semanas tras los barrotes de un pabellón común, clausurando —al menos por ahora— los cuestionados privilegios de reclusión hogareña.

El cierre del debate oral contra la estructura criminal de Francisco «Fran» Riquelme no representa un veredicto más en el saturado tablero penal de Rosario. La histórica sentencia dictada por los jueces Natalia Benvenuto, Ariel Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu —que impuso doce condenas a prisión perpetua— funcionó como un escáner de alta precisión sobre cómo se gerencia el delito organizado en las barriadas populares.

Impulsado por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini, el juicio demandó casi tres meses de audiencias para desmenuzar 42 hechos delictivos que incluyeron homicidios ejecutados con frialdad matemática, femicidios, extorsiones armadas a vecinos y balaceras indiscriminadas. El verdadero hito de este caso no radicó únicamente en la severidad de las penas, sino en un giro metodológico sin precedentes en la justicia regional: unir el plomo para entender el territorio.

Una pericia balística con escala continental

Para ganar el caso, la fiscalía abandonó la vieja práctica de investigar los crímenes como legajos estancos o hechos desconectados. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) encomendó a la Policía Federal Argentina un peritaje balístico colosal que demandó siete meses de laboratorio. El resultado fue una red científica que interconectó más de 30 homicidios perpetrados entre 2022 y principios de 2024.

Las vainas servidas recogidas en una esquina desolada de Empalme Graneros coincidían milimétricamente con el arma utilizada semanas después para infundir terror en barrio Ludueña o Industrial. Esa trazabilidad científica desnudó el «sistema circulatorio» del arsenal de la banda, elevando el valor probatorio de este juicio al nivel de los procesos complejos que se siguen en México o Colombia contra organizaciones trasnacionales.

«Home office» carcelario: La estructura de Riquelme

Francisco Ezequiel Riquelme, forjado en el submundo delictivo como sicario de confianza del capo narco Esteban Alvarado, construyó su propia franquicia criminal valiéndose de una paradoja que el sistema penitenciario aún no logra resolver: el comando a distancia.

Entre 2021 y 2023, los años más sangrientos de su expansión, Riquelme operó desde el pabellón 16 de la cárcel de Piñero, coordinando mediante teléfonos celulares la logística de la muerte en las calles. Actualmente, su aislamiento se extremó tras ser trasladado a la cárcel federal de Marcos Paz.

El motor de las ejecuciones fue una cruenta guerra de marcas contra otra organización que había «franquiciado» el nombre de Los Monos en el sector noroeste, liderada por Julián Aguirre y Andy Benítez. Cuatro barrios se transformaron en un teatro de operaciones bélicas: Ludueña, Industrial, Empalme Graneros y Larrea. Las estadísticas reflejan la ferocidad del conflicto: en los primeros cuatro meses de 2022 se registraron 94 homicidios en Rosario, tocando su pico histórico en abril de ese año con 35 muertes violentas.

De la primera muerte a la sentencia definitiva

El expediente judicial fijó el inicio cronológico de esta saga criminal el 12 de febrero de 2022, con el asesinato de Brian Nicolás «Chichi» Ortigoza (crimen por el cual Daniel Miranda recibió la pena máxima). A partir de allí, el plomo se usó como una herramienta de disciplinamiento social.

Durante el debate oral volvieron a ventilarse casos que conmovieron a la opinión pública local:

• El homicidio de Cristian «Larva» Fernández, referente histórico vinculado a Los Monos en el noroeste.

• La feroz balacera contra un predio de fútbol 5 que dejó tres jóvenes heridos.

• La ejecución de Juan Cruz Ferrari, emboscado tras una falsa venta pactada por redes sociales.

• El crimen de Ángel Coronel en un descampado de calle Donizetti.

• Las extorsiones armadas sistemáticas para obligar a vecinos a abandonar sus viviendas y transformarlas en búnkeres.

El veredicto: Los nombres detrás del plomo

Además de las doce condenas a prisión perpetua —donde Riquelme fue considerado instigador clave en dos de los asesinatos—, el fallo dictó penas menores para roles secundarios.

La nómina de los condenados a la pena máxima está compuesta por: Daniel Miranda, Francisco Ezequiel «Fey» Cabaña, Lemuel Abraham «Lemo» Scireta, Daniel Martín «Gatito» Miranda García, Lisandro Joel «Parce» Orellana, Marcelo Andrés «Pachu» Chávez, Alexis David «Paisa» Álvarez, Lucas Tomás Racca, Franco Matías «Milanesa» Almaraz, Eric Gabriel Enrique, Kevin Leandro Sosa y César Matías Acosta Muñoz.

Por su parte, Mauro Leonel Medina y Franco Darío Aguiar fueron sentenciados a seis años de prisión por participación secundaria. Cabe recordar que la organización ya arrastraba 14 condenas previas obtenidas mediante juicios abreviados.

La hidra criminal: El fin de una banda, no del negocio

Los fiscales lograron desactivar la primera línea operativa de Riquelme, pero el veredicto deja al descubierto un entramado mayor que sigue activo bajo el nombre de «Los Menores». Este consorcio delictivo, fundado en 2020 en el barrio 7 de Septiembre, hoy hegemoniza las economías ilícitas de Rosario bajo una estructura de red o alianzas comerciales de protección mutua.

Este conglomerado, cuyo jefe visible sigue siendo el prófugo Matías Gazzani y que cuenta con el soporte económico de Lisandro «Limón» Contreras (detenido a finales de 2024 en un country de Buenos Aires), distribuye el mapa de la ciudad como franquicias corporativas: Claudio «Morocho» Mansilla controla Santa Lucía; el «Gordo» Vilches domina Empalme Graneros; Mauricio Ayala gerencia Parque Oeste; y Luis Lobos hace lo propio en las zonas de Bajo Cullen y Villa Nueva.

La caída de los hombres de Riquelme debilita un nodo clave, pero el juicio demostró que la violencia en Rosario ya no depende de nombres propios, sino de estructuras logísticas capaces de sobrevivir detrás de los muros de cualquier penal.

El mapa de la violencia en el corazón del Fonavi

El complejo de viviendas de Rouillon y Seguí se convirtió en el epicentro de una feroz disputa territorial que mantiene en vilo a los vecinos de la zona oeste de Rosario. Detrás de las balaceras y los homicidios que se recrudecieron en las últimas semanas, los investigadores judiciales lograron identificar una compleja trama de internas y «vueltos» entre integrantes de una misma organización criminal autóctona del barrio: la banda conocida comercialmente en el ambiente delictivo como «Los Menores».

Esta facción, que supo consolidar un fuerte dominio territorial bajo las directivas de los hermanos Villalba, sufre hoy una sangrienta fractura interna. De acuerdo a las planillas de investigación criminal, el conflicto se desató cuando segundas y terceras líneas de la organización decidieron independizarse, cortar el flujo de recaudación hacia la cúpula y comenzar a disputar por cuenta propia los búnkeres y los pasillos estratégicos del complejo habitacional, rompiendo los históricos códigos de lealtad que unían a las familias del sector.

La lógica de la traición y los crímenes de bandera

Los últimos hechos de sangre registrados en la jurisdicción no fueron ataques de bandas rivales externas, sino ejecuciones planificadas desde adentro. La mecánica repetida en los legajos fiscales revela emboscadas en las que las víctimas fueron citadas por personas de su extrema confianza —en muchos casos, compañeros de andanzas de toda la vida en los monoblocks— para luego ser ejecutadas a corta distancia. Esta metodología de «la traición» busca no solo eliminar la competencia, sino enviar un mensaje disciplinador hacia el resto de los eslabones de la cadena de venta.

El impacto en el territorio: El recrudecimiento de estos homicidios por venganzas internas forzó una reconfiguración de los patrullajes de las fuerzas de seguridad provinciales y federales en el cuadrante de Rouillon, Seguí, Maradona y bulevar Segui, un sector catalogado como de alta prioridad por la recurrencia de abusos de armas de fuego en la vía pública.

La justicia penal, a través de las unidades de Homicidios Dolosos, trabaja en procesar las escuchas telefónicas y el material extraído de teléfonos celulares secuestrados en las cárceles y en los últimos allanamientos en el Fonavi. Los fiscales apuntan a cortar las directivas que siguen saliendo desde los penales, sindicadas como el verdadero motor de una guerra de desgaste donde los antiguos soldaditos de los Villalba ahora se transformaron en los principales enemigos de la estructura que los vio nacer.