El cierre del debate oral contra la estructura criminal de Francisco «Fran» Riquelme no representa un veredicto más en el saturado tablero penal de Rosario. La histórica sentencia dictada por los jueces Natalia Benvenuto, Ariel Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu —que impuso doce condenas a prisión perpetua— funcionó como un escáner de alta precisión sobre cómo se gerencia el delito organizado en las barriadas populares.
Impulsado por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini, el juicio demandó casi tres meses de audiencias para desmenuzar 42 hechos delictivos que incluyeron homicidios ejecutados con frialdad matemática, femicidios, extorsiones armadas a vecinos y balaceras indiscriminadas. El verdadero hito de este caso no radicó únicamente en la severidad de las penas, sino en un giro metodológico sin precedentes en la justicia regional: unir el plomo para entender el territorio.
Una pericia balística con escala continental
Para ganar el caso, la fiscalía abandonó la vieja práctica de investigar los crímenes como legajos estancos o hechos desconectados. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) encomendó a la Policía Federal Argentina un peritaje balístico colosal que demandó siete meses de laboratorio. El resultado fue una red científica que interconectó más de 30 homicidios perpetrados entre 2022 y principios de 2024.
Las vainas servidas recogidas en una esquina desolada de Empalme Graneros coincidían milimétricamente con el arma utilizada semanas después para infundir terror en barrio Ludueña o Industrial. Esa trazabilidad científica desnudó el «sistema circulatorio» del arsenal de la banda, elevando el valor probatorio de este juicio al nivel de los procesos complejos que se siguen en México o Colombia contra organizaciones trasnacionales.
«Home office» carcelario: La estructura de Riquelme
Francisco Ezequiel Riquelme, forjado en el submundo delictivo como sicario de confianza del capo narco Esteban Alvarado, construyó su propia franquicia criminal valiéndose de una paradoja que el sistema penitenciario aún no logra resolver: el comando a distancia.
Entre 2021 y 2023, los años más sangrientos de su expansión, Riquelme operó desde el pabellón 16 de la cárcel de Piñero, coordinando mediante teléfonos celulares la logística de la muerte en las calles. Actualmente, su aislamiento se extremó tras ser trasladado a la cárcel federal de Marcos Paz.
El motor de las ejecuciones fue una cruenta guerra de marcas contra otra organización que había «franquiciado» el nombre de Los Monos en el sector noroeste, liderada por Julián Aguirre y Andy Benítez. Cuatro barrios se transformaron en un teatro de operaciones bélicas: Ludueña, Industrial, Empalme Graneros y Larrea. Las estadísticas reflejan la ferocidad del conflicto: en los primeros cuatro meses de 2022 se registraron 94 homicidios en Rosario, tocando su pico histórico en abril de ese año con 35 muertes violentas.
De la primera muerte a la sentencia definitiva
El expediente judicial fijó el inicio cronológico de esta saga criminal el 12 de febrero de 2022, con el asesinato de Brian Nicolás «Chichi» Ortigoza (crimen por el cual Daniel Miranda recibió la pena máxima). A partir de allí, el plomo se usó como una herramienta de disciplinamiento social.
Durante el debate oral volvieron a ventilarse casos que conmovieron a la opinión pública local:
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El homicidio de Cristian «Larva» Fernández, referente histórico vinculado a Los Monos en el noroeste.
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La feroz balacera contra un predio de fútbol 5 que dejó tres jóvenes heridos.
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La ejecución de Juan Cruz Ferrari, emboscado tras una falsa venta pactada por redes sociales.
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El crimen de Ángel Coronel en un descampado de calle Donizetti.
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Las extorsiones armadas sistemáticas para obligar a vecinos a abandonar sus viviendas y transformarlas en búnkeres.
El veredicto: Los nombres detrás del plomo
Además de las doce condenas a prisión perpetua —donde Riquelme fue considerado instigador clave en dos de los asesinatos—, el fallo dictó penas menores para roles secundarios.
La nómina de los condenados a la pena máxima está compuesta por: Daniel Miranda, Francisco Ezequiel «Fey» Cabaña, Lemuel Abraham «Lemo» Scireta, Daniel Martín «Gatito» Miranda García, Lisandro Joel «Parce» Orellana, Marcelo Andrés «Pachu» Chávez, Alexis David «Paisa» Álvarez, Lucas Tomás Racca, Franco Matías «Milanesa» Almaraz, Eric Gabriel Enrique, Kevin Leandro Sosa y César Matías Acosta Muñoz.
Por su parte, Mauro Leonel Medina y Franco Darío Aguiar fueron sentenciados a seis años de prisión por participación secundaria. Cabe recordar que la organización ya arrastraba 14 condenas previas obtenidas mediante juicios abreviados.
La hidra criminal: El fin de una banda, no del negocio
Los fiscales lograron desactivar la primera línea operativa de Riquelme, pero el veredicto deja al descubierto un entramado mayor que sigue activo bajo el nombre de «Los Menores». Este consorcio delictivo, fundado en 2020 en el barrio 7 de Septiembre, hoy hegemoniza las economías ilícitas de Rosario bajo una estructura de red o alianzas comerciales de protección mutua.
Este conglomerado, cuyo jefe visible sigue siendo el prófugo Matías Gazzani y que cuenta con el soporte económico de Lisandro «Limón» Contreras (detenido a finales de 2024 en un country de Buenos Aires), distribuye el mapa de la ciudad como franquicias corporativas: Claudio «Morocho» Mansilla controla Santa Lucía; el «Gordo» Vilches domina Empalme Graneros; Mauricio Ayala gerencia Parque Oeste; y Luis Lobos hace lo propio en las zonas de Bajo Cullen y Villa Nueva.
La caída de los hombres de Riquelme debilita un nodo clave, pero el juicio demostró que la violencia en Rosario ya no depende de nombres propios, sino de estructuras logísticas capaces de sobrevivir detrás de los muros de cualquier penal.
