El acuerdo abreviado y las condenas fijadas La causa judicial que destapó una aceitada red de corrupción interna en la Policía de Rosario sumó sus primeras resoluciones firmes. A través de un juicio de procedimiento abreviado, homologado por los tribunales locales, tres oficiales imputados decidieron acogerse a la figura de «arrepentidos» para evitar la prisión efectiva. Las condenas impuestas fijaron penas de tres años de prisión en suspenso, el pago de multas económicas significativas en concepto de reparación del daño al Estado y, fundamentalmente, la inhabilitación absoluta y perpetua para volver a ejercer cargos públicos o portar armas.

La decisión de los uniformados de confesar el delito no fue casual. Al admitir su participación penal en la estructura fraudulenta, los ahora condenados brindaron testimonios valiosos que permiten a los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos reconstruir los eslabones superiores de la organización, la cual involucra a personal de mayor jerarquía dentro de la Jefatura y a particulares encargados de la administración de los recursos logísticos.

La mecánica de la estafa con las tarjetas de carga La investigación judicial logró desentramar un mecanismo tan simple como millonario para desviar el dinero que debía garantizar el patrullaje en las calles rosarinas. La maniobra delictiva consistía en la falsificación de planillas, el abultamiento de los kilómetros recorridos por los móviles policiales y el uso espurio de las tarjetas magnéticas destinadas exclusivamente a la carga de combustible de los patrulleros de la Unidad Regional II.

Los policías involucrados, en complicidad con playeros y encargados de estaciones de servicio contratadas por la provincia, simulaban cargas de nafta y gasoil que jamás ingresaban a los tanques de los vehículos oficiales. Posteriormente, el dinero facturado era retirado en efectivo o mediante maniobras de triangulación financiera, repartiéndose las ganancias entre los miembros de la red. La fiscalía adelantó que el avance de la causa, apuntalado por estas tres nuevas confesiones, derivará en próximas audiencias imputativas contra altos mandos policiales y civiles que operaban como los cerebros del millonario desfalco.

En un fallo que expone la extrema violencia y el desprecio por la vida de las bandas que operan en los barrios de Rosario, el tribunal penal condenó a 13 años de prisión a una joven imputada como partícipe secundaria de un homicidio calificado. La mujer, identificada como la pareja de un ejecutor de la organización criminal liderada desde prisión por Andrés «Andy» Benítez, fue la encargada de filmar en primera persona el asesinato de un hombre elegido completamente al azar.

El hecho investigado ocurrió en el corazón de barrio Ludueña, una de las zonas más castigadas por las disputas territoriales del narcomenudeo. Según la reconstrucción de los fiscales, la pareja salió a la calle con una premisa clara y escalofriante emanada por las jefaturas de la banda: «La orden era matar a cualquiera». El objetivo no era una venganza personal ni un ajuste de cuentas contra un rival, sino generar un impacto de terror generalizado en la zona para ratificar el control del territorio.

El plan criminal se ejecutó cuando la pareja divisó a un vecino que caminaba por la vía pública. Mientras el «soldadito» desenfundaba su arma y disparaba a quemarropa contra la víctima —quien falleció en el acto—, la joven sostenía el teléfono celular, grabando toda la secuencia en video de manera fría y explícita. Ese material audiovisual, concebido originalmente como un «trofeo» o prueba de lealtad para los jefes de la organización, se convirtió posteriormente en una de las pruebas de cargo más contundentes presentadas por la Fiscalía durante el juicio.

Las defensas intentaron matizar la responsabilidad de la mujer, pero los jueces validaron la teoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entendiendo que su rol de filmar el ataque formó parte de la logística del terror planificada por el grupo criminal. La sentencia de 13 años de prisión efectiva ratifica la persecución penal no solo sobre quienes aprietan el gatillo, sino también sobre aquellos que prestan apoyo directo a la espectacularización de la violencia narco en la región.

Un megaoperativo de las fuerzas federales en el norte del país logró desbaratar el traslado de un cuantioso cargamento de sustancias ilícitas. Durante un control de rutina en las rutas norteñas, personal de Gendarmería Nacional logró interceptar y decomisar una cifra superior a los 100 kilogramos de cocaína de máxima pureza, un cargamento que representa pérdidas millonarias para las organizaciones criminales.

La principal hipótesis que manejan los investigadores y los juzgados federales intervinientes apunta directamente a la provincia de Santa Fe. Los primeros indicios y el análisis de la ruta que trazaba el vehículo sugieren que la totalidad de la droga tenía como destino final la ciudad de Rosario, donde se presume iba a ser fragmentada para abastecer los búnkeres y las redes de narcomenudeo locales.

Un hallazgo minucioso en la ruta

El procedimiento se concretó cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un transporte que levantó sospechas por ciertas anomalías en su documentación y en la actitud de sus ocupantes. Al proceder a una requisa exhaustiva con el apoyo de perros adiestrados y scanners, los uniformados detectaron compartimentos dobles (tipo «falso fondo») especialmente diseñados en la estructura del rodado para burlar los controles fronterizos y viales.

En total, se extrajeron decenas de paquetes rectangulares —conocidos habitualmente como «ladrillos»— que tras ser sometidos a los reactivos químicos correspondientes arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Detenciones y ramificaciones de la causa

A raíz del hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron la detención inmediata de los involucrados en el traslado y el secuestro preventivo de los vehículos y dispositivos móviles hallados en el lugar.

El foco de la investigación se centra ahora en cruzar los datos telefónicos y los mapas de viaje de los detenidos. El objetivo de la Justicia es reconstruir la cadena de mandos para identificar tanto a los proveedores del cargamento en la zona de frontera como a la célula criminal que esperaba recibir la mercancía en Rosario, un eslabón clave para entender los movimientos actuales del narcotráfico en la región.