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Policiales

Confirmaron la condena contra Julio De Vido por la Tragedia de Once, pero seguirá en libertad

La Cámara de Casación ratificó los cinco años y ocho meses de pena para el ex ministro. Por los cambios en el Código Procesal Penal impulsados por los K no irá a la cárcel.

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Confirmaron la condena contra Julio De Vido por la Tragedia de Once, pero seguirá en libertad

La Cámara de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario de Julio De Vido y confirmó así la condena de cinco años y ocho meses por administración fraudulenta en la Tragedia de Once. Sin embargo, el ex Ministro de Planificación no irá a la cárcel, ya que tras la vigencia de un conjunto de artículos del nuevo Código Procesal Penal sólo hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia no se comenzará a ejecutar la pena.

El 10 de octubre de 2018 el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó al ex ministro a 5 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, al encontrarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. En tanto, fue absuelto por la acusación de estrago culposo, ya que no lo encontraron responsable de las 52 muertes del siniestro ferroviario.

Este jueves, la Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa de De Vido, y así confirmó aquella sentencia. Con otros procesos en su contra, el ex titular de Planificación Federal se encuentra excarcelado desde 2019.

El voto de los camaristas Gustavo Hornos, Liliana Catucci y Eduardo Riggi fue unánime.

En segundo término, pero por voto mayoritario, se rechazó el pedido del fiscal ante la Casación, Raúl Pleé, que había pedido sumar el delito de estrago culposo delito que sí fue atribuido a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte del gobierno kirchnerista. La condena a Schiavi fue confirmada por la Corte.

De Vido no quedará detenido por corrupción en la Tragedia de Once porque en febrero pasado la Comisión Bicameral de implementación del nuevo Código Procesal Penal puso en vigencia un conjunto de artículos que determinaron que la palabra final para comenzar a cumplir una sentencia, la tendrá la Corte, que no cuenta con plazos para su pronunciamiento.

Según pudo saber Clarín, los familiares de las víctimas del choque ferroviario, representados por el abogado Leonardo Menghini, pedirán a la Corte Suprema de Justicia «que se pronuncie lo más rápido posible sobre el caso, porque lo conocen y los fundamentos son sobre los que ya resolvieron», al confirmar la sentencia contra Juan Pablo Schiavi y el motorman Marcos Córdoba, entre otros acusados.

El juicio por Once, que representó la primera condena para Julio De Vido, concluyó después de escuchar a más de 70 testigos durante un año de audiencias.  El fiscal ante el tribunal, Juan García Elorrio, había pedido 9 años de cárcel para el ex ministro.

Por su lado, la Oficina Anticorrupción (OA), en su rol de querellante, había solicitado una pena de diez años de prisión para el ex funcionario K, al acusarlo de estrago culposo agravado por muerte y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

En representación de un grupo de familiares, el abogado Leonardo Menghini -tío de Lucas, la última de las víctimas en ser encontrada- también pidió una pena de 10 años para De Vido.

La otra querella de familiares, representada por Javier Moral, había pedido el sobreseimiento del ex ministro respecto del delito de estrago culposo, pero sí lo cree responsable de la administración fraudulenta. Por eso pidió una pena de cuatro años y medio de prisión.

El 29 de diciembre de 2015, cuando el TOF 2 dio a conocer la sentencia de los 28 procesados en el primer juicio por la tragedia, pidió que se investigue a De Vido. Hasta entonces, el poderoso ex funcionario no había sido vinculado al caso. El argumento fue que el ex ministro -que entre 2003 y 2012 tuvo bajo su órbita a los ferrocarriles- no podía desconocer lo que pasaba con los trenes. Además, él era el responsable de pagar los subsidios que no fueron destinados a la mejora del servicio o el mantenimiento de los trenes.

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Argentina

Reabrirán una investigación a Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales

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Lo dispuso la Cámara Federal porteña tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

La Cámara Federal porteña dispuso reabrir una investigación a la ex presidenta Cristina Kirchner y ordenó un peritaje contable en una denuncia por supuestas irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

Así se dio a conocer tras una resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces ordenaron al juzgado federal 10 que lleva la causa que realice un peritaje sobre las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta antes de volver a tomar una nueva decisión al respecto, al revocar el archivo que se había dispuesto y la decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes entendieron que no está agotada la investigación.

Llorens, por su parte en un voto propio en minoría, estimó que esta denuncia en la que es querellante la Unidad de Información Financiera, debería evaluarse de manera “global” con las demás causas abiertas a Cristina Kirchner y entendió que hay pruebas como para citarla a declaración indagatoria.

“Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas”, sostuvo Llorens, quien remarcó: “La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”.

“Aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, concluyó el juez.

Por lo pronto, la Cámara con los votos de Bruglia y Bertuzzi encomendó una pericia sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales y la documentación que el juzgado estime pertinente.

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Santa Fe: ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de reforma jubilatoria

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En el Senado evaluaban la posibilidad de tratarlo este jueves. Plantea, en esencia, una emergencia por dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe presentó este miércoles a la Legislatura el proyecto de reforma previsional. La propuesta incluye tres puntos principales: una emergencia de dos años, modificaciones en los regímenes especiales y medidas para la transición. En el Senado evaluaban la posibilidad de tratar el proyecto este jueves.

Una de las principales medidas del proyecto es que los jubilados que reciban más de dos jubilaciones mínimas deberán realizar un aporte solidario progresivo del 2% sobre sus ingresos. Además, los funcionarios activos de los tres poderes deberán aumentar su aporte hasta un 21%.

Precedentes. Tras la labor de la comisión legislativa encargada de analizar la reforma previsional –que concluyó el 31 de julio–, el gobierno provincial redactó el proyecto de reforma. Durante el análisis, se escucharon las opiniones de diversos sectores relacionados con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, incluyendo gremios e instituciones colegiadas.

Actualmente, la Caja enfrenta un déficit mensual cercano a los 40 mil millones de pesos, que debe ser cubierto por Rentas Generales de la provincia. Este déficit se cubre con fondos provenientes de los contribuyentes privados, lo que representa una carga constante para el presupuesto provincial.

Existen dos principales frentes de desafío para mantener la Caja. Primero, la deuda de aproximadamente 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en los años 90 optó por no transferir su Caja de Jubilaciones.

A principios de agosto, la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que la ANSES proporcionaba a la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

El segundo desafío es el desbalance entre las contribuciones mensuales de los 208.000 trabajadores activos y las prestaciones recibidas por los 102.000 jubilados y pensionados.

Demoras. El envío del proyecto a la Legislatura se retrasó debido a discrepancias sobre algunos aspectos del texto, principalmente en cuanto a la edad de jubilación de las mujeres en el sistema previsional de Santa Fe.

Inicialmente, se esperaba que el proyecto fuera enviado la semana pasada, pero las diferencias entre funcionarios del Gobierno y legisladores del socialismo causaron demoras. El objetivo del gobierno es que el proyecto sea consensuado entre los partidos del oficialismo antes de su presentación en las cámaras legislativas.

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Múltiples allanamientos por los crímenes de los trabajadores ocurridos en el mes de marzo

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Estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los búnkers en los próximos días

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó nuevos allanamientos en el marco de la nueva Ley de Microtráfico y de la investigación por los crímenes de marzo que tuvieron como víctimas a trabajadores de la ciudad de Rosario.

Con los detenidos ya imputados por los hechos, estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los bunkers en los próximos días, cuya audiencia de cese de estado antijurídico será el martes 23.

“Es importante destacar que el trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Gobierno de la Provincia, los gobiernos locales y los cuerpos policiales permite ir sobre quienes pretenden sostener negocios ilegales y sembrar violencia en la sociedad”, sostuvieron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

A su vez, resaltaron una vez más el apoyo de la Legislatura provincial con las leyes sancionadas desde el inicio de la gestión para que la lucha contra el delito sea más eficaz.

El pasado martes, en el Centro de Justicia Penal se realizó una audiencia imputativa por la saga de crímenes que conmocionaron a Rosario durante el mes de marzo, en el que murieron dos taxistas, un colectivero y un playero.

En audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone les atribuyeron a Alejandro Isaías N. de 28 años, Brenda Natalí P., Gustavo Alejandro M. de 29 años, Macarena Solange M. de 28 años y Axel Uriel R. diversos delitos; solicitando la prisión preventiva efectiva para todos los imputados.

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