El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a respaldar la estrategia de seguridad implementada en la provincia y pidió acompañamiento político para avanzar con reformas estructurales que, según afirmó, buscan consolidar la baja de los índices delictivos.

Durante una actividad oficial, el mandatario sostuvo que “la provincia está enfrentando al crimen organizado con decisión” y remarcó que el fortalecimiento del sistema penitenciario y el endurecimiento de controles dentro de las cárceles fueron ejes centrales de la gestión.

Pullaro también hizo referencia a la situación en Rosario, donde destacó que la presencia policial se incrementó en zonas consideradas críticas y que se trabaja de manera coordinada con fuerzas federales y el Ministerio Público de la Acusación.

En el plano legislativo, el gobernador pidió avanzar con proyectos vinculados a la modernización del sistema judicial y a nuevas herramientas para combatir economías ilegales. “Necesitamos que las reformas no dependan de un gobierno, sino que se transformen en políticas de Estado”, señaló.

Desde la oposición, en tanto, algunos sectores cuestionaron el enfoque oficial y reclamaron mayor inversión social en barrios vulnerables para complementar la estrategia de seguridad.

El debate promete trasladarse a la Legislatura provincial en las próximas semanas, en un escenario político marcado por la discusión presupuestaria y las prioridades para el próximo año.

El basural textil del Desierto de Atacama volvió al centro de la escena pública y política regional. En las últimas horas, el tema se convirtió en tendencia en redes sociales en la Argentina, bajo el rótulo de “cementerio oculto”, a partir de una serie de posteos de periodistas y referentes de la opinión pública que retomaron una denuncia que lleva años sin resolverse: la acumulación masiva de ropa usada —y en muchos casos nueva— en el norte de Chile y el incumplimiento de un fallo judicial que obliga al Estado chileno a reparar el daño ambiental causado.

«Denunciaron a Boric por la contaminación generada en el Desierto de Atacama en Chile, donde tiran toneladas de ropa usada que traen países de afuera. Lograron que los sancionen, pero no cumplieron con el fallo”, escribió Luis Majul, al tiempo que preguntó a sus seguidores si Chile debía “pagar las consecuencias”. En la misma línea, Alejandro Fantino advirtió: “Atentos a esto: Guillermo Whpei fue a Chile para liderar una investigación contra el desastre que hizo Chile contaminando el Desierto de Atacama con ropa usada que traen países del resto del mundo”. Claudio Savoia, por su parte, sumó: “Y esto???? El argentino Guillermo Whpei y la Fundación para la Democracia Internacional denunciaron al gobierno de Chile por la contaminación masiva del desierto de Atacama: hubo un proceso y una sanción, pero no lo obedecieron… y no pasó nada”.

Detrás del rebrote mediático hay un dato concreto. El Gobierno de Chile no acató la resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que, en un fallo inédito emitido en septiembre pasado, responsabilizó al Estado por el daño ambiental causado por el basurero textil clandestino más grande de América Latina, ubicado en el Desierto de Atacama. Así lo afirma el empresario argentino Guillermo Whpei, quien a través de la Fundación para la Democracia Internacional fue uno de los principales impulsores de la visibilización del problema y hoy exige el cumplimiento efectivo de la sentencia.

El fallo reconoció que Chile incurrió en una falta por omisión al no prevenir ni fiscalizar la disposición ilegal de residuos textiles en terrenos fiscales de la comuna de Alto Hospicio. La resolución obligó al Estado a presentar un plan de reparación ambiental a diez años, con diagnóstico, retiro seguro de residuos, restauración de suelos, recuperación del paisaje, trazabilidad del ingreso de la ropa por el puerto de Iquique y publicación de los costos reales del rescate.

El Desierto de Atacama, el más árido del planeta, se transformó en el destino final de los descartes de la industria textil global. Estados Unidos, Europa y Asia envían allí millones de prendas que no se venden o se desechan tras una sola temporada. Se calcula que por el puerto de Iquique ingresan entre 120.000 y 180.000 toneladas de ropa por año. Una parte se revende, pero la mayoría termina formando montañas de desechos textiles, muchas veces quemados, con impacto directo sobre el ecosistema.

Pese al fallo, el Consejo de Defensa del Estado chileno presentó un recurso ante la Corte Suprema para anular la sentencia, alegando vicios formales y errores de derecho. Mientras tanto, según Whpei, no hubo avances concretos. “La resolución de la Justicia chilena es clara. Sin embargo, todavía no se avanzó en el plan de reparación, no se tomó una sola medida al respecto y las montañas de ropa se siguen acumulando en el Desierto de Atacama”, afirmó.

El empresario también remarcó que el problema excede a un gobierno puntual: “Las autoridades de Chile de ahora y de los gobiernos que vienen, sean del color político que sean, deberían acatar la resolución judicial y tener entre sus prioridades el seguimiento del plan de reparación”. Y concluyó: “Durante décadas el Estado de Chile miró para otro lado, beneficiándose económicamente con el ingreso de toneladas de ropa de todo el mundo en sus puertos y luego desechándolas en el desierto. Atacama es un lugar único en el mundo, y esta situación nos hace recapacitar que no existe belleza si no hay compromiso”. La viralización del tema vuelve a poner presión sobre un conflicto ambiental que ya tiene sentencia, pero sigue esperando acción.

La senadora nacional Carolina Losada (UCR–Santa Fe) salió ayer al cruce de las críticas y defendió con fuerza el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, que generó fuerte rechazo de sindicatos y sectores de la oposición pero cuenta con respaldo del oficialismo para avanzar en el Congreso.

Losada calificó la iniciativa como “un paso adelante para la Argentina”, al argumentar que apunta a generar reglas claras para trabajadores y empleadores y reducir la litigiosidad que actualmente dificulta las contrataciones formales en el mercado laboral. Para la legisladora, la normativa beneficiará tanto a empleados como a pymes, y destacó que su incorporación al marco legal dará previsibilidad a las relaciones laborales.

La senadora también valoró la decisión de postergar el tratamiento en el recinto hasta febrero, con el objetivo de “darle más tiempo al debate y perfeccionar algunos puntos del texto antes de la votación”. Entre los ajustes que propone está una modificación al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) para favorecer a pymes y micropymes, así como sugerencias sobre el Estatuto del Periodista, al que consideró que debe actualizarse en lugar de derogarse directamente.

El proyecto oficial ha generado tensiones políticas y sociales. Sectores sindicales y referentes opositores denunciaron que varias de las propuestas son regresivas y podrían debilitar derechos laborales, lo que derivó en protestas en distintas ciudades del país.

En Santa Fe, la postura de Losada marcó además una divergencia interna en el oficialismo provincial, en momentos en que algunos referentes cuestionan la reforma desde distintos ángulos, incluso calificándola como inconstitucional o insuficiente para proteger a los trabajadores.

La reforma laboral fue impulsada por el Ejecutivo nacional y trabajada en el Consejo de Mayo, espacio multisectorial donde Losada participó activamente de la redacción del texto que finalmente se presentará en el Congreso durante sesiones extraordinarias de febrero.