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Policiales

Guerra narco en Rosario

La banda liderada por el joven Alan Funes sumó una nueva serie de imputaciones en una carrera criminal que se asemeja a la de Los Monos: ataques armados, extorsiones y guerra de bandas. Las insólitas fotos de su hermana menor de edad

Ailén Lazarte

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Guerra narco en Rosario

Alan Funes, capo del clan que lleva su nombre, con 23 años y preso desde los 18, acaba de sumar otro capítulo en su carrera criminal, una de las más meteóricas en el hampa de Rosario. Ya acumula condenas por narcotráfico, asociación ilícita y dos homicidios por más de 50 años. Sin embargo, tal como “Guille” Cantero, capo de Los Monos al que emula, Alan no para. Incluso, va a la guerra contra un narco histórico.

Fue imputado este martes junto a su novia Jorgelina Selerpe y otros trece miembros de su organización, entre los que se encuentra incluso su abuela. La fiscal de la unidad de Balaceras Valeria Haurigot los acusó por una seguidilla de robos, extorsiones –algunas de ellas a un ex alto directivo de la Bolsa de Comercio de la ciudad–, amenazas y ataques a tiros a negocios y domicilios particulares –en al menos un caso con una ametralladora FMK3–. Lo curioso es que diez de las personas sentadas en el banquillo ya estaban presas. Alan se encuentra en el penal de Ezeiza. Desde allí, según la Justicia, digitó cada uno de los delitos a través de teléfonos celulares.

La audiencia duró aproximadamente seis horas y se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal. La fiscal Haurigot imputó a Funes de haber liderado una organización que “procuró ocupar y dominar sectores y barrios de Rosario para excluir a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”. Para cometerlos, según la funcionaria judicial, su estructura supuestamente cometió delitos como crímenes –uno de ellos por la suma de 30 mil pesos–, robos, amenazas, incendios intencionales de vehículos, balaceras y venta de droga.

El primero de los hechos que dio inicio a la investigación ocurrió el 19 de septiembre pasado. Fue una balacera en Ameghino al 100, en la zona sur de Rosario, contra la casa de un presunto miembro integrante de la organización liderada por René “Brujo” Ungaro –condenado por narcotráfico y por el crimen del ex jefe de la barra brava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos–. De la pericia de las vainas servidas se desprende que el arma usada fue una ametralladora FMK3. En ese momento, ese ataque dio una muestra de una fractura en la histórica alianza entre las bandas de Alan Funes y la de Ungaro, que se mantuvieron unidas durante años para desplazar en los barrios Municipal y Tablada a Los Caminos.

Los videos que mostró la Justicia para acusar a la banda.

No fue el único ataque de Funes contra Ungaro, de acuerdo a los indicios de la voluminosa causa. Parte de las balaceras y extorsiones que se atribuyeron a la presunta banda de Alan Funes entre septiembre y diciembre fueron contra domicilios de la organización del “Brujo”. Lo que sobrevino luego, se presume por las intervenciones telefónicas, fue un “pacto de paz” entre los jefes narco de las dos estructuras.

La fiscal además mostró al menos tres videos de balaceras, que ilustran esta nota. Dos de ellas en Centeno al 100 contra un presunto búnker que no había pagado “la zona” para vender droga; y la otra, que fue contra la casa de una familia de la comunidad gitana. En uno de los hechos el gatillero hasta llega a quejarse de que el arma se le trabó. Se sospecha que se filmaban para mostrarle al presunto jefe de la banda la concreción de los trabajos ordenados.

La fiscal también identificó a los presuntos gatilleros de la organización: son nueve y tienen entre 19 y 29 años.

Armas y efectivo incautados a la banda,Armas y efectivo incautados a la banda,

En el medio de la seguidilla de ataques a tiros y extorsiones, algunas con trasfondo narco y otras con fines de recibir dinero de comercios en concepto de “protección” como a la antigua mafia, Alan Funes, su cuñado y otro presunto miembro de la organización fueron acusados por un crimen. La historia es escalofriante y ya fue exhibida en una audiencia del año pasado. La joven asesinada fue Mariel Lezcano, de 21 años, quien fue ejecutada de un tiro en la cabeza el 13 de octubre en su casa de Ayacucho al 4300.

De esa causa se desprendieron dos cuestiones relevantes. La primera fue que el homicidio fue en presunta “represalia” porque Lezcano –condenada como integrante de la banda de Ungaro– no quería vender droga para Alan Funes. La segunda, la que informó el fiscal Gastón Ávila en la audiencia imputativa por ese asesinato: Alan pagó por ese asesinato unos 30 mil pesos.

Pero de ese asesinato se agrega un factor importante para el avance de la causa contra toda la banda. Fueron detenidos el presunto sicario Iván Ariel Gutiérrez, alias “Lolo”, su cómplice Fabián Alejo Domínguez y una tercera persona: S., hermana de Alan. S. tiene apenas 17 años.

La joven está presa por orden de la Justicia de Menores. Al momento del arresto se le incautó su celular, que terminó siendo la llave para que el Ministerio Público de la Acusación acceda de forma literal al cerebro de la presunta organización, ya que quedó evidenciado que ella era quien supuestamente ejecutaba todas las órdenes de su hermano y se comunicaba con todos los eslabones de la estructura. Para sorpresa de los investigadores nunca había borrado chats, fotos ni videos de ese aparato, que terminó incriminándola a ella y al resto. Posaba con armas, estilo pistolera.

Tenía un rol claro, siempre según la imputación: debía acreditar cada orden que emitía su hermano Alan desde el penal de Ezeiza. La forma de hacerlo era a través de fotos y videos de los trabajos criminales que realizaba ella y otros presuntos miembros.

S., la hermana de Alan Funes, menor de edad.S., la hermana de Alan Funes, menor de edad.

Otra integrante del clan que fue imputada este martes fue Alicia Leonarda Cordero, de 66 años. Es la abuela de Alan. En dos procedimientos policiales diferentes realizados en barrio Tablada le secuestraron 400 mil pesos. Se sospecha que era quien servía de escondite para guardar plata, entre otras cuestiones.

Jorgelina “Chipi” Selerpe, novia de Alan, también es un engranaje importante para la unidad fiscal de balaceras. La joven de 28 años fue imputada por ser le encargada de controlar la plata de la venta de droga, de guardar las armas de fuego, las municiones y de entregarlas cuando son utilizadas por una balacera.

Otro de los hechos imputados al jefe del clan es una extorsión a un ex directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. En diciembre supuestamente empezó a enviarle desde el penal de Ezeiza mensajes en los que exigía la suma de medio millón de pesos y, a modo intimidatorio, brindaba datos de sus familiares. Quien cayó detenida y este martes fue acusada por esa extorsión fue Lorena Ortiz, ex empleada doméstica de ese empresario que brindó algunas precisiones de la vida del hombre. Ortiz es, a su vez, la tía de Jorgelina Selerpe, novia de Alan Funes. A su vez, la fiscal Haurigot le atribuyó ser quien regenteaba algunos búnkeres.

La mano de obra de las balaceras de las balaceras también es parte de la causa. Todos fueron imputados como presuntos sicarios o autores de disparos extorsivos con fines de herir a personas. En esa parte de la estructura fueron ubicados Lucas Ortiz, de 25 años (hijo de la empleada doméstica que dio datos para la extorsión al empresario); Valentino Barjacoba (29); Fabián Domínguez (22); Iván Gutiérrez (19), novio de S., la hermana; Juan Guzmán (27); Luka Salazar (19); Matías Almada (20); Agustín Arselli (22); y Joel Olguín (24).

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Argentina

Murió Gaspi a los 23 años: el influencer argentino fue una de las víctimas del choque de helicópteros en Brasil

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, causó conmoción en el mundo digital. Según informaron autoridades brasileñas y medios internacionales, el creador de contenido argentino falleció en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

Ailén Lazarte

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La comunidad de las redes sociales atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, uno de los influencers y youtubers argentinos más reconocidos de los últimos años.

De acuerdo con la información difundida por autoridades brasileñas y replicada por medios nacionales e internacionales, el joven de 23 años viajaba en uno de los dos helicópteros que chocaron en pleno vuelo sobre Río de Janeiro durante la jornada del domingo. El siniestro dejó varias víctimas fatales y es investigado por organismos competentes de Brasil para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

La identidad de Gaspi entre las víctimas fue confirmada por las autoridades intervinientes y posteriormente difundida por distintos medios de comunicación, lo que generó una inmediata repercusión entre seguidores, colegas y figuras del ámbito digital.

Gaspi había alcanzado una enorme popularidad gracias a sus videos en redes sociales, especialmente por sus entrevistas callejeras cargadas de humor, improvisación y situaciones descontracturadas que rápidamente se volvieron virales. Con el paso de los años logró construir una comunidad de millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, convirtiéndose en una de las caras más conocidas de la nueva generación de creadores de contenido argentinos.

Nacido en Buenos Aires, su crecimiento en el mundo digital fue constante y le permitió transformarse en una figura destacada dentro del streaming y las redes sociales. Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera se encuentra el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, uno de los eventos más importantes de la escena de internet en Argentina.

Durante los últimos años también participó en diversos proyectos vinculados al entretenimiento digital y amplió su alcance internacional, incluyendo su presencia en eventos de gran repercusión entre creadores de contenido de habla hispana.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosos influencers, streamers y personalidades del ámbito digital expresaron públicamente su pesar a través de las redes sociales y enviaron mensajes de acompañamiento a familiares y amigos.

La muerte de Gaspi genera un fuerte impacto entre sus seguidores y marca el final de la trayectoria de uno de los creadores de contenido más populares surgidos de las redes sociales argentinas en la última década.

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Policiales

Giro de horror en Rosario: caen nueve policías acusados de prender fuego vivo a un hombre en un operativo

Una mentira oficial que se sostuvo durante dos años terminó de desmoronarse por completo. Nueve efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en las últimas horas y serán llevados a audiencia imputativa el próximo martes, acusados de un aberrante caso de violencia institucional: haber rociado con alcohol y prendido fuego a un hombre durante un procedimiento, para luego armar un acta falsa y hacer pasar el ataque como un accidente doméstico.

Ailén Lazarte

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El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

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Policiales

Horror en Empalme Graneros: se multiplican las denuncias por abuso sexual en un jardín de infantes

La comunidad educativa del barrio Empalme Graneros se encuentra atravesada por la angustia y la indignación. En las últimas horas, la tensión frente al Jardín de Infantes N° 234 «Justo José de Urquiza», ubicado en la intersección de las calles Juan José Paso y Larrechea, escaló por completo tras confirmarse que ya suman al menos tres las denuncias formales por presuntos abusos sexuales cometidos contra niños de las salas de 4 y 5 años. Las familias exigen respuestas inmediatas a las autoridades ministeriales y el apartamiento preventivo de todo el personal bajo sospecha.

Ailén Lazarte

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El caso que encendió las alarmas judiciales tuvo como denunciante a la madre de un alumno de 5 años, quien radicó la presentación el pasado lunes ante la Comisaría de la Mujer. Según el crudo relato de la mujer, su hijo comenzó a manifestar cambios drásticos en su conducta y, tras un proceso de contención familiar, logró poner en palabras los ultrajes que presuntamente ocurrían dentro del establecimiento escolar durante el horario de clases.

A partir de la difusión de este primer hecho, el efecto dominó fue inmediato. Otras dos familias de la institución se presentaron ante los Centros Territoriales de Denuncia (CTD) manifestando relatos con alarmantes coincidencias metodológicas y señalando el mismo entorno como escenario de los ataques. La investigación penal quedó centralizada en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde ya se ordenaron las primeras medidas de contención psicológica para las víctimas a través del equipo interdisciplinario de Cámaras Gesell.

Frente a las puertas del establecimiento, un nutrido grupo de padres y vecinos improvisó una protesta con carteles y aplausos para visibilizar el reclamo y exigir que el Ministerio de Educación provincial intervenga la institución de manera urgente. «Queremos saber quién cuidaba a nuestros hijos y por qué nadie vio nada; la dirección del jardín intentó minimizar el tema al principio y eso es complicidad», reclamó con dureza uno de los familiares presentes en la manifestación.

Mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y peritajes clave para determinar las responsabilidades materiales dentro del jardín, las autoridades educativas dispusieron el inicio de un sumario administrativo interno, aunque para la comunidad afectada, los tiempos de la burocracia estatal corren muy por detrás del dolor y la urgencia de las familias.

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