Política
La Corte adelanta el futuro de Cristina Kirchner y Mauricio Macri
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6 años atrásen
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eltribuno
En las facultades de Derecho circula un sarcasmo muy antiguo: «El buen abogado, conoce la ley; el gran abogado, conoce al juez». Esta broma rige al pie de la letra en muchos tribunales del país. Sobre todo, en los de los fueros federal penal o contencioso administrativo, los más politizados. Allí los procedimientos y las pruebas pueden ser meras coartadas en una guerra de facciones. Si no se considera esta deformación, será imposible comprender qué se está discutiendo en la causa de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El debate sobre un detalle burocrático esconde una puja durísima sobre el destino penal del oficialismo y de la oposición.
El ajedrez procesal debe resolver en estos días dos incógnitas relevantes. La primera: qué puede esperar Cristina Kirchner de la Corte Suprema. No respecto de su objetivo de desplazar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La decisión de la Corte sobre este conflicto será leída como una insinuación del comportamiento de ese tribunal en los numerosos expedientes en los que la vicepresidenta está imputada. La suerte de Bruglia, Bertuzzi y Castelli puede ser, por la negativa, la suerte de la señora de Kirchner. Esa relación es menos subliminal en el caso de Castelli: la Corte deberá decidir si él seguirá integrando el tribunal oral que condene o absuelva a la vicepresidenta en la trama de los cuadernos de Oscar Centeno.
El otro enigma es cómo quedará compuesta la Cámara Federal Penal. Se podría pensar que, al promover su reemplazo, Cristina Kirchner estará seleccionando a quienes la juzguen. No es lo principal. Entre otras cosas, porque los expedientes en los que ella está involucrada ya pasaron por la Cámara. Lo que suceda con Bruglia y Bertuzzi dará una pista sobre lo que les espera a los funcionarios del gobierno anterior, en especial a Mauricio Macri. No tanto porque esos dos magistrados garanticen demasiada complacencia, sino por la posibilidad de que sean reemplazados por otros alineados con el oficialismo. Una brutal simplificación diría que en la querella por el traslado de estos jueces se está disputando la peripecia judicial de la señora de Kirchner y de Macri.
El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, emitió una señal política al someter a consideración de sus pares, el martes próximo, el per saltum solicitado por los tres jueces apuntados por el Gobierno. Fue una respuesta a la presión de la opinión pública. Y también a la de los colegas que pedían alguna acción de parte de él. Sobre todo, Ricardo Lorenzetti. El expresidente de la Corte sigue siendo el principal rival de Rosenkrantz. Volvió a notarse en la discusión que ambos mantuvieron en el Zoom que los reunió anteayer, cuando fue comunicada la medida.
Rosenkrantz pidió que el per saltum se vote el martes próximo. Dio tiempo a sus colegas para que elaboren su voto. O lo reelaboren, si es verdad que Helena Highton ya había entregado el suyo y, ante la novedad, lo retiró. Pero Rosenkrantz también dio tiempo a la Cámara Contencioso Administrativa para que se expida sobre la situación de los tres jueces. Ellos recurrieron a esa Cámara después de que en primera instancia rechazaran sus planteos. La Cámara, integrada por Jorge Alemany y Guillermo Treacy, podría expedirse antes del martes. En tal caso, el per saltum perdería sentido.
Es curioso: nadie en el oficialismo pronostica que los camaristas contencioso administrativos aceptarán el reclamo de los tres jueces. Para menoscabo de Alemany y Treacy, en los comentarios no aparecen razones técnicas. Se arguye que «Wado ya arregló todo con Sergio». Wado de Pedro es el ministro del Interior y, más allá de esa función, el operador judicial que Alberto Fernández juró que no habría en su gobierno. Es verdad: el Presidente podría decir que Wadito, como lo denomina, obedece a Cristina Kirchner. Como él mismo y casi todo su gabinete. Sergio es Sergio Fernández, camarista que se precia de ser el caudillo de ese fuero. Es el hermano de Javier Fernández, auditor de la Nación a quien el tenebroso Antonio Stiuso identificó como su gestor en la Justicia.
Es cierto que hay algunos indicios de que los intercambios entre Sergio Fernández y el Gobierno son exitosos. Se atribuye a esas transacciones que el proyecto de reforma judicial ya no incluya la unificación del fuero contencioso con el civil y comercial, como había soñado Ricardo Recondo. Otra señal de esa sintonía. Uno de los alfiles de este camarista es Enrique Alonso Regueira. Oficia como secretario de Helena Highton en la Corte. Fue designado pocos días después de que Fernández convalidara que Highton siguiera en el tribunal a pesar de haber cumplido 75 años. Casualidades. Regueira integraba la lista de candidatos a jueces que Macri había remitido al Senado y que Alberto Fernández retiró. Ahora logró que su nombre vuelva a ser enviado. El mismo destino que otro amigo de Sergio Fernández, Edgardo Lara Correa. Regueira y Lara dependen también de que Alemany y Treacy «voten bien». De todos modos, vaticinar sobre el signo o las razones de ese voto sería prejuzgarlos.
Si Bruglia, Bertuzzi y Castelli ven rechazado su reclamo, podrían pedir ir a la Corte por la vía del recurso extraordinario. Si se lo negaran, irían en queja. En cualquier caso, el per saltum carecería de sentido. En cambio, si Alemany y Treacy no fallaran, los jueces del máximo tribunal tendrían que expedirse el martes próximo. Es una decisión delicadísima: el per saltum es una medida extrema. No está garantizado que haya una mayoría que lo apruebe. Pero sí podría haberla para pedirle a la Alemany y Treacy que se pronuncien cuanto antes. Tal vez también podría ordenar que se otorgue licencia a los tres jueces en los cargos que ocupan hasta ahora.
Con per saltum o sin él, el modo en que la Corte se pronuncie es un misterio. Hay un condicionamiento relevante. En abril de 2018, Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda firmaron la ya célebre acordada 7, convalidando los traslados que ahora están puestos en tela de juicio. En especial el de Bruglia, por una consulta específica del Ministerio de Justicia. Hay otros criterios que podrían obligarlos a ratificar aquel escrito. Rosatti en su Tratado de Derecho Constitucional afirma que un traslado requiere de un nuevo acuerdo del Senado si la competencia del nuevo cargo es «radicalmente diversa». ¿Es este el caso? Como señaló un experto, «el papel soporta todo». Es decir, algún ministro podría alegar que en 2018 no tuvo en cuenta aspectos que ahora parecen gravitantes. Un desafío para las doctoras Iglesia, Manríquez, Vocos Quiroga, Sicardi y Messuti, que integran una oficina exquisita de la Corte: el «Sector Coherencia». ¿Alguien del Poder Ejecutivo merecería visitar ese reducto? Ocurrencias.
Más allá de las ataduras conceptuales, la política se ha vuelto muy resbaladiza. Cristina Kirchner ya tuvo una experiencia negativa. Fue cuando preguntó por la legalidad de las sesiones virtuales del Senado y la Corte rechazó el planteo cinco a cero. Después de ese detalle visitó a Alberto Fernández para hablar de la Justicia. A los pocos días, Fernández anunció la formación de la comisión Beraldi, para analizar la reforma de la Corte.
¿Algún juez supondrá que puede negociar una «corrección» a la acordada 7 a cambio de liberarse de las presiones de la vicepresidenta? Tres circunstancias juegan en contra de ese hipotético toma y daca. Una es que la amenaza que podría plantear Cristina Kirchner es inverosímil. Las posibilidades de que el Frente de Todos sume cuatro senadores el año que viene, para alcanzar los dos tercios, tienden a cero. El otro motivo por el cual es ilusorio un acuerdo es el caso Larreta: el recorte de fondos a la Ciudad, que puede seguir avanzando, demostró que es inútil querer hacerse amigo de este oficialismo. Esa lección vale, sobre todo, para Lorenzetti: cada vez que se publica su foto con Claudio Bonadio y el brasileño Sergio Moro, retrocede 20 casilleros en su marcha hacia la reconquista de la presidencia. El tercer factor fue mencionado por un amigo del Presidente: «La brecha cambiaria y la fuga de depósitos nos juegan en contra. ¿O usted cree que los jueces no miran esos datos cuando están por firmar una sentencia?».
El kirchnerismo es tenaz en la adversidad. La ministra de Justicia, Marcela Losardo («mi ahijada», la llama Highton), acaba de solicitar al Consejo de la Magistratura que anule los concursos convocados, hace ya tiempo, para cubrir las vacantes de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en sus puestos originarios. Quizás el Consejo espere el pronunciamiento de la Corte. Pero interesa observar esta política de los hechos consumados, que hunde sus raíces en la tradición santacruceña: cuando la Corte ordenó reponer al procurador de la provincia, Eduardo Sosa, Néstor Kirchner eludió la obligación eliminando el cargo. Tampoco el Consejo es un paradigma de calidad institucional. Esa institución aconsejó anular los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que ella misma había aprobado. ¿No valdría la pena inaugurar allí una «Oficina de Coherencia»?
En la Cámara Federal hay dos vacantes. Para cubrirlas se llamó a un concurso. Si Bruglia y Bertuzzi dejan el tribunal, se producirían otras dos. O, por lo menos, una, en el caso de que el camarista Eduardo Farah, trasladado a un tribunal oral, vuelva a su sede originaria. El kirchnerismo ha marcado con resaltador algunos nombres del orden de mérito de aquel concurso: Roberto Boico, con considerables antecedentes académicos, que fue defensor de Cristina Kirchner; Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores, a quien se reprochó haber protegido a Lázaro Báez en la causa por facturas apócrifas de Bahía Blanca; Marcelo Martínez de Giorgi, identificado con la vieja Secretaría de Inteligencia; Elena Dilario y Leonel Gómez Barbella, fervorosos militantes de Justicia Legítima.
El objetivo de promover a alguno de estos candidatos no es tanto proteger a la señora de Kirchner, sino escarmentar al gobierno de Macri, cuyas causas judiciales tramitarán en esa Cámara. Sería un error, sin embargo, pensar que esta rivalidad partidaria es la razón exclusiva por la que se pretende desplazar a los camaristas. Un conocedor de Comodoro Py apunta: «Hay un detalle importantísimo en esta guerra. Bertuzzi y Bruglia no son amigos ni de (Darío) Richarte, ni de Javier (Fernández), ni del Tano (Daniel Angelici), ni de Stiuso. No integran el rebaño que sigue al espionaje». Es una razón poderosa: Bruglia y Bertuzzi no forman parte del pacto corporativo de la Justicia Federal.
El seguimiento minucioso que los colaboradores de Cristina Kirchner hacen de esta guerra fue interrumpido ayer por dos novedades. Una alegró al grupo: el juez Martínez de Giorgi sentenció que en las comunicaciones entre el diputado Eduardo Valdés y su amigo Juan Pablo Schiavi, detectadas de forma clandestina por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, no hubo complot alguno, ni estuvieron dirigidas a entorpecer la causa de los cuadernos. Buena noticia para Valdés y, sobre todo, para Schiavi, que hoy recibirá una mala: la Corte confirmará las condenas de la tragedia de Once.
La otra novedad que llegó a la oficina de la vicepresidenta fue catastrófica. Tiene que ver con la causa que se sigue contra Arribas en Lomas de Zamora. Al remitir a la fiscal, Cecilia Incardona, un libro de actas sobre operaciones de espionaje entre 2016 y 2018, la titular de la AFI, Cristina Caamaño, no tomó los resguardos para preservar el secreto. Incardona subió la documentación al sistema informático, con lo que ventiló información delicadísima que, en muchos casos, afecta tareas realizadas en combinación con otros países. Un inconveniente gravísimo para Caamaño. Una alegría inesperada para quienes quieren reemplazarla.
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Política
Diego Giuliano reunió a todas las tribus del peronismo, reivindicó a Massa y se anotó en la discusión por «la Santa Fe que viene»
El diputado nacional del Frente Renovador presentó en Rosario su libro sobre reforma constitucional ante una amplia convocatoria de dirigentes locales y nacionales. Con el respaldo explícito de Sergio Massa, la actividad funcionó de hecho como la primera gran muestra de volumen político para disputar la candidatura a gobernador en 2027.
Publicado
3 semanas atrásen
26 agosto 2026
Músculo político y salón colmado
Lo que en los papeles figuraba como la presentación de un libro sobre reforma institucional terminó convirtiéndose en una explícita demostración de fuerza política. El diputado nacional por el Frente Renovador, Diego Giuliano, encabezó la presentación de su obra La Santa Fe que viene en el centro de convenciones del Hotel Ariston de Rosario, ante un auditorio colmado que desbordó la capacidad del lugar.
El encuentro no solo reunió a las distintas vertientes del peronismo santafesino, sino también a referentes de espacios aliados, líderes sindicales y referentes sociales. Tras la jornada, un comunicado oficial del espacio confirmó la lectura colectiva del evento: el legislador formalizó allí sus aspiraciones para competir por la gobernación en 2027 bajo la consigna «La Santa Fe que viene es con el peronismo».
El respaldo central de Sergio Massa
Uno de los momentos de mayor efervescencia en la jornada ocurrió con el ingreso de Sergio Massa. El exministro de Economía y líder del Frente Renovador a nivel nacional se convirtió en la figura central del acto, recibiendo un efusivo recibimiento con aplausos y saludos de los presentes.
En su discurso, Giuliano reivindicó la figura de Massa como el referente nacional de un modelo centrado en el desarrollo y la producción para la Argentina, consolidando la alianza interna dentro del esquema opositor provincial.
Mapa de presentes: transversalidad e invitados extrapartidarios
La convocatoria se destacó por su amplitud interna, logrando sentar en un mismo espacio a sectores diversos del panperonismo y dirigentes de otras fuerzas políticas.
| Sector / Espacio | Dirigentes destacados |
| Diputados y referentes nacionales/provinciales | Germán Martínez, Caren Tepp, Juan Monteverde, Marcelo Lewandowski y Alejandra Rodenas. |
| Legisladores y referentes territoriales | Lucila De Ponti, Miguel Rabbia, Florencia Carignano, Roberto Sukerman, Alcides Calvo (perottismo), Cachi Martínez, Armando Traferri y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini. |
| Movimientos Sociales | Eduardo Toniolli y Majo Poncino (Movimiento Evita). |
| Referentes extrapartidarios y gremiales | Rubén Giustiniani, Leonardo Caruana, el ex titular de Federación Agraria Eduardo Buzzi y dirigentes sindicales de la región. |
La previa y el mensaje central
La conducción del evento estuvo a cargo del periodista Sergio Roulier, quien desde el inicio dejó en claro que la velada planteaba un debate que excedía lo estrictamente académico para ingresar de lleno en el diseño del futuro santafesino.
Antes del intercambio formal con Giuliano, se proyectó un video institucional que repasó su paso como convencional constituyente, su recorrido profesional y pasajes de sus campañas electorales. El audiovisual concluyó con una frase que marcó el tono del encuentro: «Bienvenidos a la Santa Fe que viene», dando paso a la entrada triunfal del diputado nacional entre ovaciones.
Política
La marcha contra Milei desafió el cerco policial y llevó la protesta a las puertas de la Bolsa de Comercio
Organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles se movilizaron desde Plaza Sarmiento hasta la esquina de Corrientes y Córdoba, superando el vallado inicial. Manifestantes y efectivos de Prefectura quedaron cara a cara a escasos metros del ingreso al edificio donde el presidente encabeza el 142° aniversario de la entidad.
Publicado
3 semanas atrásen
22 agosto 2026
Entre cánticos, el estruendo de los bombos y el humo de la pirotecnia, la masiva movilización convocada en Rosario contra la visita del presidente Javier Milei logró superar el primer vallado de seguridad y concentrarse a escasos metros de la Bolsa de Comercio de Rosario.
La jornada de protesta comenzó a coordinarse desde las 17 en la Plaza Sarmiento (en Corrientes y San Luis). Desde allí, las columnas marcharon con pancartas en rechazo a las políticas del Ejecutivo nacional rumbo a la sede bursátil ubicada en Córdoba y Corrientes.
Alrededor de las 18:30, la movilización avanzó sobre el vallado de contención dispuesto una cuadra antes, a la altura de la calle Rioja, y logró asentarse en la esquina de Corrientes y la peatonal Córdoba. Allí quedaron frente a frente con el cordón de contención de la Prefectura Naval Argentina, que interrumpe el paso y custodia uno de los ingresos principales al edificio.

Un frente multisectorial
La marcha reunió a un amplio abanico de organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles. La convocatoria principal estuvo a cargo de los gremios del transporte agrupados en la Confederación Argentina De Trabajadores del Transporte (CATT) Rosario, junto a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Dentro de la CATT Rosario participaron sindicatos vinculados al transporte y los servicios:
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Siconara
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Sindicato de Recolectores de Rosario
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Camioneros (alineados con Hugo Moyano)
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Dragado y Balizamiento
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SOMU
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Gremios aeronáuticos y ferroviarios
A la movilización se sumaron también Coad, el Sindicato de Cadetes de Rosario, ATE Rosario y Aceiteros de Rosario, además de agrupaciones de jubilados y sectores estudiantiles. Por su parte, la CGT Rosario, a través de su secretario general Miguel Vivas, expresó el respaldo institucional a la protesta otorgando libertad de acción a los gremios que integran la central para sumarse.
Según adelantaron los organizadores, durante la jornada se preveía declarar nuevamente a Javier Milei como “Persona No Grata” en Rosario, como expresión de rechazo a las medidas de su gobierno.

Nota
Argentina y Brasil: De la integración al delirio
Aclaración: El presente artículo es una columna de opinión y análisis firmada por Mario Alejandro Scholz. Las opiniones, apreciaciones y conclusiones expresadas en este texto pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de este medio.
Publicado
1 mes atrásen
13 agosto 2026
Un largo camino a la amistad
La vecindad entre Argentina y Brasil conlleva más de 500 años de historia desde los tiempos de la colonia, que marcaron así un comienzo bajo un conflicto permanente en virtud de la disputa de límites entre sus respectivas metrópolis -España y Portugal-, que ya en 1494 acordaron una división territorial en el tratado de Tordesillas, que posibilitó a los portugueses su llegada al “país tropical”. Posteriormente el avance luso, corriendo la frontera permanentemente, llevó al rey Carlos III de España en guerra con Gran Bretaña y su aliado Portugal, a enviar una expedición militar al Río de la Plata al mando de Pedro de Cevallos en 1776, la que posibilitó la recuperación española de la Colonia del Sacramento y de la Isla de Santa Catalina (donde hoy se encuentra Florianópolis), acción acompañada por la creación del Virreynato del Río de la Plata para fortalecer la defensa regional.
Posteriormente, llegó la paz con el Tratado de San Ildefonso (1777) y los dominios del nuevo Virreynato en la frontera se limitaron a la Banda Oriental y las antiguas misiones guaraníticas, por entonces ya en estado de creciente abandono por la expulsión de los jesuitas operada una década antes. Pero los caudillos locales bajo el lema de la “Patria Grande” mantuvieron su reclamo sobre lo que hoy es Río Grande del Sur, mientras que del lado brasileño persistió la pretensión de llevar sus bordes al Río de la Plata. La guerra entre Argentina y Brasil de 1825, ya por entonces dos naciones independizadas de sus antiguos imperios, culmina con la firma en agosto de 1828 de la Convención Preliminar de Paz entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, hecho que pone fin formal al conflicto bilateral con la creación de la República Oriental del Uruguay.
Desde entonces existió, con intervalos, un largo período de recelos comunes, que no impidieron la firma del tratado de la Triple Alianza de marzo de 1865 para enfrentar la invasión militar paraguaya, así como distintos acercamientos temporales, como el intentado en los años 50s con el proyecto “ABC” de unidad entre Argentina Brasil y Chile, bloqueado por sectores conservadores de la región. Quizás la etapa de mayores asperezas tuvo lugar con los gobiernos militares de los 70s y principios de los 80s en ambos lados, con severos entredichos por el uso de los cursos hídricos comunes, e incluso con la búsqueda por cada parte de un desarrollo nuclear asociado al poderío bélico.
Pero todo esto cambió radicalmente con el regreso democrático, primero en la Argentina con el Gobierno de Raúl Alfonsín, que apoyó encarecidamente la recuperación institucional en toda la región y muy particularmente en Uruguay, Brasil y Chile, y más luego con la llegada de José Sarney a la presidencia del vecino gigante sudamericano en 1985 asumiendo el compromiso de instaurar la elección directa del Poder Ejecutivo. Y esos dos presidentes democráticos superaron por entonces las antiguos obstáculos para allanar el camino para una relación fraternal y productiva apoyada en valores republicanos superiores entre ambos países, para extenderla a toda la región.
Desalojado rápidamente el riesgo nuclear con el desmontaje en ambas naciones de los trabajos y procesos relacionados con la industria bélica, Alfonsín y Sarney llegaron a un acuerdo de cooperación económica plasmado en la Declaración de Foz de Iguazú (1985), como primer paso al acuerdo del “Programa de Integración y Cooperación Económica” (PICE) de 1986, que avanza primero con el Tratado de Integración y Desarrollo de 1988, al que ese mismo año se suma el vecino Uruguay con la Presidencia de José María Sanguinetti mediante el Acta de Alvorada en Brasilia; y culmina después con la firma del Tratado de Asunción (1991), que da nacimiento al MERCOSUR, ya con los nuevos mandatarios Carlos Menem, Fernando Collor de Melo y Luis Alberto Lacalle, más el Presidente de Paraguay Andrés Rodríguez, este último a cargo de la transición democrática tras la fuga del dictador Alfredo Stroessner.
Si bien los acuerdos que culminaron con el MERCOSUR tienen como mayor reconocimiento el crecimiento de las corrientes comerciales dentro de ese hinterland bajo un régimen de libertad (arancel cero) para la mayoría de los productos y servicios entre los países que integran este bloque, así como un arancel externo común extra zona, conjunto que se denomina técnicamente zona aduanera común, la integración es esencialmente política, por lo que resultó sustancial para el proceso de extensión democrática en la región. Esa vocación quedó plasmada además en sendos Protocolos denominados de “Ushuaia I (1998) y II (2011)” (este último también conocido como de “Montevideo”), que establecen la condición de institucionalidad democrática para pertenecer al bloque, a lo que se agregó en el segundo de ellos el concepto de “amenaza de ruptura“ para la condición “gatillo” de posibles sanciones.
El MERCOSUR posibilitó además la libre circulación de personas y no solo de mercaderías, la construcción común de corredores de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico y entre las distintas regiones involucradas, máxime al extenderse los acuerdos a Bolivia, como nuevo miembro en “proceso de asociación plena” desde 2004 y Chile en calidad de “estado asociado” desde 1996; diversas acciones de cooperación como las que se canalizan a través del Fondo especial FOCEM creado ad-hoc para el desarrollo de proyectos regionales, la efectiva coordinación de frecuencias para el despliegue de la todavía denominada “telefonía celular” (que hoy comprende múltiples servicios de banda ancha), la negociación como bloque con terceros países o ligas comerciales en particular con la Comunidad Económica Europea, acciones específicas de integración como el acuerdo de la industria automotriz regional (Flex), en fin, innumerables convenios en múltiples campos.
También cabe destacar la instauración del Tribunal Permanente de Revisión (TPR) con sede en Asunción, producto del Protocolo de Brasilia (1991), que actúa como tribunal para resolución de conflictos, órgano consultivo y además como ente jurídico con competencia en cuestiones administrativo-laborales. El TPR iniciado con métodos puramente diplomáticos y tribunales temporales, tiene desde la firma del Protocolo de Olivos (2002) carácter de tribunal permanente.
Regresando ahora a las cuestiones exclusivamente comerciales, recordamos que en estas casi cuatro décadas de vida del MERCOSUR Brasil pasó a constituir el principal destino exportador argentino con un 15% del total de nuestras ventas al exterior[1], mientras que es también nuestro principal proveedor con un 24% de nuestras importaciones[2], incluso por encima de China que lo sigue con un 23%. Del lado brasileño, Argentina ocupa el tercer lugar, tanto como comprador como proveedor, con alrededor de un 5% de participación global en el comercio exterior brasileño.
Pero más que mirar lo hecho, debemos reflexionar sobre el enorme potencial de crecimiento y despegue que tiene esta asociación, muy en particular tras la aprobación en ambos bloques del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, que además de facilitar la exportación de un mayor volumen de productos tradicionales al otro lado del Atlántico, abre a nuestra región la posibilidad de constituirse en un polo de atracción de inversiones para el despliegue de producciones dirigidas a toda Europa. No en vano Brasil ha buscado ya acuerdos con empresas chinas para el desarrollo de plantas fabriles, caso automotriz por solo citar un ejemplo, y lo propio deberíamos hacer los argentinos, amén de consolidar alianzas estratégicas con otros grandes competidores internacionales como la India, además de China.
UNA SOBRE ACTUACION INSOLITA E INNECESARIA
Pues bien hasta aquí la historia y el potencial de desarrollo de nuestra asociación estratégica con Brasil, si es que no la desperdiciamos. Desde ya que, tratándose de una relación esencialmente política, este vínculo amistoso de ya más de treinta años dejó atrás viejos resquemores y pasados conflictos, pero no puede escapar a roces e interferencias y no sería realista suponer que es posible evitarlos.
Cuando los gobiernos comparten tendencias ideológicas, o al menos lo aparentan, suele esperarse que las relaciones sean más “aceitadas”; por el contrario cuando tal afinidad no existe o más todavía cuando pueda llegarse a cierto aparente antagonismo, los vínculos son más dificultosos a nivel de los altos funcionarios. Pero aún allí, las cuestiones técnicas y los segundos niveles pueden mantener un curso normal propio de las relaciones prácticas, tanto del comercio como en lo que hace a la cooperación de modo más general.
La creciente inserción de los gobiernos de Argentina y Brasil de modo recíproco en los debates de política interna de sus vecinos, agregó un grado mayor de asperezas. Ahora se nos recuerda que Lula apoyó las candidaturas del peronismo en diversas elecciones en Argentina, mientras que los Fernández hicieron lo propio en favor de los candidatos del Partido dos Trabalhadores (PT). Pero nunca pudo decirse que la convivencia entre gobiernos de ideologías diferentes y hasta a veces casi opuestas en nuestros países llegarse a trasponer límites que no tuvieran solución de manera diplomática … hasta la participación de Javier Milei en la proclamación de la candidatura presidencial del nuevo líder de derecha Flávio Bolsonaro para las próximas elecciones de octubre en Brasil.
Ese apoyo de Milei con presencia física en el territorio brasileño era desde ya una actitud provocativa, pero seguramente hubiera motivado por ese hecho exclusivamente alguna condena formal de la cancillería de Brasil, y no más que eso. Desde ya, hay culpas compartidas en estas intromisiones en territorio ajeno. Pero Milei fue un paso más allá, simplemente insultó al Presidente y candidato a su reelección Luiz Lula da Silva. No cabe repetir tales agravios, basta con señalarlos.
Es claro que el no menos que extraño comportamiento del Presidente Milei tiene como fundamento un alineamiento explícito con la posición del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien mantiene fuertes polémicas con el actual mandatario brasileño, mucho más desde que éste no se calló ante la elevación de aranceles comerciales instrumentada por los Estados Unidos. Ese conflicto bilateral se manifiesta en el terreno diplomático por el respectivo desconocimiento de sus embajadores.
Para tal alineamiento explícito con Trump hubiera bastado que Milei apoyase a Bolsonaro en su propio territorio, recordando además que ya lo había hecho en Argentina en una reciente visita y también desde un primer momento cuando lo invitó a su asunción presidencial, allá por diciembre de 2023. El agregado de insultos, que para peor fueran reiterados al volver a nuestro país, parece obedecer antes a una sobre actuación que a una convicción íntima que surgiera de un ímpetu interior, de una explosión incontrolable del ánimo. Desde ya, un jefe de estado no debiera permitirse ese lujo en público, máxime cuando la relación con otro país está en juego. Pero no es el caso, en virtud de la reiteración del desborde con un plazo intermedio para reflexionar, medir consecuencias, repercusiones, acciones, en fin consultas a expertos. Nada dice que no haya sido adrede. El Presidente Milei desde ya asume su postura, no reniega de ella.
La versión oficial argentina sobre el posterior retiro del Embajador de Brasil en nuestro país por orden del Presidente Lula, así como el retiro del placet al Embajador de Argentina en Brasil (por ahora solo se trasmitió un pedido de regreso a su tierra) consiste en acusar al gobierno brasileño de reacción desmedida, como si se tratara de simples juegos de palabras. Se sostiene además que permaneciendo en ambas representaciones diplomáticas los respectivos agregados comerciales, las relaciones de tal carácter y las demás de orden general (como turismo, por ejemplo) no se alteran en lo más mínimo.
No hubo en cambio pedido de disculpas, alguna excusa del tipo “fue dicho en ámbito privado y tomó una trascendencia inesperada”, etc., como para reducir el tenor de lo actuado. Extraña desde ya la suave reacción de algunos observadores locales (oficialistas está claro) que parecen sostener una especie de “golpe por golpe”, o algo así como “la contravención de reglas opera de antaño, no hay nada nuevo bajo el sol”.
Es cierto que como el propio Presidente Trump expresó a la prensa, él rescató a Milei de una crisis cambiaria allá por septiembre del año pasado, cuando adelantó su voluntad de sostener la cotización en el mercado argentino comprando pesos, operación que una vez anunciada se concretó. La promesa de poner en la mesa no menos de USD 20 mil millones no fue suficiente, pero no bien se desembolsaron los primeros USD 2.000 millones la “corrida cambiaria” cesó, el mercado se estabilizó, y desde entonces el valor del tipo de cambio continuó retrasándose respecto de la evolución de los precios internos y el Banco Central compró más de USD 12 mil millones para sus reservas internacionales brutas.
Este favor, en más otros beneficios esperados de este alineamiento (no sabemos cuáles), han convencido con toda claridad al Presidente Milei de la bondad de su vínculo. Pero insultar a Lula es sin duda una exagerada demostración de su posicionamiento, que puede entrañar costo para el país. Y eso va más allá del resultado de la apuesta por Bolsonaro, es decir del éxito si venciera en las elecciones brasileñas o del fracaso para Milei si finamente Lula fuera reelecto.
CONSECUENCIAS
Quizás la palabra a emplear para el subtítulo pudiera ser tomada del inglés, “aftermath”, un nombre dado por los Rolling Stones a uno de sus grandes trabajos. Fue traducido en la tapa del disco como “consecuencias”, aunque más que eso debiera entenderse como “secuelas”.
Es posible que efectivamente, tal como manifiestan los voceros oficiales, la vida por ahora continúe normalmente y no haya en lo inmediato una afectación visible al comercio, el turismo, en fin a las relaciones prácticas habituales entre Argentina y Brasil. Pero el país pierde crédito, aparece siguiendo rumbos inciertos en su política exterior que dependerían de la voluble voluntad del gobernante de turno.
Para un inversor, por tomar un ejemplo, en cualquier circunstancia de gobierno en Brasil, ¿dónde verá un escenario confiable y estable a largo plazo dentro del MERCOSUR?. ¿Hace falta imaginar la respuesta?. Otro tanto si nos preguntáramos por los cambios posibles en los Estados Unidos y su impacto en Argentina, aun si los Republicanos continuaran en el gobierno, pero quizás con una personalidad menos conflictiva que la del actual Presidente Trump.
Me detengo solo en un punto de estas posibles “secuelas” y lo planteo solo a modo de pregunta. ¿Estamos evaluando el impacto de nuestra relación en el MERCOSUR en aquellos inversores internacionales provenientes de los grandes actores mundiales que vean la oportunidad de radicarse en la región para establecer/ampliar/renovar plantas de producción, crear empleos y generar riqueza para desplegar una especie de cabeza de playa para exportar a Europa?.
La previsibilidad y la continuidad de políticas de estado y de las conductas, como las asumidas desde hace décadas en el MERCOSUR, resultan mucho más importantes para el desarrollo del país que los regímenes de excepción, caso del “RIGI”, que aún no han sido testeados en su vigencia en el tiempo. Y es por eso que, más que el “business as usual” que pronostican los voceros oficiales para la relación con Brasil, a pesar de la gravedad de la actual situación diplomática, la secuela que provoca mayores temores es la que podemos esperar a largo plazo. Y por eso una reflexión más profunda y una sincera revisión de los excesos cometidos puede ser un camino correcto y sincero para despejar esos temores.
Los principales productos que Argentina vende a Brasil son vehículos comerciales y utilitarios (bajo el acuerdo automotriz), trigo, automóviles, petróleo y gas, lácteos, diversos regionales (peras, manzanas, papas, ajos, malta, etc.) y variados insumos industriales.
Por su parte Brasil vende a nuestro país automóviles y autopartes, bienes de capital, maquinarias, plásticos y químicos, fertilizantes, energía eléctrica, entre otros.
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