En las facultades de Derecho circula un sarcasmo muy antiguo: «El buen abogado, conoce la ley; el gran abogado, conoce al juez». Esta broma rige al pie de la letra en muchos tribunales del país. Sobre todo, en los de los fueros federal penal o contencioso administrativo, los más politizados. Allí los procedimientos y las pruebas pueden ser meras coartadas en una guerra de facciones. Si no se considera esta deformación, será imposible comprender qué se está discutiendo en la causa de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El debate sobre un detalle burocrático esconde una puja durísima sobre el destino penal del oficialismo y de la oposición.
El ajedrez procesal debe resolver en estos días dos incógnitas relevantes. La primera: qué puede esperar Cristina Kirchner de la Corte Suprema. No respecto de su objetivo de desplazar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La decisión de la Corte sobre este conflicto será leída como una insinuación del comportamiento de ese tribunal en los numerosos expedientes en los que la vicepresidenta está imputada. La suerte de Bruglia, Bertuzzi y Castelli puede ser, por la negativa, la suerte de la señora de Kirchner. Esa relación es menos subliminal en el caso de Castelli: la Corte deberá decidir si él seguirá integrando el tribunal oral que condene o absuelva a la vicepresidenta en la trama de los cuadernos de Oscar Centeno.
El otro enigma es cómo quedará compuesta la Cámara Federal Penal. Se podría pensar que, al promover su reemplazo, Cristina Kirchner estará seleccionando a quienes la juzguen. No es lo principal. Entre otras cosas, porque los expedientes en los que ella está involucrada ya pasaron por la Cámara. Lo que suceda con Bruglia y Bertuzzi dará una pista sobre lo que les espera a los funcionarios del gobierno anterior, en especial a Mauricio Macri. No tanto porque esos dos magistrados garanticen demasiada complacencia, sino por la posibilidad de que sean reemplazados por otros alineados con el oficialismo. Una brutal simplificación diría que en la querella por el traslado de estos jueces se está disputando la peripecia judicial de la señora de Kirchner y de Macri.
El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, emitió una señal política al someter a consideración de sus pares, el martes próximo, el per saltum solicitado por los tres jueces apuntados por el Gobierno. Fue una respuesta a la presión de la opinión pública. Y también a la de los colegas que pedían alguna acción de parte de él. Sobre todo, Ricardo Lorenzetti. El expresidente de la Corte sigue siendo el principal rival de Rosenkrantz. Volvió a notarse en la discusión que ambos mantuvieron en el Zoom que los reunió anteayer, cuando fue comunicada la medida.
Rosenkrantz pidió que el per saltum se vote el martes próximo. Dio tiempo a sus colegas para que elaboren su voto. O lo reelaboren, si es verdad que Helena Highton ya había entregado el suyo y, ante la novedad, lo retiró. Pero Rosenkrantz también dio tiempo a la Cámara Contencioso Administrativa para que se expida sobre la situación de los tres jueces. Ellos recurrieron a esa Cámara después de que en primera instancia rechazaran sus planteos. La Cámara, integrada por Jorge Alemany y Guillermo Treacy, podría expedirse antes del martes. En tal caso, el per saltum perdería sentido.
Es curioso: nadie en el oficialismo pronostica que los camaristas contencioso administrativos aceptarán el reclamo de los tres jueces. Para menoscabo de Alemany y Treacy, en los comentarios no aparecen razones técnicas. Se arguye que «Wado ya arregló todo con Sergio». Wado de Pedro es el ministro del Interior y, más allá de esa función, el operador judicial que Alberto Fernández juró que no habría en su gobierno. Es verdad: el Presidente podría decir que Wadito, como lo denomina, obedece a Cristina Kirchner. Como él mismo y casi todo su gabinete. Sergio es Sergio Fernández, camarista que se precia de ser el caudillo de ese fuero. Es el hermano de Javier Fernández, auditor de la Nación a quien el tenebroso Antonio Stiuso identificó como su gestor en la Justicia.
Es cierto que hay algunos indicios de que los intercambios entre Sergio Fernández y el Gobierno son exitosos. Se atribuye a esas transacciones que el proyecto de reforma judicial ya no incluya la unificación del fuero contencioso con el civil y comercial, como había soñado Ricardo Recondo. Otra señal de esa sintonía. Uno de los alfiles de este camarista es Enrique Alonso Regueira. Oficia como secretario de Helena Highton en la Corte. Fue designado pocos días después de que Fernández convalidara que Highton siguiera en el tribunal a pesar de haber cumplido 75 años. Casualidades. Regueira integraba la lista de candidatos a jueces que Macri había remitido al Senado y que Alberto Fernández retiró. Ahora logró que su nombre vuelva a ser enviado. El mismo destino que otro amigo de Sergio Fernández, Edgardo Lara Correa. Regueira y Lara dependen también de que Alemany y Treacy «voten bien». De todos modos, vaticinar sobre el signo o las razones de ese voto sería prejuzgarlos.
Si Bruglia, Bertuzzi y Castelli ven rechazado su reclamo, podrían pedir ir a la Corte por la vía del recurso extraordinario. Si se lo negaran, irían en queja. En cualquier caso, el per saltum carecería de sentido. En cambio, si Alemany y Treacy no fallaran, los jueces del máximo tribunal tendrían que expedirse el martes próximo. Es una decisión delicadísima: el per saltum es una medida extrema. No está garantizado que haya una mayoría que lo apruebe. Pero sí podría haberla para pedirle a la Alemany y Treacy que se pronuncien cuanto antes. Tal vez también podría ordenar que se otorgue licencia a los tres jueces en los cargos que ocupan hasta ahora.
Con per saltum o sin él, el modo en que la Corte se pronuncie es un misterio. Hay un condicionamiento relevante. En abril de 2018, Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda firmaron la ya célebre acordada 7, convalidando los traslados que ahora están puestos en tela de juicio. En especial el de Bruglia, por una consulta específica del Ministerio de Justicia. Hay otros criterios que podrían obligarlos a ratificar aquel escrito. Rosatti en su Tratado de Derecho Constitucional afirma que un traslado requiere de un nuevo acuerdo del Senado si la competencia del nuevo cargo es «radicalmente diversa». ¿Es este el caso? Como señaló un experto, «el papel soporta todo». Es decir, algún ministro podría alegar que en 2018 no tuvo en cuenta aspectos que ahora parecen gravitantes. Un desafío para las doctoras Iglesia, Manríquez, Vocos Quiroga, Sicardi y Messuti, que integran una oficina exquisita de la Corte: el «Sector Coherencia». ¿Alguien del Poder Ejecutivo merecería visitar ese reducto? Ocurrencias.
Más allá de las ataduras conceptuales, la política se ha vuelto muy resbaladiza. Cristina Kirchner ya tuvo una experiencia negativa. Fue cuando preguntó por la legalidad de las sesiones virtuales del Senado y la Corte rechazó el planteo cinco a cero. Después de ese detalle visitó a Alberto Fernández para hablar de la Justicia. A los pocos días, Fernández anunció la formación de la comisión Beraldi, para analizar la reforma de la Corte.
¿Algún juez supondrá que puede negociar una «corrección» a la acordada 7 a cambio de liberarse de las presiones de la vicepresidenta? Tres circunstancias juegan en contra de ese hipotético toma y daca. Una es que la amenaza que podría plantear Cristina Kirchner es inverosímil. Las posibilidades de que el Frente de Todos sume cuatro senadores el año que viene, para alcanzar los dos tercios, tienden a cero. El otro motivo por el cual es ilusorio un acuerdo es el caso Larreta: el recorte de fondos a la Ciudad, que puede seguir avanzando, demostró que es inútil querer hacerse amigo de este oficialismo. Esa lección vale, sobre todo, para Lorenzetti: cada vez que se publica su foto con Claudio Bonadio y el brasileño Sergio Moro, retrocede 20 casilleros en su marcha hacia la reconquista de la presidencia. El tercer factor fue mencionado por un amigo del Presidente: «La brecha cambiaria y la fuga de depósitos nos juegan en contra. ¿O usted cree que los jueces no miran esos datos cuando están por firmar una sentencia?».
El kirchnerismo es tenaz en la adversidad. La ministra de Justicia, Marcela Losardo («mi ahijada», la llama Highton), acaba de solicitar al Consejo de la Magistratura que anule los concursos convocados, hace ya tiempo, para cubrir las vacantes de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en sus puestos originarios. Quizás el Consejo espere el pronunciamiento de la Corte. Pero interesa observar esta política de los hechos consumados, que hunde sus raíces en la tradición santacruceña: cuando la Corte ordenó reponer al procurador de la provincia, Eduardo Sosa, Néstor Kirchner eludió la obligación eliminando el cargo. Tampoco el Consejo es un paradigma de calidad institucional. Esa institución aconsejó anular los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que ella misma había aprobado. ¿No valdría la pena inaugurar allí una «Oficina de Coherencia»?
En la Cámara Federal hay dos vacantes. Para cubrirlas se llamó a un concurso. Si Bruglia y Bertuzzi dejan el tribunal, se producirían otras dos. O, por lo menos, una, en el caso de que el camarista Eduardo Farah, trasladado a un tribunal oral, vuelva a su sede originaria. El kirchnerismo ha marcado con resaltador algunos nombres del orden de mérito de aquel concurso: Roberto Boico, con considerables antecedentes académicos, que fue defensor de Cristina Kirchner; Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores, a quien se reprochó haber protegido a Lázaro Báez en la causa por facturas apócrifas de Bahía Blanca; Marcelo Martínez de Giorgi, identificado con la vieja Secretaría de Inteligencia; Elena Dilario y Leonel Gómez Barbella, fervorosos militantes de Justicia Legítima.
El objetivo de promover a alguno de estos candidatos no es tanto proteger a la señora de Kirchner, sino escarmentar al gobierno de Macri, cuyas causas judiciales tramitarán en esa Cámara. Sería un error, sin embargo, pensar que esta rivalidad partidaria es la razón exclusiva por la que se pretende desplazar a los camaristas. Un conocedor de Comodoro Py apunta: «Hay un detalle importantísimo en esta guerra. Bertuzzi y Bruglia no son amigos ni de (Darío) Richarte, ni de Javier (Fernández), ni del Tano (Daniel Angelici), ni de Stiuso. No integran el rebaño que sigue al espionaje». Es una razón poderosa: Bruglia y Bertuzzi no forman parte del pacto corporativo de la Justicia Federal.
El seguimiento minucioso que los colaboradores de Cristina Kirchner hacen de esta guerra fue interrumpido ayer por dos novedades. Una alegró al grupo: el juez Martínez de Giorgi sentenció que en las comunicaciones entre el diputado Eduardo Valdés y su amigo Juan Pablo Schiavi, detectadas de forma clandestina por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, no hubo complot alguno, ni estuvieron dirigidas a entorpecer la causa de los cuadernos. Buena noticia para Valdés y, sobre todo, para Schiavi, que hoy recibirá una mala: la Corte confirmará las condenas de la tragedia de Once.
La otra novedad que llegó a la oficina de la vicepresidenta fue catastrófica. Tiene que ver con la causa que se sigue contra Arribas en Lomas de Zamora. Al remitir a la fiscal, Cecilia Incardona, un libro de actas sobre operaciones de espionaje entre 2016 y 2018, la titular de la AFI, Cristina Caamaño, no tomó los resguardos para preservar el secreto. Incardona subió la documentación al sistema informático, con lo que ventiló información delicadísima que, en muchos casos, afecta tareas realizadas en combinación con otros países. Un inconveniente gravísimo para Caamaño. Una alegría inesperada para quienes quieren reemplazarla.
