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Salud

Etiquetado Frontal de alimentos y por qué algunos lo rechazan

Este martes la Cámara de Diputados aprobó la normativa que advierte a consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos. Pero, ¿qué significa en la práctica?

Ailén Lazarte

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Etiquetado Frontal de alimentos y por qué algunos lo rechazan

Este martes la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos, ideado para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos. Pero, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué cambios verán los consumidores en las góndolas? ¿Y por qué algunos especialistas en nutrición lo rechazan?

Por empezar, el principal cambio que verán los consumidores cuando hagan las compras será el famoso octógono negro que indicará, según el caso, si ese producto tiene exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. Un mismo producto podrá tener más de una etiqueta que deberá ser indeleble, con bordes y letras de color blanco en mayúsculas, y no más pequeña que el 5% de la superficie de la cara frontal del envase.

Sólo se requiere su colocación en el caso de los alimentos fabricados a escala; es decir, los alimentos a granel, envasados o embolsados delante del consumidor, no tienen obligación de llevarlo.

La misma prevención se aplicará para los casos de valores superiores en cafeína y para alertar sobre el contenido de edulcorantes no recomendables para niños y adolescentes. En estos casos deben llevar las leyendas “contiene cafeína, evitar en niños/as” y “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”, respectivamente.

La medida alcanza a toda la cadena, desde la fabricación hasta la comercialización e importación de alimentos y bebidas. La ley aclara que la obligación se extiende a cajas, cajones y cualquier otro tipo de empaquetado. Quedan exceptuados el azúcar común, los aceites vegetales, los frutos secos y la sal común de mesa.

Pero para la presidenta saliente de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, la doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y científica especializada en alimentos, Susana Socolovsky, los parámetros para determinar el “exceso” pueden ser confusos; pero más confuso aún resultan las advertencias para niños y adolescentes diabéticos, que sí pueden consumir edulcorantes.

“Para diabéticos es necesario, la advertencia va a confundir”, observó Socolovsky, en contacto con el programa A diario, que conduce Alberto Lotuf por Radio 2; y se explayó: “Los edulcorantes son aditivos alimentarios y están admitidos para cualquier grupo de edad, los alimentos no se guardan bajo cuatro llaves, sino que están a disposición de todos en la casa”.

Por otro lado, Socolovsky se mostró en contra de los parámetros que establece el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que a su entender contradice “el propio código alimentario argentino en vigencia”.

Un producto bajo en azúcar va a decir alto en azúcar con una tremenda confusión al consumidor. Es un error técnico que proviene de usar parámetros de la OPS que no es la autoridad de referencia para la autoridad nacional internacional ni del Mercosur”, señaló.

Cuándo comenzará a aplicarse y cuáles serán las sanciones por incumplimiento

Según publicó Infobae, los legisladores estiman que habrá casi dos años de transición. El artículo 19 del proyecto fija un plazo no mayor de 180 días desde su entrada en vigencia. Además, las pymes y cooperativas populares pueden exceder el límite de implementación en un plazo no mayor de los 12 meses, con posibilidad de una prórroga de 180 días ante casos de justificación de motivos pertinentes. En tanto, el plazo para que el Ejecutivo reglamente la norma será de 90 días a partir de su promulgación.

El artículo 21 dice que los alimentos y bebidas analcohólicas cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia de la ley no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer a la venta hasta agotar su stock.

En cuanto a las infracciones, se prevé que se aplicarán las sanciones previstas por el DNU 274/19 y la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), según corresponda.

La normativa de Lealtad Comercial fija sanciones de acuerdo a un monto equivalente a entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles y cada una equivale a 40,61 pesos: el valor máximo se ubica en torno a los 400 millones de pesos, según la actualización de enero de 2020. En el caso de la Ley de Defensa del Consumidor, la sanción es menor, 5 millones de pesos como máximo, ya que está desactualizada desde hace una década.

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Salud

Alerta sanitaria en Rosario: Confirmaron la primera muerte por Gripe A y crecen los casos en toda la provincia

Las autoridades de salud de Santa Fe confirmaron el fallecimiento de un paciente en la ciudad debido a complicaciones derivadas de la Influenza A. El caso encendió las alarmas en el sistema sanitario regional, donde admiten un incremento acelerado de los cuadros respiratorios y reiteran el llamado urgente a vacunarse antes del pico invernal.

Ailén Lazarte

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El primer caso fatal y el panorama local La confirmación del deceso golpeó con fuerza al sistema de salud de Rosario. Se trata de un paciente que ingresó con un cuadro respiratorio severo y cuyo diagnóstico posterior ratificó que padecía Gripe A. Si bien las autoridades médicas mantienen la reserva de la identidad, confirmaron que el desenlace fatal está directamente ligado a las complicaciones del virus de la Influenza, marcando la primera muerte de la temporada por esta causa en la ciudad.

El caso no es un hecho aislado. En los distintos efectores públicos y privados de Rosario se viene registrando un cuello de botella en las guardias debido a un salto abrupto en las consultas por síndromes febriles, tos y dificultades respiratorias. Los profesionales de la salud advierten que la circulación del virus se adelantó varias semanas respecto a los inviernos anteriores, lo que está tensionando la atención médica primaria mucho antes de lo previsto.

Baja cobertura y el llamado urgente a la vacunación Frente a este escenario, el Ministerio de Salud provincial lanzó un fuerte llamado de atención por los bajos niveles de vacunación registrados hasta el momento. La preocupación principal de los epidemiólogos radica en que gran parte de los grupos de riesgo —que incluyen a embarazadas, niños menores de dos años, adultos mayores de 65 y personas con comorbilidades— todavía no se acercaron a los vacunatorios a recibir la dosis anual.

Desde la cartera sanitaria recordaron que la vacuna contra la gripe está disponible de manera gratuita en todos los centros de salud de la provincia y que es la herramienta fundamental para evitar que los cuadros deriven en neumonías o internaciones de gravedad. Asimismo, insistieron en retomar las medidas de prevención básicas que quedaron como aprendizaje de la pandemia: ventilación constante de ambientes cruzados, lavado frecuente de manos y aislamiento preventivo ante la aparición de los primeros síntomas para frenar la cadena de contagios.

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Salud

Incendios en las islas: piden estudios científicos sobre terraplenes y crece la presión en la causa judicial

La investigación por el impacto ambiental de las quemas en las islas sumó un nuevo pedido ante la Justicia Federal. Organizaciones y especialistas buscan que se realicen pericias técnicas sobre los terraplenes construidos en el humedal para determinar cómo influyeron en el deterioro del ecosistema y en la propagación de incendios.

Ailén Lazarte

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Policiales

Rosario: comenzó el juicio contra un cirujano acusado por la muerte de una mujer tras una liposucción

A casi ocho años del fallecimiento de una paciente que se sometió a una cirugía estética en una clínica del centro rosarino, comenzó el juicio oral contra un médico acusado de homicidio culposo. La fiscalía sostiene que hubo negligencia, imprudencia y graves fallas en la atención postoperatoria.

Ailén Lazarte

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La Justicia de Rosario comenzó este martes el juicio oral contra un cirujano plástico acusado por la muerte de una mujer de 46 años que falleció días después de someterse a una liposucción en una clínica privada ubicada en el centro de la ciudad. El caso, ocurrido en 2018, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras años de investigación y denuncias de la familia de la víctima.

El profesional imputado enfrenta cargos por homicidio culposo. Según la acusación presentada por la fiscalía, el médico habría actuado con negligencia durante la intervención quirúrgica y en el seguimiento posterior de la paciente, lo que habría derivado en una grave infección, complicaciones severas y finalmente su fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer se sometió a una liposucción en un establecimiento dedicado a cirugías estéticas situado en pleno centro rosarino. Tras la operación recibió el alta pocas horas después, pero en los días siguientes comenzó a presentar fuertes malestares físicos y signos compatibles con una infección.

Con el correr de las jornadas, su cuadro se agravó de manera progresiva hasta requerir internación de urgencia en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde finalmente murió a raíz de una falla multiorgánica producto de un shock séptico.

La investigación fiscal sostiene que existieron múltiples irregularidades. Entre ellas, se apunta a presuntas deficiencias en las condiciones del procedimiento, falta de controles adecuados y omisiones en la atención médica frente al deterioro clínico de la paciente.

Además, uno de los elementos incorporados a la causa habría resultado especialmente comprometedor: durante estudios y pericias posteriores se detectó material contaminante vinculado al procedimiento quirúrgico, lo que reforzó la hipótesis acusatoria sobre malas prácticas médicas.

La fiscalía solicitó para el acusado una pena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación especial para ejercer la medicina durante diez años.

El caso generó fuerte repercusión en Rosario, particularmente por tratarse de una intervención estética programada en una clínica privada y por las denuncias públicas impulsadas por familiares de la víctima, quienes desde el inicio reclamaron justicia y responsabilidades concretas.

Con el inicio del debate oral, se espera la declaración de peritos, especialistas médicos y testigos vinculados al tratamiento y evolución clínica de la paciente. El proceso buscará determinar si efectivamente existió negligencia profesional y si esa conducta tuvo relación directa con el desenlace fatal.

La causa vuelve a instalar el debate sobre los controles en centros de cirugía estética, la responsabilidad profesional y la seguridad de procedimientos quirúrgicos cada vez más demandados por pacientes en todo el país.

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