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ARA San Juan: Así es la docuserie ya disponible en Netflix que explora la tragedia del submarino desaparecido

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El documental de investigación, intenta, a través de intercambios con expertos y familiares, armar las piezas del trágico acontecimiento sucedido el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino ARA San Juan desapareció del eje de todos los radares con 44 personas a bordo.

“ARA San Juan: el submarino que desapareció”, es la nueva serie documental de investigación de Netflix sobre la trágica desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo. El 15 de noviembre de 2017, Argentina y el mundo fueron sacudidos por la noticia de la desaparición, suceso dio inicio a una búsqueda incesante en el mar argentino y, a la par, una lucha incansable por parte de los familiares de los tripulantes. La verdadera historia detrás de este acontecimiento y las teorías en torno a lo que realmente ocurrió son el foco central de la producción que ya se puede ver en la plataforma.

 

Bajo la dirección de Mauricio Albornoz Iniesta y la producción de Cactus Cine a cargo de Marcos Sacchetti y Nicolás Carreras, el documental se sumerge en el corazón de una de las tragedias más profundas de Argentina. El trabajo de Sacchetti en el Astillero Tandanor en 2012, donde vio el sumergible por primera vez, plantó la semilla de lo que años más tarde se convertiría en este minucioso proyecto. La producción tomó más de cinco años y dio origen a una docuserie de ocho episodios que detallan la investigación de este enigma.

 

El material, está compuesto por ocho episodios en total de 30 minutos cada uno, que reflexionan e invitan al público a explorar las distintas teorías que se generaron en torno a la desaparición del submarino ARA San Juan. El trabajo de investigación para la docuserie comenzó en 2017, y se apoya en material de archivo, imágenes exclusivas y múltiples testimonios (entre ellos entrevistas inéditas) para reconstruir paso a paso una intrincada trama de negligencias, encubrimientos, irregularidades e intereses ocultos que resultaron en el trágico evento.

 

La profunda investigación, cuenta con una diversidad de entrevistas, ofreciendo una mirada comprensiva sobre la tragedia del ARA San Juan. La serie fue filmada entre mayo y diciembre de 2022 en locaciones clave como la Casa Rosada, el Senado de la Nación Argentina, y el Ministerio de Defensa de Argentina, e incluye material de archivo y entrevistas exclusivas. Integra voces múltiples y diversas, desde familiares de los submarinistas y abogados, hasta especialistas y funcionarios gubernamentales, enriqueciendo la narrativa con diferentes perspectivas sobre el caso.

En “ARA San Juan: El submarino que desapareció” se explica que la función de este tipo de buque es ser el primero en salir al mar durante un conflicto y el último en regresar. Para esta embarcación, el plan era salir de Mar del Plata, hacer ejercicios navales y seguir por Ushuaia para luego completar las tareas en mar abierto y hacer patrullaje. Era, sin duda, un viaje retador, según los especialistas; pero también “el ejercicio más importante para la Armada argentina de los últimos 30 años”, asegura Julián Maradeo. Además, de acuerdo a lo que cuenta el periodista Andrés Klipphan, este tipo de salidas al mar no eran usuales por el escaso presupuesto.

 

“Nos motivó la necesidad de esclarecer las diversas hipótesis en torno a la desaparición del submarino ARA San Juan. Esta serie busca honrar la memoria de los 44 tripulantes fallecidos y la lucha de sus familias, quienes perseveran incansablemente en la búsqueda de respuestas”, señalan los productores Nicolás Carreras y Marcos Sacchetti. “ARA San Juan: El submarino que desapareció” se suma a otros documentales de Netflix como “NISMAN: El fiscal, la presidenta y el espía”, “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas”, “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, “Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo” y “Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada”, entre otros.

 

 

La tragedia del ARA San Juan

A más de seis años de la tragedia del submarino ARA San Juan, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuando la embarcación sufrió una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron su hundimiento con 44 tripulantes a bordo, las acciones judiciales y los reclamos de los familiares por verdad y justicia no cesan. Construido a principios de la década de 1980 en el astillero alemán Thyssen Nordseewerke, el ARA San Juan había concluido su reparación de media vida entre 2007 y 2014, que incluyó más de 600 trabajos. No obstante, informaciones reveladas tras su desaparición indicaron posibles negligencias en el mantenimiento y dudas sobre su operatividad.

 

El último contacto con el ARA San Juan se estableció el 15 de noviembre de 2017, cuando el capitán Pedro Martínez Fernández informó de un ingreso de agua que causó un cortocircuito y un principio de incendio. Tras perderse el contacto, se inició una búsqueda internacional sin precedentes que culminó con el hallazgo del submarino el 17 de noviembre de 2018 por la empresa Ocean Infinity. Los restos fueron localizados a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, los cuales presentaban evidencias de una implosión.

La investigación sobre el hundimiento y sus causas ha sido tortuosa. En 2020, varios altos oficiales de la Armada fueron procesados, y se ordenó investigar las responsabilidades de altas autoridades políticas y militares de la época, incluidos el presidente Mauricio Macri, Oscar Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

Además, la situación se vio complicada tras revelaciones de seguimiento y espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri.

 

En diciembre de 2021, Martín Bava procesó al expresidente por estas acciones, aunque posteriormente fue sobreseído, en una decisión que ha sido apelada por las familias. El Consejo de Guerra establecido determinó sanciones para varios de los involucrados, incluido el arresto y la destitución de algunos de los mandos responsables. Sin embargo, la lucha de los familiares por justicia y la búsqueda de responsabilidades continúa, marcada por la persistencia en su demanda de verdad, así como el recuerdo y homenaje a sus seres queridos perdidos en una de las mayores tragedias de la historia naval argentina.

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Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina

Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.

Ailén Lazarte

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El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.

Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.

Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.

Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.

Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.

El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.

Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.

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El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit

La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.

Ailén Lazarte

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El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.

Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.

Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.

Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.

La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.

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Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos

El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes

Ailén Lazarte

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Qué motivó la presentación del Gobierno

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.

El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.

Argumentos del Estado argentino

En su presentación, la Procuración afirmó que:

  • Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”

  • El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.

  • Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.

El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.

Contexto del caso

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.

La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.

Repercusiones y próximos pasos

La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.

Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.

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