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Policiales

Narcos y adolescentes: cómo operaba la organización del “Viejo” González según un chico de 14

Un joven reveló en una causa por asociación ilícita que, con solo 14 años, fue captado por una organización que distribuía drogas en Rosario y localidades vecinas.

Ailén Lazarte

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El 14 de noviembre fueron imputados tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita vinculada a Walter “Viejo” González, un recluso señalado como líder de varias células criminales que operaban aun con él tras las rejas. En agosto, González ya había sido acusado de dirigir una banda desde la cárcel de Piñero y de ordenar el ataque a un colectivo del Servicio Penitenciario en marzo de 2024. En esa causa figura la declaración de un joven que relató cómo, siendo menor, terminó convirtiéndose en “soldadito” de una organización dedicada al narcomenudeo en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá.

El adolescente —cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad— contó que tenía 14 años cuando lo contactaron por Instagram. El mensaje venía de un preso conocido suyo, que lo invitó a trabajar para su grupo. “Acepté porque estaba separado de mis papás y perdido en la droga”, declaró. Explicó que arrastraba un fuerte “rencor” por la situación de su familia: “Mi mamá hace 14 años que trabaja y nunca pudo progresar”. Le ofrecieron dinero, zapatillas y un celular para manejar la agenda de consumidores de la zona. Uno de los adultos con los que más se comunicaba era Joaquín Zapata, de 23 años, detenido el 6 de noviembre junto a otras personas que, días después, el fiscal Federico Rébola imputó como parte de la banda del Viejo González. Los otros dos acusados son Sebastián Torilla, de 26 años, y Ayelén Irala, de 29, a quienes se les atribuyen delitos como asociación ilícita, tenencia de estupefacientes, portación de arma y extorsión. En total, además de González, ya son once los imputados en esta investigación.

Menores dentro de la estructura narco

Las pruebas reunidas en la causa revelan las dinámicas, muchas veces improvisadas y violentas, que adoptan las organizaciones barriales dedicadas a la venta de droga. En el eslabón más vulnerable aparecen adolescentes reclutados mediante promesas de bienes materiales que superan cualquier posibilidad que tengan por fuera del circuito criminal. Esta causa, además, vuelve a exhibir cómo desde Piñero se siguen manejando negocios ilícitos.

El joven que declaró ingresó al grupo a los 14 años. Su relato refleja una trayectoria marcada por la exclusión: “Siempre me echaban de la escuela, me sentía muy solo. A los 12 años ya robaba celulares. Mi mamá es re humilde y trabajó toda la vida, pero nunca pudo progresar. No teníamos ni para comer”, contó.

Relató que rápidamente comenzó a vender drogas y a sumar clientes. “En el búnker trabajábamos dos por turno, 12 horas cada uno”, describió. También hacía de mensajero y trasladaba el dinero recaudado. Su testimonio da cuenta además de otro componente frecuente en estos casos: el consumo problemático. “Cuando yo vendía consumía más de lo que ganaba”, confesó. Buscando aumentar sus ingresos, aceptó trabajar en un punto de Carcarañá donde le descontaban lo que consumía. “Ese búnker vendía unos 6 millones de pesos. A nosotros nos daban 150 mil por semana. Entre el remis y lo que consumía, me quedaban 30 mil”, recordó.

Una salida a tiempo

Desde el inicio, las promesas eran simples: algo de dinero, un par de zapatillas y un celular. Con el tiempo entendió que buscaban menores consumidores porque “gastaban menos plata”. También le dijeron que, si caía detenido, le pagarían un abogado. Mientras él estaba asignado a la venta, otros chicos vigilaban los alrededores como “satélites”. “Cuando ven a la policía tocan silbatos para alertar”, explicó. Una dinámica que persiste desde hace años. “Ese punto de venta funciona hace como 15 años y sigue abierto. Lo allanaron varias veces. Entonces empezaron a vender en la vereda”, describió.

La relación con la banda se deterioró tras varios episodios violentos, entre ellos el homicidio de su suegro en junio de 2024. Además, la organización le usurpó la casa debido a las deudas que había acumulado. Finalmente pudo salir gracias a la intervención de su madre y una denuncia que permitió resguardarlo antes de que la situación escalara aún más.

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Argentina

Murió Gaspi a los 23 años: el influencer argentino fue una de las víctimas del choque de helicópteros en Brasil

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, causó conmoción en el mundo digital. Según informaron autoridades brasileñas y medios internacionales, el creador de contenido argentino falleció en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

Ailén Lazarte

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La comunidad de las redes sociales atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, uno de los influencers y youtubers argentinos más reconocidos de los últimos años.

De acuerdo con la información difundida por autoridades brasileñas y replicada por medios nacionales e internacionales, el joven de 23 años viajaba en uno de los dos helicópteros que chocaron en pleno vuelo sobre Río de Janeiro durante la jornada del domingo. El siniestro dejó varias víctimas fatales y es investigado por organismos competentes de Brasil para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

La identidad de Gaspi entre las víctimas fue confirmada por las autoridades intervinientes y posteriormente difundida por distintos medios de comunicación, lo que generó una inmediata repercusión entre seguidores, colegas y figuras del ámbito digital.

Gaspi había alcanzado una enorme popularidad gracias a sus videos en redes sociales, especialmente por sus entrevistas callejeras cargadas de humor, improvisación y situaciones descontracturadas que rápidamente se volvieron virales. Con el paso de los años logró construir una comunidad de millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, convirtiéndose en una de las caras más conocidas de la nueva generación de creadores de contenido argentinos.

Nacido en Buenos Aires, su crecimiento en el mundo digital fue constante y le permitió transformarse en una figura destacada dentro del streaming y las redes sociales. Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera se encuentra el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, uno de los eventos más importantes de la escena de internet en Argentina.

Durante los últimos años también participó en diversos proyectos vinculados al entretenimiento digital y amplió su alcance internacional, incluyendo su presencia en eventos de gran repercusión entre creadores de contenido de habla hispana.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosos influencers, streamers y personalidades del ámbito digital expresaron públicamente su pesar a través de las redes sociales y enviaron mensajes de acompañamiento a familiares y amigos.

La muerte de Gaspi genera un fuerte impacto entre sus seguidores y marca el final de la trayectoria de uno de los creadores de contenido más populares surgidos de las redes sociales argentinas en la última década.

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Policiales

Giro de horror en Rosario: caen nueve policías acusados de prender fuego vivo a un hombre en un operativo

Una mentira oficial que se sostuvo durante dos años terminó de desmoronarse por completo. Nueve efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en las últimas horas y serán llevados a audiencia imputativa el próximo martes, acusados de un aberrante caso de violencia institucional: haber rociado con alcohol y prendido fuego a un hombre durante un procedimiento, para luego armar un acta falsa y hacer pasar el ataque como un accidente doméstico.

Ailén Lazarte

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El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

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Policiales

Horror en Empalme Graneros: se multiplican las denuncias por abuso sexual en un jardín de infantes

La comunidad educativa del barrio Empalme Graneros se encuentra atravesada por la angustia y la indignación. En las últimas horas, la tensión frente al Jardín de Infantes N° 234 «Justo José de Urquiza», ubicado en la intersección de las calles Juan José Paso y Larrechea, escaló por completo tras confirmarse que ya suman al menos tres las denuncias formales por presuntos abusos sexuales cometidos contra niños de las salas de 4 y 5 años. Las familias exigen respuestas inmediatas a las autoridades ministeriales y el apartamiento preventivo de todo el personal bajo sospecha.

Ailén Lazarte

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El caso que encendió las alarmas judiciales tuvo como denunciante a la madre de un alumno de 5 años, quien radicó la presentación el pasado lunes ante la Comisaría de la Mujer. Según el crudo relato de la mujer, su hijo comenzó a manifestar cambios drásticos en su conducta y, tras un proceso de contención familiar, logró poner en palabras los ultrajes que presuntamente ocurrían dentro del establecimiento escolar durante el horario de clases.

A partir de la difusión de este primer hecho, el efecto dominó fue inmediato. Otras dos familias de la institución se presentaron ante los Centros Territoriales de Denuncia (CTD) manifestando relatos con alarmantes coincidencias metodológicas y señalando el mismo entorno como escenario de los ataques. La investigación penal quedó centralizada en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde ya se ordenaron las primeras medidas de contención psicológica para las víctimas a través del equipo interdisciplinario de Cámaras Gesell.

Frente a las puertas del establecimiento, un nutrido grupo de padres y vecinos improvisó una protesta con carteles y aplausos para visibilizar el reclamo y exigir que el Ministerio de Educación provincial intervenga la institución de manera urgente. «Queremos saber quién cuidaba a nuestros hijos y por qué nadie vio nada; la dirección del jardín intentó minimizar el tema al principio y eso es complicidad», reclamó con dureza uno de los familiares presentes en la manifestación.

Mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y peritajes clave para determinar las responsabilidades materiales dentro del jardín, las autoridades educativas dispusieron el inicio de un sumario administrativo interno, aunque para la comunidad afectada, los tiempos de la burocracia estatal corren muy por detrás del dolor y la urgencia de las familias.

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