La investigación por grave daño ambiental en Capitán Bermúdez, a través de la compañía Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), avanza. Este lunes se llevará a cabo la audiencia en la que se imputarán a los funcionarios: ex fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, junto con el empresario Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego. A los últimos tres los representará el abogado mediático Mariano Cúneo Libarona.
A esta instancia y con estos protagonistas se llega a raíz de un informe elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, que alertaba en 2015 que contar con instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas para la fabricación de sustancias como cloro o clorobenceno, como sucedía en la ex Electroclor, era muy peligroso.
Este informe generó que la Fiscalía de Estado iniciara acciones legales contra los empresarios a cargo de la compañía. Aunque se contaba con dos pericias distintas que registraban evidencia de contaminación, el ex fiscal regional, Patricio Serjal, ordenó interrumpir el avance de la causa que imputaba a los directivos de Petroquímica Bermúdez por daño ambiental contra la salud humana. Gustavo Luzzini, quien era el fiscal de Estado adjunto, tampoco avanzó con el trámite pese a la orden que había recibido.
Por esta razón, este lunes 22, a las 10 de la mañana, en los Tribunales de San Lorenzo se llevará adelanta la audiencia encabezada por el juez Carlos Andrés Gazza, en la que se les imputarán a los funcionarios y empresarios el hecho de contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos, un delito especial regulado por la ley nacional 24.051, que supone penas de tres a diez años de prisión, excepto cuando el resultado de esa acción produzca una muerte. Allí las sanciones pueden llegar hasta 25 años.
Una de las hipótesis con la que especulan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra es que el ex fiscal regional, Patricio Serjal, habría aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que habría ocasionado un daño ambiental irreversible, por la misma lógica que habría motivado su protección al juego clandestino, delito por el que se encuentra preso hace seis meses: el cobro de sobornos.
El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.
Empresa con historia
Capitán Bermúdez, ciudad que tiene de intendente al peronista Daniel Cinalli, vendría siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera a Celulosa, estarían esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales y una exposición mayor produce la muerte.
El propio municipio de Capitán Bermúdez detectó emisiones con los sensores de cloro y el 14 de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de generarse fugas de gases.
En este contexto, la empresa presentó un informe ambiental, pero la Secretaría de Medio Ambiente lo desestimó y solicitó otro sobre el pasivo ambiental de la compañía. De esta manera, el 16 de noviembre de 2016 la misma cartera provincial, generó un documento sobre el estado deficiente de la empresa, que había dejado de funcionar en 2014. Se sospechaba que había presencia de residuos peligrosos. A la vez, se constató emisión de gas cloro que afectó a parte de los empleados de la firma lindera Celulosa SA proveniente de la ex Electroclor. Por esto, fue intimidada al cierre seguro de su planta, pero no procedió a ello.
Cuatro meses después, el 27 de marzo de 2017, el aún gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.
Esto derivó en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Ledesma avanzó hacia una imputación, pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.
La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.
