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Policiales

Acusarán a funcionarios y un empresario por generar daño ambiental en Capitán Bermúdez

Será en los Tribunales de San Lorenzo y se les imputará contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos. El delito supone penas de tres a diez años de prisión, excepto cuando el resultado de esa acción produzca una muerte, lo que aumenta la sanción a 25 años.

Ailén Lazarte

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Acusarán a funcionarios y un empresario por generar daño ambiental en Capitán Bermúdez

La investigación por grave daño ambiental en Capitán Bermúdez, a través de la compañía Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), avanza. Este lunes se llevará a cabo la audiencia en la que se imputarán a los funcionarios: ex fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, junto con el empresario Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego. A los últimos tres los representará el abogado mediático Mariano Cúneo Libarona.

A esta instancia y con estos protagonistas se llega a raíz de un informe elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, que alertaba en 2015 que contar con instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas para la fabricación de sustancias como cloro o clorobenceno, como sucedía en la ex Electroclor, era muy peligroso.

Este informe generó que la Fiscalía de Estado iniciara acciones legales contra los empresarios a cargo de la compañía. Aunque se contaba con dos pericias distintas que registraban evidencia de contaminación, el ex fiscal regional, Patricio Serjal, ordenó interrumpir el avance de la causa que imputaba a los directivos de Petroquímica Bermúdez por daño ambiental contra la salud humana. Gustavo Luzzini, quien era el fiscal de Estado adjunto, tampoco avanzó con el trámite pese a la orden que había recibido.

Por esta razón, este lunes 22, a las 10 de la mañana, en los Tribunales de San Lorenzo se llevará adelanta la audiencia encabezada por el juez Carlos Andrés Gazza, en la que se les imputarán a los funcionarios y empresarios el hecho de contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos, un delito especial regulado por la ley nacional 24.051, que supone penas de tres a diez años de prisión, excepto cuando el resultado de esa acción produzca una muerte. Allí las sanciones pueden llegar hasta 25 años.

Una de las hipótesis con la que especulan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra es que el ex fiscal regional, Patricio Serjal, habría aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que habría ocasionado un daño ambiental irreversible, por la misma lógica que habría motivado su protección al juego clandestino, delito por el que se encuentra preso hace seis meses: el cobro de sobornos.

El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.

Empresa con historia

Capitán Bermúdez, ciudad que tiene de intendente al peronista Daniel Cinalli, vendría siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera a Celulosa, estarían esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.

La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales y una exposición mayor produce la muerte.

El propio municipio de Capitán Bermúdez detectó emisiones con los sensores de cloro y el 14 de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de generarse fugas de gases.

En este contexto, la empresa presentó un informe ambiental, pero la Secretaría de Medio Ambiente lo desestimó y solicitó otro sobre el pasivo ambiental de la compañía. De esta manera, el 16 de noviembre de 2016 la misma cartera provincial, generó un documento sobre el estado deficiente de la empresa, que había dejado de funcionar en 2014. Se sospechaba que había presencia de residuos peligrosos. A la vez, se constató emisión de gas cloro que afectó a parte de los empleados de la firma lindera Celulosa SA proveniente de la ex Electroclor. Por esto, fue intimidada al cierre seguro de su planta, pero no procedió a ello.

Cuatro meses después, el 27 de marzo de 2017, el aún gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.

Esto derivó en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.

Ledesma avanzó hacia una imputación, pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.

La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.

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Escándalo en Wheelwright: Dictan prisión preventiva para un médico y un enfermero que vendían fentanilo y morfina en un consultorio clandestinoEscándalo en Wheelwright: Dictan prisión preventiva para un médico y un enfermero que vendían fentanilo y morfina en un consultorio clandestino

La Justicia Federal de Venado Tuerto les dictó 90 días de cárcel efectiva. Los imputaron por el suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. La causa es un desprendimiento de una megaestafa millonaria al PAMI.

Ailén Lazarte

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El búnker sanitario en el sur santafesino

Lo que comenzó como una investigación económica por defraudación al Estado derivó en un perturbador hallazgo de narcotráfico y salud pública. En una audiencia oral y pública, la Justicia Federal de Venado Tuerto dictó 90 días de prisión preventiva para un médico cardiólogo y un enfermero radicados en la localidad de Wheelwright. Ambos quedaron imputados por el suministro ilegal de potentes estupefacientes fuera del ámbito terapéutico y por montar una clínica clandestina en su propio domicilio.

El caso explotó tras un allanamiento en la vivienda que compartían los acusados. En el lugar, los agentes federales desbarataron una instalación médica que operaba sin ningún tipo de habilitación ni condiciones sanitarias básicas. Durante la requisa se incautó un cargamento alarmante de drogas de exclusivo uso intrahospitalario: 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, las cuales habían sido totalmente desviadas del canal lícito de comercialización.

De la estafa al PAMI al desvío de opioides

La causa madre nació en la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal Rosario, bajo la conducción del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. Allí se investigaba una presunta estafa millonaria contra el PAMI entre 2023 y 2024, que incluía la facturación de prácticas médicas fantasmas a jubilados de Wheelwright y Acebal que jamás habían recibido atención.

Fue en ese legajo donde las fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa ordenaron el operativo en la casa de los imputados, topándose con el consultorio ilegal el pasado 11 de junio. Al tratarse de estupefacientes (en modalidades de citrato y clorhidrato), la causa pasó a la órbita federal de Venado Tuerto.

El arsenal de medicamentos secuestrado: Además del fentanilo y la morfina, los fiscales detallaron que en la casa se hallaron bisturíes, jeringas, un descartador hospitalario, talonarios de recetas vacíos y ampollas de fármacos como diazepam, ketorolac, diclofenac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, difenhidramina y penicilina, junto con dosis de vacunas contra el dengue y la antigripal.

La gravedad institucional del caso

Durante la audiencia de formalización, el equipo de fiscales federales integrado por Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi, Rocío Estrada y Martín Uriona remarcó que se solicitaron informes urgentes al Ministerio de Salud de la Nación y a laboratorios farmacéuticos para reconstruir la trazabilidad y el origen de los lotes de fentanilo.

Al fundamentar la prisión preventiva, el fiscal Reynares Solari subrayó el impacto social del hallazgo:

  • Impacto local: Enfatizó que este tipo de maniobras en una localidad pequeña como Wheelwright deja en evidencia la enorme afectación a los intereses públicos.

  • Origen delictivo: Recordó que todo surgió de una maniobra organizada para defraudar a un organismo clave de la seguridad social de los adultos mayores.

Finalmente, el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa dio por formalizada la investigación penal del Ministerio Público Fiscal y ordenó el traslado inmediato de ambos profesionales de la salud a una unidad penitenciaria por el plazo de tres meses.

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Barrio Godoy: Un hombre fue operado tras ser apuñalado por un vecino adolescente

Un violento episodio sacudió a la zona oeste de la ciudad este domingo por la madrugada, dejando como saldo a un hombre de 54 años hospitalizado y a un menor de 16 años detenido. El ataque se produjo en las inmediaciones de calle Julio Vanzo al 7900, en barrio Godoy.

Ailén Lazarte

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Ataque, robo y detención

La víctima, identificada como Mijaíl B. O., fue agredida dentro de su propiedad por un grupo de delincuentes que, tras golpearlo y herirlo, le sustrajeron varias pertenencias. El hombre sufrió traumatismos en el rostro y la cabeza, además de una grave herida de arma blanca en el abdomen.

A partir de los testimonios recabados en el lugar, el Comando Radioeléctrico desplegó un operativo en la zona y logró la aprehensión del presunto agresor, un adolescente de 16 años llamado Kevin G., quien tiene domicilio a los pocos metros de la vivienda de la víctima.

Evolución médica en el Heca

Tras el ataque, el damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Aunque ingresó en un estado crítico, fue sometido a una intervención quirúrgica y, según los últimos reportes médicos, su cuadro de salud mejoró notablemente y evoluciona de manera favorable.

Fin de semana con otros dos hechos de violencia en la ciudad

El caso de barrio Godoy no fue el único registrado durante el último fin de semana. El efector público de emergencias y el hospital Roque Sáenz Peña debieron asistir a otras dos víctimas en distintos puntos:

  • Baleado en el brazo: En Centeno al 3700, un joven de 29 años sufrió una herida de arma fuego en su brazo izquierdo. Fue derivado al Heca y se encuentra fuera de peligro.

  • Resistencia a un robo: Un chico de 19 años ingresó al hospital Sáenz Peña con un impacto de bala en su mano derecha. Según declaró, lo atacaron al intentar resistirse al robo de su teléfono celular y su bicicleta en la intersección de Pueyrredón y Juan Canals.

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Final feliz tras el misterio en la Ruta 168: Hallaron con vida al hombre que era buscado en el río Colastiné

Un intenso operativo de rescate de más de 12 horas concluyó con éxito este lunes al mediodía, cuando las fuerzas de seguridad localizaron sano y salvo al hombre que había desaparecido el domingo por la noche tras dejar su auto abandonado sobre la Ruta Nacional 168. El hallazgo se produjo en una zona de islas sobre la costa del río Colastiné.

Ailén Lazarte

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Alerta nocturna y misterio en el puente

La alarmante secuencia comenzó el domingo por la noche. Varios conductores que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades sobre un Volkswagen Gol Trend gris que se encontraba completamente detenido y sin ocupantes en el carril lento del puente, con sentido hacia la ciudad de Paraná.

Ante la sospecha de que el conductor se hubiera arrojado al agua, se activó de inmediato un protocolo de emergencia que tomó fuerza con las primeras luces del lunes. El despliegue abarcó un exhaustivo rastrillaje fluvial y terrestre coordinado por:

  • Prefectura Naval Argentina (con embarcaciones y buzos tácticos)

  • Gendarmería Nacional

  • Policía de Santa Fe (junto al personal de la Sección Canes)

Las tareas de búsqueda tuvieron que enfrentar condiciones complejas debido al fuerte oleaje y la intensa correntada que caracteriza al río Colastiné en ese sector.

Rescate y asistencia médica

Finalmente, cerca del mediodía de este lunes, los equipos de rescate lograron divisar al hombre en una zona insular. Tras ser extraído del lugar, fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Club Caza y Pesca. Allí, profesionales del servicio de emergencias 107 le brindaron las primeras curaciones y lograron estabilizarlo, ya que presentaba un cuadro de hipotermia debido a las horas que pasó a la intemperie.

Por el momento, las autoridades locales no han brindado información oficial respecto a cómo logró el hombre alcanzar la zona de islas ni los detalles de su permanencia allí durante las horas en las que mantuvo en vilo a toda la región.

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