Un amplio paro de 48 horas lanzado por los trabajadores marítimos argentinos ha dejado prácticamente inactiva la actividad portuaria en Rosario y otras terminales estratégicas, afectando la salida y carga de barcos con cereales, oleaginosas y otros productos agroindustriales que son esenciales para la economía del país y su rol como uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo.
La medida de fuerza fue iniciada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) el miércoles último en rechazo al proyecto de “Modernización Laboral” que impulsa el presidente Javier Milei, actualmente en debate en el Congreso tras su aprobación en el Senado. Para los gremios, la reforma representa un retroceso en derechos fundamentales, en particular por cambios como la exclusión de navegantes de la Ley de Contrato de Trabajo y la limitación del derecho de huelga.
Gustavo Idigoras, presidente de la cámara de exportadores CIARA-CEC, declaró que la paralización de 48 horas está “conduciendo las actividades agroexportadoras a un completo punto muerto”, advirtiendo que barcos no pueden completar sus operaciones de carga y que muchas operaciones están estancadas en el puerto de Rosario, un nodo clave del comercio internacional de granos.
La protesta se da en un contexto de alta conflictividad social y sindical en Argentina por la discusión de la reforma laboral. El paro marítimo se articuló con una huelga general de 24 horas organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con un acatamiento que los dirigentes sindicales estimaron superior al 90 % en múltiples sectores productivos, transporte y servicios. Esa huelga también afectó buses, subtes y vuelos en grandes centros urbanos del país.
Desde el sector sindical se advirtió además que la reforma no sólo reduce ciertas compensaciones y derechos adquiridos, sino que también podría desfinanciar protecciones históricas del trabajador argentino, lo que ha generado un amplio rechazo de federaciones gremiales más allá del sector marítimo.
Por su parte, el Gobierno de Milei defiende su iniciativa como una modernización del mercado laboral, destinada a atraer inversiones, dinamizar el empleo formal y flexibilizar regulaciones que, según el oficialismo, obstaculizan el crecimiento económico. Sin embargo, la fuerte respuesta sindical y social evidencia la magnitud de la oposición política que enfrenta el proyecto.
Mientras el proyecto continúa su camino legislativo y se esperan nuevas jornadas de debate y protestas, el conflicto ya ha dejado una marca tangible en la economía argentina: la paralización de exportaciones en un momento clave para las cadenas productivas y la logística agroindustrial, especialmente en Rosario, un centro neurálgico para las ventas externas que alimentan tanto los mercados internacionales como la propia economía nacional.