Más de tres décadas después de haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia, Rosalía Alvarado y Belén Duet encabezan en Chaco la causa judicial más antigua que se registra por ese delito en Argentina. Amparadas por la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas frente a los planteos de prescripción del delito, a partir del lunes protagonizarán el juicio contra Noemí Alvarado, de 80 años, acusada por abusos perpetrados entre 1979 y 1986 en conjunto con su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce. En diálogo con Página/12, Rosalía y Belén recuperan retazos de una historia que las reencontró casi azarosamente, una historia atravesada por el silencio cómplice de la Argentina postdictadura, el desprecio judicial hacia les sobrevivientes de abusos en la infancia y un incansable reclamo para que se haga “al fin justicia”.

Rosalía

Rosalía ubica el primer hecho entre fines de 1979 y principios de 1980. Con seis años, había regresado a vivir a su Resistencia natal luego de escapar hacia Paso de los Libres, Corrientes, junto a su padre, militante peronista perseguido por la dictadura. “La hermana de mi papá era Noemí, la esposa de Pacce. Ellos vivían a la vuelta de donde nosotros fuimos a vivir a Resistencia. Desde entonces hasta mis 11 o 12 años sufrí en su casa situaciones de abuso sexual protagonizadas por Pacce”, relata ahora.

Más de cuarenta años pasaron desde el primer abuso y el principal acusado ya no está: murió en 2018 sin ser juzgado. Alvarado, por su parte, enfrenta en el juicio que comienza este lunes la imputación de “partícipe necesario de abuso deshonesto en concurso ideal y real con corrupción de menores en calidad de autora”, con una pena máxima de 25 años de prisión. «Ella participaba, estaba en la escena de los abusos, sin ella no hubieran podido suceder«, asegura Rosalía.

En 1987, después de haber ocupado cargos en la gobernación provincial, Pacce llegó al Congreso de la Nación como diputado electo por el Partido Justicialista chaqueño. Su período se extendió hasta 1991. «Él era un peronista de derecha, todo lo contrario a mi padre. Con Noemí eran una familia muy poderosa, ellos siempre se encargaban de demostrar ese poder económico y social. Por eso cuando finalmente pude hablar sentí mucha presión», continúa.

Rosalía pudo hablar recién en 2013. En el velorio de su padre, al ver llegar a Pacce y Alvarado sintió que le «explotaba el cuerpo«. «Los hice echar y pude contar lo que arrastré hasta ese momento. Era difícil hablar por su poderío pero también porque al fin y al cabo eran mi familia, personas que quería cuando era niña, eso te confunde», cuenta y agrega que «de chica no entendía si estaba bien o mal lo que pasaba, hasta me preguntaba si tenía la culpa yo».

También en 2013 le contó a su madre, María Delia: «Salió enfurecida a denunciar públicamente, a decírselo a todo el mundo», recuerda. En la fila de un banco de Resistencia, María Delia se encontró con una vieja conocida y le contó lo sucedido. «Era Lidia, la madre de Belén. Ella le dijo que a su hija le habían hecho lo mismo. Cuando me enteré se me abrió otro mundo: hasta ese momento yo seguía pensando que era la única«. Rosalía sabía que alguna vez había visto a Belén en la casa de Pacce y Alvarado, se acordaba de haber jugado con su hermana mayor, pero hasta 2013 no recordaba nada más de ella.

Belén

A sus tres años, Belén encontró su forma de expresar lo que sentía: «No podía ponerlo en palabras porque recién empezaba a hablar, pero mi maestra de jardín escuchó algo que le llamó la atención y con mi mamá empezaron a indagar», cuenta. Entonces Lidia quiso denunciar. En pleno Chaco postdictadura, Belén remarca que «Pacce era una persona de mucho poder«, y que su madre se encontró con «desaliento de la Justicia, le cerraron las puertas a cualquier tipo de intento«.

Aunque sus recuerdos no son del todo nítidos, ella sabe que llegó a la casa de Pacce y Alvarado porque la mujer era directora del colegio en el que trabajaba Lidia. «Mis padres eran muy pobres y ella los cobijó con una especie de protección hacia su vulnerabilidad que claramente tenía otro objetivo«, señala. Según rememoran las dos, en esa casa siempre había chicos y chicas dando vueltas, familiares o hijos de otras amistades.

«La sensación que tengo hoy, por el modo en que se produjeron los hechos, es que funcionaba como un Minotauro: él nunca participaba de las reuniones sociales, estaba apartado en otras habitaciones y nosotras éramos llevadas hacia esos lugares«, describe. Al igual que Rosalía, Belén sabe que Alvarado participaba de los abusos.

Después de años de rechazos judiciales hacia su madre, para los inicios de la década de 2010, al cumplir 30 años, Belén se dispuso a reconstruir su propia verdad y enfrentar el camino judicial por su cuenta. Al cruzarse con Rosalía, las dos coincidieron en la búsqueda de justicia, pero las respuestas iniciales no fueron diferentes a las de años atrás: «Golpeamos un montón de puertas y nos rechazaban, nadie quería una causa prescripta ni tampoco investigar si había posibilidad de encaminarla a pesar de todo», subraya.

«A mí me decían que era imposible, que tenía una vida hermosa, que para qué la iba a arruinar. Hasta que entré en una organización política y nos pusimos a investigar, a buscar antecedentes para ver qué se podía hacer», cuenta por su parte Rosalía. En ese camino se encontraron con el abogado Leandro Ramírez, a quien ahora valoran especialmente por haber sido el primero en tomar la causa a pesar de las adversidades, y en 2015 se toparon con una noticia que cambiaría el curso de su caso: la aprobación en el Congreso nacional de la Ley 27.206.

El tiempo de las víctimas

La Ley de «Respeto a los Tiempos de las Víctimas» amplió el período de prescripción del delito de abuso sexual en la infancia al establecer que ese plazo empieza solo cuando la víctima, tras haber alcanzado la mayoría de edad, «formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría».

Amparadas por la nueva normativa, Rosalía y Belén presentaron la denuncia formal en 2016. Sin embargo, se encontraron con un escollo. Luego de dos años sin avances, en 2018 la fiscal del caso, Daniela Meiriño, archivó la causa al entender que la acción había prescripto ya que, por principio general, la legislación argentina no tiene retroactividad en las leyes: los delitos cometidos antes de que entren en vigencia no son juzgados bajo la nueva normativa.

“Nosotras ya sabíamos que esas demoras podían ocurrir, por lo que nos tomamos ese tiempo para seguir estudiando. Intuíamos que algo más tenía que haber: si entendíamos que este es un delito que se encuadra dentro de las violaciones a los derechos humanos, a los derechos del niño, dentro de la lucha contra la violencia de género, teníamos herramientas para pelear”, afirma Belén.

Entonces, el caso fue tomado por Paulo Pereyra, abogado con experiencia en delitos de lesa humanidad y actual funcionario provincial, quien apuntó la estrategia de apelación hacia ese lado: además de recurrir a la 27.206, incorporó los tratados internacionales de derechos humanos y del niño con jerarquía constitucional en Argentina desde la reforma de 1994.

Mientras esto ocurría, otro caso de similares características llegó al Superior Tribunal de Justicia chaqueño, que en junio de 2019 falló a favor de la aplicación retroactiva de la 27.206 al considerar que por las características de «los abusos sexuales infantiles y sus tiempos, los términos de la prescripción no pueden ser los generales previstos por el código de fondo”.

«En Chaco está terminada la discusión: estos delitos tienen que juzgarse sin plazo de prescripción«, remarca a Página/12 Kevin Nielsen, que actualmente ejerce la representación legal de las denunciantes junto a la abogada Nahir Badur. Finalmente la denuncia fue desarchivada por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia y en diciembre pasado se fijó el 10 de mayo como la fecha de inicio del juicio por el que pasarán 24 testigos.

Badur asegura que son “muy altas” las expectativas de que finalmente haya una condena, ya que “pese a los años que pasaron hay un cúmulo probatorio muy importante: además de los testimonios de ellas y de testigos, hay pericias psicológicas contundentes y hablarán especialistas en el juicio”.

En un comunicado, las denunciantes se encargaron de advertir que «Pacce ha sabido dejar en su legado a familiares en el Poder Judicial y distintos espacios dentro del Estado». Allí remarcaron que no están solas, sino que las acompaña «todo un colectivo de organizaciones de mujeres, identidades diversas, de DDHH, sociales y políticas». También ellas ya son parte de ese colectivo: hace unos años crearon la organización «Al Fin Justicia«, que acompaña a sobrevivientes de abusos en la infancia y se encarga de visibilizar la normativa actual.

«Queremos que se haga al fin justicia y que el caso sea un precedente para quienes creen que no se puede denunciar después de tantos años. Durante el tiempo en que yo no me animé a hablar no había casos como el nuestro en los medios, si los hubiera visto tal vez no me hubiera sentido tan sola. Eso es lo que esperamos: si una víctima se entera de nuestro juicio, que no se sienta sola”, cierra Rosalía.