Fue primicia de LPO y ahora se supo que la compañía que «prestó» el viaje para que Losada se traslade de Buenos Aires a Reconquista está en la mira de la justicia por sobrefacturación. Sospechan de acuerdo con Perotti.
El viaje relámpago que realizó el martes pasado en un avión privado que partió de San Fernando hacia la ciudad de Reconquista, norte de Santa Fe, la precandidata a gobernadora, Carolina Losada, junto a Dionisio Scarpin, compañero de bancada en el Senado y cabeza de su lista de diputados, amenaza con convertirse en un escándalo mayúsculo luego que la diputada Amalia Granata lo advirtiese por Twitter.
Es que el avión biturbo, con la matrícula LV-KCW, de la empresa Kube Aviación S.A., cuesta siete mil dólares el tramo y lo utilizaron «porque después de la reunión de Comisión de Acuerdos en la Cámara Alta tenían un compromiso en Reconquista, pero les prestaron el traslado», explicaron a LPO fuentes de su entorno, aunque no supieron informar quién habría tenido tanta generosidad con los candidatos. En sus redes sociales, los senadores se mostraron en recorridas de campaña por diferentes instituciones del norte santafesino
[Granata acusó a Losada de usar un avión privado de 7.000 dólares por vuelo]
Lo cierto es que Kube Aviación viene siendo investigada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano en una megacausa que involucra a varias aeronáuticas por defraudación al Estado por supuesta sobrefacturación en la compra de aviones y helicópteros con dólar oficial que se adquirían en el Banco Central para importarlos, pero inflando los precios y quedarse con la diferencia.
El viaje relámpago que realizó el martes pasado en un avión privado que partió de San Fernando hacia la ciudad de Reconquista, norte de Santa Fe, la precandidata a gobernadora, Carolina Losada, junto a Dionisio Scarpin, compañero de bancada en el Senado y cabeza de su lista de diputados, amenaza con convertirse en un escándalo mayúsculo luego que la diputada Amalia Granata lo advirtiese por Twitter.
Es que el avión biturbo, con la matrícula LV-KCW, de la empresa Kube Aviación S.A., cuesta siete mil dólares el tramo y lo utilizaron «porque después de la reunión de Comisión de Acuerdos en la Cámara Alta tenían un compromiso en Reconquista, pero les prestaron el traslado», explicaron a LPO fuentes de su entorno, aunque no supieron informar quién habría tenido tanta generosidad con los candidatos. En sus redes sociales, los senadores se mostraron en recorridas de campaña por diferentes instituciones del norte santafesino
[Granata acusó a Losada de usar un avión privado de 7.000 dólares por vuelo]
Lo cierto es que Kube Aviación viene siendo investigada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano en una megacausa que involucra a varias aeronáuticas por defraudación al Estado por supuesta sobrefacturación en la compra de aviones y helicópteros con dólar oficial que se adquirían en el Banco Central para importarlos, pero inflando los precios y quedarse con la diferencia.
Según consta en la causa, se puso la lupa sobre 159 operatorias sospechosas de aeronaves que se compraron desde el 2020 siendo el biturbo a hélice LV-KCW con el que voló Losada, uno de los investigados por la justicia federal.
De acuerdo a los registros oficiales, el moderno avión fabricado por la empresa Beechcraft fue introducido al país el 30 de diciembre de 2021 por la empresa Kube Aviación S.A. que, según una investigacióndel periodista Nicolás Pizzi para Infobae, la firma recibió del Banco Central 17.108.000 dólares para la importación de tres aeronaves (una es el LV-KCW) quedando en el tercer lugar del ranking de empresas que más divisas norteamericanas recibieron para realizar este tipo de operaciones.
El viaje de Losada en un avión privado de la empresa Kube Aviación S.A., investigada por la justicia federal, no solo dejó en evidencia una serie de coincidencias en negocios diversos de los propietarios de la firma sino también de sospechas de un supuesto pacto subterráneo entre Losada y Perotti, como se rumorea en distintos sectores opositores y oficialistas.
La empresa tiene fecha de registro el 18 de noviembre de 2019 (ver abajo) pero el 19 de noviembre del 2021, la Administración Nacional de Aviación Civil, un mes antes de la adquisición del avión que utilizó Losada, fue autorizada a «explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de reducido porte», sostiene la Resolución 415 / 2021.
Es que Kube Aviación S.A. está registrada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sus propietarios son de la localidad de Rafaela; Mario Luis Bertolaccini López y su hermana Adriana Beatriz, una familia que amasó una fortuna con más de 50 años de experiencia como agentes de seguros de Sancor y que la actual generación expandió la cartera de negocios hasta el alquiler de naves aéreas.
En ese abanico de empresas, se destaca Valuar Agencia de Cambio S.A., donde Mario Bertolaccini es presidente y su hermana, gerente. En mayo de 2022, los financistas y empresarios de la aeronáutica constituyeron en la ciudad de Rafaela la sociedad Generación 3 S.A. que tiene un amplísimo objeto social que va desde la compra, venta, importación y exportación de combustibles y lubricantes a servicios gastronómicos, pasando por la explotación de concesionarias de automotores, servicios de fletes hasta hotelería, según se indica en el Boletín Oficial de Santa Fe.
Por otro lado, los Bertolaccini también crearon la firma «Reparos S.A.» que se encargaría de servicios informáticos y es presidida por Ivana Mariel Andreu que, según fuentes de Rafaela que hablaron con LPO, es una trabajadora de años en Bertolaccini S.A., la empresa madre, y a su vez se desempeñó como secretaria de la Nueva Mutual del Paraná que estaría vinculada al mismo grupo familiar, dijeron.
En definitiva, el viaje de Losada en un avión privado de la empresa Kube Aviación S.A., investigada por la justicia federal, no solo dejó en evidencia una serie de coincidencias en negocios diversos de los propietarios de la firma sino también de sospechas de un supuesto pacto subterráneo entre Losada y Perotti, como se rumorea en distintos sectores opositores y oficialistas.
Es que Kube, cuyos propietarios montaron un imperio económico en el bastión del perottismo, suele quedarse con las licitaciones de servicios de aerotaxis del gobierno provincial. De hecho, en campamentos adversarios comentaban sorprendidos que el sector de Losada no había hecho reserva de cartelería pública porque habría dejado una deuda grande en la campaña anterior; «lo sabemos porque nos lo comentaron los mismos publicistas así que si después vemos carteles de Carolina, significa que el acuerdo con Perotti es de largo alcance», reflexionó un jefe de campaña santafesino.
Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina
Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.
El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.
Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.
Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.
Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.
Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.
El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.
Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.
El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit
La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.
El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.
Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.
Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.
Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.
La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.
Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos
El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.
El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.
Argumentos del Estado argentino
En su presentación, la Procuración afirmó que:
Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”
El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.
Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.
El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.
Contexto del caso
El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.
La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.
Repercusiones y próximos pasos
La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.
Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.