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Argentina

El FMI rechazó una propuesta para que países como la Argentina puedan refinanciar su deuda sin reformas

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La formuló un grupo de economistas, que incluye a varios argentinos, que consideran que el Fondo pierde credibilidad con el continuo incumplimiento de las metas de varios gobiernos; qué alternativa sugirió

Con 22 acuerdos firmados -y en su mayoría incumplidos- con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nueve defaults en su historia, la Argentina es un país “excepcional” y no por buenos motivos. Tal vez por esta razón, el FMI le bajó hoy el pulgar a la propuesta de un grupo de economistas para que países como la Argentina, que suelen incumplir sus acuerdos con el organismo, puedan refinanciar sus deudas sin nuevas exigencias, a cambio de pagar una tasa mayor que otras naciones.

El Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros (CLAAF), que incluye a economistas de alto nivel y exministros de Hacienda formuló esta idea, según informó la agencia Reuters. El grupo incluye a tres argentinos: el ex ministro Roque Fernández, al ex viceministro Pablo Guidotti y al experto académico Guillermo Calvo.

La idea, afirmó, limitaría el costo de credibilidad que afecta al Fondo por el incumplimiento serial de países como la Argentina de las metas acordadas en sus programas. De hecho, el Gobierno ahora pretende renegociar las metas del primer trimestre que no cumplió y también las del resto del año, porque afirma que la sequía le impedirá cumplirlas.

Pero la vocera del FMI, Julie Kozack, no tuvo demasiadas contemplaciones en la conferencia de prensa habitual que brinda desde Washington.

“La estamos analizando, pero en general cuando pensamos en la situación reciente y las dificultades de los últimos años, el FMI respondió de manera ágil. De hecho, aprobamos 300 mil millones de dólares en financiamiento para nuestros países miembros”, explicó. El Fondo tiene 190 países socios sobre 194 reconocidos como tales por la ONU.

“Llevamos a cabo diferentes mecanismos, la asignación de DEG, programas de emergencia por la pandemia que brindaron gran liquidez, el fondo fiduciario para la resiliencia, creamos el mecanismo para las crisis alimentarias que se dio por la invasión rusa a Ucrania y permitimos más agilidad en los programas. Fuimos muy ágiles y esa es la metodología que vamos a mantener”, aseguró.

Por otro lado, Kozack reiteró la habitual fórmula diplomática para referirse al estado de las conversaciones con el Gobierno sobre la posibilidad de recibir más recursos: “Hay negociaciones constructivas”, indicó, sin dar detalles, pese a la ansiedad del Gobierno por los vencimientos que operan este mes y las reservas netas negativas del Banco Central.

El CLAAF indicó que “en el caso de un programa fallido, como el caso de Argentina, el FMI se enfrenta a una elección difícil. Para refinanciar un préstamo existente, el FMI puede verse obligado a aceptar un mal programa y ser excesivamente indulgente al otorgar sucesivas exenciones por el incumplimiento de los objetivos del programa”.

De lo contrario, “si no se acuerda un nuevo programa, el FMI no tiene más opción que obligar al país deudor a caer en mora con la institución. Ambas alternativas están lejos de ser óptimas. La primera erosiona la credibilidad del FMI, mientras que la segunda es una especie de “opción nuclear” que puede agravar considerablemente la inestabilidad económica del país involucrado y puede conducir a disturbios sociales y políticos”.

Según este grupo, “para permitir la refinanciación de un préstamo fallido sin obligar al FMI a aceptar programas débiles o inconsistentes, el Comité considera que los préstamos relacionados con programas fallidos deberían ser refinanciados con un recargo (surcharge) de interés, pero sin requerir un nuevo programa del FMI. El FMI debería tener la capacidad de refinanciar, por solo una vez, un préstamo relacionado con un programa fallido mediante un nuevo préstamo con alargamiento de plazos (por ejemplo, con un vencimiento a 10 años), pero sin involucrar un nuevo programa”.

“El recargo de interés representa un costo para el país deudor, pero también es un incentivo para negociar en el futuro un nuevo y adecuado programa. Cuando se acuerda un nuevo programa, el recargo de interés debe ser eliminado”, aclararon.

Además, el grupo le solicitó al FMI que cree un Fondo de Mercados Emergentes de 300.000 millones de dólares que pueda realizar recompras temporales de deuda soberana de países seleccionados con fundamentos sólidos.

En este sentido, los expertos afirmaron que el FMI carece actualmente de las herramientas, la financiación y la flexibilidad necesarias para hacer frente a un contagio financiero, que podría extenderse a los países con buena saluda en una economía mundial inestable, en medio de la continuidad de la guerra en Ucrania y las tensiones entre EEUU y China.

Roque Fernández, Pablo Guidotti y Guillermo Calvo, los economistas que impulsaron el pedido al Fondo MonetarioRoque Fernández, Pablo Guidotti y Guillermo Calvo, los economistas que impulsaron el pedido al Fondo Monetario

“Los mercados emergentes fueron golpeados durante y después de la pandemia. Aunque por el momento hemos pasado lo peor, la lección de la pandemia es que el FMI necesita más potencia de fuego para estar preparado ante la próxima crisis o conmoción mundial”, afirmó Liliana Rojas-Suarez, que lidera el grupo y dirige la Iniciativa para América Latina del Centro para el Desarrollo Global.

Reuters destacó que “la propuesta se conoce en un contexto de creciente tensión entre el FMI y la Argentina, que intenta reestructurar su programa de 44.000 millones de dólares con el organismo con una inflación de casi el 109% y unas reservas de dólares cada vez menores. Los economistas también han advertido del riesgo que suponen los niveles récord de deuda soberana en otras economías emergentes”.

Según el CLAAF, el nuevo fondo “debería ser gestionado por el FMI, pero tener su propio balance, capitalizado con 300.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 20% del total de la deuda soberana internacional pendiente de los mercados emergentes”.

“El capital podría estar respaldado por líneas swap de los principales bancos centrales de los países ricos”, afirmaron.

En este sentido, indicaron que el FMI “sólo debería intervenir en situaciones en las que la probabilidad de una interrupción súbita y sistémica de las entradas de capital en los mercados emergentes sea muy alta y así ayudaría al Fondo a proporcionar liquidez rápidamente en caso de crisis”.

“Con demasiada frecuencia, el FMI tiene las manos atadas ante una crisis financiera. Este nuevo fondo le permitiría desempeñar las funciones de prestamista internacional de última instancia y proporcionar rápidamente la liquidez que necesitan los mercados emergentes”, expresó Rojas-Suárez.

Cabe recordar que el Gobierno firmó el actual programa de facilidades extendidas en marzo del 2022, en lugar del stand by que había negociado el presidente Mauricio Macri en 2018 por USD 57.000 millones.

Apenas asumió, Alberto Fernández suspendió el programa anterior cuando el FMI había desembolsado USD 44.000 millones.

Paradójicamente, ante la sequía y la falta de liquidación de dólares del agro por la alta brecha cambiaria, ahora el Gobierno le reclama al FMI que le otorgue una suma similar a la que rechazó hace cuatro años, cercana a los USD 12.000 millones.

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Argentina

Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina

Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.

Ailén Lazarte

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El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.

Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.

Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.

Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.

Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.

El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.

Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.

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Argentina

El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit

La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.

Ailén Lazarte

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El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.

Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.

Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.

Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.

La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.

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Argentina

Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos

El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes

Ailén Lazarte

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Qué motivó la presentación del Gobierno

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.

El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.

Argumentos del Estado argentino

En su presentación, la Procuración afirmó que:

  • Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”

  • El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.

  • Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.

El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.

Contexto del caso

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.

La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.

Repercusiones y próximos pasos

La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.

Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.

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