El Gobierno presentó el proyecto para convertir planes sociales en empleo
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó en el Congreso un proyecto denominado «Un puente al empleo», que busca la conversión de planes sociales en «trabajo genuino y alivio económico» para pymes que generen empleo.
«Desde nuestro espacio político entendemos que el trabajo es más que un salario, es dignidad, es identidad y da sentido de vida y que, desde el Estado, debemos generar un clima de confianza y de estímulo para el empleo», dijo Massa a través de su cuenta de Twitter, al anunciar la presentación del proyecto, que ingresó en las últimas horas a la Cámara baja.
En un video de un minuto que publicó en esa red social, Massa afirmó que «una ley no es una solución mágica» y contextualizó: «La Argentina en el 2002 tenía más de un millón de planes Jefes y Jefas, en el 2015 llegó a 150 mil y, en el 2019, superó los 700 mil planes sociales. Hoy tenemos el desafío de construir un puente de los planes sociales al empleo genuino».
«Estamos promoviendo una herramienta que permite a las pymes, a las provincias, a los municipios, y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro». añadió.
«Pretendemos en definitiva construir un camino virtuoso que le digamos que sí a la transformación de los planes sociales en empleo genuino y de calidad», aseveró Massa.
Según indica el proyecto, el Programa “Un puente al empleo” tiene como objetivo principal «transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad».
La iniciativa contempla que, por 12 meses, el trabajador o la trabajadora podrá mantener el plan social como complemento del salario.
Además, el proyecto prevé que el trabajador o la trabajadora va a acceder a obra social y ART, a la vez que contempla que el trabajador o la trabajadora que participe del programa debe capacitarse y completar cursos de formación.
De acuerdo con el proyecto, también podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
De este modo, la iniciativa busca “consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo dando previsibilidad a los y las trabajadores y a los distintos sectores de la economía”, orientando sus beneficios en brindar alivio económico a las Mipymes que generen empleo.
Para ello, “Un Puente al Empleo” se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.
De manera complementaria, se promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley.
De esta forma, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.
Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.
De todas formas, para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta por 60 meses.
Para poder acceder a estos beneficios, las Mipymes no podrán reducir la nómina laboral ni tener ningún empleado no registrado; no podrán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el Repsal.
La medida busca promover la generación de empleo en la salida de la pandemia.
Según se informó en un comunicado de prensa, considerando los puestos de trabajo declarados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se registra un crecimiento de 140.742 puestos de trabajo entre junio del año pasado y de este año, lo que implica un 1,8% de incremento.
La construcción y la industria manufacturera son los sectores de mayor desarrollo, concentrando dos de cada tres de estos nuevos puestos de trabajo, lo que los hace grandes beneficiarios de esta iniciativa.
Por primera vez desde la vuelta de la democracia, un militar asumirá como ministro de Defensa en Argentina
El Gobierno nacional designó a un oficial de las Fuerzas Armadas al frente del Ministerio de Defensa, un hecho inédito desde 1983. La decisión marca un cambio profundo en la conducción política del área y abre un nuevo capítulo en la relación entre el poder civil y el ámbito castrense.
El Gobierno nacional designó al teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército, como nuevo ministro de Defensa. Será el primer militar en ocupar esa cartera desde 1983.
El presidente Javier Milei eligió al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, para reemplazar a Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa. El cambio será formal a partir del 10 de diciembre de 2025, cuando Petri asuma su banca como diputado nacional.
¿Quién es Carlos Presti?
Presti, de 59 años, se formó en el Colegio Militar y ascendió a teniente general. Desde enero de 2024 se desempeñaba como jefe del Ejército. Su trayectoria incluye mandos de regimientos, brigadas aerotransportadas y también funciones internacionales en misiones de paz.
Para asumir como ministro, pasará a “disponibilidad” de su cargo militar, lo que le permite conservar su jerarquía sin seguir al frente del Ejército activo.
¿Por qué este nombramiento causa revuelo?
Rompe una tradición institucional de más de 40 años. Desde el retorno de la democracia en 1983, el Ministerio de Defensa estuvo siempre en manos de civiles. El nombre de Presti marca una ruptura histórica.
El Gobierno habla de “reivindicación” de las Fuerzas Armadas. En el comunicado oficial, la Casa Rosada afirmó que con este nombramiento se “da por finalizada la demonización de oficiales, suboficiales y soldados” y se espera inaugurar una nueva tradición.
Críticas de sectores políticos y de organismos de derechos humanos. Representantes del peronismo, exministros de Defensa y agrupaciones de derechos humanos cuestionaron la medida como un “retroceso institucional” y alertaron por una posible “militarización de la política”.
Qué cambios se anticipan
Con Presti al frente, se espera una reestructuración de la cúpula militar. En ese contexto, podría haber modificaciones en las jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como una revisión de roles dentro del Ministerio.
Por su parte, desde el Gobierno aseguran que este paso refuerza la línea estratégica y de defensa nacional, y alinea la conducción del área con una mirada más profesional, directa y militarizada.
El Gobierno nacional anunció hoy la creación de una Agencia Nacional de Migraciones (ANM), que reemplazará a la actual Dirección Nacional y quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta decisión representa un cambio decisivo en el manejo del sistema migratorio, trasladando su control del ámbito civil al policial.
La medida forma parte del paquete de reformas del Ejecutivo de Javier Milei y busca fortalecer el combate a delitos transnacionales, narcotráfico y crimen organizado. Desde el Gobierno destacan que la nueva agencia se inspirará en modelos de patrulla fronteriza de países como Estados Unidos.
Cambios en el gabinete
Como parte de este reordenamiento institucional, se confirmó también la llegada de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich. El cambio ratifica la continuidad en la orientación de las políticas de seguridad. Al mismo tiempo, se designó a un militar al frente del Ministerio de Defensa —una novedad histórica desde el retorno de la democracia.
Qué implica este giro
El control migratorio quedará bajo mando de fuerzas de seguridad, no de autoridades civiles.
Se articularán operativos coordinados para frenar tráfico de personas, narcotráfico y otros delitos transnacionales.
La reforma consolida un espaldarazo institucional y simbólico a las Fuerzas Armadas y de seguridad. Para muchos, representa un cambio cultural profundo en el Estado.
Las organizaciones ambientales objetan la iniciativa de Milei para permitir minería junto a glaciares
El jueves, el presidente adelantó que remitirá al Congreso un proyecto al considerar que la actividad ofrece “enormes oportunidades comerciales” y un potencial de generación de hasta un millón de empleos. Desde diversas organizaciones, en cambio, alertaron sobre las posibles consecuencias que podría implicar la iniciativa.
El anuncio del presidente Javier Milei de avanzar con un proyecto que permita habilitar explotaciones mineras en áreas próximas a los glaciares de la Cordillera de los Andes encendió la alarma entre organizaciones ambientalistas, que advierten que la iniciativa compromete las principales reservas de agua dulce del país.
“Sin glaciares no hay agua y sin agua no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país”, afirmó a la agencia EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Milei adelantó el jueves que enviará al Congreso una propuesta para que cada provincia determine qué zonas cercanas a glaciares podrían abrirse a la actividad minera. En un escenario de fuerte expansión del sector —especialmente en litio, cobre y oro— sostuvo que la minería ofrece “enormes oportunidades de negocios” y un potencial de creación de hasta un millón de empleos. También cuestionó a las organizaciones ambientales por oponerse al proyecto.
Si bien la Constitución reconoce a las provincias la propiedad de los recursos naturales, también establece obligaciones en materia de protección ambiental, lo que abre un nuevo capítulo en el debate.
