Un megaoperativo de las fuerzas federales en el norte del país logró desbaratar el traslado de un cuantioso cargamento de sustancias ilícitas. Durante un control de rutina en las rutas norteñas, personal de Gendarmería Nacional logró interceptar y decomisar una cifra superior a los 100 kilogramos de cocaína de máxima pureza, un cargamento que representa pérdidas millonarias para las organizaciones criminales.

La principal hipótesis que manejan los investigadores y los juzgados federales intervinientes apunta directamente a la provincia de Santa Fe. Los primeros indicios y el análisis de la ruta que trazaba el vehículo sugieren que la totalidad de la droga tenía como destino final la ciudad de Rosario, donde se presume iba a ser fragmentada para abastecer los búnkeres y las redes de narcomenudeo locales.

Un hallazgo minucioso en la ruta

El procedimiento se concretó cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un transporte que levantó sospechas por ciertas anomalías en su documentación y en la actitud de sus ocupantes. Al proceder a una requisa exhaustiva con el apoyo de perros adiestrados y scanners, los uniformados detectaron compartimentos dobles (tipo «falso fondo») especialmente diseñados en la estructura del rodado para burlar los controles fronterizos y viales.

En total, se extrajeron decenas de paquetes rectangulares —conocidos habitualmente como «ladrillos»— que tras ser sometidos a los reactivos químicos correspondientes arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Detenciones y ramificaciones de la causa

A raíz del hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron la detención inmediata de los involucrados en el traslado y el secuestro preventivo de los vehículos y dispositivos móviles hallados en el lugar.

El foco de la investigación se centra ahora en cruzar los datos telefónicos y los mapas de viaje de los detenidos. El objetivo de la Justicia es reconstruir la cadena de mandos para identificar tanto a los proveedores del cargamento en la zona de frontera como a la célula criminal que esperaba recibir la mercancía en Rosario, un eslabón clave para entender los movimientos actuales del narcotráfico en la región.

Un preocupante episodio alteró la mañana de este viernes en la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnico Profesional (E.E.T.P.) N° 392 “Juramento de la Bandera”, ubicada en la intersección de la avenida San Martín y la calle Arijón, en la zona sur de Rosario. El hallazgo de una réplica de un arma de fuego dentro del establecimiento generó alarma entre los padres y motivó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad.

La situación se desencadenó a primera hora del día, en coincidencia con una serie de reuniones de padres programadas por la institución. El alerta llegó de manera indirecta cuando un estudiante le envió un mensaje de texto a su madre, advirtiéndole que un compañero de curso había ingresado al colegio portando lo que parecía ser un arma. Al encontrarse ya en el edificio para las reuniones, la mujer notificó inmediatamente a los directivos, quienes llamaron a la central de emergencias 911.

Al arribar al lugar, el personal policial y los directivos realizaron una inspección y lograron secuestrar el objeto en cuestión: se trataba de una réplica plástica de un arma de puño, la cual había sido descartada y ocultada dentro de un inodoro en el sector de los baños. El alumno implicado, un menor de edad, fue rápidamente identificado por las autoridades escolares.

El procedimiento quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que retiró el juguete para las actuaciones de rigor. En tanto, desde el Ministerio de Educación de la provincia confirmaron que se activó de inmediato el protocolo de convivencia escolar para brindar un abordaje interdisciplinario y acompañamiento tanto al menor involucrado como a su entorno familiar.

A pesar de los momentos de incertidumbre y las lógicas discusiones entre los adultos en la puerta del establecimiento, la dirección del colegio confirmó que la situación fue controlada a tiempo y se garantizó la continuidad del ciclo lectivo, por lo que las actividades del turno tarde se desarrollan de manera habitual.

En un procedimiento cerrojo que se extendió por unas veinte cuadras, las fuerzas de seguridad lograron arrestar este martes a Maximiliano Andrés Romero (26), hermano del conocido líder criminal Hernán “Lichy” Romero. El sospechoso intentó darse a la fuga a bordo de un Fiat Uno, pero fue finalmente interceptado en la zona de Razzori al 4100, en el barrio Cristalería, justo frente a la vivienda de su pareja.

La persecución tuvo su origen en la intersección de Cullen y Ugarte y Fontana. Al percatarse de un automóvil sospechoso y sospechar que lo seguían, el joven —quien viajaba acompañado de su hijo menor de edad— aceleró para escapar. Durante la huida, se desprendió de una ganzúa y de dos teléfonos celulares, elementos que posteriormente fueron secuestrados por los uniformados. En el operativo intervino la nueva Unidad de Capturas de Alto Perfil, contando con el apoyo de la división de inteligencia criminal de la PDI – Complejas 2.

Sobre Romero pesaba una orden de detención activa en el marco de una causa por asociación ilícita dedicada al narcomenudeo. Dicha investigación está bajo la órbita del fiscal Ignacio Hueso y se centra en la comercialización de estupefacientes en los barrios Municipal, Nuevo Alberdi y la denominada Zona Cero.

El historial del clan

El apellido Romero cuenta con un pesado historial en el ámbito judicial local. Su hermano, Hernán “Lichy” Romero, recibió en mayo de 2024 una pena de 23 años de cárcel por planificar el secuestro y posterior intento de ejecución de un hombre vinculado a la banda de «Los Monos».

Aquel violento episodio ocurrió el 4 de abril de 2020, cuando la víctima fue capturada en la puerta de su domicilio en Polledo al 3800, sometida a torturas en una vivienda y luego abandonada al costado de la ruta 34. A pesar de haber sido baleado por la espalda y dado por muerto, el agredido logró sobrevivir. Al unificarse este fallo con una condena previa por asociación ilícita, la pena total para «Lichy» quedó fijada en 29 años de reclusión.

Por ese mismo hecho de rapto y tentativa de homicidio, otro de los hermanos del clan, Luciano Luis “Melli” Romero, fue condenado a cumplir una pena de 24 años de prisión.