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Política

Impuesto a las “grandes fortunas”: un informe que le llevaron a Alberto Fernández y Cristina Kirchner sugiere a cuántas personas podría alcanzar

Lo elaboró una de las principales economistas K. Asegura que se podrían recaudar hasta 3.800 millones de dólares.

eltribuno

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Son casi 40 páginas, con cientos de datos económicos y un título llano: «Coronavirus, ¿quién paga la crisis?». Lo elaboró una de las principales economistas K y resulta una suerte de argumentación y sugerencia de por dónde podría venir el impuesto a las «grandes fortunas» que impulsó el sector más duro del Frente de Todos, con Cristina y Máximo Kirchner a la cabeza. Entre otras cosas, propone que el nuevo gravamen se concentre en los 15.000 argentinos más ricos, con bienes en el pais y en el exterior. Y asegura que, según se establezcan las alícuotas, permitiría recaudar hasta 3.800 millones de dólares.

El informe lo elaboró Fernanda Vallejos -con su equipo, Proyecto Económico-, titular de la comisión de Finanzas de la Cámara baja. La diputada participa activamente del debate interno de la iniciativa, que incluye desde su colega Carlos Heller -presidente del Banco Credicoop y titular de la comisión de Presupuesto-, hasta el también legislador nacional del Frente de Todos y ex piquetero Juan Carlos Alderete. Según supo Clarín, el documento ya le fue enviado al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, con quien Vallejos compartió lista en 2017 en la provincia de Buenos Aires.

El documento se conoce cuando aún está abierta -y caliente- la discusión dentro del oficialismo sobre cómo y a quiénes gravar con el nuevo impuesto. Este lunes trascendió un borrador de proyecto, que fijaba el piso en 10.000 millones de pesos -más de 100 millones de dólares-. Una alta fuente K desmintió a Clarín que se trate de la iniciativa «oficial», pero confirmó que la idea es que el universo sea de «grandes fortunas».

Este concepto choca con otras versiones que hablaban de establecer un piso de «sólo» 50 millones de pesos (poco menos de 600 mil dólares, cotización «turista»). Incomodidad económica y sobre todo política: esa línea dejaría adentro de los «ricos» a Máximo Kirchner, con un patrimonio declarado por 143 millones de pesos.

«Jamás formó parte de nuestro proyecto la idea de gravar a los que tienen más de 150.000 dólares, muy lejos de eso, quizá sea 20 ó 30 veces eso, pero lo digo a modo de ejemplo, no lo tomen al pie de la letra. Estamos trabajando», aseguró Heller días atrás. El diputado también señaló que recién a fines de esta semana se conocería el detalle de la iniciativa, que tiene una venia del presidente: «Es posible», respondió Fernández cuando lo consultaron sobre si se avanzará con el tema.

En el informe de Vallejos, cuando hablan de los 15.000 principales contribuyentes ponen como parámetro las declaraciones de Bienes Personales. Son las tres categorías más altas, que arrancan en 30 millones de pesos. ¿Esa es su propuesta de piso, de «sólo» 350.000 dólares, contrario a lo que dice Heller? «No, no, tomamos sólo eso como un parámetro de los contribuyentes más ricos y nos basamos en los datos públicos de AFIP. Pero la idea es apuntar a las grandes fortunas», aclaran en el equipo de la economista.

Las principales conclusiones del informe

Este es el resumen ejecutivo del documento al que accedió Clarín:

– «Argentina transita una crisis que preexiste a la pandemia del coronavirus: más de 16 millones de personas en la pobreza y casi 4 millones en la indigencia; alta inflación (53,8% anual en 2019); 8,9% de desocupación (3 puntos porcentuales más que en 2015); más de 20.000 empresas nacionales (netas) extintas entre 2015 y 2019″.

– «Circunstancias excepcionales, como las grandes guerras, han tenido históricamente correlato sobre la política económica y tributaria de los países. El caso de Estado Unidos, durante la Segunda Guerra, resulta emblemático: la tasa máxima del impuesto a la renta fue elevada al 94%».

– «La desigualdad ha estado en aumento en nuestro país en los últimos 4 años: la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, escaló de 16 a 21 veces entre 2015 y 2019. Además del reproche moral que supone la desigualdad, el aumento de la tasa de crecimiento de la desigualdad está asociada a la reducción de la tasa de crecimiento del PBI».

– «Junto con el complejo cuadro socioeconómico, Argentina acumula una deuda insostenible (el año pasado se destinó más del 15% del gasto total al pago de intereses netos, contra poco más del 3% a salud) a la que es urgente darle una solución que implique una quita sustantiva y la suspensión de los pagos durante el tiempo suficiente para recuperar la normalidad de la economía».

– «Los impuestos directos mejoran la distribución del ingreso y la riqueza, permitiendo al Estado asignar recursos ya sea para asegurar un ingreso mínimo a los sectores sin salario formal, los salarios de los trabajadores de empresas en dificultades o medidas de alivio para Pymes, comercios y unidades productivas».

– «Entre 2015 y 2019 los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, y los muy progresivos retrocedieron 1,4 puntos porcentuales. Este sesgo regresivo sugiere que los nuevos tributos deben estar vinculados a impuestos altamente progresivos (Ganancias, Bienes Personales)».

– «En Argentina, según datos de AFIP, del total de la riqueza declarada por residentes, el 40% se encuentra fuera del país. Además, el 70% de los activos externos contabilizados por el Indec no están declarados».

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– «Para fines de 2019 los argentinos tenían activos en el exterior por U$S 399.550 millones, un 47% más que al final de 2015. Estimamos que no menos de U$S 235.000 millones no están declarados. Por eso, el Estado se estaría perdiendo de recaudar cerca de U$S 1.200 millones de bienes personales«.

– «Un gravamen extraordinario de 1% sobre las grandes riquezas en el país y en el exterior, sólo considerando los 3 tramos superiores de ingresos –las declaraciones de apenas unas 15.000 personas– permitiría recaudar unos US$ 800 millones. Naturalmente, los montos podrían ir mejorando si se aplicaran alícuotas diferenciales en sentido progresivo, elevándolas para cada tramo de ingresos. Del mismo modo, si las alícuotas fueran el doble para el caso de la riqueza exteriorizada, un impuesto del 1% (2% para bienes en el exterior) aportaría unos U$S 1.435 millones».

– «El escenario más conservador del impuesto extraordinario (1% para todos los tramos, sin escala progresiva, sin diferencial para los bienes en el exterior) permitiría incrementar casi en un 50% la asistencia a las provincias prevista en $ 120.000 millones. Agregar 1 punto porcentual de alícuota para cada tramo de ingresos para los bienes en el país y duplicarlas en el caso de los bienes exteriorizados, permitiría recaudar algo más de US$ 3.800 millones«.

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– «El Estado podría constituir un Fondo Federal de Emergencia que duplique la asistencia prevista para las provincias, que podría permitir, incluso, reducir inequidades, distribuyendo los recursos de modo que las provincias más afectadas por la pobreza y que menos ingresos por habitante recaudan y menos coparticipación por habitante reciben, se beneficien de una mayor porción de los recursos».

– «El Estado nacional seguiría disponiendo de $135.000 millones para otras políticas. Estos recursos, sumados a los que podrían surgir, por ejemplo, de gravar los beneficios extraordinarios de las personas jurídicas, podrían complementarse con el financiamiento del Banco Central para que el Estado garantice a todas las personas que no tengan grandes patrimonios, altos ingresos, ni salarios registrados suficientes, un Ingreso Ciudadano Garantizado que cubra los gastos necesarios para satisfacer derechos fundamentales como la alimentación, el cuidado de la salud, la vivienda y los servicios básicos. Una medida de esas características mejoraría las condiciones macroeconómicas para la reconstrucción económica una vez superada la emergencia sanitaria».

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Política

Granata habló de una “maldición de los vuelos privados” y apuntó contra dirigentes libertarios

La diputada provincial santafesina cuestionó en redes sociales a figuras cercanas al oficialismo nacional y vinculó sus carreras políticas con polémicas por el uso de aviones privados.

Ailén Lazarte

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La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, volvió a generar repercusiones en el ámbito político luego de publicar un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a varios dirigentes vinculados al espacio libertario y habló de lo que denominó “la maldición de los vuelos privados”.

La legisladora hizo referencia a recientes polémicas relacionadas con viajes en aviones privados o vuelos oficiales y señaló que ese tipo de situaciones termina teniendo consecuencias políticas para quienes se ven involucrados.

Granata apuntó particularmente contra el actual jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de la discusión pública tras el viaje de la comitiva presidencial a Estados Unidos, en el que participó su esposa. La presencia de familiares en ese traslado generó cuestionamientos y denuncias, lo que reavivó el debate sobre el uso de recursos oficiales.

En ese contexto, la diputada sostuvo que ese episodio podría derivar en un desgaste político similar al que, según su interpretación, ya afectó a otros dirigentes.

En su publicación también mencionó a la senadora nacional Carolina Losada, al recordar que —según su planteo— su carrera hacia la gobernación santafesina se vio afectada cuando se conoció que había utilizado un avión privado durante la campaña electoral.

Además, incluyó en la lista al economista y dirigente liberal José Luis Espert, a quien vinculó con una situación similar relacionada con vuelos privados que, según su interpretación, habría impactado en su proyección política.

Se pierden con el poder y los privilegios que ellos mismos criticaban”, escribió Granata en su mensaje, donde cuestionó lo que considera contradicciones dentro del espacio libertario. La legisladora concluyó su comentario señalando que esos episodios representan, a su juicio, una muestra de cómo el acceso al poder puede alejar a algunos dirigentes de las ideas que defendían en sus comienzos.

Las declaraciones reavivaron la discusión política en redes sociales y generaron reacciones tanto de dirigentes oficialistas como de sectores opositores, en medio de una semana marcada por polémicas y cruces dentro del escenario político nacional.

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Política

Suspensión de clases en un colegio de Rosario por una amenaza mafiosa

Una escuela de la zona sur de Rosario debió suspender sus actividades luego de que apareciera una bandera con un mensaje amenazante en el ingreso al establecimiento. La situación generó alarma entre docentes y familias, mientras la policía inició una investigación para determinar quién colocó el cartel intimidatorio.

Ailén Lazarte

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La tranquilidad de la primera semana del ciclo lectivo se vio interrumpida en un colegio de la zona sur de Rosario tras el hallazgo de una bandera con un mensaje intimidatorio colocado en el frente del establecimiento. La aparición del cartel encendió las alarmas y llevó a las autoridades escolares a suspender las clases por precaución.

El hecho fue detectado durante las primeras horas de la mañana, cuando personal del colegio advirtió la presencia de la tela con una amenaza escrita. Ante la situación, se dio aviso a la policía y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.

Alarma entre docentes y familias

Poco después del ingreso de los alumnos al edificio, los directivos tomaron la decisión de suspender las actividades para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores del establecimiento. La medida generó preocupación entre las familias que se acercaron al lugar al conocer lo ocurrido.

Las fuerzas de seguridad realizaron las primeras tareas en el sitio, que incluyeron el retiro de la bandera y el relevamiento de posibles pruebas para avanzar con la investigación.

Investigación en marcha

El episodio quedó bajo análisis de la policía y de la Justicia, que buscan establecer quién o quiénes colocaron la amenaza y cuál era el objetivo del mensaje. También se intenta determinar si el hecho está vinculado con otros episodios de intimidación registrados en distintos puntos de la ciudad en los últimos tiempos.

Mientras tanto, las autoridades educativas y policiales trabajan para garantizar condiciones de seguridad en la zona antes de retomar la actividad escolar con normalidad.

El caso vuelve a poner en agenda el impacto que generan los mensajes intimidatorios vinculados a disputas delictivas, que en ocasiones utilizan espacios públicos o instituciones para enviar advertencias o amedrentar a determinados destinatarios.

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Política

Comenzó a regir la nueva ley laboral en Argentina

La nueva legislación laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya está en vigencia tras su aprobación en el Congreso y publicación oficial. La normativa introduce modificaciones en el régimen de indemnizaciones, el período de prueba, los aportes sindicales y la organización de la jornada laboral, con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y fomentar la contratación formal.

Ailén Lazarte

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La reforma laboral aprobada por el Congreso nacional comenzó a aplicarse oficialmente en todo el país y marca uno de los cambios más profundos en la regulación del empleo en las últimas décadas. La norma forma parte del paquete de reformas económicas promovidas por la administración de Javier Milei, que sostiene que la iniciativa busca modernizar el sistema laboral y promover la creación de empleo formal.

Entre los puntos más destacados de la nueva legislación se encuentran modificaciones en las reglas de contratación, despidos y organización de la jornada laboral, además de cambios en el funcionamiento de los convenios colectivos y en los aportes vinculados a los sindicatos.

Cambios en indemnizaciones y fondos de cese

Uno de los ejes centrales de la reforma está relacionado con el sistema de indemnizaciones por despido. A partir de la nueva normativa, el cálculo se realizará sobre el salario mensual habitual, dejando afuera conceptos que no se perciben de manera regular, como el aguinaldo o las vacaciones.

Además, la ley habilita la creación de fondos de cese laboral mediante convenios colectivos. En este esquema, el empleador realiza aportes periódicos a un fondo individual y, cuando finaliza la relación laboral, el trabajador recibe el monto acumulado.

Período de prueba más largo

Otro cambio relevante es la extensión del período de prueba. Con la nueva ley, el plazo general pasa a ser de seis meses, mientras que en empresas muy pequeñas —de hasta cinco empleados— puede llegar a ocho meses. Durante ese tiempo, el vínculo laboral puede finalizar sin que corresponda indemnización, aunque el trabajador debe estar registrado y con aportes desde el inicio.

Nuevas reglas para aportes sindicales

La legislación también introduce límites en los aportes vinculados a las organizaciones sindicales. Entre otras medidas, se establece que las contribuciones patronales a cámaras empresariales tendrán un tope del 0,5%, mientras que los aportes de trabajadores no podrán superar el 2% de su salario.

Además, la retención automática de la cuota sindical quedará sujeta al consentimiento del trabajador, lo que modifica la forma en que se financiaban muchas organizaciones gremiales.

Regularización del empleo informal

La nueva normativa también contempla un régimen de regularización laboral destinado a trabajadores no registrados. En ese marco, se eliminan algunas multas vinculadas al trabajo informal y se establece un mecanismo para que los empleadores puedan blanquear relaciones laborales pagando las diferencias salariales y previsionales correspondientes.

Debate político y sindical

La reforma generó un fuerte debate político y sindical. Desde el gobierno nacional sostienen que las modificaciones permitirán reducir la litigiosidad laboral y generar condiciones más favorables para la inversión y la creación de empleo.

Sin embargo, sectores gremiales y parte de la oposición advierten que la normativa podría implicar una reducción de derechos laborales históricos y ya impulsaron protestas y acciones judiciales para intentar frenar algunos artículos de la ley.

Con su entrada en vigencia, el nuevo esquema laboral abre una etapa de cambios en el mercado de trabajo argentino, cuyo impacto real en la economía y el empleo comenzará a medirse en los próximos meses.

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