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La muerte de «Coto» Medrano sigue dejando mensajes a sangre y plomo en Granadero Baigorria

Una mujer fue herida en barrio San Miguel de Granadero Baigorria. Su casa había sido baleada ya tres veces en dos meses

eltribuno

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La muerte de «Coto» Medrano sigue dejando mensajes a sangre y plomo en Granadero Baigorria

El jueves 10 de septiembre poco antes de las 23.30 el frágil orden establecido en el norte del Gran Rosario y el Cordón Industrial saltó por los aires. A la hora señalada tres hombres bajaron de una camioneta frente a la estación de servicios más representativa de Granadero Baigorria, en Eva Perón y avenida San Martín, y ejecutaron con una pistola calibre 40 a Marcelo «Coto» Medrano, barra de Newell’s y sindicado narco. La cacería duró una cuadra. Ese crimen sigue, y parece que seguirá, dando tela para cortar. Un homicidio con saga que el lunes a la noche escribió otro capítulo. Por tercera vez en dos meses el quiosco de Mitre al 700, en el barrio San Miguel de Granadero Baigorria, sufrió un ataque a balazos. Esta vez con la consecuencia de una mujer herida: Gabriela Yanina B., de 31 años. “Gabiiii”, escuchó la víctima en la voz de una mujer poco antes de las 21 a las puertas de su quiosco. Y cuando manoteó el picaporte de la puerta de madera lisa, escuchó detonaciones y en menos de un parpadeo el ardor del plomo impactando en su cuerpo. Un balazo le pegó en el omóplato y otro en el abdomen. Los dos disparos quedaron expuestos en la superficie de la puerta. A su alrededor había niños pequeños. El tirador disparó contra la puerta buscando matar. Pero Gabriela tuvo buena fortuna y quedó internada fuera de peligro en el Hospital Eva Perón.

Todo en derredor de la figura de Gabriela Yanina B. parece tener historia en los últimos años. Fue presa en junio de 2019 en el marco de la investigación de un detenido que se había evadido en medio de una salida transitoria en una casa de Solís y Vélez Sársfield; su negocio, “Los tres hermanos”, fue baleado al menos tres veces en dos meses; y el local fue allanado el 15 de septiembre pasado en el marco de las investigaciones de los homicidios de “Coto” Medrano y los fusilamientos de Ezequiel “Peca” Arrúa y Osvaldo “Chupete” Ibarra en el paredón del cementerio de Baigorria, un día después que el barra de Newell’s fuera asesinado.

La semana previa a los allanamientos “Los tres hermanos” fue atacado a balazos dos veces. En una de ellas los tiratiros se filmaron y lo viralizaron. “Esto no es coca, papi… filmame acá cumpa”, decía el tiratiros con regatón al palo como banda de sonido. “Un poco más adelante, frena Chacho», dijo y se escuchó el latir de una pistola con su percutor reformado. Hoy el frente de la granjita expone la ferocidad de aquellos mensajes escritos con plomo.

¿Pero qué hay detrás de estos ataques a balazos con muertos, heridos y venganza? Los fiscales que intervienen se muestran cautos y sugieren que todo está ligado con la rencilla que en vida tuvo Coto con “Dany” (Daniel Alejandro Godoy), otro sindicado vendedor de drogas en el Cordón Industrial y con quien superponían sus puntos de venta en el mercado. Gabriel Mario Godoy, suboficial de la policía santafesina y hermano de Dany, fue detenido e imputado como partícipe necesario del asesinato de Medrano. Para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el policía conducía la camioneta de donde bajaron los sicarios que asesinaron a “Coto”.

El policía quedó bajo prisión preventiva con vencimiento el 18 de noviembre. Gabriel Godoy y Medrano fueron vecinos, de chicos vivieron en la misma cuadra y fueron juntos a la escuela. Pero Coto se enfrentó con Dany y cuando la familia queda en el medio no hay remembranza posible. El policía había sido absuelto en la investigación por la desaparición de Paula Perazzi. Mientras buscaban a Dany, su hermano, dieron con un puerto seco (lugar donde se acopia y comercializa cereal en negro, 70 mil litros de gasoil y 5 mil litros de nafta para negociar en negro) en las afueras de Ricardone y propiedad de un ex policía. La calle vincula a la mujer atacada con Gabriela o Yanina según con quien se hable, con Dany y la venta de drogas.╠

La historia. Mucho del enfrentamiento de Coto con la familia Godoy se supo tras el crimen del barra y sindicado narco. Ahí se supo que el asesinato estuvo precedido por tiroteos a una vivienda, el incendio de un camión, amenazas a una carnicería de la familia Godoy y hasta una amenaza de muerte que recibieron familiares del acusado un día antes del crimen. Tanto la pareja como la madre del barra asesinado mencionaron la enemistad de la víctima con Gabriel y su hermano Dany. Dijeron que el policía había “embagayado” (involucrado sin pruebas) a Coto en causas penales.

Un mes y medio antes del final de Medrano, un camión de Gabriel Godoy fue incendiado el 29 de julio. Y el 1º de agosto, Godoy sufrió un tiroteo en el frente de su casa de Fray Luis Beltrán. Entonces denunció que el organizador de ese atentado había sido Coto. Como motivo de la rivalidad adujo que él lo había investigado en una causa de abuso de armas del año 2014 que tenía como víctimas a dos de sus cuñados. Un testigo de identidad reservada aportó que “la familia Medrano siempre estuvo en disputa con los Godoy”. De ellos dijo que “coparon el mercado de drogas” junto con un ex jefe policial y que “siempre tuvieron negocios de puertos secos”.╠

¿Y Gabriela? ¿Cómo entra a tallar Gabriela Yanina B. en el juego? Para los investigadores y la calle, esta mujer es un peón de Dany Godoy y su gente en el complejo juego de ajedrez en el que se transformó el norte de Rosario y el Cordón Industrial. De esta mujer se conoce que el 1º de junio de 2019 fue detenida en Brown al 1100, a ocho cuadras del almacén “Los tres hermanos”, en una investigación por la evasión de Héctor Maximiliano Leo. El mencionado se había fugado el 24 de mayo dos semanas antes por los techos de la vivienda donde estaba junto a su familia, en Solís y Vélez Sársfield, en el barrio Ludueña de Rosario. El interno había llegado a la vivienda en una camioneta del Servicio Penitenciario y no volvió. Lo próximo que se supo de Gabriela fue durante la saga de balaceras que la tuvieron como víctima y por el allanamiento del 15 de septiembre donde fue demorada pero no imputada.╠

Así se llegó a la noche del lunes. Poco antes de las 21 dos personas llegaron a la puerta del comercio de la mujer, la llamaron y dispararon. Los testigos hablan de un hombre petiso y de una mujer robusta. Fue trasladada al Hospital Eva Perón donde quedó internada en observación fuera peligro. La investigación en principio pasó por las manos de la fiscal de Flagrancia Andrea Vega pero luego recaló en el escritorio de Adrián Spelta, de la unidad de homicidios.╠

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Condena récord en Rosario: Perpetua para 12 miembros de la banda de «Fran» Riquelme por 42 delitos

La Justicia santafesina finalizó el debate oral contra una de las organizaciones criminales más violentas de la región. El tribunal impuso las máximas sanciones para los principales integrantes del clan tras acreditarse su responsabilidad en un extenso entramado delictivo que incluyó 42 hechos juzgados, marcando un precedente institucional sin antecedentes inmediatos en la provincia.

Ailén Lazarte

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El alcance de las condenas y las dimensiones del proceso

El juicio oral y público contra la estructura delictiva comandada por Francisco «Fran» Riquelme concluyó con una resolución calificada como histórica por los operadores del sistema judicial de Rosario. Los magistrados a cargo del tribunal dictaron doce condenas a prisión perpetua para las segundas líneas y los sicarios de la banda, además de imponer severas penas de cumplimiento efectivo para el resto de los componentes de la red. Las dimensiones del debate reflejan la magnitud del golpe a la organización: se ventilaron de manera simultánea 42 hechos delictivos, una cifra que expone el nivel de despliegue territorial que el grupo mantenía en diversos barrios de la ciudad.

La fiscalía logró probar a lo largo de las audiencias que la facción operaba como una asociación ilícita altamente violenta, responsable de una seguidilla de homicidios ejecutados por encargo, tentativas de asesinato, extorsiones comerciales y balaceras intimidatorias contra objetivos institucionales y viviendas particulares. El volumen de evidencia testimonial, los peritajes balísticos y las intervenciones telefónicas presentadas durante el debate resultaron determinantes para que el tribunal validara la calificación penal más gravosa contemplada en el Código Penal Argentino.

Un precedente judicial clave en la lucha contra las organizaciones complejas

El resultado de este juicio representa un hito institucional en la provincia de Santa Fe, no solo por la cantidad de penas máximas dictadas en una sola sentencia, sino por la capacidad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para unificar decenas de legajos de investigación en un único debate de alta complejidad. Según destacaron fuentes judiciales, este abordaje integral permitió demostrar de manera fehaciente cómo las directivas emanadas desde los establecimientos penitenciarios se traducían en ejecuciones materiales en las calles, desarticulando el argumento de que se trataba de hechos delictivos aislados.

La sentencia fue recibida con fuerte repercusión tanto en el ámbito político como en las fuerzas de seguridad, donde se evaluó el fallo como una señal de firmeza institucional frente a las estructuras ligadas al crimen organizado y al control de territorios. Mientras las defensas de los imputados anticiparon que recurrirán la resolución ante las instancias de apelación correspondientes, las autoridades judiciales dispusieron el mantenimiento de estrictos protocolos de detención para los condenados, con el objetivo de neutralizar su capacidad operativa dentro del sistema carcelario.

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Lucha contra el microtráfico: Despliegan múltiples allanamientos simultáneos en Santa Fe y Santo Tomé

La Policía de Investigaciones (PDI) encabeza una serie de operativos en el marco de la ley provincial de narcomenudeo. Los procedimientos, que cuentan con el apoyo de las fuerzas tácticas y la división de canes, apuntan a desarticular puntos de venta de estupefacientes al menudeo en distintos barrios de ambas ciudades.

Ailén Lazarte

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Los operativos simultáneos y las fuerzas desplegadas Las fuerzas de seguridad provinciales iniciaron una serie de allanamientos simultáneos en distintas localizaciones de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Los operativos están coordinados por el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y forman parte de las directivas dispuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad en concordancia con la aplicación de la Ley de Microtráfico vigente en el territorio santafesino.

Debido a la complejidad de las zonas intervenidas y para garantizar la seguridad de los perímetros, la PDI trabaja en conjunto con las dotaciones del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y los especialistas de la División Canes. Los uniformados irrumpieron en forma sorpresiva en las primeras horas del día en los domicilios investigados, los cuales habían sido previamente identificados como presuntos centros de fraccionamiento y comercialización de drogas a escala barrial.

Investigación en curso y el impacto en los barrios Las pesquisas que derivaron en estas órdenes de allanamiento judicial se sustentaron en denuncias vecinales y en el seguimiento de datos recabados por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo primordial de estas intervenciones es cortar los eslabones más visibles de las organizaciones delictivas dedicadas al comercio de sustancias ilegales, cuya actividad suele estar vinculada a otros delitos conexos, como el uso de armas de fuego y los conflictos territoriales en la región capital.

Hasta el momento, los efectivos policiales continúan trabajando en los inmuebles bajo la supervisión de las autoridades correspondientes. Se avanza con el secuestro de material estupefaciente, dinero en efectivo, balanzas de precisión y telefonía celular, elementos que serán puestos a disposición de la Justicia para determinar la situación procesal de las personas que resulten demoradas o aprehendidas durante el desarrollo de la jornada.

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Detención en Rosario: Identificaron a un presunto terrorista por amenazas contra una sinagoga de Buenos Aires

La Policía Federal Argentina detuvo en la ciudad a un sospechoso acusado de emitir graves intimidaciones contra una institución de la comunidad judía ubicada en Capital Federal. El arresto fue el resultado de una investigación tecnológica que permitió localizar el origen de los mensajes en territorio rosarino.

Ailén Lazarte

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La detención en Rosario y el origen de la causa Un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad federales derivó en la captura de un hombre en la ciudad de Rosario, señalado como el presunto autor de amenazas de carácter terrorista contra una sinagoga situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa, que se tramita en los tribunales federales, se inició tras las denuncias presentadas por las autoridades de la entidad religiosa porteña, quienes alertaron sobre la recepción de mensajes de odio y advertencias de ataques violentos.

Las tareas de inteligencia criminal y los peritajes informáticos sobre las cuentas emisoras arrojaron que el sospechoso no se encontraba en las inmediaciones del objetivo amenazado, sino que operaba desde la provincia de Santa Fe. Con los datos de geolocalización confirmados, la Justicia libró las órdenes correspondientes para concretar la aprehensión del involucrado en el macrocentro rosarino, quedando inmediatamente a disposición del magistrado interventor.

El peritaje de los dispositivos y las medidas de seguridad Tras el arresto, las fuerzas policiales procedieron al secuestro de teléfonos celulares, computadoras y soportes de almacenamiento digital que se encontraban en poder del detenido. Estos elementos serán sometidos a un exhaustivo análisis forense para determinar si el sospechoso actuaba de manera individual o si mantenía vínculos con organizaciones extremistas locales o internacionales de mayor envergadura.

Por su parte, las delegaciones de seguridad correspondientes mantendrán las alertas preventivas y el monitoreo en torno a las sedes de la comunidad en Buenos Aires, mientras se define la situación procesal del imputado y su posterior traslado para prestar declaración indagatoria ante el juez de la causa.

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