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Política

Los triunfos de la droga en Bolivia

En los últimos años la expansión territorial de los cultivos de coca ilegal se han multiplicado, favorecidos por políticas impulsadas por los gobiernos del MAS

Ailén Lazarte

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Los triunfos de la droga en Bolivia

Afganistán está, claramente, bajo el dominio de la droga. Bolivia va en esa dirección ahora, cuando la producción de coca se expande sin control y los fabricantes de droga tienen incluso el apoyo del gobierno.

Productores de la coca legal de los Yungas de La Paz son reprimidos brutalmente por la policía porque protestan contra la decisión del gobierno de crear un mercado ilegal de la coca para beneficiar a los fabricantes de cocaína, denuncia el diputado Walky Egüez.

Uno de los cocaleros perdió un brazo, una decena de ellos han sido detenidos y sus esposas secuestradas por la policía, que ingresó a viviendas privadas para lograrlo, lo que provocó un pronunciamiento de las Naciones Unidas: “Excesivo uso de la fuerza”.

La coca legal de Yungas se comercializa en Villa Fátima de La Paz, pero el gobierno decidió crear otro mercado, en Villa El Carmen, donde los narcotraficantes podrán comprar la hoja sin el control de los sindicatos, denuncia el analista Gregorio Lanza.

Hasta 2006, cuando llegó Evo Morales a la presidencia, sólo estaba autorizada la coca de Yungas, pero él decidió convertir en legales los cultivos de Chapare, en Cochabamba, de donde es dirigente sindical.

Una ley aprobada para ese propósito dice que el área de cultivo de la coca pasa de 12.000 a 22.000 hectáreas. El experto Franklin Alcaraz dice que para atender la demanda tradicional de la coca bastarían 6.000 hectáreas.

La DEA dice que, en realidad, en este momento son 36.000 las hectáreas en que se cultiva la coca en Bolivia, en Yungas y Chapare, sin contar los cultivos que existen en once parques nacionales, que están desprotegidos.

Morales se ha convertido en el profeta que promueve los cultivos ilegales, no solamente en Bolivia. Él aconsejó al peruano Pedro Castillo legalizar los cultivos del VRAEM, que eran quemados por la policía de ese país y sus pistas clandestinas bombardeadas por anteriores gobiernos.

Aparte de lo que ocurre en La Paz, la guerra que conduce Morales enfrenta a los lugareños que se oponen a que sus tierras sean convertidas en cocales.

La táctica consiste en la toma violenta de grandes extensiones de tierra, incluso de propiedad privada, hacerse fuertes con la policía y luego exigir al Instituto de Reforma Agraria (INRA) la legalización de sus predios robados, lo que ocurre de inmediato.

También se usa el incendio de grandes extensiones de bosque, como en 2019, en que fueron quemadas dos millones de hectáreas. Así, el trabajo está hecho, pues esa tierra chamuscada está lista para los cultivos de coca.

Las plantaciones de coca, según relató el legendario dirigente minero Filemón Escóbar, son diseñadas de tal manera que tienen anchas avenidas que hacen de vía de comunicación pero también sirven para el aterrizaje de las avionetas.

De Chapare esas avionetas se llevan la “pasta base” (sulfato de cocaína) hacia las fábricas donde están los mejores laboratorios de Sudamérica que la convierten en clorhidrato, la “diosa blanca”. Luego, las avionetas se ocupan de llevar la droga hacia los países vecinos.

Tienen la ventaja de que el tráfico de aeronaves por el espacio aéreo boliviano no tiene ningún control. Los trece radares que el gobierno de Morales compró en 2015 pagando 225 millones de dólares, todavía no han sido usados.

La semana pasada el ministro de defensa, Edmundo Novillo, dijo que sólo uno de esos radares será destinado, cuando esté listo, a controlar el tráfico de las avionetas del narcotráfico. En siete años, el trabajo de armar los radares había avanzado en 90%, dijo el ministro. Novillo es uno de los ministros de Luis Arce que son la “cuota” de Morales.

Los cárteles brasileños operan en Bolivia y se enfrentan todos los días en ciudades fronterizas, como San Matías. El diario O Estado de Sao Paulo informó que el Primer Comando da Capital tiene incluso cultivos de coca en Bolivia.

Morales hizo un viaje relámpago a Colombia después de la posesión de Gustavo Petro. Había estado en México en contacto con el Cártel de Sinaloa cuando huyó de Bolivia en 2019. Recibe los votos de los bolivianos que viven en Argentina, donde la droga de Chapare ha creado verdaderos infierno, como Rosario.

Algunos asegurarían que podría convertirse en Simón Bolívar, pero de otro tipo de actividades.

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Política

Se fue Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Pese a la partida de una de sus impulsoras, el operativo conjunto entre Nación y provincia continuará sin modificaciones. ¿Cuál será el próximo paso?

Ailén Lazarte

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Desde este lunes, Patricia Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su salida, ya anticipada desde que anunció su candidatura a senadora, generó algunas dudas en Santa Fe sobre el futuro del Plan Bandera, el operativo conjunto que logró reducir de manera significativa los niveles de violencia y criminalidad en Rosario y que ella lideró junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, desde ambos gobiernos insisten en que nada cambiará.

Con Alejandra Monteoliva —hasta ayer secretaria de Seguridad— asumiendo el cargo, se confirmó la continuidad del operativo.
“El plan sigue. Es una estrategia de mediano y largo plazo”, aseguró el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. Y agregó: “El Plan Bandera está reconocido a nivel internacional como un caso de éxito inédito. Se estudiaron más de cien programas de reducción de violencia y ninguno logró un impacto tan rápido y profundo”.

Angelini destaca especialmente la caída del 63% en los homicidios dolosos en Rosario durante 2024, tendencia que —según afirmó— se mantuvo durante 2025. “En 2026 vamos a profundizar aún más esa baja”, señaló.

En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe también se mostraron conformes: destacaron el funcionamiento “totalmente aceitado” entre fuerzas federales y provinciales bajo el Comando Conjunto Unificado, considerado un punto clave para sostener la coordinación.
En ese marco, remarcan que no esperan grandes modificaciones: “La línea de Monteoliva es la misma línea que venía marcando Bullrich”.

La propia exministra respaldó a su sucesora señalando que “tiene la capacidad y la experiencia para garantizar la continuidad de la doctrina que ordenó al país”. De hecho, la estructura del Comando Unificado establece que su disolución depende exclusivamente de la ministra de Seguridad nacional, por lo que ahora Monteoliva tendrá la potestad de sostener o retirar fuerzas federales según lo considere necesario.

El gobernador Pullaro también valoró la designación. “Es alguien que conoce profundamente la seguridad pública. En nuestra última reunión ajustamos zonas específicas en base a datos actualizados. Estoy seguro de que seguiremos mejorando con el acompañamiento federal”, sostuvo.

Qué viene hacia 2026/2027

El gobierno provincial proyecta que la consolidación definitiva de los niveles de seguridad llegará cuando concluyan las obras de infraestructura penitenciaria en curso y se incorporen nuevas tecnologías, como sistemas de monitoreo con inteligencia artificial de última generación. La estimación oficial ubica ese horizonte entre fines de 2026 y principios de 2027.

Mientras tanto, el objetivo es avanzar en la normalización administrativa del sistema de seguridad: ordenar áreas, agencias, estructuras y procesos que quedaron en segundo plano durante la etapa más crítica de la emergencia.

Para Angelini, uno de los mayores logros de esta etapa es haber recuperado “una ciudad donde se puede invertir, organizar eventos masivos y recibir turismo de cercanía”, algo que —según remarcó— se evidenció en 2024 y se profundizó durante 2025.

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Política

Avanza la reforma penal: endurecen sanciones, suman figuras delictivas y eliminan la prescripción en casos graves

El Gobierno envió al Congreso un proyecto que moderniza el marco penal, endurece las penas para los delitos violentos, suma nuevas figuras y elimina los plazos de prescripción en hechos de extrema gravedad, que podrán investigarse y juzgarse sin límite de tiempo.

Ailén Lazarte

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El Gobierno avanza con una profunda reforma del Código Penal que endurece penas, redefine figuras delictivas y establece que varios de los crímenes más graves ya no puedan prescribir. Con el envío al Congreso de un paquete de modificaciones de amplio alcance, el oficialismo formalizó su propuesta de actualización integral del sistema penal.

El proyecto apunta a reemplazar una normativa que rige desde hace más de cien años y adecuarla a los desafíos actuales: el crecimiento del crimen organizado, nuevas modalidades delictivas y escenarios de violencia cada vez más complejos.

Según lo informado de manera oficial, la iniciativa contempla un endurecimiento generalizado de las sanciones para delitos considerados de alto impacto social, como homicidios, robos agravados, narcotráfico, trata de personas y delitos vinculados a explotación sexual infantil.

Uno de los puntos más relevantes es la decisión de eliminar la prescripción en casos como abuso sexual y homicidio agravado, lo que permitirá investigar y juzgar estos hechos sin límite temporal. La reforma también refuerza la premisa de que las condenas se cumplan de manera efectiva.

La propuesta incorpora además una redefinición de la prisión perpetua: dejaría de estar sujeta a topes temporales y pasaría a equivaler a un encarcelamiento de por vida para los delitos más graves, como el homicidio agravado.

El envío del nuevo Código Penal se articula con otras reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la implementación plena del Sistema Acusatorio —que asigna a los fiscales la dirección de las investigaciones y acelera los procesos judiciales— y la reducción de la edad de imputabilidad.

“Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, señala el mensaje institucional que acompaña la propuesta, que coloca el foco en las víctimas y busca una respuesta penal más estricta por parte del Estado.

En el Congreso se anticipa un debate extenso y de alto voltaje político, que incluirá la discusión sobre el alcance real de la prisión perpetua, las reglas de punibilidad para menores y la capacidad del sistema penitenciario y judicial para sostener un esquema más rígido. Todo indica que será uno de los debates más relevantes en materia penal en décadas.

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Política

Histórico: Rosario se convierte en ciudad autónoma y abre una nueva etapa institucional

Por unanimidad en general, pero abstenciones y votos divididos artículo por artículo, el Concejo aprobó la ordenanza que declara la autonomía, habilita el ejercicio inmediato de competencias y convoca a una Convención Estatuyente que después de los comicios de 2027 redactará una miniconstitución local. Un cambio esperado desde hace décadas que reconfigura el estatus de la ciudad frente a la Provincia y la Nación

Ailén Lazarte

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Por primera vez en su historia, Rosario fue declarada ciudad autónoma. La decisión se tomó este jueves por la noche en el Concejo Municipal, donde —aunque la votación en general fue unánime— parte de la oposición se abstuvo o votó en contra de algunos artículos puntuales. El hito se concreta pocos meses después de que la reforma constitucional santafesina habilitara a los municipios a adoptar este estatus, un reclamo que Rosario sostiene desde que la autonomía municipal fue incorporada a la Constitución nacional en 1994.

La ordenanza aprobada supone un doble avance. Por un lado, la Municipalidad podrá asumir de manera directa un amplio paquete de competencias económicas, administrativas, financieras, ambientales y urbanísticas. Entre ellas: endeudamiento sin aval provincial, regulaciones de arbolado y antenas, régimen propio de compras y expropiaciones, administración de vehículos del corralón y manejo de procedimientos administrativos. Todo esto sin depender de autorizaciones de otras jurisdicciones.
Por otro lado, se enciende el proceso estatuyente: en 2027 se elegirán 28 convencionales encargados de redactar la primera Carta Orgánica de Rosario, el documento que delineará la estructura institucional de la nueva ciudad autónoma.

El intendente Pablo Javkin buscaba que la autonomía quedara aprobada antes del recambio del 10 de diciembre —cuando Unidos perderá la mayoría propia— y, además, aspiraba a un acompañamiento pleno de todas las fuerzas políticas. La ordenanza fue debatida durante un mes y medio en la comisión de Gobierno, con participación constante del Ejecutivo y de distintos actores involucrados, incluido el Sindicato de Trabajadores Municipales. El texto viajó innumerables veces entre el Palacio de los Leones y el Palacio Vasallo, y aun así la sesión llegó con diferencias abiertas.

La reunión, prevista para las 13, recién inició a las 19.30, minutos después de que el Ejecutivo incorporara las últimas modificaciones solicitadas por sectores opositores. Los cambios no alcanzaron para satisfacer a todos, pero sí para asegurar la aprobación en general, que llegó tras casi cuatro horas de un debate áspero por momentos y coronado con un aplauso cerrado de los 28 concejales.

Aunque aprobada como una única norma, la ordenanza quedó estructurada en tres bloques: la declaración formal de autonomía; el ejercicio inmediato de nuevas competencias económicas, administrativas y financieras; y la convocatoria a una Convención Estatuyente para redactar la Carta Orgánica, una suerte de “mini Constitución” local.

Un debate cargado de tensiones

Las objeciones de la oposición se concentraron principalmente en esa segunda parte —la que habilita el ejercicio inmediato de la autonomía— y en algunos puntos vinculados al proceso estatuyente. En este último tramo, los reparos apuntaron a que el Ejecutivo incluyera un temario sugerido y a la falta de garantías de una participación ciudadana amplia durante la elaboración de la Carta Orgánica. Dicho proceso comenzará tras las elecciones de 2027, cuando los 28 convencionales estatuyentes se elijan junto con el próximo intendente y la mitad del Concejo Municipal.

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