Desde este lunes, Patricia Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su salida, ya anticipada desde que anunció su candidatura a senadora, generó algunas dudas en Santa Fe sobre el futuro del Plan Bandera, el operativo conjunto que logró reducir de manera significativa los niveles de violencia y criminalidad en Rosario y que ella lideró junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, desde ambos gobiernos insisten en que nada cambiará.

Con Alejandra Monteoliva —hasta ayer secretaria de Seguridad— asumiendo el cargo, se confirmó la continuidad del operativo.
“El plan sigue. Es una estrategia de mediano y largo plazo”, aseguró el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. Y agregó: “El Plan Bandera está reconocido a nivel internacional como un caso de éxito inédito. Se estudiaron más de cien programas de reducción de violencia y ninguno logró un impacto tan rápido y profundo”.

Angelini destaca especialmente la caída del 63% en los homicidios dolosos en Rosario durante 2024, tendencia que —según afirmó— se mantuvo durante 2025. “En 2026 vamos a profundizar aún más esa baja”, señaló.

En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe también se mostraron conformes: destacaron el funcionamiento “totalmente aceitado” entre fuerzas federales y provinciales bajo el Comando Conjunto Unificado, considerado un punto clave para sostener la coordinación.
En ese marco, remarcan que no esperan grandes modificaciones: “La línea de Monteoliva es la misma línea que venía marcando Bullrich”.

La propia exministra respaldó a su sucesora señalando que “tiene la capacidad y la experiencia para garantizar la continuidad de la doctrina que ordenó al país”. De hecho, la estructura del Comando Unificado establece que su disolución depende exclusivamente de la ministra de Seguridad nacional, por lo que ahora Monteoliva tendrá la potestad de sostener o retirar fuerzas federales según lo considere necesario.

El gobernador Pullaro también valoró la designación. “Es alguien que conoce profundamente la seguridad pública. En nuestra última reunión ajustamos zonas específicas en base a datos actualizados. Estoy seguro de que seguiremos mejorando con el acompañamiento federal”, sostuvo.

Qué viene hacia 2026/2027

El gobierno provincial proyecta que la consolidación definitiva de los niveles de seguridad llegará cuando concluyan las obras de infraestructura penitenciaria en curso y se incorporen nuevas tecnologías, como sistemas de monitoreo con inteligencia artificial de última generación. La estimación oficial ubica ese horizonte entre fines de 2026 y principios de 2027.

Mientras tanto, el objetivo es avanzar en la normalización administrativa del sistema de seguridad: ordenar áreas, agencias, estructuras y procesos que quedaron en segundo plano durante la etapa más crítica de la emergencia.

Para Angelini, uno de los mayores logros de esta etapa es haber recuperado “una ciudad donde se puede invertir, organizar eventos masivos y recibir turismo de cercanía”, algo que —según remarcó— se evidenció en 2024 y se profundizó durante 2025.

El Gobierno avanza con una profunda reforma del Código Penal que endurece penas, redefine figuras delictivas y establece que varios de los crímenes más graves ya no puedan prescribir. Con el envío al Congreso de un paquete de modificaciones de amplio alcance, el oficialismo formalizó su propuesta de actualización integral del sistema penal.

El proyecto apunta a reemplazar una normativa que rige desde hace más de cien años y adecuarla a los desafíos actuales: el crecimiento del crimen organizado, nuevas modalidades delictivas y escenarios de violencia cada vez más complejos.

Según lo informado de manera oficial, la iniciativa contempla un endurecimiento generalizado de las sanciones para delitos considerados de alto impacto social, como homicidios, robos agravados, narcotráfico, trata de personas y delitos vinculados a explotación sexual infantil.

Uno de los puntos más relevantes es la decisión de eliminar la prescripción en casos como abuso sexual y homicidio agravado, lo que permitirá investigar y juzgar estos hechos sin límite temporal. La reforma también refuerza la premisa de que las condenas se cumplan de manera efectiva.

La propuesta incorpora además una redefinición de la prisión perpetua: dejaría de estar sujeta a topes temporales y pasaría a equivaler a un encarcelamiento de por vida para los delitos más graves, como el homicidio agravado.

El envío del nuevo Código Penal se articula con otras reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la implementación plena del Sistema Acusatorio —que asigna a los fiscales la dirección de las investigaciones y acelera los procesos judiciales— y la reducción de la edad de imputabilidad.

“Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, señala el mensaje institucional que acompaña la propuesta, que coloca el foco en las víctimas y busca una respuesta penal más estricta por parte del Estado.

En el Congreso se anticipa un debate extenso y de alto voltaje político, que incluirá la discusión sobre el alcance real de la prisión perpetua, las reglas de punibilidad para menores y la capacidad del sistema penitenciario y judicial para sostener un esquema más rígido. Todo indica que será uno de los debates más relevantes en materia penal en décadas.

Por primera vez en su historia, Rosario fue declarada ciudad autónoma. La decisión se tomó este jueves por la noche en el Concejo Municipal, donde —aunque la votación en general fue unánime— parte de la oposición se abstuvo o votó en contra de algunos artículos puntuales. El hito se concreta pocos meses después de que la reforma constitucional santafesina habilitara a los municipios a adoptar este estatus, un reclamo que Rosario sostiene desde que la autonomía municipal fue incorporada a la Constitución nacional en 1994.

La ordenanza aprobada supone un doble avance. Por un lado, la Municipalidad podrá asumir de manera directa un amplio paquete de competencias económicas, administrativas, financieras, ambientales y urbanísticas. Entre ellas: endeudamiento sin aval provincial, regulaciones de arbolado y antenas, régimen propio de compras y expropiaciones, administración de vehículos del corralón y manejo de procedimientos administrativos. Todo esto sin depender de autorizaciones de otras jurisdicciones.
Por otro lado, se enciende el proceso estatuyente: en 2027 se elegirán 28 convencionales encargados de redactar la primera Carta Orgánica de Rosario, el documento que delineará la estructura institucional de la nueva ciudad autónoma.

El intendente Pablo Javkin buscaba que la autonomía quedara aprobada antes del recambio del 10 de diciembre —cuando Unidos perderá la mayoría propia— y, además, aspiraba a un acompañamiento pleno de todas las fuerzas políticas. La ordenanza fue debatida durante un mes y medio en la comisión de Gobierno, con participación constante del Ejecutivo y de distintos actores involucrados, incluido el Sindicato de Trabajadores Municipales. El texto viajó innumerables veces entre el Palacio de los Leones y el Palacio Vasallo, y aun así la sesión llegó con diferencias abiertas.

La reunión, prevista para las 13, recién inició a las 19.30, minutos después de que el Ejecutivo incorporara las últimas modificaciones solicitadas por sectores opositores. Los cambios no alcanzaron para satisfacer a todos, pero sí para asegurar la aprobación en general, que llegó tras casi cuatro horas de un debate áspero por momentos y coronado con un aplauso cerrado de los 28 concejales.

Aunque aprobada como una única norma, la ordenanza quedó estructurada en tres bloques: la declaración formal de autonomía; el ejercicio inmediato de nuevas competencias económicas, administrativas y financieras; y la convocatoria a una Convención Estatuyente para redactar la Carta Orgánica, una suerte de “mini Constitución” local.

Un debate cargado de tensiones

Las objeciones de la oposición se concentraron principalmente en esa segunda parte —la que habilita el ejercicio inmediato de la autonomía— y en algunos puntos vinculados al proceso estatuyente. En este último tramo, los reparos apuntaron a que el Ejecutivo incluyera un temario sugerido y a la falta de garantías de una participación ciudadana amplia durante la elaboración de la Carta Orgánica. Dicho proceso comenzará tras las elecciones de 2027, cuando los 28 convencionales estatuyentes se elijan junto con el próximo intendente y la mitad del Concejo Municipal.