Hace más de 5 años que la causa está sin resolución o paralizada. Cunha está sospechado de haber ejercido el cargo de director sin haber recibido el nombramiento correspondiente, de manejar recursos del Estado y de traslados injustificados de los trabajadores, entre otros hechos.

Según las denuncias, Cristian Cunha desempeñó “de hecho” un cargo desde agosto de 2016 y se puso al frente de una oficina desde donde ejerció sin haber sido nombrado efectivamente, haciendo uso de recursos públicos, modificando normativas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa), tomando decisiones sobre el personal, entre otras actuaciones.

El diputado Carlos del Frade realizó una denuncia sobre usurpación de autoridad en el año 2017 (Exp. FRO 28859/2017), a la que se le agregó la realizada por parte de Norberto Bardey (querellante en la causa, quien desempeñaba un puesto en Villa Constitución y se vio afectado por Cunha) sobre investigación de ilícitos penales. Ambas peticiones recaen sobre el actual presidente del PRO en Santa Fe.

En su momento, además de dicha denuncia por abuso de autoridad, del Frade también presentó un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una resolución del Senasa, que exceptuó del control fitosanitario y de calidad a las denominadas tortas de cereales y oleaginosas. De acuerdo a declaraciones del legislador, se trató de una violación al deber de control que debe ejercer el organismo, afectando derechos constitucionales. Las presentaciones fueron recibidas en el Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Marcelo Bailaque.

“Pasó mucho tiempo ejerciendo sin nombramiento y con complicidad. Él era tesorero del PRO en ese momento. Empezó a ejercer las funciones y a todo el mundo le llamó la atención, porque le dieron vehículo, teléfono y empezó a ocupar un espacio físico. En principio pareció que podía estar nombrado, y así transcurrió un tiempo. Luego trajo a un grupo de élite formado por empleados de las empresas que iba a controlar, para justamente ser los controladores de Senasa. Está todo documentado en la causa”, informó una fuente allegada.

Según supo este medio, un día Cunha se dirigió a Villa Constitución acompañado de este grupo y se tomó la atribución de hacer una especie de auditoría, pedir papeles y documentos al jefe de la oficina de apellido Bardey (el querellante) quien ante su presencia y para entregarle la documentación solicitada le pidió firmar un acta. Cunha la firmó en carácter de futuro designado y luego, Bardey informó a las autoridades de esta situación. A partir de allí pasó a ser el enemigo de Cunha, ya que le habría molestado que hiciera debidamente su trabajo. Bardey denunció además que figuraba que había empresas que venían con soja de Paraguay pero no traían la mercadería, sólo eran declaraciones de papeles, y la soja argentina se exportaba como paraguaya para no pagar derechos de exportación.

Como ya fue mencionado, esta noticia la tomó el diputado Carlos del Frade e hizo una denuncia por abuso de autoridad y entrega de los controles a empresas privadas ya que se estarían violando los derechos de los ciudadanos en cuanto a estas atribuciones. Esta causa desembocó en manos del juez federal Bailaque. La fiscalía pidió un allanamiento de la oficina y encontró las actas y originales, pero luego de esa intervención el juez paralizó la causa por 5 años y su vez fue rotando por distintos lugares.

Cuando la fiscalía pidió la indagatoria de Cunha hace 6 meses y siguió insistiendo, el juez por su parte denegó la indagatoria argumentando que los hechos no estaban probados.

Actualmente, la causa está en Cámara Federal desde mediados de noviembre e intimó que fueran enviados los antecedentes del juicio para una resolución, a qué se debió la demora y que haga lugar a la recusación debido a la gravedad institucional por de denegatoria del acceso a la Justicia. “Es un caso de protección, nunca se presentó Cunha porque nunca lo llamaron”, confirmó una fuente consultada. Y aclaró que debería recaer sobre Cunha una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El querellante

“Todo empezó en 2016, hice una denuncia de un posible contrabando de soja de importación paraguaya, después de eso, entró Cunha a mi oficina junto a un grupo de personas (yo era jefe de Villa Constitución) y alegó que era regional. Yo como responsable de la ofician hice un acta y la elevé a jurídicos y al regional informando lo ocurrido. Posteriormente, el diputado Carlos del Frade hizo la denuncia;  luego me hacen un allanamiento y me retiran los papeles que había realizado. De ahí en adelante fue una persecución constante”, relató a INFOROSARIO, Norberto Bardey.

“Me trasladaron a San Nicolás (a un puerto inoperante) y luego compulsivamente me enviaron a Zárate. Eso fue una ilegalidad, porque yo al ser planta permanente, debía pedir en ese caso a dónde ir y contar con la autorización de los superiores regionales. Me sacaron de mi puesto de jefe y pusieron a otra persona. Allí empezaron todos mis males, estuve 2 años y medio en Zárate, fue una experiencia amarga que me trajo muchos problemas en mi familia, fue terrible”, agregó.

El entrevistado informó que el juez envió la causa a distintos lugares: Santa Fe, Buenos aires y Rosario, y así transcurrieron 5 años.

En total hay ocho implicados incluido Cunha. “Todo fue ilegal, cuando Cunha ingresó a Senasa, manejaba vehículos, teléfonos, oficinas, inclusive hizo una resolución que permitió la delegación a los privados de la función del Estado como barrera sanitaria. Es muy penoso. Durante la época de Cunha, fueron los exportadores los que se autocontrolaban. La importación de fertilizantes no tenía controles, lo mismo pasó con la soja, han devastado el Estado para negocios espurios y hay un silencio terrible sobre este tema”, concluyó.

En un escrito presentado en noviembre por la parte querellante, advierte que “…después de 5 años de tediosa tramitación, en la que el mismo juzgador a alterado el sistema lex 100, no hay llevado adelante ninguna actividad jurisdiccional de ninguna índole, solamente se ha limitado a delegar la investigación según lo establece el artículo 196 del CPP, sin dar respuesta a cada petición formulada por las partes y remitidas desde la Fiscalía haciendo un cúmulo arbitrario de innecesarios trámites, todo para favorecer claramente la posición del imputado, privándonos de derechos amparados constitucionalmente, denegándonos el derecho a peticionar a las autoridades como también recordando el cumplimiento funcional que le incumbe, para luego de 5 años hacer una elucubración negativa cuando tiene a su vista y examen en exceso pruebas que son fundantes del llamado a indagatoria, nos coloca en situación de que ha incurrido en las conductas sancionadas por el Código Penal en los artículos 273 y 274, denegación de justicia y retardada justicia, deliberadamente llevada a cabo..”.

“El juez Bailaque nunca buscó la verdad, siempre trató de entorpecer, desviar la atención y hasta ahora nunca tuve Justicia”, sentenció Bardey.