Por Jorge Pizarro | Especial para Noticias Argentinas

La decisión del gobierno de impulsar el arresto domiciliario de ex funcionarios detenidos por causas de corrupción, terminó siendo una caja de pandora.

Pocos se atrevieron a imaginar la repercusión que tendría en el resto de la población carcelaria del país.

Devoto no fue al azar.

Devoto está en la sede administrativa del país.

Es el lugar dónde están las oficinas del poder.

Los presos, más allá de las medidas de seguridad tienen sus propios, sistemas de comunicación y los usaron. Nada fue al azar.

Los mensajes que llevan y traen las visitas o los celulares, que la propia corrupción o ineficiencia del servicio penitenciario, permitieron que los presos tengan más, de la comunicación permitida.

Un experto en comportamiento carcelario, ante una consulta reservada, no descartó la posibilidad de que la revuelta en el penal de Devoto fuera una especie de «Plan Piloto» con el fin de lograr que una gran cantidad de presos, continuara su vida, cumpliendo la condena afuera de las celdas.

El «Plan» tendría a su favor realidades como superpoblación de los penales y las malas condiciones sanitarias para sobrellevar la pandemia.

Los presos estaban muy seguros de su «poder y de su fuerza», por eso plantearon los reclamos con cierto «tono de imposición».

¿Es razonable que los presos logren sus objetivos con amenazas y violencia?

Lo concreto es, que las horas pasaban, y había que parar el motín.

Como si fuera una guerra se firmó «la tregua».

Esta instancia contempló casi todas las exigencias de reclusos.

¿Cómo será negociar con ellos ahora?

¿Tendrán la sensación de tener «la sartén por el mango y el mango también?

¿ Si la revuelta no dejó consecuencias, cuál será el nivel autoridad de los agentes penitenciarios a la hora de mantener el orden?

Antes de estos hechos, Sergio Berni, secretario de seguridad bonaerense, había advertido el tema de los presos amontonados en comisarías, para lo que había propuesto el uso de contenedores.

Más tarde, jueces bonaerenses propusieron otorgar arresto domiciliario a 500 detenidos, aunque sólo había dispositivos electrónicos para controlar a 300.

Sin embargo, la lista en el ámbito judicial se amplió a 1600, divididos en 3 grupos:

1) Detenidos por delitos leves.

2) Detenidos mayores de 70 años o con problemas de salud.

3) Detenidos por delitos graves, con buen comportamiento, según evaluación del juez.

Los arrestos domiciliarios, en estas circunstancias, tienen cómo debilidades la posibilidad de fuga y que, ante la falta de control, los «presos domiciliarios » se transformen en una nueva amenaza para las víctimas o sus familias.

Por estas razones, algunos fiscales, cuestionaron judicialmente este camino.

Aunque parezca extraño, en los próximos días, «presos que representan a más presos», estarán sentados en una mesa de negociación política.

Ojalá sea, en esta situación, que la pandemia no termine siendo una oportunidad para aumentar el nivel de injusticia e inseguridad existente.