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Política

¿Suerte o mérito? Se repite con Alberto Fernández la fórmula que benefició a Néstor Kirchner

eltribuno

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¿Suerte o mérito? Se repite con Alberto Fernández la fórmula que benefició a Néstor Kirchner

Un día antes de que el Congreso nombrara presidente a Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín convocó a su departamento de la avenida Santa Fe a José Ignacio de Mendiguren, hoy activo funcionario del Frente de Todos. El líder radical le propuso sumarse al nuevo Gabinete con una narración espeluznante: el futuro gobierno tendría el menor poder para enfrentar la mayor crisis política, económica y social de la historia, con una construcción cimentada en retazos del peronismo y del radicalismo bonaerense, así como algunos «náufragos» -palabras de Alfonsín- del Frepaso.

Los temores del expresidente no se concretaron. No sólo porque Jorge Remes Lenicov hizo el trabajo sucio que luego potenció Roberto Lavagna, sino también porque el mundo reorientó la proa para empujar al país hacia la costa. Es que la valoración final que el electorado hace de una gestión económica tiene mucho que ver con cosas que no se deciden en el Palacio de Hacienda, aunque quien emite el voto no lo sepa.

Carlos Andrés Pérez gobernó por primera vez Venezuela entre 1974 y 1979. Su administración coincidió con el boom de los precios del petróleo y dejó el gobierno con una aprobación récord. Diez años después volvió a ganar las elecciones con la promesa de recuperar el brillo del pasado, pero su paso por Miraflores coincidió con precios del crudo que estuvieron en un piso histórico. Pérez tuvo manifestaciones en contra, sufrió dos intentos de golpe de Estado y debió abandonar el poder.

La escena anterior está retratada en un trabajo de politólogos de la Fundación Getulio Vargas y muestra correlaciones sugestivas. En países como la Argentina, hay una estrecha relación entre la tasa de interés norteamericana que regula la Reserva Federal (FED), el precio de los commodities -entre los que se destaca la soja- y la valoración social de un Presidente.

Se trata de una combinación que podría traerle a Alberto Fernández respuestas que no encuentra en su política económica. En medio de una crisis del dólar, la brecha entre cotizaciones que enciendeexpectativas devaluatorias y el cepo, en las últimas semanas algunos indicadores se pusieron en verde. Algo similar les ocurrió a Néstor y Cristina Kirchner, que se diferenciaron de la situación de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri.

Invertir en Estados Unidos es para el mundo financiero la decisión más segura del mundo. Cuando la FED sube la tasa, además, resulta remunerativo. Es por eso que cada incremento actúa como una aspiradora que se lleva hacia el Norte los dólares de los países emergentes, que devalúan sus monedas.

En cambio, los dueños del dinero tienen mayor predisposición al riesgo de naciones como la Argentina cuando el premio en EE. UU. es bajo. La soja, en tanto, es la salvaguarda de la Casa Rosada para ingresar dólares de manera legítima. En el primer semestre del año puso un tercio de las divisas que entraron al país. La cuenta es fácil: si sube el precio de lo que vendo, como está ocurriendo en el último tiempo, ingresarán más dólares.

Vistos con esos anteojos, los gobiernos de Fernando De La Rúa y de Néstor Kirchner son dos caras de la moneda. Es difícil defender la gestión de la Alianza por sus resultados económicos, pero una mirada retrospectiva arroja que tenía pocas chances de éxito más allá de las personas a las que les toca

Vistos con esos anteojos, los gobiernos de Fernando De La Rúa y de Néstor Kirchner son dos caras de la moneda. Es difícil defender la gestión de la Alianza por sus resultados económicos, pero una mirada retrospectiva arroja que tenía pocas chances de éxito más allá de las personas a las que les tocara gobernar. El 3 de julio de 2000 la tasa norteamericana llegó a un techo de 7,03%, mientras que la tonelada de soja costaba US$177.

Pese a su discurso virulento hacia EE. UU., la edad de oro del kirchnerismo tiene mucho de anglosajón. Su administración comenzó con tasas mucho más bajas que las de De La Rúa -en agosto de 2003 rondaban el 0,86%- y un precio de la soja en ascenso.

En la gestión de Cristina Kirchner las tasas norteamericanas subieron hasta la crisis de Lehman Brothers, aunque luego cayeron e inauguraron el ciclo de dinero más barato de la historia. El mundo se llenó de inversionistas dispuestos a prestar plata a bajo precio, pero la Argentina no pudo aprovechar esa oportunidad. Un país en default no era lo suficientemente interesante y condujo a la gran ironía de ese mandato: mientras era fácil para todos conseguir dólares, el Banco Central dispuso un cepo cambiario. Incluso en eso la gestión de Alberto Fernández puede seguir a la de sus antecesores kirchneristas. Está en la sabiduría del Presidente, quien en la campaña sostuvo que el cepo cambiario modera la salida de dólares, pero también su ingreso. No hay motivos para pensar que el funcionamiento planetario haya cambiado con su llegada al poder.

Casi al mismo tiempo en que Cambiemos llegaba al poder con la decisión de tomar deuda para financiar el gradualismo, la FED decidía salir de la tasa cero a la que había entrado en 2008. Los críticos de Macri tienen un argumento contundente: nadie del equipo económico puede decir que no sabía qué iba

Cristina Kirchner se benefició, al menos, de la soja. El 30 de agosto de 2012 es un día para remarcar en el calendario: llegó a US$683 la tonelada. Envidia para De La Rúa, la tasa estaba en 0,14%.

El matrimonio Kirchner y el frente externo se conjugan en una paradoja: aunque el primero mostró su aversión a EE. UU. y el desprecio por la botánica del «yuyito», las variables atadas al dólar le jugaron a favor en largos períodos de sus gestiones. No puede decir lo mismo Mauricio Macri.

Casi al mismo tiempo en que Cambiemos llegaba al poder con la decisión de tomar deuda para financiar el gradualismo, la FED decidía salir de la tasa cero a la que había entrado en 2008.

Los críticos de Macri tienen un argumento contundente: nadie del equipo económico puede decir que no sabía qué iba a ocurrir. Un exministro que talló en materia económica recordó hace dos semanas en una conversación privada esos días con una mirada crítica. «Llenamos el mundo de riesgo argentino», resumió.

Los resultados de la nueva política monetaria en EE. UU. fueron contundentes en el plano doméstico. Mientras Donald Trump protestaba en el Norte, Macri sufría la devaluación. Otro argumento para la crítica: el peso argentino perdió más que otras monedas emergentes.

En la gestión de Cristina Kirchner las tasas norteamericanas subieron hasta la crisis de Lehman Brothers, aunque luego cayeron e inauguraron el ciclo de dinero más barato de la historia. El mundo se llenó de inversionistas dispuestos a prestar plata a bajo precio, pero la Argentina no pudo aprovecha

La pandemia volvió a aplicar sobre la tasa norteamericana un efecto similar al desplome de 2008. Sanitaria o financiera, una crisis es una crisis y desde abril pasado hay un período de tasa cero. Ya se anunció, además, que durará por lo menos hasta 2022. Karma del kirchnerismo: es posible que el cepo impida acceder a todos los beneficios del dinero barato y, pese al contexto, el peso se sigue devaluando.

Al menos el campo hará su aporte. Más por automatismo que por convicción propia. El precio de la soja está en ascenso. Hubo un pico en septiembre. Si bien bajó, parece acomodarse en torno de los US$400. Acompañan el trigo y el maíz.

Estos datos y sus proyecciones están en la cabeza del equipo económico y del Presidente. En ocasiones en que las respuestas no provienen de los jugadores que está en la cancha, el primer aliento puede llegar de la tribuna.

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Política

Tensión en Unidos: seguridad, disputas de poder y el factor libertario detrás del cruce entre Pullaro y el socialismo

La traba legislativa para aprobar el nuevo paquete de reformas en seguridad expuso las diferencias internas entre los socios principales del oficialismo santafesino. Mientras la UCR cuestiona que el Partido Socialista ponga en duda el eje central de la gestión, en el PS advierten sobre intentos de disciplinamiento y miran con recelo los acercamientos de la Casa Gris con el Gobierno nacional.

Ailém Lazarte

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El trasfondo de un freno legislativo

La postergación en la Cámara de Diputados del paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro dejó al descubierto una discusión de fondo entre los dos socios mayoritarios de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe. La resistencia del Partido Socialista (PS) a votar la iniciativa sin modificaciones sobrepasó el plano técnico-jurídico para instalar una disputa sobre la distribución del poder interno y el posicionamiento político con miras al escenario electoral de 2027.

Desde el radicalismo remarcan que cuestionar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo afecta el activo político de mayor impacto del Gobierno provincial. «Si el socialismo se quiere diferenciar con eje en la seguridad, le erra», evaluaron fuentes de la UCR. Por su parte, la dirigencia socialista rechaza esa premisa y apela al perfil propio de su espacio: «Somos un partido y hemos hecho un montón de aportes».

Cruce de versiones sobre la negociación

Las divergencias abarcan las atribuciones otorgadas a la Policía y a los fiscales, sumadas a reparos sobre los mecanismos de control, las garantías constitucionales y los derechos individuales. Sin embargo, el proceso de negociación previo a la sesión legislativa sumó tensiones metodológicas entre ambas bancadas:

  • La postura del Ejecutivo: Tras un encuentro convocado por los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni con legisladores de la coalición, en el PS interpretaron que la postura oficial se planteó como una exigencia de disciplinamiento bajo una lógica de poder para forzar la sanción rápida de la norma.

  • La versión radical: En el bloque legislativo de la UCR argumentan que la propuesta ingresó en mayo y que se elaboraron tres contrapropuestas con modificaciones para atenuar medidas y sumar mecanismos de resguardo. Asimismo, responsabilizan al socialismo por demorar los acuerdos a pesar del compromiso de tratamiento fijado para el 29 de octubre.

Dentro de la propia bancada oficialista coinciden en que el proyecto combina herramientas de utilidad práctica para la gestión diaria con definiciones orientadas al plano comunicacional e ideológico. Desde la óptica socialista, la urgencia por la norma busca reafirmar un perfil de máxima dureza contra el delito para disputar terreno discursivo con el electorado libertario.

Tensión en el recinto y la mirada sobre la Casa Rosada

El clima político tuvo su correlato en el recinto de la Cámara baja durante la jornada del jueves. La diputada socialista Lionella Cattalini instó a «calmarse» y hacer «un llamado a la reflexión», en respuesta a los reclamos de celeridad formulados por el senador Felipe Michlig y ante las declaraciones previas del gobernador Pullaro sobre la necesidad de evitar un «garantismo bobo» y avanzar en la renovación de la Corte Suprema provincial. Cattalini subrayó que las políticas públicas sostenibles en la provincia se construyeron históricamente mediante «la articulación política, la voluntad de avanzar, el consenso y los grandes acuerdos».

A la par del debate normativo, los gestos institucionales entre la Casa Gris y el Gobierno nacional incrementan la desconfianza en el sector socialista. La reciente coincidencia de Pullaro con funcionarios nacionales durante la Ronda de Negocios del RIGI realizada en La Fluvial y los contactos con la Secretaría General de la Presidencia alimentan especulaciones sobre un eventual entendimiento táctico de cara a futuros compromisos electorales.

Sectores del radicalismo no descartan la posibilidad de estructurar acuerdos de convivencia o pactos de no agresión política a nivel provincial y nacional con La Libertad Avanza, con eventuales articulaciones en distritos clave como Rosario, un escenario que para el socialismo marca un límite en la política de alianzas del espacio.

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Economía

El Gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027: superávit estimado, inflación del 18% y fuerte inversión en seguridad y obras

El ministro de Economía, Pablo Olivares, expuso los números centrales de la pauta financiera para el próximo año. Con un nivel de recursos de $18,8 billones y un gasto estimado de $16,4 billones, la provincia financiará el 93% de las obras públicas con ahorro corriente. Seguridad, Educación y Salud concentran las mayores partidas.

Ailém Lazarte

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Presentación oficial del proyecto

El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó públicamente este viernes el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027. La exposición estuvo a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a la secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría, el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind. Se trata del último presupuesto que ejecutará la actual gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro, calificado por las autoridades como un esquema «equilibrado, con austeridad y eficiencia».

El diseño financiero toma como referencia los parámetros macroeconómicos fijados por el Gobierno nacional. La iniciativa proyecta ingresos totales por $18,8 billones y un nivel de gastos de $16,4 billones, lo que arroja un superávit corriente estimado en $2,27 billones. Este ahorro entre recursos y gastos corrientes permitirá financiar con fondos propios el 93% de las erogaciones de capital e infraestructura, fijadas en $2,45 billones.

Pautas macroeconómicas para el ejercicio 2027

Las estimaciones sobre las cuales se estructuró la norma contemplan los siguientes indicadores:

  • Inflación interanual (a diciembre de 2027): 18%.

  • Inflación promedio anual: 21,1%.

  • Crecimiento de la actividad económica: 4%.

  • Tipo de cambio oficial: $1.847,60 por dólar para el cierre del año.

Distribución de las partidas y áreas prioritarias

El proyecto mantiene como ejes centrales de la inversión provincial a las áreas de seguridad, educación, salud, obras públicas e infraestructura productiva. La asignación de recursos quedó definida con los siguientes montos:

  1. Educación, Cultura y Deporte: $3,98 billones.

  2. Seguridad: $2,34 billones (contempla políticas de seguridad pública y el plan de obras penitenciarias).

  3. Obras Públicas: $2,13 billones.

  4. Infraestructura Productiva: $1,92 billones.

  5. Salud: $1,80 billones.

Creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS)

Dentro de las medidas destacadas en la presentación, el Ejecutivo anunció la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. La norma dispone que la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural sea volcado exclusivamente a obras e infraestructura de uso agropecuario, con un esquema de monitoreo conjunto con las entidades del sector.

Cumplimiento del crédito público y debate legislativo

En el capítulo financiero, el Ministerio de Economía detalló que desde el inicio del mandato en diciembre de 2023 hasta el 30 de octubre de 2026, la Provincia canceló compromisos de deuda por $338.844 millones. La proyección hacia la finalización de la gestión en diciembre de 2027 prevé un desendeudamiento total acumulado de $568.370 millones, habiendo utilizado únicamente el 37% de la capacidad de endeudamiento autorizada.

El texto del Presupuesto 2027 ingresará para su tratamiento parlamentario por la Cámara de Senadores. En forma paralela, el Poder Ejecutivo ultima la redacción del proyecto de Ley Tributaria junto a la Comisión de Análisis Tributario. Los funcionarios adelantaron que las alícuotas no sufrirán modificaciones, aunque se mantendrá la actualización de los impuestos de emisión provincial en línea con el índice inflacionario.

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Política

Por qué el pullarismo se convirtió en aliado clave del mileísmo para blindar el DNU 70/23

Al oficialismo le faltaba un voto para sacar el dictamen que repone la ley de tierras dentro del proyecto de inviolabilidad a la ley de propiedad privada y apareció una firma santafesina

Ailém Lazarte

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La estrategia de la Casa Rosada para sostener la vigencia del DNU 70/23 encontró un sostén decisivo en la provincia de Santa Fe. El diputado José Núñez, alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro, aportó la firma número 34 que le faltaba al oficialismo para lograr el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. La jugada consistió en incorporar al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada la restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto central para amortiguar los cuestionamientos hacia la norma desreguladora.

El esquema político tuvo como articuladora a Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas e interlocutora de la gestión santafesina con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Con esta modificación —que el oficialismo prevé llevar al recinto el 21 de octubre—, los sectores de la oposición dialoguista suman un argumento para no dar quórum en la sesión especial promovida por el sector más duro del antimileísmo, donde se buscaba rechazar el DNU 70/23 y discutir temas complejos para el Ejecutivo, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la situación de los endeudados.

La maniobra legislativa se concretó en dos pasos:

  • Sustitución en la comisión: Scaglia solicitó el reemplazo del diputado rionegrino Sergio Capozzi (ausente en la jornada) por el santafesino José Núñez, quien se sumó al plenario y firmó el despacho de mayoría.

  • Tensiones internas: Si bien Núñez (dirigente del PRO) suele acompañar las posiciones del Gobierno nacional, la decisión generó cortocircuitos en Provincias Unidas, donde varios legisladores señalaron que no fueron avisados del cambio.

Según señalaron fuentes de ese espacio a Rosario3, el malestar respondió a que se rompió un acuerdo previo sobre los plazos para formalizar las sustituciones, extendidos hasta el martes por el feriado. Como el trámite se realizó minutos antes del inicio de la reunión —cuando el oficialismo apenas sumaba 33 firmas—, la diputada kirchnerista Julia Strada criticó duramente la jugada en redes sociales, afirmando que el ingreso de Núñez buscó avalar un dictamen para boicotear la sesión especial.

Con las 34 firmas confirmadas por la Cámara de Diputados, el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General avanzó con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya contaba con media sanción del Senado— agregando dos artículos clave para revertir la derogación de la Ley de Tierras dispuesta originalmente en el DNU 70/23.

De esta manera, la Casa Rosada ofreció una vía alternativa para atender el reclamo sobre la protección del suelo nacional sin que los sectores dialoguistas tengan que votar la anulación completa del decreto. La meta del Gobierno es evitar que se alcancen los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión opositora.

Esta decisión implica dar una marcha atrás estratégica: el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 había derogado los límites a la propiedad rural en manos de extranjeros, pero para resguardar el resto de las desregulaciones, La Libertad Avanza terminó aceptando la restitución de esa norma. La controversia por las tierras había vuelto a cobrar protagonismo tras las resoluciones de la Corte Suprema, pero el aval judicial provisorio a las restricciones y el cambio de postura en el Congreso terminaron quitando presión sobre los bloques intermedios.

El episodio dejó al descubierto además las fracturas internas dentro de Provincias Unidas, donde mientras Núñez acompañó al oficialismo, otros integrantes decidieron impulsar un dictamen alternativo junto a la Coalición Cívica.

En este marco, el sector de Pullaro aportó una ficha clave para la estrategia de Martín Menem, en momentos en que Scaglia mantiene conversaciones con Santilli en busca de un acuerdo político: garantizar el respaldo legislativo a proyectos centrales del Ejecutivo —como la suspensión de las PASO— a cambio de que La Libertad Avanza y el presidente Milei bajen el nivel de confrontación electoral en Santa Fe, de cara a los comicios de 2027 y con foco en la ciudad de Rosario.

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