Un día antes de que el Congreso nombrara presidente a Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín convocó a su departamento de la avenida Santa Fe a José Ignacio de Mendiguren, hoy activo funcionario del Frente de Todos. El líder radical le propuso sumarse al nuevo Gabinete con una narración espeluznante: el futuro gobierno tendría el menor poder para enfrentar la mayor crisis política, económica y social de la historia, con una construcción cimentada en retazos del peronismo y del radicalismo bonaerense, así como algunos «náufragos» -palabras de Alfonsín- del Frepaso.
Los temores del expresidente no se concretaron. No sólo porque Jorge Remes Lenicov hizo el trabajo sucio que luego potenció Roberto Lavagna, sino también porque el mundo reorientó la proa para empujar al país hacia la costa. Es que la valoración final que el electorado hace de una gestión económica tiene mucho que ver con cosas que no se deciden en el Palacio de Hacienda, aunque quien emite el voto no lo sepa.
Carlos Andrés Pérez gobernó por primera vez Venezuela entre 1974 y 1979. Su administración coincidió con el boom de los precios del petróleo y dejó el gobierno con una aprobación récord. Diez años después volvió a ganar las elecciones con la promesa de recuperar el brillo del pasado, pero su paso por Miraflores coincidió con precios del crudo que estuvieron en un piso histórico. Pérez tuvo manifestaciones en contra, sufrió dos intentos de golpe de Estado y debió abandonar el poder.
La escena anterior está retratada en un trabajo de politólogos de la Fundación Getulio Vargas y muestra correlaciones sugestivas. En países como la Argentina, hay una estrecha relación entre la tasa de interés norteamericana que regula la Reserva Federal (FED), el precio de los commodities -entre los que se destaca la soja- y la valoración social de un Presidente.
Se trata de una combinación que podría traerle a Alberto Fernández respuestas que no encuentra en su política económica. En medio de una crisis del dólar, la brecha entre cotizaciones que enciendeexpectativas devaluatorias y el cepo, en las últimas semanas algunos indicadores se pusieron en verde. Algo similar les ocurrió a Néstor y Cristina Kirchner, que se diferenciaron de la situación de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri.
Invertir en Estados Unidos es para el mundo financiero la decisión más segura del mundo. Cuando la FED sube la tasa, además, resulta remunerativo. Es por eso que cada incremento actúa como una aspiradora que se lleva hacia el Norte los dólares de los países emergentes, que devalúan sus monedas.
En cambio, los dueños del dinero tienen mayor predisposición al riesgo de naciones como la Argentina cuando el premio en EE. UU. es bajo. La soja, en tanto, es la salvaguarda de la Casa Rosada para ingresar dólares de manera legítima. En el primer semestre del año puso un tercio de las divisas que entraron al país. La cuenta es fácil: si sube el precio de lo que vendo, como está ocurriendo en el último tiempo, ingresarán más dólares.
Vistos con esos anteojos, los gobiernos de Fernando De La Rúa y de Néstor Kirchner son dos caras de la moneda. Es difícil defender la gestión de la Alianza por sus resultados económicos, pero una mirada retrospectiva arroja que tenía pocas chances de éxito más allá de las personas a las que les tocara gobernar. El 3 de julio de 2000 la tasa norteamericana llegó a un techo de 7,03%, mientras que la tonelada de soja costaba US$177.
Pese a su discurso virulento hacia EE. UU., la edad de oro del kirchnerismo tiene mucho de anglosajón. Su administración comenzó con tasas mucho más bajas que las de De La Rúa -en agosto de 2003 rondaban el 0,86%- y un precio de la soja en ascenso.
En la gestión de Cristina Kirchner las tasas norteamericanas subieron hasta la crisis de Lehman Brothers, aunque luego cayeron e inauguraron el ciclo de dinero más barato de la historia. El mundo se llenó de inversionistas dispuestos a prestar plata a bajo precio, pero la Argentina no pudo aprovechar esa oportunidad. Un país en default no era lo suficientemente interesante y condujo a la gran ironía de ese mandato: mientras era fácil para todos conseguir dólares, el Banco Central dispuso un cepo cambiario. Incluso en eso la gestión de Alberto Fernández puede seguir a la de sus antecesores kirchneristas. Está en la sabiduría del Presidente, quien en la campaña sostuvo que el cepo cambiario modera la salida de dólares, pero también su ingreso. No hay motivos para pensar que el funcionamiento planetario haya cambiado con su llegada al poder.
Cristina Kirchner se benefició, al menos, de la soja. El 30 de agosto de 2012 es un día para remarcar en el calendario: llegó a US$683 la tonelada. Envidia para De La Rúa, la tasa estaba en 0,14%.
El matrimonio Kirchner y el frente externo se conjugan en una paradoja: aunque el primero mostró su aversión a EE. UU. y el desprecio por la botánica del «yuyito», las variables atadas al dólar le jugaron a favor en largos períodos de sus gestiones. No puede decir lo mismo Mauricio Macri.
Casi al mismo tiempo en que Cambiemos llegaba al poder con la decisión de tomar deuda para financiar el gradualismo, la FED decidía salir de la tasa cero a la que había entrado en 2008.
Los críticos de Macri tienen un argumento contundente: nadie del equipo económico puede decir que no sabía qué iba a ocurrir. Un exministro que talló en materia económica recordó hace dos semanas en una conversación privada esos días con una mirada crítica. «Llenamos el mundo de riesgo argentino», resumió.
Los resultados de la nueva política monetaria en EE. UU. fueron contundentes en el plano doméstico. Mientras Donald Trump protestaba en el Norte, Macri sufría la devaluación. Otro argumento para la crítica: el peso argentino perdió más que otras monedas emergentes.
La pandemia volvió a aplicar sobre la tasa norteamericana un efecto similar al desplome de 2008. Sanitaria o financiera, una crisis es una crisis y desde abril pasado hay un período de tasa cero. Ya se anunció, además, que durará por lo menos hasta 2022. Karma del kirchnerismo: es posible que el cepo impida acceder a todos los beneficios del dinero barato y, pese al contexto, el peso se sigue devaluando.
Al menos el campo hará su aporte. Más por automatismo que por convicción propia. El precio de la soja está en ascenso. Hubo un pico en septiembre. Si bien bajó, parece acomodarse en torno de los US$400. Acompañan el trigo y el maíz.
Estos datos y sus proyecciones están en la cabeza del equipo económico y del Presidente. En ocasiones en que las respuestas no provienen de los jugadores que está en la cancha, el primer aliento puede llegar de la tribuna.
Máxima tensión en el Gabinete: Patricia Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei tras diferenciarse del Gobierno
La Ministra de Seguridad puso su cargo a disposición del Presidente luego de manifestar públicamente su desacuerdo con una decisión estratégica vinculada a un polémico pliego judicial para la Corte Suprema. El ofrecimiento expone las primeras grietas de peso en la cúpula de la alianza gobernante.
La interna en la mesa chica del Gobierno nacional alcanzó su punto de mayor ebullición. Patricia Bullrich, una de las espadas políticas más importantes de la gestión, le ofreció formalmente su renuncia al presidente Javier Milei. El detonante de este cimbronazo político fue el marcado y público distanciamiento que tomó la funcionaria respecto a la postulación de un polémico pliego judicial impulsado por la Casa Rosada para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bullrich, quien lidera el ala del PRO firmemente alineada con La Libertad Avanza, manifestó de forma abierta sus diferencias éticas y operativas con el candidato propuesto por el Ejecutivo. Esta postura no tardó en generar cortocircuitos con el entorno más cercano del mandatario, donde interpretaron sus declaraciones como un quiebre en la disciplina partidaria y un desafío directo a la autoridad presidencial en un tema considerado de máxima prioridad institucional.
Negociaciones a contrarreloj en la Casa Rosada
El ofrecimiento de la renuncia activó de inmediato un comité de crisis en los despachos de Balcarce 50 para evaluar los costos políticos de una eventual salida. La Ministra de Seguridad cuenta con un altísimo índice de aprobación dentro de la base electoral oficialista gracias a su agenda de «mano dura» y la lucha contra el narcotráfico en puntos críticos como Rosario, por lo que su salida representaría un duro golpe para la gobernabilidad y la imagen pública del espacio.
El trasfondo del conflicto: Mientras algunos sectores del Gobierno buscan contener el daño y convencer a la ministra de permanecer en su puesto bajo un esquema de tregua, los sectores más duros del riñón presidencial exigen que se acepte la dimisión si no hay un alineamiento total y absoluto con las decisiones estratégicas de la gestión.
En las próximas horas se esperan reuniones clave entre Milei, sus asesores más íntimos y la propia Bullrich para definir si el ofrecimiento de renuncia es rechazado —lo que obligaría a reconfigurar los términos de la convivencia interna— o si se encamina hacia un recambio ministerial que alteraría por completo el mapa de poder del gabinete nacional de cara al resto del año legislativo.
Javier Milei sobre el rumbo económico: «La estabilidad macroeconómica no genera crecimiento por sí sola»
El presidente de la Nación analizó el escenario financiero y remarcó la diferencia entre ordenar las variables fiscales y lograr la expansión de la actividad. El mandatario insistió en que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria pero no suficiente, y señaló que el verdadero desarrollo llegará a través de la inversión privada y las reformas estructurales.
El diagnóstico presidencial y el rol del equilibrio fiscal El presidente Javier Milei volvió a referirse al futuro de la economía argentina y al plan de reformas que viene ejecutando su administración. Durante su intervención, el jefe de Estado hizo hincapié en una distinción conceptual clave dentro de su programa: aclaró que consolidar la estabilidad macroeconómica, mediante el superávit fiscal y la desaceleración de la inflación, no equivale automáticamente a un proceso de crecimiento económico. Según el mandatario, lograr el ordenamiento de las variables financieras del Estado funciona como un cimiento indispensable para evitar el colapso, pero la reactivación real de los sectores productivos responde a otras dinámicas del mercado.
El mandatario nacional explicó que la estabilidad económica remueve los obstáculos estructurales y la incertidumbre que destruyen el valor de la moneda, pero que la generación de riqueza genuina depende exclusivamente de la desregulación y de los incentivos para el sector privado. En este sentido, reafirmó su postura de que el Estado no es el motor del crecimiento, sino que su función debe limitarse a sanear el déficit y garantizar las reglas de juego para que los agentes económicos vuelvan a invertir en el país.
Reformas de fondo y las expectativas de inversión El discurso presidencial apuntó directamente a la necesidad de avanzar con las reformas estructurales de fondo pendientes en la agenda legislativa y ejecutiva. Milei argumentó que, una vez alcanzada la previsibilidad cambiaria y monetaria, el verdadero salto cuantitativo en los niveles de actividad y empleo llegará de la mano de la inversión extranjera y local de largo plazo. Para ello, consideró fundamental reducir de manera progresiva la presión impositiva y avanzar con la flexibilización de trabas burocráticas que desalientan el comercio y la producción.
Desde el ámbito económico, las declaraciones del presidente fueron interpretadas como una respuesta a los sectores industriales y comerciales que demandan medidas de alivio inmediatas frente a la recesión del consumo interno. Al situar la estabilidad fiscal como el primer paso de un proceso más largo, el Ejecutivo nacional busca moderar las ansiedades del mercado y ratificar que el rumbo económico se mantendrá firme sobre el principio del déficit cero, supeditando la recuperación de los salarios y la actividad al ingreso de nuevos capitales privados.
Reforma judicial en Santa Fe: La Justicia toma nota del plan del Gobierno y se abre una instancia de negociación
El Poder Judicial de la provincia comenzó a analizar en detalle el paquete de leyes de reforma en seguridad y justicia impulsado por la gestión santafesina. Tras los primeros cruces públicos, los ministros de la Corte Suprema y las asociaciones de magistrados buscan abrir canales de diálogo técnico para consensuar modificaciones clave en la estructura de los tribunales.
El análisis del paquete de leyes en los tribunales La ambiciosa reforma judicial y de seguridad que impulsa el Gobierno de la provincia de Santa Fe ingresó en una etapa de evaluación decisiva dentro de los pasillos de los tribunales. Luego de que el Poder Ejecutivo enviara a la Legislatura las iniciativas que contemplan modificaciones sustanciales en el funcionamiento de la Justicia Penales, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la composición de la propia Corte Suprema, los distintos actores del sistema judicial santafesino comenzaron a desmenuzar la letra chica de los proyectos.
La cúpula de la Justicia provincial y los representantes de los magistrados tomaron nota del fuerte respaldo político que el Ejecutivo busca imprimirle a estos cambios, los cuales se fundamentan en la necesidad de agilizar los procesos penales y dotar de mayores herramientas a la lucha contra el crimen organizado. Aunque inicialmente existieron marcadas resistencias respecto a ciertos puntos de la reforma —especialmente en lo referido a los regímenes de subrogancias y la evaluación de desempeño de los fiscales—, la estrategia actual de los operadores judiciales se volcó hacia un análisis técnico pormenorizado para plantear observaciones puntuales en las comisiones legislativas.
Hacia una mesa de negociación y consensos técnicos El objetivo principal del Poder Judicial en esta instancia es evitar una confrontación directa que trabe las reformas y, en su lugar, propiciar una mesa de negociación constructiva con los legisladores y los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad. Desde las asociaciones de jueces y fiscales señalan que, si bien comparten la urgencia de modernizar las estructuras del Estado para dar respuestas más eficaces a la ciudadanía, es indispensable garantizar el respeto a la independencia judicial y la estabilidad de los magistrados consagrada por la Constitución provincial.
En los próximos días se esperan intensas rondas de consulta en las que se discutirán aspectos críticos, como la readecuación de las partidas presupuestarias para la implementación de los nuevos juzgados y las modificaciones en los códigos procesales. La expectativa de ambas partes es alcanzar un punto de equilibrio que permita sancionar las leyes con el mayor consenso posible, evitando futuras presentaciones judiciales que puedan declarar la inconstitucionalidad de las normas y dilatar las transformaciones que el sistema de seguridad pública de Santa Fe demanda.