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Argentina

Suspenden las reuniones sociales en todo el país por el aumento de contagios

Las reuniones sociales quedarán prohibidas durante los próximos 15 días en todo el país, de acuerdo con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmará este lunes el presidente Alberto Fernández, en el marco del inicio de una nueva etapa de aislamiento

Ailén Lazarte

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Así fue confirmado este domingo por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte matutino de casos de coronavirus en el país.

La decisión se encuadra en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo) que, desde mañana y hasta el 16 de este mes, continuará sin cambios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en la fase 3, iniciada el 18 de julio pasado, debido al aumento de contagios y de muertes por coronavirus en los últimos 15 días.

Vizzotti apoyó la decisión del gobierno en el hecho de que se observó un aumento «importante» de casos de Covid-19 en las provincias que pasaron del Aspo al Dispo (distanciamiento social preventivo y obligatorio).

«Es por eso que en el DNU de mañana, en esta nueva normativa y por estos 15 días, hasta el 16 de agosto, se van a suspender las reuniones sociales en todo el territorio nacional», remarcó Vizzotti.

Explicó que la medida apunta a que «se puedan controlar» los lugares donde se producen los «brotes» y para que no se «minimice la posibilidad» de que eso también ocurra en los lugares sin contagios.

«El riesgo aumenta en las reuniones sociales, tanto en los lugares donde está autorizado hacerlas, como donde no está autorizado y se realizan igual», apuntó Vizzotti y explicó que en esas circunstancias suelen distenderse los cuidados, como el uso de tapabocas, el lavado de manos, mantener los ambientes ventilados o los 2 metros de distancia.

El DNU es también el correlato del mensaje del Presidente del viernes pasado -cuando anunció la continuidad de la cuarentena-, en el que había advertido que quienes incurrieran en la violación del aislamiento estricto en las casas deberán enfrentar consecuencias penales por «favorecer la transmisión de una enfermedad».

La ciudad de Buenos Aires y la provincia habían retornado el 18 de julio último a la fase 3 de la cuarentena, con un esquema de apertura escalonada de actividades en los dos distritos y restricciones en la circulación.

Sin embargo, Fernández, al renovar por novena vez la cuarentena, anunció el viernes último que la medida continuaría sin flexibilizaciones hasta el 16 de agosto debido al aumento de contagios y de la tasa de mortalidad en el AMBA.

Además, el jefe de Estado sostuvo que en otros lugares del país, como Córdoba, Mendoza, Jujuy, Chaco y sur de Santa Fe, crecieron los casos de Covid-19, producto de la irradiación de la circulación del virus.

Fernández fundamentó la continuidad del aislamiento en las mismas condiciones que en los últimos 15 días en el AMBA, al señalar que cada 24 días se duplicó la cantidad de fallecimientos, con un promedio actual de 80 casos diarios de muertes por coronavirus.

En esta nueva etapa se mantendrá la prohibición de realizar «encuentros sociales» y el presidente advirtió el viernes que quienes «incurran» en la violación de la cuarentena estricta en las casas deberán enfrentar consecuencias penales por «favorecer la transmisión de una enfermedad».

Como parte de las acciones para mitigar la pandemia, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordaron «hacer más frecuentes» los encuentros para agudizar el seguimiento de la situación epidemiológica y observar cómo funcionan las actividades liberadas.

La ciudad había iniciado el 20 de julio pasado un Plan Integral de reinicio programado de actividades en 6 etapas y la primera continuará mañana con la apertura de comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, que incluye indumentaria y calzado, a los que se podrá concurrir según el número de terminación del DNI.

Esa medida no alcanzará a los comercios ubicados en Centros de Transbordo de Liniers, Retiro y Constitución, y los de la avenida Avellaneda en Flores y centro de Once.

El distrito, sin embargo, debió suspender en esta nueva renovación de la cuarentena la apertura de actividades previstas en su segunda etapa del cronograma, como los deportes individuales al aire libre amateur y federados en instituciones, entre ellos, el tenis y el golf.

La provincia de Buenos Aires, en tanto, seguirá «con el mismo grado de apertura cuidada, con protocolos», explicó el gobernador.

Kicillof dijo que así lo había resuelto con los intendentes del AMBA y, como contrapartida, destacó que el interior de la provincia continúa «con el sistema de 5 fases», en el cual hay «casi 100 municipios en una situación con muy baja circulación y con mucha apertura».

En el AMBA, que desde el 1 al 17 de julio debió volver a una fase estricta, permanecerán abiertas desde mañana -con protocolos- las actividades que se reanudaron en la anterior renovación del aislamiento, el 18 de julio.

En tanto, la mayor parte de las provincias del interior del país se encuentran en fase 4 y 5, en etapa de distanciamiento, con mayor flexibilidad en las actividades y en la circulación.

La cuarentena fue dispuesta el 20 de marzo y se renovó el 31 de marzo, el 13 de abril, el 27 de abril, el 11 de mayo, el 25 de mayo, el 8 de junio, el 1 de julio, el 18 de julio y la última vez, mañana, 3 de agosto.

Las fases de la cuarentena según el tiempo de duplicación de los casos en cada distrito son: en la Fase 1 el tiempo de duplicación de los casos se registró en menos de 15 días; en la Fase 2, de 5 a 15 días; en la Fase 3, de 15 a 25 días; en la Fase 4, más de 25 días; y en la Fase 5, de nueva normalidad, no deben registrarse contagios.

Argentina

Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina

Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.

Ailén Lazarte

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El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.

Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.

Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.

Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.

Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.

El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.

Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.

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Argentina

El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit

La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.

Ailén Lazarte

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El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.

Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.

Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.

Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.

La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.

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Argentina

Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos

El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes

Ailén Lazarte

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Qué motivó la presentación del Gobierno

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.

El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.

Argumentos del Estado argentino

En su presentación, la Procuración afirmó que:

  • Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”

  • El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.

  • Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.

El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.

Contexto del caso

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.

La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.

Repercusiones y próximos pasos

La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.

Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.

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