Política
María de los Ángeles Sacnun: “La Corte funciona mal pero no es lo que estamos discutiendo ahora”
La senadora santafesina conduce en el Senado el debate sobre la reforma judicial. En una entrevista con Infobae aseguró que esta vez el Frente de Todos aceptará cambios
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6 años atrásen
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eltribuno
Abogada, mediadora, peronista y alguna vez aspirante a gobernadora de la provincia de Santa Fe, deseo en el que que por ahora no se empeña, María de los Ángeles Sacnun es una de las senadoras más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Preside la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales que junto a la de Justicia y Legislación Penal, presidida por Oscar Parrilli, lleva adelante el debate sobre la reforma del Poder Judicial. Aunque el oficialismo tiene mayoría, la dimensión de la reforma obliga al consenso y también el freno que podría encontrar la iniciativa en Diputados. Después de las dos primeras audiencias, una con la ministra de Justicia Marcela Losardo y la siguiente con siete especialistas -cinco presentados por la oposición y dos por el oficialismo-, habló con Infobae sobre el plan del Frente de Todos.
-¿Se puede incorporar cambios al proyecto? ¿El oficialismo está dispuesto a aceptar modificaciones?
-Sí. Tal como lo dijo el Presidente cuando hizo la presentación del proyecto, queremos debatirlo y escuchar las distintas propuestas que existen en torno a una eventual reforma del proyecto. Por eso hemos tenido una actitud de absoluto acuerdo con la oposición en cuanto a garantizar que todos los expositores propuestos por el interbloque de Cambiemos en el Senado puedan hacer uso de la palabra, se aprobaron a todos los expositores. Estamos al aguardo de que nos hagan llegar las propuestas quienes fueron exponiendo, siempre y cuando esas propuestas no tiendan a sostener la concentración del poder o a vulnerar aquellos artículos que tienden a garantizar no solamente la independencia del Poder Judicial sino también la esencia del proyecto. Estamos al aguardo de las propuestas que quieran hacer tanto los expositores como el bloque de la oposición que vayan en la directriz trazada por el Presidente.
-La mayoría de los expositores hasta el momento coincidieron en la necesidad de la reforma, aunque no en la oportunidad o la forma…
-Se encauzó en ese sentido. Hay una coincidencia en torno a la reforma judicial. Y hay otra cuestión de coincidencias que es que desde el oficialismo no estamos planteando absolutamente nada que esté relacionado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso quedó despejado. Hubo sectores que empezaron a expresarse en torno a la Corte, al Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Nada de eso está siendo tratado en este proyecto. La ministra de Justicia fue muy clara y muy contundente. En todo caso las sugerencias pueden provenir de lo que surja del consejo consultivo de asesores que diagramó el Presidente, pero no es lo que estamos discutiendo ahora.
-Varios constitucionalistas consideraron “enorme” la cantidad de nuevos juzgados que se crearán.
-Hay confusión con la fusión de los distintos fueros, lo están planteando de 12 a 46. También hay una fusión de fueros, el Contencioso Administrativo con el Civil y Comercial y por el otro lado el Penal con el Penal Económico.
-De todos modos habría 23 nuevos juzgados.
-Exactamente. Y se tomarían las 23 secretarías que ya existen y pasarían a esos 23 juzgados nuevos. Lo que creo es que hay que aguardar porque en siete minutos (NdR: el tiempo que se dio a cada disertante) fueron exposiciones que permiten definir el posicionamiento frente al proyecto, pero hay que aguardar cuáles son las reformas concretas que están planteando que obviamente las vamos a ver y a evaluar.
-Con todo respeto le pregunto, ¿es una apertura de verdad, realmente tendrán en cuenta las propuestas o, como ha reclamado la oposición, no aceptan cambios a los proyectos de ley?
-Estamos dispuestos a reverlo. Lo planteó la misma ministra el martes, dijo que el proyecto puede ser revisado y de hecho forma parte del tratamiento parlamentario. A veces no hay margen porque uno tiene la absoluta convicción de que cuando se plantea alguna reforma se desnaturaliza a un proyecto, pero si hablamos de cuestiones racionales que no tuercen el eje del proyecto estamos dispuestos a charlar. Lo dijo el Presidente, lo dijo la ministra y lo estamos diciendo nosotros.
-Entre los planteos varias veces se mencionó que se crearán más juzgados en el interior y que en cambio se necesitan más fiscalías.
-Hay algunas cuestiones que hay que señalarlas. Lo que estamos haciendo a través de la Bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal Penal es avanzar en esa aplicación del código acusatorio, que fue suspendido por un decreto de Mauricio Macri. Todos coinciden en que es positivo avanzar en el proceso acusatorio. Estamos consultando con nuestras provincias estas cuestiones, fundamentalmente en mi provincia que ya fue incorporada a la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Los juzgados son necesarios porque en el marco del proceso acusatorio se requiere poder contar con un juez que frente a un fiscal que inicia una investigación pueda rápidamente dar respuesta. En los juicios orales se requiere la presencia del juez, del fiscal y del defensor para llevar adelante el proceso acusatorio. La cantidad de juzgados la vamos a charlar, vamos a evaluar en función con su acople con el modelo acusatorio y también a tener en cuenta un planteo que nos están haciendo y que me parece que también es importante evaluar que es la cantidad de defensorías. Entiendo lógicamente que es menor la cantidad necesaria de defensorías porque se comparten entre defensa pública y privada. Los fiscales en cambio son todos públicos porque representan al Estado pero también es atendible ese planteo que están haciendo algunos integrante al Ministerio Público de la Defensa.
-Todo lo que están planteando y que están analizando parece que requeriría mucho tiempo de evaluación. ¿Van a tomarse tiempo para el debate? ¿Cuáles son los plazos que planea el oficialismo?
-Nosotros ya hicimos el listado completo de expositores, pero mientras los expositores se van presentando vamos avanzando, vamos trabajando y recibiendo las consideraciones que nos están haciendo. No dejamos a nadie afuera, en dos encuentros más de comisión vamos a estar agotando la lista completa de expositores y en el mientras tanto estamos trabajando con lo que nos están haciendo llegar.
-¿Por eso junto a la vicepresidenta Laura Rodríguez Machado (PRO) son estrictas en el uso del tiempo según se vio?
-Sí. Queremos que todos puedan hablar sin obturar el uso de la palabra. En ese sentido destaco la actitud de respeto del oficialismo y de la oposición, después tendremos el debate. El tema del tiempo lo acordamos con el interbloque de Cambiemos.
La reforma judicial comenzó a tratarse en el Senado (Gabriel Cano / Comunicación Senado)-Al camarista Alberto Seijas, propuesto por la oposición, le dieron diez minutos, extra, más del doble que a cualquier otro.
-Sí. Porque me parecía que no correspondía en mi caso concretamente siendo una senadora del oficialismo coartarle el uso de la palabra cuando ya se había expresado públicamente en contra no de todo el proyecto, sino que como se vio tienen puntos en común. Pero no podía obturarlo en el uso de la palabra porque iba a parecer que le estaba quitando tiempo a alguien que se estaba oponiendo o planteando puntos en contra.
-¿Se sintió obligada después de los reclamos de la oposición? Esteban Bullrich, Martín Lousteau y Luis Naidenoff plantearon que se los silencia.
-Son dos situaciones diferentes. En el ámbito de la comisión uno trata de respetar el uso de la palabra, de expositores o de senadores y senadoras. En las sesiones fue un tema totalmente distinto. Ocurrieron planteos cuando estaba cerrado el debate después de sesiones de seis horas, siete horas, en las que todos habían podido hacer uso de la palabra y en ningún momentos se les coartó. Cuando se cierra el debate la bancada mayoritaria, según la práctica parlamentaria, o cuando se cerró la sesión, no hay lugar para habilitar la palabra. Y esto no es ahora por quien conduce el Senado, tiene que ver con un reglamento, con ser respetuosos, es una práctica parlamentaria.
-¿Cree que genera tensión Cristina Kirchner -que es quien preside la sesión-, que hay tensión con ella, o que es una estrategia opositora?
-No lo sé. Quizás se sienten afectados porque en el cierre de la bancada oficialista, el cierre de José Mayans (presidente del bloque del Frente de Todos), puede haber algún tipo de planteo de parte del senador que los haga sentir afectados y que quieran refutar eso. Pero se cerró el debate, el debate está cerrado. Es lo mismo que si después de que habla Luis Naidenoff (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio), en mi caso le pida la palabra para refutar lo que dice el senador. Hay que ser respetuosos de respetar las reglas de juego. Nunca se les ha obturado el uso de la palabra, siempre esos episodios se han dado cuando ya han tenido lugar los cierres e incluso cuando ya se ha votado.
-¿Qué opinión le merecen los planteos firmados tanto por los integrantes de la Cámara del Crimen como también de la Cámara Civil y Comercial en contra del proyecto de reforma?
-No me parece correcto, en todo caso lo que debieran hacer son los aportes que crean necesarios para mejorar el proyecto para buscar un proyecto superador. Ahora el juez Seijas dejó en claro que no hablaban de inconstitucionalidad. En otras oportunidades en las que quizás debieran haberse pronunciado porque estaba fuertemente afectada la independencia judicial o cuando hubo cuestionamientos muy fuertes sobre el contendido de fallos de los jueces no hemos visto ningún tipo de pronunciamiento como el que hemos visto ahora. En lo que ellos no estén de acuerdo tienen derecho a plantearlo, tienen derecho a hacerlo.
La vicepresidenta Cristina Kirchner (CHARO LARISGOITIA / COMUNICACIÓN SENADO.)-El planteo en general es que la reforma busca licuar el poder de los jueces de Comodoro Py y garantizar impunidad para la Vicepresidenta en las causas en las que se la investiga.
-Decir eso es no haber leído el proyecto. El proyecto de reforma judicial no interviene en lo más mínimo en las causas que están en trámite y en los jueces naturales.
-¿Usted me asegura que los jueces que investigan a Cristina Kirchner seguirán a cargo de las causas?
-Van a seguir adelante con sus causas, van a seguir adelante con sus investigaciones. La reforma no interviene ni genera ningún tipo de obturación en torno a la prosecución de esas causas. Es verdaderamente inaudito que se plantee. Lo plantearon antes de conocer el proyecto.
-El Presidente dijo que la Corte funciona mal. ¿Coincide?
-Totalmente. La Corte funciona mal, hay un mal funcionamiento de la Corte, lo vemos todos, pero no es lo que estamos discutiendo ahora. Es parte de lo que se ha planteado, por eso la necesidad de que haya un consejo consultivo, plural, con paridad de género, que pueda abordar esa problemática. La Corte sigue funcionando de manera anacrónica en algunos casos y esto tiene que ver con el funcionamiento, tal como lo ha planteado el Presidente. Es importante dividir las cosas y me parece que eso quedó despejado en la comisión. No estamos debatiendo la Corte ahora, en todo caso ese consejo consultivo dictaminará, hará un dictamen que no es vinculante y el Presidente evaluará con su ministra de Justicia y sus asesores algún eventual planteo sobre el funcionamiento de la Corte. Hay que optimizarlo y garantizar el acceso de justicia, esto forma parte de cómo fortalecemos al Estado de Derecho. Y está por encima de un gobierno, tiene que ver con una política de Estado.
-¿Hay que ampliar el número de integrantes de la Corte?
-Hay varios proyectos presentados en el Senado de la Nación en torno a la ampliación de los miembros de la Corte. La ampliación de por sí no subsana el funcionamiento, hacen falta una serie de medidas que requieren un análisis mucho más profundo. Creo que es muy simplista decir que la sola ampliación de la Corte va a solucionar absolutamente todos los problemas. Es un tema a debatir. La Corte de la República Argentina es la Corte más chica en cuanto a su número de miembros de Latinoamérica. En general el derecho y la evolución del derecho constitucional dan cuenta de que el derecho ha ido avanzando, tiene que haber una mayor especialización en sus distintas ramas. Hay que esperar al consejo consultivo y cómo va evolucionando. Pero no es el debate de hoy.
-Usted es santafesina y defendió la intervención de Vicentin. ¿La defraudó la marcha atrás de la expropiación y la intervención?
-No, no me defraudó de ninguna manera. Creo que era lo que había que hacer. Entiendo que la intervención de la provincia de Santa Fe, del gobierno provincial a través de Omar Perotti planteando una propuesta superadora y del Presidente tomándola fue un aporte que se hizo. Y la intención del gobierno nacional y del provincial no fue constituir una expropiación como si se tratara de una bandera política o de un fin en sí mismo. Tanto en la intervención como en la eventual expropiación era una medida de salvataje de la empresa que en un concurso puede ir a la quiebra lo que significa la pérdida de 7.000 puestos de trabajo directos y 21.000 indirectos y el quiebre de la cadena de pagos con 2.600 acreedores. Además hay que incluir al sector de acopiadores, pequeños y medianos productores y al sector cooperativo. Frente a la imposibilidad de avanzar en cuanto al corrimiento de los directivos que no son todos (esto lo quiero aclara porque no todos los miembros de la empresa son los que están investigados en la Justicia), era obvio que si el Gobierno intervenía pidiera el corrimiento de los directivos que la llevaron a esa situación. Frente a la obturación del Poder Judicial para avanzar en la intervención la decisión del Presidente ha sido absolutamente razonable. Lo que hay que defender ahora son las acreencias que tiene el Estado Nacional tanto por vía del Banco Nación como de otros organismos que han sido afectados por el concurso.
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Nota
Argentina y Brasil: De la integración al delirio
Aclaración: El presente artículo es una columna de opinión y análisis firmada por Mario Alejandro Scholz. Las opiniones, apreciaciones y conclusiones expresadas en este texto pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de este medio.
Publicado
4 días atrásen
13 agosto 2026
Un largo camino a la amistad
La vecindad entre Argentina y Brasil conlleva más de 500 años de historia desde los tiempos de la colonia, que marcaron así un comienzo bajo un conflicto permanente en virtud de la disputa de límites entre sus respectivas metrópolis -España y Portugal-, que ya en 1494 acordaron una división territorial en el tratado de Tordesillas, que posibilitó a los portugueses su llegada al “país tropical”. Posteriormente el avance luso, corriendo la frontera permanentemente, llevó al rey Carlos III de España en guerra con Gran Bretaña y su aliado Portugal, a enviar una expedición militar al Río de la Plata al mando de Pedro de Cevallos en 1776, la que posibilitó la recuperación española de la Colonia del Sacramento y de la Isla de Santa Catalina (donde hoy se encuentra Florianópolis), acción acompañada por la creación del Virreynato del Río de la Plata para fortalecer la defensa regional.
Posteriormente, llegó la paz con el Tratado de San Ildefonso (1777) y los dominios del nuevo Virreynato en la frontera se limitaron a la Banda Oriental y las antiguas misiones guaraníticas, por entonces ya en estado de creciente abandono por la expulsión de los jesuitas operada una década antes. Pero los caudillos locales bajo el lema de la “Patria Grande” mantuvieron su reclamo sobre lo que hoy es Río Grande del Sur, mientras que del lado brasileño persistió la pretensión de llevar sus bordes al Río de la Plata. La guerra entre Argentina y Brasil de 1825, ya por entonces dos naciones independizadas de sus antiguos imperios, culmina con la firma en agosto de 1828 de la Convención Preliminar de Paz entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, hecho que pone fin formal al conflicto bilateral con la creación de la República Oriental del Uruguay.
Desde entonces existió, con intervalos, un largo período de recelos comunes, que no impidieron la firma del tratado de la Triple Alianza de marzo de 1865 para enfrentar la invasión militar paraguaya, así como distintos acercamientos temporales, como el intentado en los años 50s con el proyecto “ABC” de unidad entre Argentina Brasil y Chile, bloqueado por sectores conservadores de la región. Quizás la etapa de mayores asperezas tuvo lugar con los gobiernos militares de los 70s y principios de los 80s en ambos lados, con severos entredichos por el uso de los cursos hídricos comunes, e incluso con la búsqueda por cada parte de un desarrollo nuclear asociado al poderío bélico.
Pero todo esto cambió radicalmente con el regreso democrático, primero en la Argentina con el Gobierno de Raúl Alfonsín, que apoyó encarecidamente la recuperación institucional en toda la región y muy particularmente en Uruguay, Brasil y Chile, y más luego con la llegada de José Sarney a la presidencia del vecino gigante sudamericano en 1985 asumiendo el compromiso de instaurar la elección directa del Poder Ejecutivo. Y esos dos presidentes democráticos superaron por entonces las antiguos obstáculos para allanar el camino para una relación fraternal y productiva apoyada en valores republicanos superiores entre ambos países, para extenderla a toda la región.
Desalojado rápidamente el riesgo nuclear con el desmontaje en ambas naciones de los trabajos y procesos relacionados con la industria bélica, Alfonsín y Sarney llegaron a un acuerdo de cooperación económica plasmado en la Declaración de Foz de Iguazú (1985), como primer paso al acuerdo del “Programa de Integración y Cooperación Económica” (PICE) de 1986, que avanza primero con el Tratado de Integración y Desarrollo de 1988, al que ese mismo año se suma el vecino Uruguay con la Presidencia de José María Sanguinetti mediante el Acta de Alvorada en Brasilia; y culmina después con la firma del Tratado de Asunción (1991), que da nacimiento al MERCOSUR, ya con los nuevos mandatarios Carlos Menem, Fernando Collor de Melo y Luis Alberto Lacalle, más el Presidente de Paraguay Andrés Rodríguez, este último a cargo de la transición democrática tras la fuga del dictador Alfredo Stroessner.
Si bien los acuerdos que culminaron con el MERCOSUR tienen como mayor reconocimiento el crecimiento de las corrientes comerciales dentro de ese hinterland bajo un régimen de libertad (arancel cero) para la mayoría de los productos y servicios entre los países que integran este bloque, así como un arancel externo común extra zona, conjunto que se denomina técnicamente zona aduanera común, la integración es esencialmente política, por lo que resultó sustancial para el proceso de extensión democrática en la región. Esa vocación quedó plasmada además en sendos Protocolos denominados de “Ushuaia I (1998) y II (2011)” (este último también conocido como de “Montevideo”), que establecen la condición de institucionalidad democrática para pertenecer al bloque, a lo que se agregó en el segundo de ellos el concepto de “amenaza de ruptura“ para la condición “gatillo” de posibles sanciones.
El MERCOSUR posibilitó además la libre circulación de personas y no solo de mercaderías, la construcción común de corredores de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico y entre las distintas regiones involucradas, máxime al extenderse los acuerdos a Bolivia, como nuevo miembro en “proceso de asociación plena” desde 2004 y Chile en calidad de “estado asociado” desde 1996; diversas acciones de cooperación como las que se canalizan a través del Fondo especial FOCEM creado ad-hoc para el desarrollo de proyectos regionales, la efectiva coordinación de frecuencias para el despliegue de la todavía denominada “telefonía celular” (que hoy comprende múltiples servicios de banda ancha), la negociación como bloque con terceros países o ligas comerciales en particular con la Comunidad Económica Europea, acciones específicas de integración como el acuerdo de la industria automotriz regional (Flex), en fin, innumerables convenios en múltiples campos.
También cabe destacar la instauración del Tribunal Permanente de Revisión (TPR) con sede en Asunción, producto del Protocolo de Brasilia (1991), que actúa como tribunal para resolución de conflictos, órgano consultivo y además como ente jurídico con competencia en cuestiones administrativo-laborales. El TPR iniciado con métodos puramente diplomáticos y tribunales temporales, tiene desde la firma del Protocolo de Olivos (2002) carácter de tribunal permanente.
Regresando ahora a las cuestiones exclusivamente comerciales, recordamos que en estas casi cuatro décadas de vida del MERCOSUR Brasil pasó a constituir el principal destino exportador argentino con un 15% del total de nuestras ventas al exterior[1], mientras que es también nuestro principal proveedor con un 24% de nuestras importaciones[2], incluso por encima de China que lo sigue con un 23%. Del lado brasileño, Argentina ocupa el tercer lugar, tanto como comprador como proveedor, con alrededor de un 5% de participación global en el comercio exterior brasileño.
Pero más que mirar lo hecho, debemos reflexionar sobre el enorme potencial de crecimiento y despegue que tiene esta asociación, muy en particular tras la aprobación en ambos bloques del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, que además de facilitar la exportación de un mayor volumen de productos tradicionales al otro lado del Atlántico, abre a nuestra región la posibilidad de constituirse en un polo de atracción de inversiones para el despliegue de producciones dirigidas a toda Europa. No en vano Brasil ha buscado ya acuerdos con empresas chinas para el desarrollo de plantas fabriles, caso automotriz por solo citar un ejemplo, y lo propio deberíamos hacer los argentinos, amén de consolidar alianzas estratégicas con otros grandes competidores internacionales como la India, además de China.
UNA SOBRE ACTUACION INSOLITA E INNECESARIA
Pues bien hasta aquí la historia y el potencial de desarrollo de nuestra asociación estratégica con Brasil, si es que no la desperdiciamos. Desde ya que, tratándose de una relación esencialmente política, este vínculo amistoso de ya más de treinta años dejó atrás viejos resquemores y pasados conflictos, pero no puede escapar a roces e interferencias y no sería realista suponer que es posible evitarlos.
Cuando los gobiernos comparten tendencias ideológicas, o al menos lo aparentan, suele esperarse que las relaciones sean más “aceitadas”; por el contrario cuando tal afinidad no existe o más todavía cuando pueda llegarse a cierto aparente antagonismo, los vínculos son más dificultosos a nivel de los altos funcionarios. Pero aún allí, las cuestiones técnicas y los segundos niveles pueden mantener un curso normal propio de las relaciones prácticas, tanto del comercio como en lo que hace a la cooperación de modo más general.
La creciente inserción de los gobiernos de Argentina y Brasil de modo recíproco en los debates de política interna de sus vecinos, agregó un grado mayor de asperezas. Ahora se nos recuerda que Lula apoyó las candidaturas del peronismo en diversas elecciones en Argentina, mientras que los Fernández hicieron lo propio en favor de los candidatos del Partido dos Trabalhadores (PT). Pero nunca pudo decirse que la convivencia entre gobiernos de ideologías diferentes y hasta a veces casi opuestas en nuestros países llegarse a trasponer límites que no tuvieran solución de manera diplomática … hasta la participación de Javier Milei en la proclamación de la candidatura presidencial del nuevo líder de derecha Flávio Bolsonaro para las próximas elecciones de octubre en Brasil.
Ese apoyo de Milei con presencia física en el territorio brasileño era desde ya una actitud provocativa, pero seguramente hubiera motivado por ese hecho exclusivamente alguna condena formal de la cancillería de Brasil, y no más que eso. Desde ya, hay culpas compartidas en estas intromisiones en territorio ajeno. Pero Milei fue un paso más allá, simplemente insultó al Presidente y candidato a su reelección Luiz Lula da Silva. No cabe repetir tales agravios, basta con señalarlos.
Es claro que el no menos que extraño comportamiento del Presidente Milei tiene como fundamento un alineamiento explícito con la posición del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien mantiene fuertes polémicas con el actual mandatario brasileño, mucho más desde que éste no se calló ante la elevación de aranceles comerciales instrumentada por los Estados Unidos. Ese conflicto bilateral se manifiesta en el terreno diplomático por el respectivo desconocimiento de sus embajadores.
Para tal alineamiento explícito con Trump hubiera bastado que Milei apoyase a Bolsonaro en su propio territorio, recordando además que ya lo había hecho en Argentina en una reciente visita y también desde un primer momento cuando lo invitó a su asunción presidencial, allá por diciembre de 2023. El agregado de insultos, que para peor fueran reiterados al volver a nuestro país, parece obedecer antes a una sobre actuación que a una convicción íntima que surgiera de un ímpetu interior, de una explosión incontrolable del ánimo. Desde ya, un jefe de estado no debiera permitirse ese lujo en público, máxime cuando la relación con otro país está en juego. Pero no es el caso, en virtud de la reiteración del desborde con un plazo intermedio para reflexionar, medir consecuencias, repercusiones, acciones, en fin consultas a expertos. Nada dice que no haya sido adrede. El Presidente Milei desde ya asume su postura, no reniega de ella.
La versión oficial argentina sobre el posterior retiro del Embajador de Brasil en nuestro país por orden del Presidente Lula, así como el retiro del placet al Embajador de Argentina en Brasil (por ahora solo se trasmitió un pedido de regreso a su tierra) consiste en acusar al gobierno brasileño de reacción desmedida, como si se tratara de simples juegos de palabras. Se sostiene además que permaneciendo en ambas representaciones diplomáticas los respectivos agregados comerciales, las relaciones de tal carácter y las demás de orden general (como turismo, por ejemplo) no se alteran en lo más mínimo.
No hubo en cambio pedido de disculpas, alguna excusa del tipo “fue dicho en ámbito privado y tomó una trascendencia inesperada”, etc., como para reducir el tenor de lo actuado. Extraña desde ya la suave reacción de algunos observadores locales (oficialistas está claro) que parecen sostener una especie de “golpe por golpe”, o algo así como “la contravención de reglas opera de antaño, no hay nada nuevo bajo el sol”.
Es cierto que como el propio Presidente Trump expresó a la prensa, él rescató a Milei de una crisis cambiaria allá por septiembre del año pasado, cuando adelantó su voluntad de sostener la cotización en el mercado argentino comprando pesos, operación que una vez anunciada se concretó. La promesa de poner en la mesa no menos de USD 20 mil millones no fue suficiente, pero no bien se desembolsaron los primeros USD 2.000 millones la “corrida cambiaria” cesó, el mercado se estabilizó, y desde entonces el valor del tipo de cambio continuó retrasándose respecto de la evolución de los precios internos y el Banco Central compró más de USD 12 mil millones para sus reservas internacionales brutas.
Este favor, en más otros beneficios esperados de este alineamiento (no sabemos cuáles), han convencido con toda claridad al Presidente Milei de la bondad de su vínculo. Pero insultar a Lula es sin duda una exagerada demostración de su posicionamiento, que puede entrañar costo para el país. Y eso va más allá del resultado de la apuesta por Bolsonaro, es decir del éxito si venciera en las elecciones brasileñas o del fracaso para Milei si finamente Lula fuera reelecto.
CONSECUENCIAS
Quizás la palabra a emplear para el subtítulo pudiera ser tomada del inglés, “aftermath”, un nombre dado por los Rolling Stones a uno de sus grandes trabajos. Fue traducido en la tapa del disco como “consecuencias”, aunque más que eso debiera entenderse como “secuelas”.
Es posible que efectivamente, tal como manifiestan los voceros oficiales, la vida por ahora continúe normalmente y no haya en lo inmediato una afectación visible al comercio, el turismo, en fin a las relaciones prácticas habituales entre Argentina y Brasil. Pero el país pierde crédito, aparece siguiendo rumbos inciertos en su política exterior que dependerían de la voluble voluntad del gobernante de turno.
Para un inversor, por tomar un ejemplo, en cualquier circunstancia de gobierno en Brasil, ¿dónde verá un escenario confiable y estable a largo plazo dentro del MERCOSUR?. ¿Hace falta imaginar la respuesta?. Otro tanto si nos preguntáramos por los cambios posibles en los Estados Unidos y su impacto en Argentina, aun si los Republicanos continuaran en el gobierno, pero quizás con una personalidad menos conflictiva que la del actual Presidente Trump.
Me detengo solo en un punto de estas posibles “secuelas” y lo planteo solo a modo de pregunta. ¿Estamos evaluando el impacto de nuestra relación en el MERCOSUR en aquellos inversores internacionales provenientes de los grandes actores mundiales que vean la oportunidad de radicarse en la región para establecer/ampliar/renovar plantas de producción, crear empleos y generar riqueza para desplegar una especie de cabeza de playa para exportar a Europa?.
La previsibilidad y la continuidad de políticas de estado y de las conductas, como las asumidas desde hace décadas en el MERCOSUR, resultan mucho más importantes para el desarrollo del país que los regímenes de excepción, caso del “RIGI”, que aún no han sido testeados en su vigencia en el tiempo. Y es por eso que, más que el “business as usual” que pronostican los voceros oficiales para la relación con Brasil, a pesar de la gravedad de la actual situación diplomática, la secuela que provoca mayores temores es la que podemos esperar a largo plazo. Y por eso una reflexión más profunda y una sincera revisión de los excesos cometidos puede ser un camino correcto y sincero para despejar esos temores.
Los principales productos que Argentina vende a Brasil son vehículos comerciales y utilitarios (bajo el acuerdo automotriz), trigo, automóviles, petróleo y gas, lácteos, diversos regionales (peras, manzanas, papas, ajos, malta, etc.) y variados insumos industriales.
Por su parte Brasil vende a nuestro país automóviles y autopartes, bienes de capital, maquinarias, plásticos y químicos, fertilizantes, energía eléctrica, entre otros.
Política
Violento ataque a balazos en barrio Alvear: Asesinaron a un joven de 24 años e hirieron de gravedad a una mujer
Ocurrió durante la noche de este sábado en el cruce de Cagancha y Cafferata, en la zona suroeste de Rosario. Un tirador efectuó múltiples disparos desde un automóvil hacia un grupo de personas y se dio a la fuga. Investiga la fiscal Marina Vigo.
Publicado
3 semanas atrásen
26 julio 2026
Emboscada mortal en la zona suroeste
Un letal ataque a tiros dejó como saldo un joven fallecido y una mujer internada en estado crítico en la noche de este sábado en el barrio Alvear, en la zona suroeste de la ciudad.
El episodio armado se registró pasadas las 23:40 horas en las inmediaciones de la intersección de las calles Cagancha y Cafferata. Tras recibir alertas al 911 por fuertes detonaciones en la vía pública, efectivos policiales arribaron al lugar y hallaron a dos personas tendidas sobre el suelo con múltiples impactos de bala.
Personal médico de emergencias constató en el lugar la muerte de Cristian Emanuel Lucero, de 24 años, quien presentó dos heridas de arma de fuego localizadas en el tórax y en la zona del cuello.
En tanto, una joven identificada con las iniciales N.L.M., también de 24 años, sufrió un impacto de bala en la región abdominal. Fue derivada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanece internada con pronóstico reservado y en estado de extrema gravedad.
La mecánica del ataque y las pericias
De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas por la Fiscalía, el ataque fue ejecutado por un hombre —cuya identidad aún no fue establecida— que arribó a la zona a bordo de un automóvil. Sin descender del vehículo, abrió fuego de manera directa hacia un grupo de personas que se encontraba reunido en la vía pública y se dio a la fuga inmediatamente.
La fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Marina Vigo, ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para efectuar:
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Relevamiento integral y levantamiento de rastros en la escena del crimen.
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Toma de testimonios a vecinos y testigos presenciales.
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Relevamiento y análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones.
Durante las diligencias sobre la calzada, los peritos secuestraron tres vainas servidas, las cuales quedaron a resguardo para ser sometidas a peritajes balísticos. Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho.
Política
Reforma Constitucional en Santa Fe: Los ejes del proyecto que busca modernizar la Carta Magna de 1962
El Gobierno provincial y las principales fuerzas políticas avanzan en el debate para dictar la Ley de Necesidad de la Reforma. Autonomía municipal, fin de las reelecciones indefinidas y la discusión sobre el mandato presencial y ejecutivo lideran la agenda.
Publicado
4 semanas atrásen
22 julio 2026
El debate institucional que marca la agenda provincial La actualización de la Constitución de la provincia de Santa Fe —vigente desde 1962 y convertida en una de las más antiguas del país— volvió a posicionarse en el centro de la escena política. El Poder Ejecutivo provincial, conducido por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a los bloques parlamentarios de la Legislatura, aceleran las conversaciones para alcanzar los consensos necesarios que permitan votar la Ley de Necesidad de la Reforma.
Para que la iniciativa avance, la Constitución exige una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras legislativas. Por este motivo, el oficialismo mantiene rondas de diálogo con los distintos espacios de la oposición (el PJ, los sectores de la Libertad Avanza y fuerzas de izquierda) para acordar qué artículos se habilitarán a modificar.
Los puntos clave que están sobre la mesa El borrador de temas que impulsa el arco político santafesino contempla cambios estructurales para la provincia:
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Autonomía Municipal: Un reclamo histórico para ciudades como Rosario y la capital provincial. Permitirá a los municipios dictar sus propias Cartas Orgánicas, definir sus esquemas de gobernanza y administrar recursos de forma directa.
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Reelección y límites a mandatos: Se debate la posibilidad de habilitar un segundo mandato consecutivo para la fórmula de Gobernador y Vicegobernador (hoy prohibido en Santa Fe), al tiempo que se busca fijar un tope a las reelecciones indefinidas para legisladores, intendentes y concejales.
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Modernización del sistema judicial y de seguridad: Adecuar las garantías constitucionales al nuevo Código Procesal Penal, fortaleciendo el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y otorgando rango constitucional a herramientas clave de seguridad pública.
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Eliminación de privilegios y fueros: Reformas en la inmunidad parlamentaria para que cualquier funcionario pueda ser investigado sin trabas judiciales, garantizando el principio de igualdad ante la ley.
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Ampliación de derechos: Incorporación explícita del derecho al agua, la protección del medio ambiente, la conectividad digital y la constitucionalización del equilibrio fiscal.
El camino hacia la Convención Constituyente
De lograrse la sanción de la Ley de Necesidad de la Reforma en la Legislatura, el paso siguiente será la convocatoria a elecciones generales para que los ciudadanos santafesinos elijan a los convencionales constituyentes. Serán ellos los encargados de redactar y sancionar el nuevo texto constitucional durante el plazo que fije la norma.
Desde todos los sectores coinciden en que se trata de una oportunidad histórica para dotar a la provincia de un marco institucional moderno, ágil y adaptado a las demandas del siglo XXI.
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Corte de calle y protesta frente a la sede de Gobierno por el travesticidio de la militante Gabriela Banach



