“La sede del Consejo Federal de la Hidrovía estará en Rosario”. Así lo anunció el propio presidente Alberto Fernández a finales de agosto pasado cuando en un acto en Puerto General San Martín, con todos los gobernadores del frente fluvial del Paraná, presentó un nuevo esquema para la administración y el desarrollo de las hidrovías. Pero cuando este lunes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 307 que forma el Consejo Federal de la Hidrovía, del que tendrán participación las provincias, se dispone claramente que ese ente funcionará bajo comando del Ministerio de Transporte de la Nación sin sede asignada.

En concreto, la resolución dice en el artículo 4°que el Consejo “tendrá su sede operativa en el lugar que se indique en las resoluciones de cada convocatoria de cada reunión plenaria” y quien decide dónde sesionará es el presidente del Consejo; cargo que le tocará al Ministerio de Transporte.

En rigor, el Consejo Federal fue armado «como un ámbito de coordinación política y estratégica y de recepción de las inquietudes, propuestas y proyectos” de todos los sectores que tengan interés en el desarrollo de las vías navegables.

Y si bien sus decisiones no son vinculantes, al menos hasta ahora, es la única instancia formal en la que tienen participación las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones

Los sectores empresarios que son los usuarios de la hidrovía, según la resolución, quedaron reducidos a «invitados» a los plenarios y comisiones. «Vamos a tener opiniones no vinculantes para un consejo que va a tener resoluciones no vinculantes», ironiza un activo negociador por el sector privado. Claramente, muy poco por ser los usuarios del sistema y quienes lo financian al abonar el peaje.

Si bien a Rosario, por su peso portuario, le sobran galones para ser la sede del Consejo Federal, en definitiva se trata de una cuestión “pour la gallery”. Lo que ocurre es que no es la primera vez que, en materia de hidrovía, el gobierno nacional da marcha atrás o un fuerte volantazo con los anuncios de Fernández en agosto pasado.

En efecto, esa tarde a la orilla del río Paraná, Fernández había anunciado que, con motivo del fin de la concesión del dragado y balizamiento de la hidrovía en mayo 2021, se iba a cambiar el esquema al crearse una sociedad estatal (bautizada Administración Federal Hidrovía Sociedad del Estado), que estaría constituida en un 51% por el Estado nacional y el 49% restante en partes iguales por cada una de las 7 provincias del frente fluvial, y que tomaría a su cargo la administración del sistema organizando las licitaciones (como la del sistema troncal) y controlando las concesiones.

Pero cuando a fines de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 949 del Ministerio de Transporte que convoca a la nueva licitación de la hidrovía desapareció por completo la “sociedad del Estado” como administradora y se ratificó el presente sistema que delegó en esa cartera “la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje”.

En otras, palabras, seguirá siendo una licitación y concesión nacional como hasta ahora. Un cambio celebrado por el sector privado, desde los agroexportadores, hasta los puertos pasando por navieras, que pugnaba por mejorar el sistema actual y no cambiarlo de base como hubiese sido la mayor intervención estatal.

Ahora bien, la contienda que se viene –tanto desde el sector privado como desde las Provincias- es por el órgano del control de la concesión de la hidrovía, del que todavía no se publicó nada. Precisamente, si en algo coinciden todos los sectores públicos y privados es que el principal punto débil de la actual concesión –que por los usuarios es bien calificada- fue la falta de un real órgano de control y el gobierno en principio esbozó la idea de que esa función quedaría en la desaparecida (y nunca creada) empresa estatal de la hidrovía.

¿Tendrán las provincias y los sectores privados un lugar relevante en el órgano de control o volverán a quedar en las plateas? ¿Cómo se pararán los gobernadores si los espacios en un tema tan importante terminan siendo menos jerárquicos que los prometidos? Precisamente, ¿la salida del subsecretario de Puertos de la Nación, Jorge Cabrera (quien llegó con respaldo del gobernador de Entre Ríos), que en los corrillos políticos daban por hecho semanas atrás no se concreta para no generar más diferencias con los gobernadores del frente fluvial?

Como sea, más que los cargos y los organismos, y sobre todo ahora que tanto los cargos y los organismos parecen esquivos para el sector privado y las administraciones regionales, cobra fuerza la necesidad de que las posturas de las provincias ganen firmeza en las definiciones importantes para la próxima concesión, como la profundidad del dragado, el esquema de tarifas, y el plan de obras complementarias de la principal obra de infraestructura logística del país.