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Economía

La Provincia de Buenos Aires no pagó un vencimiento de 110 millones de dólares y entró en default

Pidieron a los acreedores una contrapropuesta «que sea plausible de implementar en el marco de la grave situación».

Ailén Lazarte

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La provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, pidió a los acreedores que presenten de buena fe una contrapropuesta a la oferta oficial de reestructuración de deuda. Fue este jueves, cuando entró en default al incumplir un vencimiento por 110 millones de dólares.

El gobierno de Axel Kicillof solicitó a sus acreedores “que actúen de buena fe”, en un comunicado en el que destacó que el distrito “está haciendo un gran esfuerzo para avanzar en una solución que involucre a la gran mayoría de los tenedores de bonos”.

Axel Kicillof (Foto: Instagram/kicillofok)

Axel Kicillof (Foto: Instagram/kicillofok)

En línea con el gobierno de Alberto Fernández, la administración provincial prorrogó hasta el 26 de mayo la negociación por la reestructuración de su deuda pública en dólares bajo legislación extranjera, por 7148 millones de dólares.

La oferta presentada en abril incluye un período de gracia de tres años, una quita del 55% sobre los intereses, y del 7% del capital.

El gobierno bonaerense decidió no pagar este jueves un vencimiento de 110 millones de dólares correspondientes a dos bonos, uno en euros y uno en dólares, incluidos en la reestructuración de su deuda.

La capacidad de pago de la provincia es muy limitada“, dijo el ministerio de Hacienda y recordó que la pobreza en la periferia de Buenos Aires “superaba al 40% de personas” antes de la pandemia del COVID-19.

“Mantenemos un diálogo continuo con aquellos acreedores que aún no aceptaron la propuesta y les hemos solicitado una contrapropuesta que sea plausible de implementar en el marco de la grave situación que atraviesa la provincia y en el marco de sostenibilidad que hemos definido”, dijeron.

Horas antes, el grupo de bonistas Ad Hoc, que dice representar al 40% de los bonos en juego, reclamó en otro comunicado “negociaciones sustantivas para alcanzar una solución consensuada y exitosa”.

Para el grupo, no pagar este jueves el vencimiento agrava “aún más la situación financiera de la provincia y la incertidumbre económica”.

La negociación de la deuda bonaerense se hace en forma paralela a la de la reestructuración de bonos por unos 66.000 millones de dólares que lleva adelante el gobierno argentino y que se prorrogó hasta el 22 de mayo.

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Economía

Santa Fe impulsa un programa para que trabajadores estatales regularicen deudas descontadas de sus haberes

El gobierno santafesino presentó una iniciativa destinada a empleados públicos que mantienen préstamos o compromisos financieros con descuentos automáticos en el sueldo. El objetivo es ordenar el sistema de deducciones y ofrecer alternativas para cancelar o refinanciar esas obligaciones.

Ailén Lazarte

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El gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció la implementación de un nuevo programa orientado a empleados públicos que tienen deudas cuyos pagos se realizan mediante descuentos directos en sus salarios. La medida busca brindar herramientas para que los trabajadores puedan regularizar esas obligaciones y reorganizar su situación financiera.

El plan apunta principalmente a quienes mantienen compromisos con entidades financieras, mutuales o cooperativas que utilizan el sistema de “código de descuento”, un mecanismo que permite debitar automáticamente las cuotas desde el recibo de sueldo del trabajador.

Según explicaron desde la administración provincial, el objetivo central es ordenar el funcionamiento de este sistema y evitar que los descuentos terminen afectando de manera excesiva el ingreso mensual de los empleados estatales. En muchos casos, las deducciones acumuladas reducen significativamente el salario disponible para afrontar gastos cotidianos.

La iniciativa contempla distintas alternativas para los trabajadores, entre ellas la posibilidad de cancelar anticipadamente algunas deudas o acceder a esquemas de refinanciación que permitan reorganizar los pagos en condiciones más accesibles. De esta manera, se busca que los empleados puedan recuperar margen dentro de sus ingresos mensuales.

Además, el programa prevé revisar el funcionamiento del sistema de códigos de descuento y establecer reglas más claras para las entidades que operan bajo esta modalidad. La intención del gobierno es transparentar el proceso y garantizar que los trabajadores tengan mayor control sobre los montos que se debitan de sus haberes.

La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que en los últimos meses ha planteado la necesidad de revisar distintos mecanismos administrativos vinculados al empleo público y a la situación financiera de los agentes estatales.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el sistema de descuentos por código involucra a miles de trabajadores de la administración provincial, entre ellos docentes, personal de salud, policías y empleados de diversas áreas del Estado.

Con esta iniciativa, el gobierno santafesino busca avanzar en una reorganización del esquema de deducciones salariales y ofrecer a los empleados públicos una vía para ordenar sus deudas, en un contexto económico en el que el endeudamiento personal se ha convertido en una preocupación creciente para muchos trabajadores.

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Economía

Paro marítimo paraliza exportaciones y sacude la economía en Argentina

Un conflicto gremial de fuertes consecuencias impacta de lleno en los principales puertos del país, con especial gravedad en el complejo exportador de Rosario y una protesta que pone en tensión las relaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la economía nacional.

Ailén Lazarte

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Un amplio paro de 48 horas lanzado por los trabajadores marítimos argentinos ha dejado prácticamente inactiva la actividad portuaria en Rosario y otras terminales estratégicas, afectando la salida y carga de barcos con cereales, oleaginosas y otros productos agroindustriales que son esenciales para la economía del país y su rol como uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo.

La medida de fuerza fue iniciada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) el miércoles último en rechazo al proyecto de “Modernización Laboral” que impulsa el presidente Javier Milei, actualmente en debate en el Congreso tras su aprobación en el Senado. Para los gremios, la reforma representa un retroceso en derechos fundamentales, en particular por cambios como la exclusión de navegantes de la Ley de Contrato de Trabajo y la limitación del derecho de huelga.

Gustavo Idigoras, presidente de la cámara de exportadores CIARA-CEC, declaró que la paralización de 48 horas está “conduciendo las actividades agroexportadoras a un completo punto muerto”, advirtiendo que barcos no pueden completar sus operaciones de carga y que muchas operaciones están estancadas en el puerto de Rosario, un nodo clave del comercio internacional de granos.

La protesta se da en un contexto de alta conflictividad social y sindical en Argentina por la discusión de la reforma laboral. El paro marítimo se articuló con una huelga general de 24 horas organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con un acatamiento que los dirigentes sindicales estimaron superior al 90 % en múltiples sectores productivos, transporte y servicios. Esa huelga también afectó buses, subtes y vuelos en grandes centros urbanos del país.

Desde el sector sindical se advirtió además que la reforma no sólo reduce ciertas compensaciones y derechos adquiridos, sino que también podría desfinanciar protecciones históricas del trabajador argentino, lo que ha generado un amplio rechazo de federaciones gremiales más allá del sector marítimo.

Por su parte, el Gobierno de Milei defiende su iniciativa como una modernización del mercado laboral, destinada a atraer inversiones, dinamizar el empleo formal y flexibilizar regulaciones que, según el oficialismo, obstaculizan el crecimiento económico. Sin embargo, la fuerte respuesta sindical y social evidencia la magnitud de la oposición política que enfrenta el proyecto.

Mientras el proyecto continúa su camino legislativo y se esperan nuevas jornadas de debate y protestas, el conflicto ya ha dejado una marca tangible en la economía argentina: la paralización de exportaciones en un momento clave para las cadenas productivas y la logística agroindustrial, especialmente en Rosario, un centro neurálgico para las ventas externas que alimentan tanto los mercados internacionales como la propia economía nacional.

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Economía

Inflación: señales de desaceleración y cambios en el consumo

Los últimos indicadores muestran variaciones en el ritmo de aumento de precios, mientras los hogares ajustan sus hábitos de compra.

Ailén Lazarte

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La inflación continúa siendo uno de los principales ejes de preocupación económica en Argentina. Si bien los últimos relevamientos privados marcan una desaceleración en el ritmo mensual de aumento de precios, el nivel acumulado sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios.

Especialistas señalan que la moderación en algunos rubros responde a una menor emisión monetaria y a una caída en el consumo. Supermercadistas y comerciantes coinciden en que los clientes priorizan productos esenciales, buscan promociones y reducen compras impulsivas.

 Cambios en los hábitos de compra

En góndolas se observa una mayor inclinación hacia segundas marcas y envases más pequeños. También creció el uso de billeteras virtuales y descuentos bancarios como estrategia para amortiguar el impacto de los aumentos.

En paralelo, algunos sectores —como alimentos frescos y servicios— siguen mostrando variaciones por encima del promedio, lo que mantiene la presión sobre el presupuesto familiar.

 Expectativas hacia adelante

Analistas económicos sostienen que el desafío no es solo bajar la inflación mensual, sino consolidar una tendencia sostenida que permita recuperar previsibilidad. La evolución del tipo de cambio, las tarifas y los acuerdos salariales serán variables clave en los próximos meses.

Mientras tanto, la dinámica inflacionaria continúa marcando el pulso de la economía cotidiana y condicionando decisiones tanto del Gobierno como del sector privado.

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