Vecinos de Pichincha denunciaron nuevas irregularidades en el barrio, surgidas al calor de la reactivación de la actividad gastronómica tras la etapa más dura de la cuarentena. En el marco de una audiencia judicial celebrada esta semana, revelaron que bares y restaurantes, aprovechando una resolución municipal, pagan a sus linderos para ampliar la cantidad de mesas disponibles. Desde la Intendencia rechazaron que se haya generado un mercado paralelo y replicaron que Pichincha recibe “el control fijo más extenso de toda la ciudad”.
Dos representantes del grupo de vecinos se presentaron el martes pasado ante los jueces de la sala II Gerardo Muñoz, Jésica Cinalli y Ariel Ariza. En presencia de la subsecretaria Legal y Técnica del municipio Juliana Conti, expusieron cómo es el mecanismo por el que comercios gastronómicos “alquilan” las veredas de los inmuebles linderos para expandir su aforo. Informaron que lo comenzaron a hacer tras la promulgación de la Resolución 121/20, publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre de 2020.
La norma, firmada por el secretario de Gobierno Gustavo Zignago, reglamentó un decreto rubricado por el intendente Pablo Javkin en días anteriores, que autorizó “de manera excepcional” la colocación de mesas y sillas en el espacio público, bajo el argumento de liberar lugares al aire libre y prevenir así posibles contagios. En el artículo 11 de la Resolución 121/20 se fijó que los pedidos de expansión deben contar “con autorización de vecinos linderos”.
Según la versión que se asentó en sede judicial, los comercios pagan a sus linderos para obtener dicho consentimiento y así poder ampliar su capacidad. Los denunciantes entienden que la norma, lejos de contribuir al bienestar general, terminó generando una herramienta que afectó su «derecho de descanso». Tanto el decreto como la resolución surgieron días después que se concretara la segunda reapertura de bares. Vale recordar que el sector fue uno de los más castigados por las medidas que impuso la pandemia: el 29 de agosto de 2020 sus referentes generaron una ruidosa protesta en la esquina de Oroño y Jujuy a la que asistieron 500 personas bajo la consigna “Rosario quiere trabajar”.
Conti rechazó que se haya generado un mercado paralelo de mesas y sillas. “La colocación de mobiliario en veredas linderas, así como también en los boxes de estacionamiento, es una medida excepcional tomada en el marco de la lucha contra la pandemia, buscando asegurar más lugares al aire libre. Lo mismo sucedió en el resto del país y en todo el mundo”, dijo la funcionaria, quien agregó que a la fecha no se registraron denuncias por casos de “alquiler” de veredas. Asimismo, informó que desde la sanción de la Resolución 121/20 se dieron curso favorable a 187 pedidos. “En ningún caso los locales superaron la capacidad que perdieron por la reducción que tuvieron en los salones interiores”, aclaró.
Aparte de las posiciones encontradas, el caso es que tras la reactivación de las actividades, de a poco Pichincha volvió a tener una fuerte movida nocturna, con miles de jóvenes pululando por sus calles, un fenómeno que tuvo nuevamente como contracara a los vecinos, quienes reclaman por una convivencia en paz. Para peor, la audiencia en los Tribunales Provinciales se produjo 10 días después de que se registrara una balacera en la esquina de Alvear y Salta.
Nuevo mapa
La revelación del “alquiler” de veredas se realizó en el marco de una causa iniciada por el grupo de vecinos a mediados de 2019, quienes amparados en la Ley 10.000 de intereses difusos reclamaron por medidas que aseguren su derecho al descanso. El expediente hoy se encuentra en segunda instancia y está en manos de los jueces de la sala II Gerardo Muñoz, Jésica Cinalli y Ariel Ariza.
En primera instancia los denunciantes lograron un fuerte pronunciamiento del juez Pedro Boasso -a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 15-, quien instó al municipio a rever su sistema sancionatorio. “Nos encontramos en presencia de la presunta violación a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado en materia de contaminación sonora y demás molestias producidas por un desarrollo empresarial desmedido”, había planteado el magistrado en diciembre pasado.
En esta nueva etapa judicial, los vecinos -representados por las abogadas Analía Antik y Adriana Taller- presentaron nuevos elementos. Entre ellos, un renovado mapa con el detalle de los locales instalados en el barrio. La zona más caliente se encuentra entre Santiago, Oroño, Güemes y Salta, donde hay 45 lugares marcados, 24 de los cuales son calificados como “conflictivos” por los demandantes.
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Dentro del mote de “conflictivo” se encuentran locales que, según los residentes del barrio, generan una compleja convivencia por diversos factores: uso de terrazas, extensión de veredas, colocación de mobiliario urbano fijo y presencia de bandas en vivo, entre otros. Será la Justicia finalmente la que resuelva si corresponde o no el reclamo, ya que en muchos casos los comercios se amparan efectivamente dentro del marco normativo vigente. Más allá de eso, para los vecinos resulta evidente que existe un conflicto, que emerge de algunos desacoples generados por la falta de reglas claras y un déficit en el control estatal. Según dijeron en diálogo con este medio, se requieren reglas “acordes a los tiempos actuales”. Citan por ejemplo que la ordenanza que regula los ruidos molestos data de 1972.
Defensa oficial
Para el Municipio, la sentencia de Boasso presenta deficiencias técnicas, porque le exige atribuciones que le corresponden al Concejo (en cuanto a la sanción de nuevas normas). Respecto a la generación de mecanismos de control, la subsecretaria Legal y Técnica subrayó que Pichincha recibe “el control fijo más extenso de toda la ciudad”. Según números que la funcionaria facilitó desde el 10 de diciembre de 2019 se realizaron 1.900 intervenciones sobre 117 comercios del barrio, registrándose 510 contravenciones y aplicando 22 clausuras.
El municipio presentará en los próximos días un nuevo Código de Convivencia, que será remitido al Concejo para su tratamiento. Si bien no se anticiparon mayores detalles, desde el oficialismo apuntaron que la norma tendrá el espíritu de lo oportunamente anunciado por Javkin en su discurso de inicio de sesiones: será un proyecto que endurezca las sanciones para los incumplidores y sumará nuevos mecanismos de control haciendo uso de la tecnología.
