Una serie de correos electrónicos cruzados entre el Ministerio de Salud y la compañía norteamericana Pfizer entre el 11 y el 15 de diciembre pasados, que vio LA NACION, muestran los motivos detrás de la pelea entre ambas partes, que le impiden a la Argentina hasta ahora cerrar un acuerdo con el laboratorio para hacerse de una de las alternativas más codiciadas en la pelea contra el covid.
La documentación analizada muestra la molestia del titular de Salud, Ginés González García, con el laboratorio, enumera reproches y denuncia presiones, pero deja la puerta abierta a un futuro acuerdo.
También revela que el gobierno argentino, según sus términos, modificó el marco normativo hasta el límite de lo permitido e hizo piruetas legislativas para contar con la vacuna de Pfizer y otras alternativas, algo que incrementó el enojo de Salud ante la negativa de la empresa.
Del otro lado, el gerente general del laboratorio en la Argentina, Nicolás Vaquer, mencionó que las demoras en la negociación, sumadas a motivos clínicos, dilataron la llegada de la vacuna al país de acuerdo con un cronograma conversado a mediados del año pasado.
El primer capítulo de la historia que se cuenta en estas líneas comenzó el último 11 de diciembre. A las 16.08 salió el correo electrónico desde la secretaría privada de González García con destino a la casilla de Nicolás Vaquer. Llevaba adjunto una carta firmada por el ministro de Salud.
El texto tiene una prosa fría y reconstruye las facilidades que le dio la Argentina a Pfizer para desarrollar la vacuna, entre las que se destacan la «plena disposición» del Hospital Militar Central para el trabajo clínico.
A las 16.08 salió el correo electrónico desde la secretaría privada de González García con destino a la casilla de Nicolás Vaquer. Llevaba adjunto una carta firmada por el ministro de Salud.
La carta de González García recuerda que el Gobierno y Pfizer suscribieron un acuerdo de confidencialidad donde se evaluaron alternativas de suministro, plazos de entrega, cantidades y precio. Luego se enumeran los problemas: «…se ofreció reemplazar condiciones de indemnidad por una póliza o seguro de caución en Nueva York, pero estas no fueron aceptadas por Pfizer.. … Se pretendió imponer al Gobierno Argentino que aceptara firmar el contrato en un plazo de una semana, sin contemplar los principios que deben primar en toda la actuación de la Administración Pública».
Pfizer y otros vacunas
Párrafos más adelante, González García repasó los pasos de la Casa Rosada para adaptar el marco normativo de la Argentina a las demandas de quienes producen las vacunas. Allí aparecen elementos nuevos: «Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad. Entre ellos, Pfizer reclamó además condiciones de inmunidad que exceden las que brinda el Estado argentino a organismos internacionales o programas de organismos multilaterales», reconoció el ministro de Salud.
Según la interpretación del Gobierno documentada en las copias que vio LA NACION, la Casa Rosada considera que la empresa norteamericana insistió con posterioridad a las normas sancionadas en la necesidad de contemplar cláusulas con requerimientos más importantes que superan las excepcionalidades previstas.
Dos son los puntos clave: condiciones de indemnidad (prohibición de represalias) y de reconocimiento de pérdidas que, según González García, exceden las posibilidades del Estado.
Ultima página de la carta envida por González García al gerente general de Pfizer. Habla de la posibilidad de contratar un seguro en Nueva York.
La respuesta a González García llegó cuatro días después, por la noche. El 15 de diciembre pasado a las 23.34 Nicolás Vaquer, de Pfizer, le contestó, también por carta enviada electrónicamente, al ministro de Salud. Su secretaría privada confirmó haber recibido la comunicación a las 11.02 del día siguiente.
La nota de Vaquer ensaya algunos reproches en una redacción más amistosa que la de González García, pero puntualiza mejor que nadie las diferencias entre el Gobierno y el laboratorio norteamericano.
Dos puntos impiden el acuerdo con Pfizer
En una referencia a una conversación con el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, menciona dos puntos pendientes de resolución. Tal como aparecen escritos, son: «1) El supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley. 2) La limitación de bienes, que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad».
El primer punto, que introdujo en la ley la diputada Graciela Ocaña, pero fue sostenido por el ministro de Salud, sugiere que Pfizer entiende que la inclusión de la negligencia (alguna cuestión que haga que algo salga mal) le quita a la empresa los beneficios asociados a la indemnidad, algo que limitaría su responsabilidad en caso de reclamos patrimoniales o de otro tipo.
Dicho en otros términos: el temor de la empresa es que la indemnidad no aplique cuando haya negligencia. Versiones periodísticas indican que debajo de esa argumentación hay otra pelea por la logística de la vacuna, compleja dado que requiere de bajas temperaturas. LA NACION no puede corroborar esa versión a partir de diversos documentos que obtuvo en respuesta a pedidos de información amparados por la ley.
La respuesta a González García llegó cuatro días después, por la noche. El 15 de diciembre pasado a las 23.34 Nicolás Vaquer, de Pfizer, le contestó, también por carta enviada electrónicamente, al ministro de Salud. Su secretaría privada confirmó haber recibido la comunicación a las 11.02 del día si
El término «negligencia» es también para González García el nudo de la disputa. En una presentación en comisión en Diputados, el ministro sostuvo que la empresa no «quería que estuviera» esa palabra.
El hecho de que el término esté escrito en la carta que la empresa le envió al ministro acredita versiones anteriores de González García.
Otros gobiernos de la región, recordó Pfizer en la nota, aceptaron ceder en ese punto.
El segundo punto en discordia, estimaron fuentes consultadas, apunta a resolver el primero. Como se «coló» la negligencia, el laboratorio pidió una cobertura económica ante juicios que debía correr por cuenta del Estado. Por eso, la salida estaría en un seguro de caución en Nueva York. Puede tratarse de una cifra gigantesca.
Aunque lejano, el último punto es el que estaría más cerca de resolverse, según el texto de Vaquer a González García, ya que la opción de la póliza en Estados Unidos, como propuso el gobierno argentino, «podría ser un punto válido» para abordarlo según Pfizer.
La ANMAT prohibió la comercialización de todos los productos de limpieza de dos marcas por irregularidades sanitarias
A través de publicaciones en el Boletín Oficial, el organismo restringió la venta y distribución de todos los lotes de las marcas «Clorquim» y «Clean Lab». La medida rige para comercios físicos y plataformas de venta digital en todo el país debido a la falta de registros y habilitaciones.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total de elaboración, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos de uso doméstico comercializados bajo las marcas Clorquim y Clean Lab.
Las medidas, de alcance nacional, abarcan tanto a comercios de venta presencial como a plataformas de comercio electrónico y redes sociales.
El caso de «Clorquim»
Mediante la Disposición 4250/2026 publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT oficializó la prohibición sobre todos los lotes de desinfectantes, limpiadores y productos para tratamiento de superficies de la firma Clorquim.
La investigación determinó que los artículos no contaban con el registro sanitario correspondiente. Asimismo, la autoridad de control no pudo identificar un establecimiento habilitado responsable de su manufactura, lo que impidió verificar las condiciones de inocuidad y seguridad en las que fueron elaborados.
Inhabilitación para la línea «Clean Lab»
Por otra parte, a través de la Disposición 4424/2026, el organismo regulador impuso una restricción idéntica a la línea de productos domisanitarios de la marca Clean Lab.
La sanción alcanza a la totalidad de sus lotes, entre los que se incluyen:
Limpiadores universales y desinfectantes.
Insecticidas de uso doméstico.
Aromatizantes de ambiente.
Artículos para el acabado y embellecimiento de superficies.
Alcance de las disposiciones
Desde el organismo fiscalizador remarcaron que la ausencia de inscripciones oficiales impide certificar la verdadera composición química, eficacia, calidad y procesos de fabricación de estos insumos.
Ambas marcas no podrán retornar al mercado hasta tanto regularicen sus registros, inscriban sus fórmulas y obtengan las habilitaciones de los establecimientos productores ante las autoridades sanitarias competentes.
Campaña de vacunación en Santa Fe: Más de 430 mil personas ya se inmunizaron contra la gripe y Salud insta a completar esquemas
La cobertura alcanza a más de la mitad de la población objetivo y supera en un 21% a las dosis aplicadas en el mismo período del año anterior. Mientras cede la circulación de la gripe A, la Provincia advierte por el aumento de casos de virus sincicial respiratorio.
La campaña de inmunización contra la gripe en la provincia de Santa Fe registra un avance significativo desde su inicio en el mes de marzo. Según datos oficiales brindados por el Ministerio de Salud provincial, se aplicaron un total de 430.772 dosis, lo que representa un incremento del 21% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 356.265 aplicaciones.
Con estas cifras, la estrategia oficial ya alcanzó a más de la mitad de la población objetivo, conformada por los grupos que presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.
Al respecto, la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, destacó que la planificación se adelantó estratégicamente para prevenir el impacto invernal:
“Logramos superar el 50% de cobertura en la población objetivo gracias a un trabajo articulado en centros de salud, hospitales y operativos territoriales desplegados en toda la provincia”.
Desglose de dosis aplicadas por grupo de riesgo
El reporte oficial detalló la distribución del esquema de inmunización hasta la fecha:
Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: 154.071 dosis.
Mayores de 65 años: 140.935 dosis.
Personal de salud: 50.846 dosis.
Niños de 6 meses a 2 años: 44.522 dosis.
Personal esencial: 22.591 dosis.
Personas gestantes y puérperas: 17.807 dosis.
Alerta por el virus sincicial respiratorio
Desde la cartera sanitaria explicaron que, si bien en las últimas semanas se observó un descenso en la circulación del virus de la influenza A, resulta clave que quienes integran los grupos de riesgo continúen acudiendo a los vacunatorios para prevenir internaciones.
Por su parte, la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, advirtió un incremento en la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), aunque aclaró que la situación general y la del Covid-19 se mantienen estables. En ese sentido, la funcionaria recordó la disponibilidad de la vacuna contra el VSR para embarazadas en el último trimestre de gestación, fundamental para transferir anticuerpos al recién nacido.
Guía útil: Dónde y quiénes deben vacunarse
La aplicación es gratuita en todos los centros de salud públicos y hospitales de la provincia con vacunatorio habilitado.
Población prioritaria:
Niños de entre 6 y 24 meses (requiere esquema de dos dosis si es la primera vez).
Personas embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas.
Personas de 2 a 64 años con patologías crónicas (diabetes, cardiopatías, obesidad, entre otras).
Adultos mayores de 65 años.
Pautas de prevención y cuándo ir a la guardia
Además de la inoculación, las autoridades remarcaron la importancia de ventilar ambientes, lavarse las manos con frecuencia y no compartir objetos personales.
Ante síntomas como fiebre, tos o dolores musculares, se aconseja reposo en el hogar y evitar el contacto con personas vulnerables durante los primeros cinco días. Se debe concurrir de urgencia a una guardia si la fiebre persiste por más de 72 horas, si aparece dificultad para respirar o frente a signos de confusión u obnubilación.
Santa Fe ya implementa el certificado médico digital: Qué es, cómo funciona y cuáles son los cambios para pacientes y profesionales
La provincia puso en marcha este nuevo sistema informático con plena validez legal. La medida busca agilizar los trámites administrativos, reducir de forma drástica el uso de papel en los consultorios y blindar la seguridad para evitar falsificaciones.
La provincia de Santa Fe dio un paso clave en la digitalización de sus servicios públicos con la implementación oficial del Certificado Médico Digital. Este nuevo ecosistema tecnológico reemplaza progresivamente al tradicional papel con firma manuscrita, unificando los criterios de emisión y validación de licencias, constancias y partes médicos en todo el territorio provincial.
La iniciativa no solo apunta a sintonizar con las demandas de modernización actuales, sino que responde a una necesidad de control y despapelización dentro del sistema sanitario y administrativo.
¿Qué es y qué cambia con el nuevo sistema?
La implementación de esta herramienta transforma la dinámica habitual entre los médicos, los pacientes y las instituciones (tanto públicas como privadas) a través de tres ejes principales:
Validez legal absoluta: El documento generado de forma digital cuenta con el mismo respaldo jurídico que el certificado impreso tradicional, estando integrado a las normativas de firma y competencia vigentes.
Trámites más ágiles: El paciente ya no dependerá exclusivamente del traslado físico del papel para presentar un justificativo médico en su entorno laboral o escolar, agilizando los tiempos de carga de licencias.
Fin de las falsificaciones: Al estar enmarcado en una plataforma oficial con trazabilidad digital, el sistema permite verificar de forma inmediata la autenticidad del emisor y del documento, neutralizando el circuito de certificados apócrifos.
Beneficios para profesionales y la comunidad
Para los profesionales de la salud, la medida simplifica la carga administrativa en los consultorios, permitiendo un registro digital centralizado y seguro de las constancias emitidas a sus pacientes.
Por el lado de los ciudadanos, además del ahorro de tiempo en gestiones burocráticas, la despapelización general del sistema contribuye a un esquema de atención más sostenible, transparente y de rápido acceso desde dispositivos móviles o plataformas de gestión ciudadana.