Política
Lázaro Báez quedó al borde de salir de la cárcel luego de un fallo favorable: deberá pagar una fianza millonaria
La Cámara de Casación ordenó que se vuelva a analizar la posibilidad de otorgarle la excarcelación u otorgarle prisión domiciliaria al empresario. Es en una causa de lavado que ya fue elevada a juicio.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy un fallo que había rechazado excarcelar o conceder prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez y le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que resuelva otra vez sobre un planteo de su defensa en la causa conocida como M&P, donde se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Luego de más de cuatro años de estar detenido, el dueño de Austral Construcciones quedó muy cerca de irse a su casa con una domiciliaria.
“Hay una fianza pedida por el fiscal de 5 millones y medio de dólares. Si paga la fianza, podrá acceder al arresto domiciliario”, confirmó a Infobae una fuente judicial. Desde su defensa dijeron que ese monto, si se confirma, sería muy elevado y adelantó que ya están trabajando para contratar un seguro.
Casación tuvo en cuenta la opinión del fiscal Abel Córdoba, quien había aceptado el planteo de su defensa y cuestionó la detención de Báez. “La consideración conjunta de los plazos de detención del imputado Lázaro Antonio Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”, sostuvo el fiscal.
En ese mismo dictamen, Córdoba sugirió que se utilice una pulsera electrónica, con expresa prohibición de alejarse sin autorización del radio de 100 km del tribunal, y se fije una fianza “la que se deberá ser fijada en el equivalente en pesos a 5.500.000 de dólares”.
Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal en junio y le ordenaron volver a resolver “con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal”, que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez y todavía tiene pendiente su alegato en el juicio de “la ruta del dinero K”.
Además los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.
Se trata del caso conocido como “M&P”, otra empresa de la familia Báez, que ya fue elevado a juicio oral. La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios.
De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.
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La investigación de M&P arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.
Algunas de las empresas utilizadas eran fantasmas, según determinaron el fiscal Guillermo Marijuán y el fiscal Sebastián Casanello. Una de ellas, Xhoris, figuraba a nombre de un cuidacoches que trabajaba en una esquina de la ciudad de La Plata y admitió ante la Justicia que firmó los papeles a cambio de dinero. En otra de las firmas, Indigo SA, aparecía el abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez. Esa firma –también investigada en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)– hizo una transferencia de $2 millones (más de 150 mil dólares al cambio de ese momento) a Austral por la supuesta compra de hormigón. Cuando los investigadores allanaron el domicilio de la empresa, se encontraron con la madre y un hermano de Cimolai.
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El 19 de junio último, el Tribunal que juzga a Báez por lavado de activos en el juicio por “la ruta del dinero K” rechazó excarcelar al empresario pese al planteo fiscal a favor de conceder el beneficio con tobillera electrónica y el pago de la fianza.
Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016. Su defensa argumentó que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, lo cual lo pone en situación de riesgo ante la pandemia de coronavirus.
El juicio por “la ruta del dinero K” está a un paso de la sentencia. El TOF 4 ya tuvo que suspender tres veces la reanudación del mismo por videoconferencia. La nueva fecha prevista es el 22 de julio. Báez había cuestionado esa metodología, que lo iba a obligar a seguir el juicio desde la cárcel de Ezeiza junto a su hijo Martín. El empresario también está siendo juzgado en el caso de la obra pública. En ese caso ni si quiera hay una fecha prevista para retomar las audiencias.
Política
Granata habló de una “maldición de los vuelos privados” y apuntó contra dirigentes libertarios
La diputada provincial santafesina cuestionó en redes sociales a figuras cercanas al oficialismo nacional y vinculó sus carreras políticas con polémicas por el uso de aviones privados.
La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, volvió a generar repercusiones en el ámbito político luego de publicar un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a varios dirigentes vinculados al espacio libertario y habló de lo que denominó “la maldición de los vuelos privados”.
La legisladora hizo referencia a recientes polémicas relacionadas con viajes en aviones privados o vuelos oficiales y señaló que ese tipo de situaciones termina teniendo consecuencias políticas para quienes se ven involucrados.
Granata apuntó particularmente contra el actual jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de la discusión pública tras el viaje de la comitiva presidencial a Estados Unidos, en el que participó su esposa. La presencia de familiares en ese traslado generó cuestionamientos y denuncias, lo que reavivó el debate sobre el uso de recursos oficiales.
En ese contexto, la diputada sostuvo que ese episodio podría derivar en un desgaste político similar al que, según su interpretación, ya afectó a otros dirigentes.
En su publicación también mencionó a la senadora nacional Carolina Losada, al recordar que —según su planteo— su carrera hacia la gobernación santafesina se vio afectada cuando se conoció que había utilizado un avión privado durante la campaña electoral.
Además, incluyó en la lista al economista y dirigente liberal José Luis Espert, a quien vinculó con una situación similar relacionada con vuelos privados que, según su interpretación, habría impactado en su proyección política.
“Se pierden con el poder y los privilegios que ellos mismos criticaban”, escribió Granata en su mensaje, donde cuestionó lo que considera contradicciones dentro del espacio libertario. La legisladora concluyó su comentario señalando que esos episodios representan, a su juicio, una muestra de cómo el acceso al poder puede alejar a algunos dirigentes de las ideas que defendían en sus comienzos.
Las declaraciones reavivaron la discusión política en redes sociales y generaron reacciones tanto de dirigentes oficialistas como de sectores opositores, en medio de una semana marcada por polémicas y cruces dentro del escenario político nacional.
Política
Suspensión de clases en un colegio de Rosario por una amenaza mafiosa
Una escuela de la zona sur de Rosario debió suspender sus actividades luego de que apareciera una bandera con un mensaje amenazante en el ingreso al establecimiento. La situación generó alarma entre docentes y familias, mientras la policía inició una investigación para determinar quién colocó el cartel intimidatorio.
Política
Comenzó a regir la nueva ley laboral en Argentina
La nueva legislación laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya está en vigencia tras su aprobación en el Congreso y publicación oficial. La normativa introduce modificaciones en el régimen de indemnizaciones, el período de prueba, los aportes sindicales y la organización de la jornada laboral, con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y fomentar la contratación formal.
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