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Quién es quién entre los policías del caso Facundo Castro

Falso testimonio, amenazas y pacto de silencio

eltribuno

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Quién es quién entre los policías del caso Facundo Castro

«En plena pandemia, cuando la Bonaerense salía de cacería y metía preso a cualquiera que anduviera por la calle, a Facundo justo le tocaron los cuatro policías más piolas que lo dejaron seguir viaje lo más tranquilo», dice el abogado Luciano Peretto, en nombre de la familia Castro, al referirse a una decena de «casualidades» de esta historia. La noche del 29 de abril Facundo estuvo en la casa de uno de sus mejores amigos, el hijo de Virginia Góngora. Jugaron en video hasta muy tarde, luego el joven Castro pasó por la casa de su abuelo a buscar algunas pertenencias y salió desde Pedro Luro por la ruta nacional 3, sin permiso de circulación y a dedo, con la intención de llegar hasta lo de Daiana González, su ex novia, en Bahía Blanca. A las 10 de la mañana del 30 de abril fue detenido en la entrada de Mayor Buratovich por los oficiales Mario Gabriel Sosa y Jana Jennifer Curuhinca. Según ellos, le hicieron la infracción al decreto presidencial sobre la prohibición de circular en cuarentena y lo dejaron seguir su camino.

«Soy fachero»

El policía Sosa lo sostiene a Facundo de un brazo, el joven no lleva la gorra que usaba siempre. Su madre Cristina dice que en la foto que les saca Curuhinca se ve que le falta la zapatilla izquierda, que su ropa está como si lo hubieran revolcado, y que sus manos estaban esposadas. Delante del patrullero está su mochila. Un mes y medio más tarde se venía el primer rastrillaje con perros y el policía intercambia mensajes con Curuhinca, autora de esa foto y también de la del DNI de Facundo. «Ahí lo paramos pero ahora no me ubico», dice la mujer policía. «Soy fachero, jaja», bromeó Sosa.

El 3 de julio Curuhinca le envía una nota sobre la desaparición de «Astudillo», y luego le reenvía un audio de su jefe el cual dice que se quede tranquila que ellos hicieron bien su trabajo, y que no hay nada que los pueda señalar como autores de una desaparición forzada: «No te preocupes está todo muy bien hecho y no nos va a traer problemas ni a vos ni a Grillo (Fernando Grilloni a cargo de la búsqueda inicial) ni a Sosa ni a nadie (…) acá no ha pasado nada por el estilo». Curuhinca le expresa su preocupación de que los desafecten durante la investigación, a lo que Sosa le responde «no creo, que se dejen de joder», según lo que pudieron rescatar los investigadores porque tanto él como su compañera borraron todos los mensajes y comunicaciones de sus teléfonos.

Sosa vuelve a aparecer en el expediente, a fojas 444, cuando informa al policía federal Cristian Arias García el 13 de julio a las 18.40 que «instantes antes, en su domicilio se apersono un sujeto masculino no identificado ni conocido por él, quien le manifestó que por intermedio de N.N. Villegas ( obrero albañil domiciliado en XXX ) tomó conocimiento que la señora E.H.R. D.N.I. 5.689.XXX abonado celular 291444XXXX habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca y quien no se habría presentado a brindar testimonio en sede judicial y/o policial por temor».

Medio hermanas

«Tranqui Janita, nadie sabe que fuimos nosotros», intenta calmarla su compañero de armas. Sin embargo, Jana Jennifer Curuhinca no se queda tranquila. «Sí, por eso, pero como dice que tres testigos vieron como lo subíamos al patrullero en Burato y lo llevábamos eh y como lo hostigamos y toda esa cosa digo bue (…) yo preguntaba para no venirme ver el sogazo de golpe, estar alerta aunque sea para tomarme unas vacaciones jaja», le responde en ese chat a Sosa.

Medio hermana de Curuhinca, la sargento Siomara Flores fue parte de la investigación desde el inicio, pero recién dio su versión un mes y diez días más tarde, cuando Cristina Castro y sus abogados intentaron hacer un rastrillaje con perros pero los patrulleros les bloquearon el paso. Antes no consideró importante hacerle saber a la madre de Facundo que ella lo habría levantado en su auto particular desde las afueras de Buratovich y hasta Teniente Origone. «Él la está pasando bomba en otro lado y la familia pensando que le pasó lo mismo que a Maldonado, jaja», le dijo Sosa a Flores el 16 de junio. «¿Qué sabés de lo tuyo, pudiste averiguar algo?», dice Flores. «Jajaja, vamos a ir todos presos, pero eso no lo dicen en ninguna parte», responde Sosa.

Según consta en la causa, el testimonio de Flores se contradice con los de otros testigos, y además ubica a Facundo en una zona sin señal de celular justo a la misma hora en que el joven mantuvo la última conversación con su madre. Además, esta policía trabaja con los demás uniformados señalados por la querella particular –Sosa, Curuhinca y González– y ocultó su parentesco con Jana Curuhinca. En la investigación fue comprobado que el 8 de mayo Flores desactivó de su teléfono la aplicación WhatsApp. Junto a Sosa, Flores comunicó a los policías federales la existencia de la testigo E.H.R.

González y sus versiones

A las 15.16 del mismo día, el oficial Alberto González se hace presente en el kilómetro 750 de la ruta 3 ante el aviso de que había un joven tirado, lo cual fue verificado en base a la ubicación satelital de su patrullero, sus comunicaciones y la foto del carnet de conducir de Facundo. Su relato cambió de final tres veces, cuando tiene que decir cuándo y dónde se alejó del joven. A su mamá Cristina le dijo que se fue caminando, pero cuatro días antes había declarado en sede policial que lo vio subir a una camioneta Renault Duster Oroch color gris oscuro. Recién en su última declaración mencionó el vehículo de la productora rural de 72 años, la famosa testigo H, que en la causa está mencionada por las iniciales de sus nombres y apellido –E.H.R.– porque pidió reserva de su identidad.

Estas contradicciones provocaron las sospechas que finalmente hicieron que la causa pasara al fuero federal, a instancias de la familia y sus abogados, aunque el ministro Sergio Berni repite que eso sucedió por la intervención del gobernador Axel Kicillof. Los investigadores afirman que si hubiera recitado bien el «cuentito» no hubiera hecho falta introducir a Siomara Flores en el «plan». «Gonzalez debió decir que a Facundo se lo llevó la testigo E.H.R. en cada oportunidad que fue interrogado, pero lo hizo solo en la última. El orden en que hizo esas anotaciones es inverso al que hubiera hecho según dicen que sucedieron los hechos: primero para a Facundo, luego anota su dirección y la de la novia, y por último los datos de quien lo levantó en la ruta. Sin embargo, la testigo E.H.R figura primera en su libretita», explicó a Página12 una alta fuente de la causa.

González dijo que llamó a la comisaria de Médanos y que le contestan que ya lo habían infraccionado en Buratovich, que lo deje seguir viaje. Pero esa llamada no fue encontrada en el celular del policía.

Un tal Galarza

En la causa provincial quedaron plasmados los esfuerzos de la Policía Bonaerense para que la familia de Facundo no hiciera denuncia alguna, pero a partir del 5 de junio cuando finalmente Cristina logra formalizar la búsqueda del paradero de su hijo comenzó, según explican sus abogados, el operativo de encubrimiento para ubicar al joven lo más lejos posible de Villarino. Al mismo tiempo que un grupo de policías viajaban a Bahía a apretar a la exnovia de Facundo y su familia para que declararan un supuesto “crimen narco”, comenzaron a desfilar “testigos” que decían haber visto a Facundo en diferentes partes de la ruta 3 e incluso haberlo encontrado en las calles de Bahía Blanca. El principal de ellos fue el teniente Jorge Agustín Galarza.

La primera declaración testimonial de Galarza fue el 18 de junio en la seccional de General Cerri de la Policía Bonaerense, donde cumple tareas de mantenimiento, ya que se encuentra bajo el régimen de Tareas No Operativas (TNO), una suerte de «carpeta psiquiátrica» informal. Ese día dijo que al ver la foto de búsqueda de Facundo en los patrulleros se acordó que lo había visto el día anterior. En esa declaración figura como «empleado» y no como policía. «Me pidió fuego, sin dudas es Astudillo Facundo», afirmó.

Los primeros días de julio, cuando el paso de la causa al fuero federal era inevitable, lo volvieron a llamar. Esa vez dijo que lo había visto otra vez, el día anterior. Durante su declaración testimonial, a Galarza le exhibieron una foto de Facundo y el policía no tuvo dudas: “Es la misma persona que pasó por mi casa dos veces, una el 17 de junio y otra ayer”. La tercera vez que declaró fue ante el fiscal Andrés Heim, de la PROCUVIN, quien luego de leerle sus anteriores dichos le preguntó si estaba seguro de que se trataba de Facundo Astudillo Castro. Galarza respondió que, en realidad, no le había dicho a sus pares que estaba ciento por ciento seguro de que se trataba del joven sino que era “muy parecido”, tal como consta en el documento al que accedió La Izquierda Diario. El fiscal insistió: «Yo lo que le pregunto es si usted está seguro que vio a Facundo Astudillo Castro”. Galarza contestó “no, señor”.

“Todo lo que usted diga de acá en adelante, Galarza, lo puede comprometer ante una eventual imputación. Hay contradicciones en su declaración y además hay situaciones que lo enfrentan con el cumplimiento de su deber de policía. A partir de este momento suspendemos la declaración. ¿Está bien?”, le preguntó Heim. “Sí, señor”, respondió el policía. Es que minutos antes el fiscal había querido saber por qué la segunda vez que vio al supuesto Facundo no le dijo que lo estaban buscando por todas partes. Los abogados de Cristina solicitaron en forma inmediata el secuestro del teléfono celular del «testigo», una medida que el juzgado y la fiscalía recién concretaron 70 días más tarde de la primera declaración de Galarza.

«Sé todo lo que decís»

El 11 de julio ya había caído la noche cuando sonaron los celulares y se puso en marcha el operativo hacia un basural de la localidad de Mayor Buratovich. Cristina llegó junto a uno de sus abogados Luciano Peretto y se encontraron con la Policía Bonaerense. Peretto se trenzó en una áspera discusión con el subcomisario Pablo Reguillón por la presencia de esa fuerza en un procedimiento cuando hacía ya varios días había sido apartada por la justicia del caso. «Me estoy guardando todos los links de los medios donde hablaste, cuando esto termine yo sé lo que tengo que hacer», fue la amenaza que profirió Reguillón al abogado, lo que motivó una denuncia penal. Son altas las probabilidades de que el jefe que tranquilizó a los policías cuando el caso saltó a los medios haya sido este subcomisario, el mismo que junto al comisario Marcos Navarrete impidió el paso a Cristina Castro el 18 de junio durante el frustrado rastrillaje con los perros del K9. «Usted no tiene nada que hacer acá, señora», le dijeron.

Hoy declaró el abogado Peretto sobre el episodio de las amenazas, en el marco de la causa principal.

Desde Asuntos Internos dejaron trascender que el subcomisario Reguillón fue «rajado» de la fuerza, sin dar precisiones sobre su actual situación. Sin embargo, su nombre también será parte de las actuaciones principales del caso porque este policía reveló un dato fundamental sobre el contexto en el que sucedió la presunta desaparición forzada de Facundo: de manera informal desde la justicia federal de Bahía Blanca reunieron a todos los jefes de la Bonaerense para decirles que no envíen más infracciones dado que estaban superando las mil por mes, que dispusieran ellos en cada caso. Esto explicaría las irregularidades en la detención de Facundo, que hasta ahora no han tenido reproche alguno para la justicia: no lo acompañaron de regreso ni tampoco avisaron a la justicia de su infracción.

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Condena récord en Rosario: Perpetua para 12 miembros de la banda de «Fran» Riquelme por 42 delitos

La Justicia santafesina finalizó el debate oral contra una de las organizaciones criminales más violentas de la región. El tribunal impuso las máximas sanciones para los principales integrantes del clan tras acreditarse su responsabilidad en un extenso entramado delictivo que incluyó 42 hechos juzgados, marcando un precedente institucional sin antecedentes inmediatos en la provincia.

Ailén Lazarte

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El alcance de las condenas y las dimensiones del proceso

El juicio oral y público contra la estructura delictiva comandada por Francisco «Fran» Riquelme concluyó con una resolución calificada como histórica por los operadores del sistema judicial de Rosario. Los magistrados a cargo del tribunal dictaron doce condenas a prisión perpetua para las segundas líneas y los sicarios de la banda, además de imponer severas penas de cumplimiento efectivo para el resto de los componentes de la red. Las dimensiones del debate reflejan la magnitud del golpe a la organización: se ventilaron de manera simultánea 42 hechos delictivos, una cifra que expone el nivel de despliegue territorial que el grupo mantenía en diversos barrios de la ciudad.

La fiscalía logró probar a lo largo de las audiencias que la facción operaba como una asociación ilícita altamente violenta, responsable de una seguidilla de homicidios ejecutados por encargo, tentativas de asesinato, extorsiones comerciales y balaceras intimidatorias contra objetivos institucionales y viviendas particulares. El volumen de evidencia testimonial, los peritajes balísticos y las intervenciones telefónicas presentadas durante el debate resultaron determinantes para que el tribunal validara la calificación penal más gravosa contemplada en el Código Penal Argentino.

Un precedente judicial clave en la lucha contra las organizaciones complejas

El resultado de este juicio representa un hito institucional en la provincia de Santa Fe, no solo por la cantidad de penas máximas dictadas en una sola sentencia, sino por la capacidad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para unificar decenas de legajos de investigación en un único debate de alta complejidad. Según destacaron fuentes judiciales, este abordaje integral permitió demostrar de manera fehaciente cómo las directivas emanadas desde los establecimientos penitenciarios se traducían en ejecuciones materiales en las calles, desarticulando el argumento de que se trataba de hechos delictivos aislados.

La sentencia fue recibida con fuerte repercusión tanto en el ámbito político como en las fuerzas de seguridad, donde se evaluó el fallo como una señal de firmeza institucional frente a las estructuras ligadas al crimen organizado y al control de territorios. Mientras las defensas de los imputados anticiparon que recurrirán la resolución ante las instancias de apelación correspondientes, las autoridades judiciales dispusieron el mantenimiento de estrictos protocolos de detención para los condenados, con el objetivo de neutralizar su capacidad operativa dentro del sistema carcelario.

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Lucha contra el microtráfico: Despliegan múltiples allanamientos simultáneos en Santa Fe y Santo Tomé

La Policía de Investigaciones (PDI) encabeza una serie de operativos en el marco de la ley provincial de narcomenudeo. Los procedimientos, que cuentan con el apoyo de las fuerzas tácticas y la división de canes, apuntan a desarticular puntos de venta de estupefacientes al menudeo en distintos barrios de ambas ciudades.

Ailén Lazarte

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Los operativos simultáneos y las fuerzas desplegadas Las fuerzas de seguridad provinciales iniciaron una serie de allanamientos simultáneos en distintas localizaciones de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Los operativos están coordinados por el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y forman parte de las directivas dispuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad en concordancia con la aplicación de la Ley de Microtráfico vigente en el territorio santafesino.

Debido a la complejidad de las zonas intervenidas y para garantizar la seguridad de los perímetros, la PDI trabaja en conjunto con las dotaciones del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y los especialistas de la División Canes. Los uniformados irrumpieron en forma sorpresiva en las primeras horas del día en los domicilios investigados, los cuales habían sido previamente identificados como presuntos centros de fraccionamiento y comercialización de drogas a escala barrial.

Investigación en curso y el impacto en los barrios Las pesquisas que derivaron en estas órdenes de allanamiento judicial se sustentaron en denuncias vecinales y en el seguimiento de datos recabados por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo primordial de estas intervenciones es cortar los eslabones más visibles de las organizaciones delictivas dedicadas al comercio de sustancias ilegales, cuya actividad suele estar vinculada a otros delitos conexos, como el uso de armas de fuego y los conflictos territoriales en la región capital.

Hasta el momento, los efectivos policiales continúan trabajando en los inmuebles bajo la supervisión de las autoridades correspondientes. Se avanza con el secuestro de material estupefaciente, dinero en efectivo, balanzas de precisión y telefonía celular, elementos que serán puestos a disposición de la Justicia para determinar la situación procesal de las personas que resulten demoradas o aprehendidas durante el desarrollo de la jornada.

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Detención en Rosario: Identificaron a un presunto terrorista por amenazas contra una sinagoga de Buenos Aires

La Policía Federal Argentina detuvo en la ciudad a un sospechoso acusado de emitir graves intimidaciones contra una institución de la comunidad judía ubicada en Capital Federal. El arresto fue el resultado de una investigación tecnológica que permitió localizar el origen de los mensajes en territorio rosarino.

Ailén Lazarte

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La detención en Rosario y el origen de la causa Un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad federales derivó en la captura de un hombre en la ciudad de Rosario, señalado como el presunto autor de amenazas de carácter terrorista contra una sinagoga situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa, que se tramita en los tribunales federales, se inició tras las denuncias presentadas por las autoridades de la entidad religiosa porteña, quienes alertaron sobre la recepción de mensajes de odio y advertencias de ataques violentos.

Las tareas de inteligencia criminal y los peritajes informáticos sobre las cuentas emisoras arrojaron que el sospechoso no se encontraba en las inmediaciones del objetivo amenazado, sino que operaba desde la provincia de Santa Fe. Con los datos de geolocalización confirmados, la Justicia libró las órdenes correspondientes para concretar la aprehensión del involucrado en el macrocentro rosarino, quedando inmediatamente a disposición del magistrado interventor.

El peritaje de los dispositivos y las medidas de seguridad Tras el arresto, las fuerzas policiales procedieron al secuestro de teléfonos celulares, computadoras y soportes de almacenamiento digital que se encontraban en poder del detenido. Estos elementos serán sometidos a un exhaustivo análisis forense para determinar si el sospechoso actuaba de manera individual o si mantenía vínculos con organizaciones extremistas locales o internacionales de mayor envergadura.

Por su parte, las delegaciones de seguridad correspondientes mantendrán las alertas preventivas y el monitoreo en torno a las sedes de la comunidad en Buenos Aires, mientras se define la situación procesal del imputado y su posterior traslado para prestar declaración indagatoria ante el juez de la causa.

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